Estudios Penales y Criminológicos

La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Italia

Vincenzo Mongillo — mié, 17 ene 2024 21:50:27 +0100

El Decreto Legislativo n.º 231/2001 introdujo en Italia un modelo de responsabilidad “para-penal” (formalmente “administrativa”) de las entidades colectivas por la comisión de delitos que está resultando especialmente atractivo a nivel internacional, en buena parte porque fue pionero en la fundamentación de la responsabilidad penal/punitiva de la persona jurídica basada en el defecto de organización. El artículo analiza las características principales de la disciplina italiana, con el fin de señalar tanto sus puntos fuertes como sus problemas de aplicación y necesidades de reforma.

El modelo de responsabilidad penal de personas jurídicas en Costa Rica

Alfredo Chirino — jue, 21 dic 2023 12:11:41 +0100

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Chile

Gonzalo Medina — mié, 17 ene 2024 21:54:21 +0100

El objeto del presente trabajo es presentar una visión de la actual situación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico chileno. Para ello se revisarán brevemente los aspectos principales de la ley que regula esta materia, la ley Nº 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicías, vigente desde fines del 2009 en Chile.

El trabajo da cuenta de los principales aspectos de la ley, con énfasis en el sistema de atribución de responsabilidad a la persona jurídica y los aspectos procesales vinculados a mecanismos de justicia negociada.

Por último se ofrece un breve panorama de los probables cambios que podría experimentar la ley Nº 20.393 en un corto plazo.

Anteproyecto de Ley Integral contra la Trata

Nieves Sanz Mulas — jue, 21 dic 2023 12:06:50 +0100

El rápido incremento de la “esclavitud moderna” se explica en la severidad de las políticas migratorias de los países ricos, las contrageografías de la globalización, la crisis económica mundial, la creciente feminización de la pobreza y la transformación de las economías de mercado en sociedades de mercado. Colectividades en las que se propugna un modelo de vida basado en la satisfacción inmediata de los deseos, por lo que todo parece susceptible de ser vendido o comprado; todo puede ser objeto de mercantilización. Una banalización del consumo que ignora la situación y el contexto específico de ese otro cuyo cuerpo o fuerza que se compra. La vulnerabilidad y la demanda son, en consecuencia, “el alfa y omega” de la trata. Un “demonio amorfo” que encarna una variedad de posturas (moralistas, ideológicas y de seguridad) que justifican respuestas principalmente antimigratorias y criminalizadoras. Supuestas soluciones que sólo ponen las cosas peor.

Informe acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España

Mónica de la Cuerda Martín — dom, 31 dic 2023 18:55:04 +0100

Sin duda, una de las principales reformas a las que se ha visto sometido nuestro Código penal se identifica con la introducción, en el año 2010, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y desde entonces son múltiples las ocasiones en las que la jurisprudencia se ha pronunciado respecto a esta cuestión. Un estudio detallado de los diversos pronunciamientos judiciales permite concluir la existencia de cambios sustanciales en la posición defendida por el TS, y que no son más que la obvia consecuencia de la evolución y el perfeccionamiento del propio sistema de atribución de la responsabilidad penal. Por este motivo, en el presente articulo se abordarán algunos de estos principales problemas tanto desde una óptica material, como desde una vertiente procesal.

Centro Nacional de Inteligencia, datos personales y proceso penal: un trinomio imperfecto

Mª Ángeles Catalina Benavente — lun, 27 nov 2023 19:22:44 +0100

El Centro Nacional de Inteligencia cada vez tiene acceso a más datos personales de los ciudadanos. Al mismo tiempo, los ficheros propiedad del CNI se encuentran expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la normativa de protección de datos de carácter personal. La eventual confluencia de las investigaciones de seguridad del CNI y las investigaciones policiales, a través del flujo de datos del primero al segundo, supone una amenaza a los derechos procesales. La única manera de poner fin a esta amenaza es regular esta cesión, estableciendo las limitaciones procedentes y fijando las consecuencias de la incorporación de datos procedentes del CNI a un futuro proceso penal.

