El proceso de decomiso autónomo nace de las exigencias de la DIR 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea de articular cauces para la implementación del decomiso y, en especial, para permitir la efectividad de las nuevas modalidades de esta institución, en concreto y entre ellos, en aquellos casos en que se hayan incoado procedimientos penales en relación con una infracción penal que pueda dar lugar, directa o indirectamente, a una ventaja económica, y en los que dichos procedimientos podrían haber conducido a una resolución penal condenatoria si el sospechoso o acusado hubiera podido comparecer, al menos cuando dicha imposibilidad derive de su enfermedad o fuga, esto es, el decomiso autónomo, que en nuestro ordenamiento penal interno se ha venido a regular en el art. 127 ter CP y que habrá de sustanciarse a través del proceso de decomiso autónomo.

La vulnerabilidad que provoca la violencia de género en las mujeres se agrava si estas sufren algún tipo de diversidad funcional. Una doble discriminación: por ser mujer y discapacitada, triple si es intelectual, multiplicándose según el grado o concurrencia de distintas discapacidades. Es necesario examinar los factores que hacen más vulnerables a estas mujeres desde la perspectiva de interseccionalidad de discapacidad y género, cuando ambas actúan simultáneamente. En este contexto, nuestra legislación penal no contempla estos rasgos de mayor vulnerabilidad en condiciones de igualdad con las mujeres sin discapacidad, ya que las trata junto a la minoría de edad o como persona vulnerable digna de protección, provocando una distinta “categoría de mujer” relegándola a su papel de víctima especialmente tutelada sin considerar sus circunstancias especiales y específicas que deberían incidir en una mayor protección penal o sobreprotegiéndola limitando, aun sin querer, sus derechos en relación al resto de mujeres.

La aplicabilidad del delito de cohecho a los políticos ha suscitado dudas relacionadas tanto con el an como con el quantum. Descartado, de iure condito, que se puede desaplicar el cohecho a los políticos, se discuten algunos planteamientos doctrinales así como la respuesta jurisprudencial al problema. Así, frente a quien ha sugerido sustituir (o identificar) la imparcialidad como bien jurídico protegido con la persecución de intereses generales, se propone un entendimiento procedimental de la misma. Analizando la jurisprudencia sobre prevaricación (pre)legislativa (caso ERE) o sobre el transfuguismo retribuido, se critica cierta tendencia a estirar los preceptos del Código penal en aras a configurar un Estatuto penal del político cuya creación (jurisprudencial), sin embargo, termina resultando contradictoria. Se apuntan, finalmente, algunas directrices para una posible intervención del legislador.

El presente artículo tiene como objetivo principal el análisis jurídico del nuevo delito de agresión sexual fruto de la Ley orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Para su mejor comprensión, se aborda el contexto en el que se origina.

La violencia de honor constituye una de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres que, de acuerdo con el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, los Estados parte deben afrontar holísticamente. Tal aproximación comporta no solo la persecución penal de estas conductas, sino también su prevención y, sobre todo, la protección de sus víctimas. En este trabajo se analiza conceptual, fenomenológica y jurídicamente esta manifestación de la violencia en un contexto internacional y comparado, descendiendo después a la realidad en España. Se confirma, tras efectuar la correspondiente descripción de la situación, que la aproximación a la violencia de honor en este país es incompleta en los planos jurídico, institucional y académico. Se concluye afirmando la conveniencia de su análisis fenomenológico junto a un estudio sistemático de las respuestas jurídicas e institucionales más adecuadas para abordarla en España.