El proceso de decomiso autónomo nace de las exigencias de la DIR 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea de articular cauces para la implementación del decomiso y, en especial, para permitir la efectividad de las nuevas modalidades de esta institución, en concreto y entre ellos, en aquellos casos en que se hayan incoado procedimientos penales en relación con una infracción penal que pueda dar lugar, directa o indirectamente, a una ventaja económica, y en los que dichos procedimientos podrían haber conducido a una resolución penal condenatoria si el sospechoso o acusado hubiera podido comparecer, al menos cuando dicha imposibilidad derive de su enfermedad o fuga, esto es, el decomiso autónomo, que en nuestro ordenamiento penal interno se ha venido a regular en el art. 127 ter CP y que habrá de sustanciarse a través del proceso de decomiso autónomo.

En este trabajo se lleva a cabo un análisis del elemento subjetivo del injusto presente en el delito de autoadoctrinamiento o autocapacitación con fines terroristas. Para ello, después de realizar un breve estudio del tipo objetivo, se efectúa una revisión doctrinal y jurisprudencial del citado elemento subjetivo. Nos hallamos ante un componente teleológico redoblado, que se erige en el aspecto fundamental para determinar la tipicidad de las conductas, y que ha concitado severas críticas. Se trata de un delito muy discutido, que confronta con principios esenciales del ordenamiento punitivo y que presenta serias dudas de constitucionalidad, por lo que se propone su derogación y, en su defecto, una interpretación restrictiva, que sea compatible con el respeto a los derechos a la libertad ideológica, religiosa y de conciencia.

La vulnerabilidad que provoca la violencia de género en las mujeres se agrava si estas sufren algún tipo de diversidad funcional. Una doble discriminación: por ser mujer y discapacitada, triple si es intelectual, multiplicándose según el grado o concurrencia de distintas discapacidades. Es necesario examinar los factores que hacen más vulnerables a estas mujeres desde la perspectiva de interseccionalidad de discapacidad y género, cuando ambas actúan simultáneamente. En este contexto, nuestra legislación penal no contempla estos rasgos de mayor vulnerabilidad en condiciones de igualdad con las mujeres sin discapacidad, ya que las trata junto a la minoría de edad o como persona vulnerable digna de protección, provocando una distinta “categoría de mujer” relegándola a su papel de víctima especialmente tutelada sin considerar sus circunstancias especiales y específicas que deberían incidir en una mayor protección penal o sobreprotegiéndola limitando, aun sin querer, sus derechos en relación al resto de mujeres.

La aplicabilidad del delito de cohecho a los políticos ha suscitado dudas relacionadas tanto con el an como con el quantum. Descartado, de iure condito, que se puede desaplicar el cohecho a los políticos, se discuten algunos planteamientos doctrinales así como la respuesta jurisprudencial al problema. Así, frente a quien ha sugerido sustituir (o identificar) la imparcialidad como bien jurídico protegido con la persecución de intereses generales, se propone un entendimiento procedimental de la misma. Analizando la jurisprudencia sobre prevaricación (pre)legislativa (caso ERE) o sobre el transfuguismo retribuido, se critica cierta tendencia a estirar los preceptos del Código penal en aras a configurar un Estatuto penal del político cuya creación (jurisprudencial), sin embargo, termina resultando contradictoria. Se apuntan, finalmente, algunas directrices para una posible intervención del legislador.

El presente artículo tiene como objetivo principal el análisis jurídico del nuevo delito de agresión sexual fruto de la Ley orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Para su mejor comprensión, se aborda el contexto en el que se origina.

El actual Titulo XIII bis del Código Penal ha incorporado el art. 304 ter que tipifica un delito de los denominados como de «organización», en concreto, la pertenencia o dirección a estructuras u organizaciones cuyo objeto sea la financiación ilegal de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores. No obstante, desde su incorporación a nuestro principal texto punitivo, este concreto ilícito penal ha recibido numerosas críticas doctrinales, siendo una de las más relevantes la relativa a las problemáticas de índole concursal que éste puede llegar a plantear. Así, este trabajo de investigación tiene por objeto realizar un análisis de los diferentes tipos penales que integran este delito con el fin, posteriormente, de determinar cómo se solucionarían cada uno de estos problemas concursales.