Reforma y contrarreforma del delito de malversación

Augusto Mosquera Blanco — mié, 17 ene 2024 22:40:38 +0100

La LO 14/2022, de 22 de diciembre, introduce una nueva regulación del delito de malversación, cuya versión previa respondía a la LO 1/2015, de 1 de marzo, que definió el delito por remisión a la administración desleal y a la apropiación indebida, siendo el primer tipo especialmente amplio. Esta decisión es enmendada por la nueva ley, que supone un retorno parcial a la redacción original del Código penal de 1995, incluyendo la modalidad de desviación presupuestaria derogada por este. El objetivo de este artículo es analizar y contrastar la regulación de 2015 y 2022, con especial atención a la posible eficacia retroactiva de la nueva norma.

Problemas concursales del delito de pertenencia o dirección de estructuras u organizaciones para la financiación ilegal de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores (art. 304 ter CP)

Miguel Ángel Morales Hernández — mar, 10 oct 2023 13:32:30 +0200

El actual Titulo XIII bis del Código Penal ha incorporado el art. 304 ter que tipifica un delito de los denominados como de «organización», en concreto, la pertenencia o dirección a estructuras u organizaciones cuyo objeto sea la financiación ilegal de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores. No obstante, desde su incorporación a nuestro principal texto punitivo, este concreto ilícito penal ha recibido numerosas críticas doctrinales, siendo una de las más relevantes la relativa a las problemáticas de índole concursal que éste puede llegar a plantear. Así, este trabajo de investigación tiene por objeto realizar un análisis de los diferentes tipos penales que integran este delito con el fin, posteriormente, de determinar cómo se solucionarían cada uno de estos problemas concursales.

Reflexiones en torno al concepto de servicio público en el art. 511 CP

Valentina Dipse — lun, 27 nov 2023 19:20:32 +0100

A pesar de su larga vigencia, el delito de denegación discriminatoria de servicios públicos del art. 511 CP no ha generado sentencia condenatoria alguna. De entre los múltiples factores que pueden estar influyendo en su inoperatividad práctica, se identifica al concepto de servicio público como uno de los elementos típicos que más dificultades presenta desde el punto de vista interpretativo. Así, el presente trabajo de investigación tiene por objeto el estudio del concepto de servicio público del art. 511 CP. También se reflexiona en torno a los conceptos de particular encargado de un servicio público y funcionario público, en cuanto posibles sujetos activos del delito de denegación discriminatoria de servicios públicos.

La corrupción como problema de acción colectiva: desnormalización y participación social

María José Rodríguez Puerta — jue, 26 oct 2023 01:20:26 +0200

Las estrategias anticorrupción deben abordar los daños sociales causados por la corrupción y fomentar la cooperación ciudadana, en términos de eficacia colectiva. Generalmente una alta percepción de corrupción provoca su normalización, generando tolerancia y el deterioro de los vínculos sociales. Exponer las consecuencias sociales de la corrupción, específicamente las repercusiones negativas sobre los derechos individuales y colectivos, puede contribuir a desnormalizar la corrupción y fomentar la acción colectiva. Tras examinar el vínculo entre percepción y normalización de la corrupción y el posible impacto de la acción colectiva en la desnormalización, se proponen algunas líneas de acción encaminadas a fortalecer vínculos sociales que permitan la regeneración de la confianza social y la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.

El elemento subjetivo del injusto en el delito de autoadoctrinamiento terrorista del art. 575.2 CP

Daniel González Uriel — mar, 10 oct 2023 13:22:08 +0200

En este trabajo se lleva a cabo un análisis del elemento subjetivo del injusto presente en el delito de autoadoctrinamiento o autocapacitación con fines terroristas. Para ello, después de realizar un breve estudio del tipo objetivo, se efectúa una revisión doctrinal y jurisprudencial del citado elemento subjetivo. Nos hallamos ante un componente teleológico redoblado, que se erige en el aspecto fundamental para determinar la tipicidad de las conductas, y que ha concitado severas críticas. Se trata de un delito muy discutido, que confronta con principios esenciales del ordenamiento punitivo y que presenta serias dudas de constitucionalidad, por lo que se propone su derogación y, en su defecto, una interpretación restrictiva, que sea compatible con el respeto a los derechos a la libertad ideológica, religiosa y de conciencia.

