Entre los derechos de las victimas incorporados al Derecho español con la aprobación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, destacan las facultades de intervención de la víctima en la ejecución penal. El legislador con la intención de proporcionar a las víctimas un grado de protección superior al contenido en la Directiva 2012/29/UE, ha desarrollado un precepto que adolece de una deficiente técnica legislativa y cuyo contenido presenta diferentes problemas de aplicación. Entre ellos destaca la polémica doctrinal en torno a la posible quiebra del monopolio estatal en el ejercicio del ius puniendi y el perjuicio de la finalidad reeducadora y resocializadora de las penas privativas de libertad que consagra el art. 25 CE, aspectos todos ellos, que son objeto de exposición y crítica en el presente trabajo.

El medioambiente está siendo continuamente contaminado y por ello es conveniente analizar los mecanismos precisos para lograr una óptima protección del mismo. Al respecto resultan fundamentales principios ambientales como cautela o precaución, prevención, corrección de los atentados al medio ambiente y quien contamina paga. Ante la concurrencia de daños ambientales se genera responsabilidad penal, administrativa y civil, siendo esta última la que aquí se estudia. La responsabilidad civil, también llamada extracontractual, trata de lograr la reparación de los daños. Actualmente, en materia ambiental, la responsabilidad es objetiva ya que se basa en la idea del riesgo. Teniendo presente la necesidad de algunas empresas de constituir un fondo de compensación de daños medioambientales se valora qué forma de llevarlo a cabo conlleva más ventajas concluyéndose que la contratación de un seguro de responsabilidad medioambiental debe ser la opción elegida frente a la reserva en balance o el aval bancario.

Este trabajo analiza la insuficiencia de la tutela procesal ambiental en España frente a la gravedad de los daños ecológicos. El esquema actual, centrado en el daño individual, resulta ineficaz para proteger derechos supraindividuales. Se identifican dos limitaciones críticas: la regulación sectorial de las acciones colectivas en la LEC, que excluye a entidades ecologistas en defensa de intereses difusos, y las restricciones de la acción popular en el ámbito penal para ejercer la acción civil ex delicto. Ante esto, se proponen dos reformas esenciales. Primero, regular un sistema integral de acciones colectivas en la LEC que otorgue legitimación procesal explícita a las organizaciones ambientales. Segundo, implementar la justicia restaurativa en delitos medioambientales, aprovechando la oportunidad estratégica de la Disposición Adicional 9ª de la LECrim. Esta vía prioriza la autorresponsabilización y la restauración del ecosistema, sugiriendo condicionar la suspensión de penas a personas jurídicas al cumplimiento estricto de acuerdos restaurativos para una reparación efectiva.

El Derecho penal español no ha incorporado de forma autónoma el delito de contaminación por buques exigido por las Directivas 2005/35/CE y 2009/123/CE, lo que constituye, desde una perspectiva jurídica, un incumplimiento de la obligación de transposición impuesta por el Derecho de la Unión Europea. Aunque el artículo 325 del Código Penal contempla la protección de las aguas dentro del tipo general de delito ecológico, esta previsión no responde a la exigencia comunitaria de crear un tipo penal diferenciado. La reciente Directiva (UE) 2024/1203 mantiene esta obligación al establecer, junto al delito ecológico general, la necesidad de tipificar de forma autónoma la contaminación causada por buques. El nuevo plazo de transposición, que finaliza el 21 de mayo de 2026, ofrece a España una nueva oportunidad para cumplir con su deber y adaptar su legislación penal a las exigencias de la normativa comunitaria.

El ruido submarino antropogénico y la luz artificial nocturna (ALAN), dos de los rasgos definitorios de los paisajes marinos actuales, exigen ser parte de la Criminología azul. Son fenómenos derivados de la compleja interacción de las actividades sociales y económicas, que ejercen una profunda influencia en los ecosistemas marinos. Su continua escalada ocasiona impactos lesivos sobre la flora y fauna marinas, con efectos en cascada que amenazan la integridad ecológica de estos entornos. Pese a su importancia, el paisaje sonoro y la iluminación artificial en la salud de los océanos ha recibido relativamente escasa atención. No obstante, con el apoyo y sustrato de la denominada Criminología sensorial, se presentan oportunidades prometedoras para mitigar la presencia de estos contaminantes, además de constituir un banco de pruebas para aplicaciones innovadoras de justicia restaurativa azul, fomentando prácticas sostenibles que ayuden a restaurar y preservar la biodiversidad marina.

Este artículo examina la legislación penal en lo que respecta a los conceptos penales generales de funcionario público y su aplicación jurisprudencial en el sistema penal italiano, con especial atención a los sectores caraterizados por una mezcla de esquemas de gestión pública y privada.

El artículo 31 quinquies del CP cuenta con dos apartados. Resumidamente, en el primero de ellos se determina que las personas jurídicas del sector público no podrán tener responsabilidad penal, y, en el apartado segundo, en cambio, se exceptúa de la anterior irresponsabilidad penal a las sociedades mercantiles públicas, las cuales, si concurren los presupuestos señalados en el artículo 31 bis del Código penal, sí que podrán ser condenadas penalmente. De todos modos, en el último inciso del primer apartado del artículo 31 quinquies del CP el legislador acaba señalando que tampoco tendrán responsabilidad penal aquellos entes que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas. Así, la pregunta concreta que voy a intentar resolver en este estudio es la siguiente: ¿pueden ser castigadas penalmente aquellas sociedades mercantiles públicas que ejerzan potestades públicas administrativas?