La violencia de honor constituye una de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres que, de acuerdo con el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, los Estados parte deben afrontar holísticamente. Tal aproximación comporta no solo la persecución penal de estas conductas, sino también su prevención y, sobre todo, la protección de sus víctimas. En este trabajo se analiza conceptual, fenomenológica y jurídicamente esta manifestación de la violencia en un contexto internacional y comparado, descendiendo después a la realidad en España. Se confirma, tras efectuar la correspondiente descripción de la situación, que la aproximación a la violencia de honor en este país es incompleta en los planos jurídico, institucional y académico. Se concluye afirmando la conveniencia de su análisis fenomenológico junto a un estudio sistemático de las respuestas jurídicas e institucionales más adecuadas para abordarla en España.

El primero de abril de 2016 se promulgó la Ley Nº 30424, denominada inicialmente “Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional”. Uno de los aspectos más importantes de esta regulación es la posibilidad de eximir de responsabilidad a la persona jurídica si es que ésta, con anterioridad a la comisión del delito, adopta e implementa en su organización un modelo de prevención con medidas de vigilancia y control idóneas para prevenirlo o para reducir significativamente el riesgo de su comisión. Si la adopción e implementación del modelo de prevención tiene lugar, más bien, con posterioridad a la comisión del delito, lo que procede es una atenuación de la responsabilidad. Si bien la Ley Nº 30424 ha sufrido al día de hoy varias modificaciones sustanciales, la adopción de un sistema de cumplimiento normativo de carácter penal por parte de la persona jurídica sigue incidiendo favorablemente en las sanciones que, por la comisión de un delito, cabría imponerle. De las particularidades de esta regulación me voy a ocupar con mayor detalle en este informe nacional, dividiendo la exposición en cuatro apartados generales: el primero se ocupará de la forma en la que se introdujo la responsabilidad de la persona jurídica por la comisión de delitos, el segundo se encargará de describir de manera general cómo es el sistema de responsabilidad asumido, el tercero entrará en las exigencias que legalmente se establecen para que un modelo de prevención pueda ser considerado idóneo y el cuarto se hará cargo de algunos aspectos procesales.

El trabajo se ocupa de la eventual responsabilidad derivada del ejercicio de las llamadas pseudociencias o pseudoterapias. La vasta oferta de productos y servicios que comprende, así como las cifras que dan cuenta del elevado porcentaje de la población que recurre a ellas contrasta con la ausencia de un régimen administrativo general regulador de la actividad. Tampoco el Código penal contempla previsiones específicas al respecto, por lo que las irregularidades en su ejercicio y los consiguientes intereses lesionados de los afectados habrán de canalizarse en este orden conforme a los tipos delictivos previstos con carácter general. A lo largo del trabajo se ponen de relieve las posibilidades y dificultades de aplicación en la materia de los distintos delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico, los relativos a las conductas falsarias así como a la vida y salud, entendida esta última tanto en clave individual como colectiva.

Resumen: El presente trabajo analiza el potencial de la justicia restaurativa para reparar la pérdida de confianza social como daño social específico causado por la corrupción. Para ello, se delimitan conceptualmente las nociones de corrupción y confianza social, se describe cómo la corrupción deteriora la confianza social y se examinan los factores que permiten o impiden a la justicia restaurativa funcionar como una estrategia efectiva de reparación. Finalmente, se formulan algunas propuestas para el abordaje restaurativo de los delitos de corrupción.

Las estrategias anticorrupción deben abordar los daños sociales causados por la corrupción y fomentar la cooperación ciudadana, en términos de eficacia colectiva. Generalmente una alta percepción de corrupción provoca su normalización, generando tolerancia y el deterioro de los vínculos sociales. Exponer las consecuencias sociales de la corrupción, específicamente las repercusiones negativas sobre los derechos individuales y colectivos, puede contribuir a desnormalizar la corrupción y fomentar la acción colectiva. Tras examinar el vínculo entre percepción y normalización de la corrupción y el posible impacto de la acción colectiva en la desnormalización, se proponen algunas líneas de acción encaminadas a fortalecer vínculos sociales que permitan la regeneración de la confianza social y la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.