Los sistemas de cumplimiento y su efecto en la responsabilidad de personas jurídicas en el Perú

Percy García Cavero — mar, 10 oct 2023 13:26:37 +0200

El primero de abril de 2016 se promulgó la Ley Nº 30424, denominada inicialmente “Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional”. Uno de los aspectos más importantes de esta regulación es la posibilidad de eximir de responsabilidad a la persona jurídica si es que ésta, con anterioridad a la comisión del delito, adopta e implementa en su organización un modelo de prevención con medidas de vigilancia y control idóneas para prevenirlo o para reducir significativamente el riesgo de su comisión. Si la adopción e implementación del modelo de prevención tiene lugar, más bien, con posterioridad a la comisión del delito, lo que procede es una atenuación de la responsabilidad. Si bien la Ley Nº 30424 ha sufrido al día de hoy varias modificaciones sustanciales, la adopción de un sistema de cumplimiento normativo de carácter penal por parte de la persona jurídica sigue incidiendo favorablemente en las sanciones que, por la comisión de un delito, cabría imponerle. De las particularidades de esta regulación me voy a ocupar con mayor detalle en este informe nacional, dividiendo la exposición en cuatro apartados generales: el primero se ocupará de la forma en la que se introdujo la responsabilidad de la persona jurídica por la comisión de delitos, el segundo se encargará de describir de manera general cómo es el sistema de responsabilidad asumido, el tercero entrará en las exigencias que legalmente se establecen para que un modelo de prevención pueda ser considerado idóneo y el cuarto se hará cargo de algunos aspectos procesales.

Corrupción, pérdida de confianza social y justicia restaurativa

Daniela Gaddi — vie, 10 nov 2023 12:33:35 +0100

Resumen: El presente trabajo analiza el potencial de la justicia restaurativa para reparar la pérdida de confianza social como daño social específico causado por la corrupción. Para ello, se delimitan conceptualmente las nociones de corrupción y confianza social, se describe cómo la corrupción deteriora la confianza social y se examinan los factores que permiten o impiden a la justicia restaurativa funcionar como una estrategia efectiva de reparación. Finalmente, se formulan algunas propuestas para el abordaje restaurativo de los delitos de corrupción.

Acerca de las pseudoterapias: entre el limbo jurídico y el derecho penal

Mª del Carmen Gómez Rivero — jue, 26 oct 2023 01:14:57 +0200

El trabajo se ocupa de la eventual responsabilidad derivada del ejercicio de las llamadas pseudociencias o pseudoterapias. La vasta oferta de productos y servicios que comprende, así como las cifras que dan cuenta del elevado porcentaje de la población que recurre a ellas contrasta con la ausencia de un régimen administrativo general regulador de la actividad. Tampoco el Código penal contempla previsiones específicas al respecto, por lo que las irregularidades en su ejercicio y los consiguientes intereses lesionados de los afectados habrán de canalizarse en este orden conforme a los tipos delictivos previstos con carácter general. A lo largo del trabajo se ponen de relieve las posibilidades y dificultades de aplicación en la materia de los distintos delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico, los relativos a las conductas falsarias así como a la vida y salud, entendida esta última tanto en clave individual como colectiva.

La violencia contra las mujeres por honor y su tratamiento jurídico en España

Carolina Villacampa Estiarte — lun, 15 may 2023 20:29:08 +0200

La violencia de honor constituye una de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres que, de acuerdo con el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, los Estados parte deben afrontar holísticamente. Tal aproximación comporta no solo la persecución penal de estas conductas, sino también su prevención y, sobre todo, la protección de sus víctimas. En este trabajo se analiza conceptual, fenomenológica y jurídicamente esta manifestación de la violencia en un contexto internacional y comparado, descendiendo después a la realidad en España. Se confirma, tras efectuar la correspondiente descripción de la situación, que la aproximación a la violencia de honor en este país es incompleta en los planos jurídico, institucional y académico. Se concluye afirmando la conveniencia de su análisis fenomenológico junto a un estudio sistemático de las respuestas jurídicas e institucionales más adecuadas para abordarla en España.

