Estudios Penales y Criminológicos es una revista de periodicidad anual fundada en 1977 que publica originales sobre cualquiera de las especialidades relativas a la criminología y materias afines (derecho penal, medicina legal, derecho administrativo sancionador, derecho penitenciario, psicología criminal, psiquiatría criminal, victimología, sociología criminal, política criminal, etc.).  En la revista coexisten los artículos dedicados a un tema monográfico —establecido para cada número por la redacción de la revista— con los de tema libre, cabiendo también la posibilidad de que todo el número tenga un carácter misceláneo.
Estudios Penales y Criminológicos
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El portal digital de Estudios Penales y Criminológicos se publica en español e inglés. Los idiomas de publicación son el español y el inglés; excepcionalmente el Consejo de Redacción podrá considerar la publicación de originales en otros idiomas (gallego, portugués, alemán, italiano).

 

 

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La cláusula Romeo y Julieta (art. 183 quater del Código penal) cinco años después: perspectivas teóricas y praxis jurisprudencial

  • José Antonio Ramos Vázquez
Publicado 22-04-2021

En este trabajo se estudia la cláusula Romeo y Julieta del Código penal español, es decir, la exención prevista en el art. 183 quater para aquellos supuestos en que el menor de 16 años ha consentido tener relaciones sexuales con una persona próxima a él por edad y grado de desarrollo y madurez. Este análisis se hace desde dos puntos de vista: el estudio de las posiciones doctrinales existentes hasta el momento (de un lado) y el análisis sistemático de todas las sentencias que han recaído hasta el momento en aplicación de dicha cláusula. A través de ese doble análisis, el lector tendrá una visión clara de qué problemas plantea el precepto y, sobre todo, cómo se está aplicando en la praxis jurisprudencial.

Delitos contra los derechos de los trabajadores: veinticinco años de política legislativa errática

  • Juan María Terradillos Basoco
Publicado 25-01-2021

El Código Penal español de 1995 (Código Penal de la democracia) introdujo un innovador Título XV, dedicado a los delitos contra los derechos de los trabajadores. Veinticinco años más tarde, estos delitos han registrado numerosas reformas, asistemáticas, de escaso rigor técnico, y,  sobre todo,  ajenas al objetivo de tutela de los derechos propios del colectivo de trabajadores. Al margen del Título XV, la reforma más relevante es la relativa a los delitos contra el sistema de SS, que castigan las conductas de trabajo en negro con un excesivo y discriminatorio rigor penal.

La orden de servicios 3/2018: ¿un instrumento para medir el riesgo de radicalismo violento en prisión?

  • Jesús C. Aguerri
  • Carlos Fernández Abad
Publicado 22-04-2021

El presente artículo tiene por objeto principal examinar el instrumento para medir el riesgo de radicalismo violento que introduce la Orden de Servicios 3/2018 de Instituciones Penitenciarias como parte de la respuesta que ha ofrecido el sistema penitenciario español ante el fenómeno de la radicalización islamista en las prisiones. En este sentido, se argumenta que, además de ser una pura construcción social, la figura del radical resultante presenta claras deficiencias que se traducen en una clara criminalización del pensamiento y en la adopción de una política basada fundamentalmente en la neutralización de la peligrosidad que, lejos de contribuir a prevenir la radicalización, no hace sino potenciar las causas que alimentan su existencia.

La protección penal de la vida, salud e integridad física de los trabajadores ante el SARS-COV-2 y la pandemia de COVID-19

  • Virxilio Rodríguez Vázquez
Publicado 22-04-2021

El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró la alerta por pandemia internacional debido al SARS-CoV-2 y la enfermedad derivada, COVID-19. El Gobierno español decretó el estado de alarma por crisis sanitaria el 14 de marzo de 2020. Tras sucesivas prórrogas, el estado de alarma finalizó el día 21 de junio de 2020. No obstante, el virus no está erradicado, permaneciendo el riesgo de contagio, de desarrollo de la enfermedad y, consecuentemente, la necesidad de mantener medidas estrictas de protección.


En este contexto, este trabajo plantea dos preguntas. La primera es si la infracción de normas de prevención de riesgos laborales derivados del SARS-CoV-19 y la enfermedad asociada, puede dar lugar a responsabilidad penal. En caso de que la respuesta sea afirmativa, la segunda pregunta sería quién puede ser responsable penalmente de dicha infracción.

