Este trabajo analiza la problemática que se plantea en torno al ámbito aplicativo del ar-tículo 273.4 del Código penal, que protege el derecho de exclusiva explotación econó-mica de los titulares de creaciones o invenciones en el campo de la botánica, las llamadas obtenciones vegetales, en el marco de los delitos contra la propiedad industrial.

El presente artículo buscó explicar la responsabilidad penal de las personas jurídicas de acuerdo con la legislación panameña. Primero se expuso sobre las normas que regulan a la persona jurídica en el ámbito penal, incluyendo la opinión de los principales juristas panameños, así como un análisis sobre las sanciones penales vigentes. Finalmente se realizó una descripción e interpretación de la Guía para la Atribución de la Responsabilidad Penal de las personas jurídicas emitida por la Procuraduría General de la Nación de Panamá. Para esto, se utilizó técnicas de revisión de fuentes normativas panameñas, y de revisión bibliográfica. En la misma se llegó a la conclusión, entre otras, que, para responsabilizar penalmente a una persona jurídica, se debe demostrar que esta fue creada o usada para cometer un delito, y ese delito debe ser el reflejo de un defecto en la organización.

El presente informe tiene como objetivo aportar una visión sobre el marco normativo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en México. Para ello se consideran los antecedentes y peculiaridades que impulsaron las reformas al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales; se describe la situación actual de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los distintos aspectos procesales a nivel federal; e igualmente se mencionan brevemente distintas cuestiones relevantes de la materia penal local competencia de las entidades federativas. Asimismo, este trabajo ofrece una perspectiva sobre los actuales problemas y retos que enfrenta la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el país para lograr un marco legal adecuado y su consolidación en la práctica.

En este trabajo se abordan las cuestiones más problemáticas y las oportunidades de la respuesta restaurativa exclusivamente en la corrupción pública en el marco del último Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal cuyas previsiones parece puede poner en serio compromiso la intervención restaurativa para esos delitos.

El aumento del fraude eléctrico en España ha llevado a las empresas suministradoras a reclamar más medidas disuasorias y el endurecimiento de las penas como mecanismo de prevención general. En este trabajo analizamos la respuesta penal vigente a través del análisis sistemático de las figuras delictivas contempladas en el Capítulo VI, del Título XIII, del Libro II del Código Penal, que lleva como rúbrica “de las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas”, así como la efectividad de estas en aras a resolver un problema que no es aislado. Solo la crítica del statu quo de nuestra regulación nos permitirá mejorar y conseguir el fin del fenómeno delictivo o, al menos, la reducción de la defraudación en el sector eléctrico.

Este trabajo tiene como objetivo analizar la dificultad que enfrentan determinadas personas en la consecución de sus derechos cuando interseccionan en ellas dos o más circunstancias discriminatorias simultáneamente, como por ejemplo la etnia/raza y el género. Este es el caso de las mujeres migrantes africanas y prostitutas en España, como pone de manifiesto la sentencia del TEDH Beauty Solomon (B.S) vs España de 14 de julio de 2012. A través de este caso analizaremos las estructuras sociales que impiden perseguir y juzgar determinados delitos donde se normalizan actitudes claramente racistas y machistas. Se criticará el Derecho penal antidiscriminatorio tradicional basado en circunstancias aisladas de discriminación para después analizar las últimas leyes aprobadas en España en el año 2022 que ya incorporan el concepto de interseccionalidad. Un concepto demasiado novedoso todavía como para llegar a valorar su aplicación dentro del código penal.

En este artículo se aborda el posible recurso al Derecho penal en la prevención de la violencia reproductiva y la violencia obstétrica. Un análisis contextualizado en los principios limitadores del ius puniendi, en particular, tomando en consideración los principios de ultima ratio, intervención mínima y subsidiariedad. Previamente se establece la definición de ambas manifestaciones de la violencia contra la mujer, a través de instrumentos y textos procedentes de organismos internacionales y desde la normativa interna. Para las conductas más graves de violencia reproductiva hay una indiscutible respuesta penal, a través de los delitos de lesiones y aborto no consentido. También para la violencia obstétrica consistente en negligencias médicas, en este caso a través de los delitos de lesiones e, incluso, homicidio imprudente. Desde los delitos de lesiones se han de abordar las intervenciones invasivas en la integridad corporal, vulnerando el derecho al consentimiento informado, otra de las conductas que integran el concepto de violencia obstétrica. Para las otras manifestaciones de la violencia reproductiva, atendiendo a las circunstancias concurrentes, también se puede encontrar respuesta penal, desde delitos contra la integridad física y salud y delitos contra la libertad hasta delitos contra la Constitución. También respecto a la violencia obstétrica el Derecho penal puede desempeñar su función preventiva, a través de los delitos que protegen la integridad física y salud, la libertad, la integridad moral, fundamentalmente.