El incorruptible político parcial. Notas sobre el cohecho del político

Giorgio Dario Maria Cerina — mié, 26 jul 2023 10:34:42 +0200

La aplicabilidad del delito de cohecho a los políticos ha suscitado dudas relacionadas tanto con el an como con el quantum. Descartado, de iure condito, que se puede desaplicar el cohecho a los políticos, se discuten algunos planteamientos doctrinales así como la respuesta jurisprudencial al problema. Así, frente a quien ha sugerido sustituir (o identificar) la imparcialidad como bien jurídico protegido con la persecución de intereses generales, se propone un entendimiento procedimental de la misma. Analizando la jurisprudencia sobre prevaricación (pre)legislativa (caso ERE) o sobre el transfuguismo retribuido, se critica cierta tendencia a estirar los preceptos del Código penal en aras a configurar un Estatuto penal del político cuya creación (jurisprudencial), sin embargo, termina resultando contradictoria. Se apuntan, finalmente, algunas directrices para una posible intervención del legislador.

El delito de agresión sexual en su configuración por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual: comentario al artículo 178 del Código Penal

María Marta González Tascón — lun, 17 jul 2023 10:13:52 +0200

El presente artículo tiene como objetivo principal el análisis jurídico del nuevo delito de agresión sexual fruto de la Ley orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Para su mejor comprensión, se aborda el contexto en el que se origina.

Discapacidad y género, un necesario tratamiento interseccional en nuestra legislación

Maria Angustias Alcázar — lun, 17 jul 2023 10:17:12 +0200

La vulnerabilidad que provoca la violencia de género en las mujeres se agrava si estas sufren algún tipo de diversidad funcional. Una doble discriminación: por ser mujer y discapacitada, triple si es intelectual, multiplicándose según el grado o concurrencia de distintas discapacidades. Es necesario examinar los factores que hacen más vulnerables a estas mujeres desde la perspectiva de interseccionalidad de discapacidad y género, cuando ambas actúan simultáneamente. En este contexto, nuestra legislación penal no contempla estos rasgos de mayor vulnerabilidad en condiciones de igualdad con las mujeres sin discapacidad, ya que las trata junto a la minoría de edad o como persona vulnerable digna de protección, provocando una distinta “categoría de mujer” relegándola a su papel de víctima especialmente tutelada sin considerar sus circunstancias especiales y específicas que deberían incidir en una mayor protección penal o sobreprotegiéndola limitando, aun sin querer, sus derechos en relación al resto de mujeres.

Uribe Manríquez, Alfredo René, "Prueba y ejecución penal. Sobre la traslación de las nociones procesales y probatorias para el procedimiento penal al procedimiento de ejecución penal: el caso mexicano", Ubijus editorial y editorial CEJI, Ciudad de México, 2021, 95 páginas

Ana Rodríguez Álvarez — lun, 15 may 2023 19:39:26 +0200

Vázquez-Portomeñe Seijas, Fernando, “La mediación-reparación en el Derecho penal de adultos”, Dykinson, 2022, 159 páginas

María Castro Corredoira — vie, 15 dic 2023 20:44:08 +0100

La mediación ha sido objeto de tratamiento en numerosos instrumentos europeos e internacionales, como muestra del compromiso de las instituciones con la necesidad de reforzar el papel de las víctimas en los modelos estatales de justicia penal. A este respecto, se ha incidido en la necesidad de consolidar los principios de la justicia restaurativa a nivel internacional, propiciando el intercambio de información y de buenas prácticas entre las autoridades europeas y nacionales, instituciones, organismos y profesionales. Este texto recoge una recensión a la obra Vázquez-Portomeñe Seijas, Fernando, “La mediación-reparación en el Derecho penal de adultos”, Dykinson, 2022, 159 páginas.

Recensión a Farto Piay, Tomás: El proceso de decomiso autónomo, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2021 (521 páginas)

Luis Maria Uriarte Valiente — lun, 17 jul 2023 10:21:11 +0200

El proceso de decomiso autónomo nace de las exigencias de la DIR 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea de articular cauces para la implementación del decomiso y, en especial, para permitir la efectividad de las nuevas modalidades de esta institución, en concreto y entre ellos, en aquellos casos en que se hayan incoado procedimientos penales en relación con una infracción penal que pueda dar lugar, directa o indirectamente, a una ventaja económica, y en los que dichos procedimientos podrían haber conducido a una resolución penal condenatoria si el sospechoso o acusado hubiera podido comparecer, al menos cuando dicha imposibilidad derive de su enfermedad o fuga, esto es, el decomiso autónomo, que en nuestro ordenamiento penal interno se ha venido a regular en el art. 127 ter CP y que habrá de sustanciarse a través del proceso de decomiso autónomo.