Aproximación institucional a la trata de seres humanos en España: valoración crítica

  • Carolina Villacampa
Publicado 22-04-2021

La trata de seres humanos constituye una realidad intrínsecamente ligada a los movimientos migratorios que demanda un abordaje centrado en la detección y protección de las víctimas. En el presente trabajo de investigación se analiza su aproximación institucional en España con base en una encuesta cumplimentada por 150 entidades, unidades u organismos que pueden ocuparse de ella. El estudio se focaliza, de un lado, en determinar cómo afloran los casos de trata y qué entidades son las más eficientes en su detección. De otro, en analizar la forma en que las víctimas son asistidas y protegidas, incluyendo una valoración de la aplicación de mecanismos de tutela previstos en la Ley de extranjería para garantizar su permanencia en España. Los resultados confirman que la aproximación institucional a la trata sigue centrada en la explotación sexual de mujeres extranjeras y propone alternativas para superar dicho sesgo.

El enaltecimiento de los delitos previstos en el art. 510 CP a la luz de la última jurisprudencia constitucional

  • Margarita Roig Torres
Publicado 22-04-2021

El artículo 510 CP, en los apartados 1 c) y 2 d), tipifica el enaltecimiento y otras declaraciones de apoyo al genocidio y a los demás delitos cometidos contra grupos o sus miembros por motivos de intolerancia. Para castigar estas conductas se precisa tan solo el favorecimiento de un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación. Sin embargo, en los últimos años el Tribunal Constitucional ha aplicado la STC 235/2007 al enaltecimiento y justificación de los delitos de terrorismo o de sus autores, del artículo 578.1 CP, al entender que constituyen “discurso del odio”, al igual que la difusión de ideas que justifiquen el genocidio, analizada en aquella sentencia. En consecuencia, requiere que esas manifestaciones favorables al terrorismo creen cierto peligro no previsto en la norma. Y, a mi modo de ver, esta exigencia se ha de tener en cuenta al interpretar aquellos preceptos del artículo 510 CP.

Reflexiones sobre la aplicación del principio de reciprocidad en la orden europea de detención y entrega

  • Leticia Fontestad Portalés
Publicado 22-04-2021

En este trabajo de investigación tras una breve exposición acerca de la interpretación que deba hacerse del principio de reciprocidad desde el punto de vista del Derecho internacional como principio básico de las relaciones internacionales entre los Estados, nos planteamos el alcance que al mismo deba darse en las concretas relaciones extradicionales entre los Estados. Tras poner de manifiesto que, en el ámbito de la extradición, como instrumento de cooperación jurídica penal internacional, estamos ante un principio que, tradicionalmente, ha condicionado la entrega de la persona reclamada alcanzando, además, el carácter de principio constitucional, reflexionaremos sobre la posible erradicación del mismo en el procedimiento de la orden europea de detención y entrega o, si, por el contrario, el legislador europeo, una vez más, ha fracasado en el intento de suprimir de la orden europea de detención y entrega, los principios clásicos de la extradición.

Enfermedad mental y prisión: análisis de la situación penal y penitenciaria de las personas con trastorno mental grave (TMG)

  • Esther Hava García
Publicado 22-04-2021

La reforma psiquiátrica que acabó con los manicomios pretendía sustituir los planteamientos segregacionistas en el tratamiento de la enfermedad mental por un enfoque comunitario, pero las altas tasas de prevalencia de personas con TMG en prisiones indican que su segregación se produce ahora en el sistema carcelario. Las fuentes documentales, bibliográficas y jurisprudenciales consultadas parecen demostrar que el abordaje actual de esta problemática se caracteriza por el voluntarismo del personal de instituciones penitenciarias (que intenta paliar la escasez de recursos y la descoordinación entre administraciones implementando programas de tratamiento e intervención específicos), la indolencia de las comunidades autónomas (que se resisten a integrar la asistencia sanitaria de estas personas en sus respectivos servicios de salud mental, lo que perjudica gravemente su atención penitenciaria y post-penitenciaria), y la severidad de los aplicadores de los órganos judiciales (que parecen excesivamente proclives al internamiento de estas personas, ya sean o no declaradas inimputables).

Corrupción punible y acuerdo ilícito: una aproximación a la noción del Unrechtsvereinbarung

  • Kai Ambos
  • Gustavo Urquizo
Publicado 11-06-2021

Aunque la identificación del concepto de corrupción constituye el presupuesto de cualquier programa (político-criminal) anticorrupción sensato, ella representa hasta ahora una tarea esquiva. En ese contexto, la presente contribución ofrece una aproximación a los rasgos básicos de la noción alemana del Unrechtsvereinbarung, el cual remite esencialmente a la idea de un acuerdo ilícito. Con base en ello —y a la luz de algunos casos del ámbito alemán— se muestra en principio su capacidad de rendimiento limitadora en el marco de una regulación legal amplia de la corrupción punible, así como su utilidad para la construcción de una agenda anticorrupción razonable y no expansiva.