Desde los años 40, el interés en la delincuencia socioeconómica ha ido en aumento, aunque aún falta claridad en la comprensión de la victimización en este ámbito. Tradicionalmente, las investigaciones se centraron en la delincuencia convencional, ignorando las complejidades de estas actividades, que a menudo parecen legítimas y se basan en la confianza en los agentes involucrados. En el mundo hispanohablante, existe una notable falta de estudios que aborden esta problemática de manera amplia. Este artículo pretende conceptualizar a las víctimas de delitos económicos y explorar los factores que contribuyen a su invisibilidad y desatención en el contexto socio-jurídico. Mediante un enfoque cualitativo y exploratorio, revisa la literatura existente, proporcionando una visión general de la desatención hacia las víctimas. Resalta la importancia de expandir la definición jurídica de víctima, tradicionalmente centrada en la ofensa a bienes jurídicos individuales, para incluir aspectos que reflejen la dimensión colectiva de la victimización.

Problemática de las condenas no acumulables ex art. 76 CP y posibles soluciones mitigadoras frente a los eventuales excesos punitivos derivados de ello en fase de ejecución de la condena.

Tras una tenaz y fructífera presión social, la LO 2/2019, de 1 de marzo, introdujo en el art. 382 bis del vigente Código penal español el delito de abandono del lugar del accidente, reformado posteriormente por la LO 11/2022, de 13 de septiembre. La exégesis de esta figura delictiva ha revelado, entre otros problemas, las dificultades para precisar un bien jurídico con entidad suficiente para ser protegido por el Derecho penal, lo que ha conducido a buena parte de la doctrina, con razón, a cuestionar la necesidad de su tipificación penal. No obstante, el principio de vigencia obliga al intérprete a buscar y, en la medida de los posible, encontrar un ámbito de aplicación propio al delito de abandono del lugar del accidente. En este estudio se realiza un análisis crítico de las contribuciones que hasta la fecha han ofrecido doctrina y jurisprudencia sobre este delito, a la vez que se presenta una posible interpretación acerca del objeto de protección y de algunos de los elementos fundamentales de esta figura delictiva.

La desinformación es uno de los fenómenos que está siendo objeto de especial preocupación por parte de los Estados y de las Instituciones internacionales por las graves consecuencias que una campaña de desinformación puede representar para los fundamentos básicos de un sistema democrático. Se plantea, por ello, la posibilidad de establecer controles que permitan reducir sus efectos. Controles entre los que también se encontraría el recurso al ordenamiento jurídico. Este trabajo se centra en tres aspectos fundamentales: la delimitación del concepto de desinformación respecto de otros similares, la incidencia que una regulación o control puede tener en los derechos fundamentales, esencialmente la libertad de información y, en tercer lugar, las posibles respuestas que el ordenamiento jurídico, y más concretamente el Derecho penal puede ofrecer en estos casos. Finalizando el estudio con el análisis de la cuestionable posibilidad de que la criminalización de la información falsa pudiera ser una solución legítima.

En la jurisprudencia sobre robo con fractura interna nos encontramos con una afirmación sorprendente: que para la consumación del robo no hace falta que el sujeto activo efectivamente ejerza la fuerza en las cosas, sino que basta con que sustraiga el receptáculo que contiene la cosa, siempre que en el plano subjetivo tenga la intención de ejercer posteriormente la fuerza sobre dicho receptáculo (es decir: que la consumación en el robo con fractura interna no requiere que se den todos los elementos del tipo objetivo, sino que basta que se den algunos de ellos y la intención de realizar los restantes: lo que esta línea denomina “consumación subjetiva anticipada”). Esta interpretación carece de apoyo en el Derecho positivo vigente, y para entender su origen es necesario atender a dos factores: por una parte, a la evolución histórica del tipo de robo con fuerza en las cosas. Por otra, a una mala praxis en la motivación de sentencias consistente en un uso abusivo o inadecuado del “cortapega” jurisprudencial (que denomino “copypasteprudencia”), que en este caso ha conducido a un claro apartamiento de lo dispuesto por el Código Penal. El artículo concluye con algunas consideraciones adicionales sobre esta mala praxis y la necesidad de revertirla.