El Centro Nacional de Inteligencia cada vez tiene acceso a más datos personales de los ciudadanos. Al mismo tiempo, los ficheros propiedad del CNI se encuentran expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la normativa de protección de datos de carácter personal. La eventual confluencia de las investigaciones de seguridad del CNI y las investigaciones policiales, a través del flujo de datos del primero al segundo, supone una amenaza a los derechos procesales. La única manera de poner fin a esta amenaza es regular esta cesión, estableciendo las limitaciones procedentes y fijando las  consecuencias de la incorporación de datos procedentes del CNI a un futuro proceso penal.

A pesar de su larga vigencia, el delito de denegación discriminatoria de servicios públicos del art. 511 CP no ha generado sentencia condenatoria alguna. De entre los múltiples factores que pueden estar influyendo en su inoperatividad práctica, se identifica al concepto de servicio público como uno de los elementos típicos que más dificultades presenta desde el punto de vista interpretativo. Así, el presente trabajo de investigación tiene por objeto el estudio del concepto de servicio público del art. 511 CP. También se reflexiona en torno a los conceptos de particular encargado de un servicio público y funcionario público, en cuanto posibles sujetos activos del delito de denegación discriminatoria de servicios públicos.

Los instrumentos de predicción del riesgo de reincidencia basados en IA generan numerosos retos para los pilares del Derecho penal. Es urgente una introspección en una disciplina incipiente, el “algorithmic fairness”, cuyo objetivo es construir herramientas éticas, adaptadas al concepto de “justicia”. Se pretende arrojar claridad metodológica en un campo donde convergen disciplinas dispares (ciencia de datos, matemáticas y derecho), intentando dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿es posible trasladar al lenguaje matemático conceptos como “equidad” o “no discriminación”?; ¿hay varios conceptos de lo “justo”? ¿son compatibles? ¿qué resultados arrojan?; ¿es posible tender un puente entre ambos lenguajes que brinde resultados objetivamente más justos?; ¿de qué manera el desarrollo de derechos como la igualdad y la no discriminación deben afectar en la programación? Dicho examen nos permitirá dotar de la necesaria protección a colectivos que sufren el riesgo de ser cada vez más marginalizados por el sistema.

Los poderes públicos tienen una serie de obligaciones en relación con la prevención de la violencia contra las mujeres. Para cumplir con estos estándares de debida diligencia, España ha desarrollado el Sistema VioGén, un algoritmo predictivo que otorga un determinado nivel de riesgo a las mujeres que denuncian haber sufrido violencia de género, el cual se tendrá en cuenta en la asignación de medidas de protección.

Pero a toda herramienta de valoración del riesgo le es inherente un cierto número de errores y también pueden cometer errores las personas que las manejan. Surge entonces la pregunta de si las autoridades estatales deben responder por dichos errores, cuando no han sido capaces de proporcionar la protección a la que la legislación y los organismos internacionales les obligan. Ese es el problema que analiza este trabajo: si cabe exigir responsabilidad patrimonial a las Administraciones Públicas por errores en el funcionamiento de VioGén.

El binomio que se genera, tras el empleo de sistemas inteligentes en el ámbito jurídico, entre la eficiencia procesal y los derechos y garantías que asisten a las partes en un proceso penal, pone de relieve la oportunidad de llevar a cabo un análisis de los requisitos y características que, con carácter previo a su utilización, deben tener los algoritmos inteligentes y, también, los datos que conforman dichos sistemas. Por esta razón, el objeto principal de este trabajo será resaltar, atendiendo a la figura de la tutela judicial efectiva, los principales problemas que se derivan en torno a la función jurisdiccional, a la motivación de la sentencia y al derecho al recurso para, posteriormente, desarrollar ciertas pautas que, eventualmente, proporcionen a estos sistemas algorítmicos la fiabilidad y calidad necesaria para poder ser utilizados, con carácter asistencial, por el órgano judicial en la administración de justicia.