Mujer Mujer, prisión y no discriminación

  • Vicenta Cervelló Donderis
Publicado 14-10-2021

Este trabajo analiza la discriminación en las prisiones de mujeres y su relación con un tratamiento sexista y estereotipado que solo atiende diferencias relacionadas con la maternidad. El humanismo penitenciario de Concepción Arenal puede ser considerado el origen de la perspectiva de género en prisión, dicha autora defendía que las mujeres presas debían acceder al trabajo y a la educación en igualdad de condiciones que los hombres. Esta idea se desarrolla en las normas internacionales para prisiones de mujeres recogidas en las Reglas de Bangkok que reconocen que las mujeres presas tienen necesidades propias. Las mujeres presas como grupo vulnerable tienen necesidades específicas que deben ser atendidas en prisión y en las alternativas al encierro

El ENJUCIAMIENTO PENAL DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

  • Tomás Farto Piay
Publicado 14-10-2021

En el presente trabajo se analiza la problemática que suscita el enjuiciamiento penal de aquellas personas que se encuentran privadas de capacidad procesal debido a una situación de enfermedad o trastorno mental que les impide conocer y participar válidamente en el proceso, cuestión que cuenta con una muy deficitaria regulación procesal que hace peligrar los derechos fundamentales del sujeto pasivo del proceso. Asimismo, existe una doctrina jurisprudencial que mantiene criterios contradictorios al respecto, pues mientras algunas sentencias del Tribunal Supremo validan el enjuiciamiento penal del sujeto pasivo, aun a los efectos de imposición de una medida de seguridad, otras sentencias abogan por el archivo del proceso y remiten al proceso civil para acordar las medidas que correspondan, al considerar que no es posible celebrar juicio oral frente a quien carece de capacidad procesal suficiente por enfermedad o trastorno mental, pues así se vulnerarían sus derechos y garantías constitucionales.


 

GANANCIAS ILÍCITAS DE LA DELINCUENCIA TRANSNACIONAL E INSTRUMENTOS PENALES PARA DISUADIRLA

  • Clara Moya Guillem
  • Patricia Tapia Ballesteros
Publicado 14-10-2021

El lucro constituye la motivación principal de la delincuencia transnacional. Por consiguiente, si se pretende combatir, debería perseguirse dicho incentivo. Para ello resultan de utilidad tres institutos de la Parte general del Derecho penal español que afectan a las ganancias derivadas del delito: la responsabilidad civil, el decomiso de ganancias y la pena de multa proporcional. Pero, sorprendentemente, no suelen emplearse en relación con los delitos transnacionales regulados en el Código penal español. El objetivo de este trabajo es, precisamente, examinar las consecuencias jurídico-penales actualmente previstas en los delitos transnacionales (en particular, en aquellos que reprimen los tráficos de drogas, armas y personas), así como su aplicación en la jurisprudencia más reciente. De este modo, se podrá determinar si resultan eficaces en términos de prevención general o si resultaría más eficaz el empleo de otras herramientas en esta dirección.

Nuevos retos dogmáticos ante la cibercriminalidad

  • José R. Agustina
Publicado 14-10-2021

En el presente trabajo se cuestiona si es necesario emplear un enfoque distintivo y adaptar algunas categorías dogmáticas de la teoría del delito ante los retos que plantean los delitos cometidos en el ciberespacio. Para ello, se parte de una comprensión amplia de la naturaleza y dimensión de los cambios experimentados en la era digital y se propone una definición funcional del concepto de ciberdelito para las distintas perspectivas de análisis: criminológica, penal, procesal y dogmática. La tesis principal es que el contexto y fenomenología virtual exigen una relectura transversal de los contornos que delimitan algunas categorías dogmáticas. Se presentan de forma programática algunas cuestiones y se analiza la repercusión del cambio de paradigma en algunas categorías del sistema, en particular, en los conceptos de acción y bien jurídico.

¿En qué condiciones encarcelar a un presunto inocente para realizar la justicia penal?

  • ESTHER POMARES
  • MANUEL MARTÍN
Publicado 14-10-2021

Las premisas internacionales sobre las condiciones efectivas del encarcelamiento de una persona encausada (Reglas Nelson Mandela, Reglas de Bangkok, Reglas Penitenciarias Europeas, doctrina del TEDH) obligan a adoptar mecanismos de garantía tanto en la legislación penitenciaria, como a la hora de acordar judicialmente la medida de prisión preventiva y supervisar el cómo de su cumplimiento, porque, de no ser así, se quebrarían salvaguardias esenciales en la privación del propio derecho fundamental a la libertad.


