Recensión al libro Solanes Corella, Ángeles: ¿Castigar o premiar? Las sanciones positivas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, 320 páginas

El abordaje del menor en conflicto con la ley penal requiere un tratamiento global que tenga en cuenta todos los factores de carácter familiar, social, educativo y psicológico que pudieran incidir en su comportamiento, teniendo en cuenta que está en pleno desarrollo físico, psíquico e intelectual. Por ese motivo, la Directiva 2016/800, del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2016 relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales, regula el derecho del menor a una evaluación individualizada de sus necesidades específicas; la LORPM no reconoce expresamente este derecho, pero contempla la realización de un informe por parte del equipo técnico sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor, así como sobre su entorno social y, en general, sobre cualquier otra circunstancia relevante. Nuestro legislador no ha considerado necesaria la transposición de la Directiva 2016/800, sin embargo, el 23 de marzo del 2024, la Comisión Europea, dentro del paquete de procedimientos de infracción de marzo, insta a España a que transponga la Directiva 2016/800, al detectar “problemas de exhaustividad”. El objeto de estas páginas se centra en el análisis de las características del informe elaborado por el equipo técnico, prestando una especial atención a su relevancia procesal, al efecto de destacar en qué medida deberían introducirse ajustes en su regulación a la vista de las exigencias europeas.

En este trabajo se analizará el concepto de pena natural o poenanaturalis, entendida como el conjunto de daños y padecimientos que el sujeto activo de un delito puede experimentar como consecuencia de su realización, así como sus fundamentos y límites. Tras ello, se examinarán los mecanismos de pena natural en el Derecho comparado y se abordarán las posibilidades que el ordenamiento jurídico-penal español ofrece para su apreciación y su tratamiento jurisprudencial en España. Por último, se realizará una propuesta de articulación de varios mecanismos que en determinados casos permitan al Juez apreciar esos daños en la determinación de la pena a imponer.

Son remotas las críticas que, desde la psiquiatría y un sector autorizado de la doctrina penalista, se han formulado a la técnica probatoria utilizada para acreditar la enfermedad mental como una causa de inimputabilidad penal. Factores extra e intra processum han coadyuvado al asentamiento de un modelo de reglas caracterizado por obstaculizar la relación de los enfermos mentales con el sistema penal de justicia, resultando en altos índices de falsos negativos inimputables y falsos positivos peligrosos. El Tribunal Supremo, en un intento loable de corregir algunos de estos defectos alterando la carga material de la prueba, ha cambiado su jurisprudencia para reconocer la expansión del derecho a la presunción de inocencia a la culpabilidad. Es, por eso, que en este trabajo se abordan los problemas que rodean a la prueba pericial psiquiátrica y se intenta responder al siguiente interrogante: ¿es constitucionalmente “inocente” el enfermo mental declarado inimputable?