El actual concepto jurídico-penal de prostitución está muy lejos de adecuarse a las exigencias del principio de taxatividad. El propio Código penal lo utiliza en distintos sentidos y, en ocasiones, respecto de conductas muy cercanas, no lo utiliza. El sentido ordinario del término prostitución está imbuido de prejuicios ideológicos y de género. En este artículo se reclama su racionalización, para poner el acento en el consentimiento para disponer del propio cuerpo, con algunos requisitos: primero, que se adopte el mismo concepto de consentimiento -y de las causas que lo invalidan- para todos los supuestos en los que el propio cuerpo se vea implicado; segundo, que no sirva para ocultar agresiones sexuales; y, tercero, que no sirva para ocultar situaciones de explotación, servidumbre o esclavitud. Todas estas cuestiones deben revisarse en relación con las iniciativas legislativas en marcha y requiere una revisión sistemática de todo el Código penal.

La trata de seres humanos es una indudable lacra social considerada una moderna forma de esclavitud. Por ello, no es de extrañar que tanto los textos internacionales como nacionales hayan dado un paso adelante en su lucha, adoptando un enfoque cada vez más victimocéntrico, que incorpora factores de prevención y protección para las víctimas. El hecho de ser víctima de trata supone ya un enorme ataque a la dignidad de los afectados, que, además, frecuentemente se ven compelidos a realizar actividades delictivas en ese contexto de trata; es más, en ocasiones, la actividad delictiva es la finalidad concreta de la trata, como sucede en los casos de trata para la explotación criminal. Parece lógico, pues, admitir que hay motivos sobrados para no sancionar a esas personas que realizan actividades ilícitas forzadas, pero la concreta redacción de la exención dificulta hasta el extremo su aplicación, como se desprende de la jurisprudencia.

En el trabajo se analiza la normativa internacional relativa a los delitos de odio, así como el tratamiento normativo y jurisprudencial que esos ilícitos reciben en el Código penal y las oscilaciones relativas a su interpretación, desde su consideración como un ilícito estrictamente formal, donde el mero acto comunicativo que contenga alabanzas terroristas o justificación de sus actos serían comportamientos subsumibles en el tipo penal. Por otro lado, una opción distinta requiere que esas expresiones de odio estén dirigidas contra determinados colectivos desfavorecidos, que impliquen una incitación a la comisión delictiva, además de que generen un riesgo para esas personas o sus derechos.

La presente contribución aborda la necesaria delimitación de los delitos de terrorismo de los crímenes internacionales, fundamentalmente de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, habida cuenta de las notables zonas de intersección que presentan. En ambos casos se cometen delitos muy graves contra las personas por parte de una organización estable de personas que actúan con un propósito delictivo. Sin embargo, en los crímenes internacionales existe una implicación estatal o una quiebra del poder soberano, inédita en los delitos de terrorismo que, precisamente, van dirigidos o enfrentados al Estado. Esta situación explica también que la jurisdicción penal internacional solo quede habilitada allí donde el Estado no quiera o no pueda investigar y juzgar a los presuntos responsables.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el contexto de los ciberdelitos se establece a través del Código Penal, que fue reformado en 2010 incluyendo a las personas morales como sujetos activos de delitos por primera vez en nuestra legislación. Esto significa que pueden ser penadas por delitos, cometidos en su beneficio, tales como el fraude informático, la difusión de malware o la violación de derechos de propiedad intelectual. La responsabilidad se activa cuando se demuestra que el delito fue cometido por personas que actúan en nombre o por cuenta de la entidad, y que esta no ha implementado medidas adecuadas de prevención y control. Sin embargo, esa tarea no resulta sencilla, por cuanto será necesario determinar qué persona física ha accedido ilícitamente a un sistema informático ajeno, ha causado un daño informático, un ciberfraude, ha realizado la conducta de pornografía infantil, la piratería digital, o ejecutado el delito de odio, en qué ámbito, o si afecta a toda la extensión de la persona jurídica, entre otros factores de difícil delimitación. Este artículo trata de realizar una aproximación al régimen de esa responsabilidad circunscrita a los delitos informáticos, a fin de sintetizar los requisitos legales y jurisprudenciales en esta materia.