Esta otra vertiente esencial de la medida cautelar de prisión preventiva ha sido generalmente desatendida por el Tribunal Constitucional, que se ha volcado en lo relativo a sus presupuestos y el derecho de defensa, reflejándose ese mismo grado de abandono en la legislación penitenciaria aplicada.


El incumplimiento en España de un régimen de preventivos distinto y separado de la población reclusa penada es una razón material para erradicar esta figura del escenario de la cárcel

El art. 100.2 RP como expresión del sistema de individualización científica y del principio de flexibilidad: algunos datos sobre su aplicación

  • María José Rodríguez Puerta
Publicado 14-10-2021

En el presente trabajo se analizarán las condiciones que justifican la obtención del régimen flexible previsto en el art. 100.2 Reglamento Penitenciario. Para ello se examinan los requisitos que impone la normativa penitenciaria y la aplicación que de esta medida está haciendo la Administración penitenciaria, tanto a nivel nacional como en Cataluña. Se pretende así probar la utilidad de este régimen para la individualización del tratamiento y, en especial, como instrumento flexibilizador de las condiciones de vida que se aplican a los internos que cumplen su pena clasificados en segundo grado, bajo el modelo de vida propio del régimen ordinario.


 

PROBLEMAS PROCESALES Y DE EJECUCIÓN PENITENCIARIA: JUSTICIA RESTAURATIVA Y DELITOS SOCIOECONÓMICOS .

  • Rafael REBOLLO VARGAS
Publicado 14-10-2021

En el presente trabajo se abordan las dificultades procesales  en el ámbito de la justicia restauradora y los delitos socioeconómicos. Se examina la viabilidad de la acusación particular, concluyendo que no es el mecanismo idóneo para poner en marcha el procedimiento ya que, la legitimación procesal se atribuye a quien no es ofendido ni perjudicado, mientras que en estos delitos existen unos bienes jurídicos de índole supraindividual y, con ello, unos perjudicados. Por el contrario, se propone que el mecanismo procesal idóneo para la defensa de esos bienes jurídicos supraindividuales reside en las acciones colectivas (art. 7.3 LOPJ), que deberían recibir el tratamiento de una acción particular colectiva entendida como el ejercicio de la acción penal por personas jurídicas o agrupaciones en defensa de intereses colectivos y difusos. En segundo lugar, se analizan los problemas de ejecución penitenciaria inherentes a la justicia restaurativa en el ámbito de los delitos socioeconómicos.

Los denominados delitos de odio: Análisis dogmático y tratamiento jurisprudencial

  • Ana Cristina Andrés Domínguez
Publicado 14-10-2021

Uno de los derechos fundamentales de la persona, por el mero hecho de serlo, es la no discriminación por razón del nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En nuestro Ordenamiento jurídico, el principal instrumento para la lucha contra la discriminación por móviles racistas, ideológicos, religiosos, lo constituye el artículo 510 del Código penal, modificado por la L.O. 1/2015, de 30 de marzo. En el presente estudio se analiza la compatibilidad del art. 510 con la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo de 28 de noviembre de 2008 y la doctrina del Tribunal Constitucional, así como la aplicación que de los citados delitos efectúa la Jurisprudencia.

Sobre los momentos inicial y final de la tentativa

  • Antoni Gili Pascual
Publicado 18-10-2021

Este trabajo se ocupa de dos cuestiones que atañen a sendos límites, inferior y superior, de la tentativa. En relación con el primero, se analiza como cuestión específica el inicio de ejecución en las tentativas acabadas, examinando para ello los posicionamientos que han defendido el establecimiento en estos supuestos de un criterio propio y distinto del utilizado para las tentativas inacabadas. En el segundo ámbito, el trabajo concreta el concepto de tentativa terminada y clarifica qué pertenece en realidad al mismo intento punible, precisando de este modo hasta cuándo se puede desistir válidamente de él. Las aportaciones contenidas en el estudio interesan, pues, tanto a la habilitación o apertura de la posibilidad de desistir como a su preclusión o cierre.

Vol. 40 (2020)

Publicados: 2021-01-25

Tabla de contenidos

Retos del Derecho Penal global

  • Fernando Navarro Cardoso
Publicado: 18-12-2020

La accesoriedad cualitativa de la participación

  • Carlos Martínez-Buján Pérez
Publicado: 18-12-2020
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