La utilización de inteligencia artificial en nuestra sociedad, que abarca todas las facetas de la vida, implica un impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos, tanto positivo como negativo. Este impacto ha sido analizado por la doctrina penalista desde una perspectiva de los bienes jurídicos individuales, habiendo un gran consenso sobre el tema. Sin embargo, no se ha abordado la lesión de bienes jurídicos colectivos, que también se ven afectados. El debate de la protección de los bienes jurídicos colectivos en las últimas décadas ha superado la protección del Estado para abarcar la protección de la sociedad. Seleccionados los bienes jurídicos relevantes, se analizarán los casos de lesión de los mismos con la utilización de inteligencia artificial de los que se tiene información, con el fin de analizar el bien jurídico lesionado y en qué medida. Aunque la lesión al bien jurídico se puede afirmar, la redacción del tipo penal no permite la correcta protección de los mismos mediante el código penal. Para ello se proponen dos soluciones para adaptar los tipos a la realidad que nos encontramos con el uso de la inteligencia artificial en nuestra sociedad.

Las condiciones de la ejecución penitenciaria, que afectan al nivel de restricción de la libertad, se vinculan con la evolución de las personas privadas de libertad en su proceso de rehabilitación. Las tendencias político-criminales del riesgo que se observan en las últimas décadas han dado lugar a que, en las evaluaciones de esa evolución, tenga un peso cada vez mayor la valoración del riesgo. En este sentido, destaca el uso de las herramientas de valoración y gestión de riesgos en el ámbito penitenciario y, en concreto, el protocolo RisCanvi en el sistema penitenciario catalán. Desde una perspectiva jurídico-penal, y desde la preocupación por el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, en este trabajo, se plantea el análisis del uso que se hace del RisCanvi en la toma de decisiones penitenciarias. Para ello, se realiza un estudio a través de entrevistas a los agentes que participan en la toma de decisiones penitenciarias que pretende mostrar a qué realidad debe enfrentarse un Derecho penal con garantías.

La noción de riesgo ha tenido, desde siempre, un papel fundamental en la configuración de los modelos de penalidad en el Norte Global. Su irrupción, desarrollo y expansión responde a un proceso multicausal de enorme complejidad que ha acompañado y acompaña de forma permanente a las ciencias penales

Llevando esto a la actualidad, cuestiones como el Big Data¸ el Machine Learning o los nuevos paradigmas político-criminales parecen dibujar un escenario para el que el modelo de penalidad, al menos en términos de valoración riesgo, no parece estar preparado. En este contexto, surgen los Algoritmos de Valoración de Riesgo (ARA) en tanto que herramientas capaces de ofrecer potenciales soluciones. Los ARA plantean a través de nuevas premisas, métodos y tecnologías un nuevo horizonte de lo posible en el que son capaces de predecir más y mejor que sus predecesores. 

Así las cosas, este trabajo tiene por objetivo revisar, desde una perspectiva crítica, todo lo recién expuesto en tanto que forma de intentar constatar la veracidad de las premisas de que los ARA son capaces de superar a todos los instrumentos anteriores así como de que son la mejor forma de avanzar hacia un modelo de penalidad mejor.

Partiendo del supuesto de que las empresas asumen un rol de innegable protagonismo en la producción y utilización de los sistemas de inteligencia artificial (IA), abordaremos en el presente trabajo, los aspectos penales y procesales penales de esta relación. Tras un breve estudio del concepto, funcionamiento y limitaciones de esta tecnología, analizaremos las dificultades que impone a la imputación de responsabilidades penales, que acaban justificando la adopción de modelos específicos de responsabilidad de personas jurídicas también en este ámbito. Por otro lado, observaremos que, aun que como usuarias, las personas jurídicas no gozan de libertad irrestricta para emplear la IA en sus programas de cumplimiento, debiendo cumplir con ciertos parámetros legales, especialmente si pretenden obtener beneficios penales a través del compliance eficaz.

