Este trabajo analiza la problemática que se plantea en torno al ámbito aplicativo del ar-tículo 273.4 del Código penal, que protege el derecho de exclusiva explotación econó-mica de los titulares de creaciones o invenciones en el campo de la botánica, las llamadas obtenciones vegetales, en el marco de los delitos contra la propiedad industrial.

El presente artículo buscó explicar la responsabilidad penal de las personas jurídicas de acuerdo con la legislación panameña. Primero se expuso sobre las normas que regulan a la persona jurídica en el ámbito penal, incluyendo la opinión de los principales juristas panameños, así como un análisis sobre las sanciones penales vigentes. Finalmente se realizó una descripción e interpretación de la Guía para la Atribución de la Responsabilidad Penal de las personas jurídicas emitida por la Procuraduría General de la Nación de Panamá. Para esto, se utilizó técnicas de revisión de fuentes normativas panameñas, y de revisión bibliográfica. En la misma se llegó a la conclusión, entre otras, que, para responsabilizar penalmente a una persona jurídica, se debe demostrar que esta fue creada o usada para cometer un delito, y ese delito debe ser el reflejo de un defecto en la organización.

El presente informe tiene como objetivo aportar una visión sobre el marco normativo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en México. Para ello se consideran los antecedentes y peculiaridades que impulsaron las reformas al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales; se describe la situación actual de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los distintos aspectos procesales a nivel federal; e igualmente se mencionan brevemente distintas cuestiones relevantes de la materia penal local competencia de las entidades federativas. Asimismo, este trabajo ofrece una perspectiva sobre los actuales problemas y retos que enfrenta la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el país para lograr un marco legal adecuado y su consolidación en la práctica.

El aumento del fraude eléctrico en España ha llevado a las empresas suministradoras a reclamar más medidas disuasorias y el endurecimiento de las penas como mecanismo de prevención general. En este trabajo analizamos la respuesta penal vigente a través del análisis sistemático de las figuras delictivas contempladas en el Capítulo VI, del Título XIII, del Libro II del Código Penal, que lleva como rúbrica “de las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas”, así como la efectividad de estas en aras a resolver un problema que no es aislado. Solo la crítica del statu quo de nuestra regulación nos permitirá mejorar y conseguir el fin del fenómeno delictivo o, al menos, la reducción de la defraudación en el sector eléctrico.

Este trabajo tiene como objetivo analizar la dificultad que enfrentan determinadas personas en la consecución de sus derechos cuando interseccionan en ellas dos o más circunstancias discriminatorias simultáneamente, como por ejemplo la etnia/raza y el género. Este es el caso de las mujeres migrantes africanas y prostitutas en España, como pone de manifiesto la sentencia del TEDH Beauty Solomon (B.S) vs España de 14 de julio de 2012. A través de este caso analizaremos las estructuras sociales que impiden perseguir y juzgar determinados delitos donde se normalizan actitudes claramente racistas y machistas. Se criticará el Derecho penal antidiscriminatorio tradicional basado en circunstancias aisladas de discriminación para después analizar las últimas leyes aprobadas en España en el año 2022 que ya incorporan el concepto de interseccionalidad. Un concepto demasiado novedoso todavía como para llegar a valorar su aplicación dentro del código penal.

El actual concepto jurídico-penal de prostitución está muy lejos de adecuarse a las exigencias del principio de taxatividad. El propio Código penal lo utiliza en distintos sentidos y, en ocasiones, respecto de conductas muy cercanas, no lo utiliza. El sentido ordinario del término prostitución está imbuido de prejuicios ideológicos y de género. En este artículo se reclama su racionalización, para poner el acento en el consentimiento para disponer del propio cuerpo, con algunos requisitos: primero, que se adopte el mismo concepto de consentimiento -y de las causas que lo invalidan- para todos los supuestos en los que el propio cuerpo se vea implicado; segundo, que no sirva para ocultar agresiones sexuales; y, tercero, que no sirva para ocultar situaciones de explotación, servidumbre o esclavitud. Todas estas cuestiones deben revisarse en relación con las iniciativas legislativas en marcha y requiere una revisión sistemática de todo el Código penal.