Este artículo contrasta dos líneas teóricas que han tendido a tensionar la labor judicial desde puntos de vista que, tal vez, cabría considerar contrapuestos. Por un lado, se recupera la clásica crítica del “realismo jurídico” que cuestiona la capacidad del juez para decidir con arreglo a las exigencias del ordenamiento jurídico. Aquí, el problema estriba en el carácter excesivamente “humano” del juzgador. Por otro lado, se da voz a la protesta inversa, surgida del debate en torno a las posibilidades de una inteligencia artificial judicial. En este contexto, las opiniones críticas han tendido a plantear que los algoritmos carecen de ciertas cualidades (estructurales y funcionales, pero también “sociológicas”) que imposibilitan la plena sustitución del juzgador humano. La “artificialidad” de la inteligencia es ahora el problema. Se reúnen ambas perspectivas con el propósito de determinar si, entre las presiones por la “abstracción” y la “humanización”, queda espacio alguno para un juez.

La toma de decisiones en inteligencia artificial (IA) puede ocurrir en escenarios en los que se decide en una fracción de segundo sobre la vida o el bienestar de los individuos sin que medie supervisión humana. Los algoritmos de IA que se aplican en estos casos pueden basarse o bien en criterios deontológicos o utilitaristas. Incluso si hubiese un consenso ético sobre la toma de decisiones de la IA, si la gente no encontrase aceptables los criterios éticos de la IA, su rechazo dificultaría su implementación. Por ejemplo, si un coche autónomo siempre sacrificase la seguridad de sus pasajeros antes que poner en peligro a otras víctimas en un accidente inevitable, mucha gente no compraría un coche autónomo. En este artículo se realiza una revisión bibliográfica de artículos científicos del ámbito de la psicología social sobre las variables implicadas en la percepción de decisiones relacionadas con la IA. Esta percepción social de la IA puede tener relevancia en el desarrollo de criterios sobre la responsabilidad legal. Finalmente, se examinan aspectos relacionados con el ámbito jurídico con la utilización de la IA en el sistema judicial y en la comisión de delitos.

La prevención de la violencia contra las mujeres ha sido un espacio relevante de irrupción de técnicas actuariales para la gestión de los riesgos de agresión, sobre todo en el contexto anglosajón. Muchas de esas aplicaciones son de uso policial, buscando una optimización de los recursos disponibles bajo un imperativo gerencial de la praxis punitiva. En el contexto español, la implantación del sistema VioGén, en 2007, implicó la incorporación de un protocolo policial para la valoración del riesgo de agresión (VPR/VPER), basado en un algoritmo actuarial encapsulado como aplicación de software. El artículo explora sus características en cuanto «tecnología normativa» de tipo algorítmico. Una tecnología de orientación predictiva, pero alejada en su complejidad y abstracción de las aplicaciones de smart policing existentes en otros contextos. Ello no despeja, sin embargo, algunos problemas propios de los algoritmos punitivos, fruto de las fricciones entre las normatividades jurídica y tecnológica.

España tiene una experiencia limitada -quizás por la ausencia de una regulación específica- en la IA para la predicción policial y judicial. No obstante, sí que existen instrumentos relevantes que, en una primera sistematización podemos clasificar en aquellos sistemas utilizados actualmente y de un modo generalizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), que son Veripol y Viogen y, en segundo, aquellas iniciativas que bien no gozan de un uso tan generalizado, han sido iniciadas pero posteriormente abandonadas o se ha tratado únicamente de experiencias piloto. Estas son, entre otras, los Sistemas de Predictive Policing (S.I.G), con una fuerte injerencia en los derechos fundamentales de las personas. Del mismo modo, tampoco cuenta con excesivos instrumentos de justicia predictiva, aunque existen algunos que tienen importante incidencia en el proceso y en la ejecución de la pena. En el presente trabajo se analizan críticamente tales instrumentos y su incidencia en la justicia penal así como el encaje de los futuros usos de la inteligencia artificial desde una perspectiva respetuosa con las garantías procesales pero a su vez, no inmovilista, teniendo presente las ventajas que ofrece la inteligencia artificial en la aceleración -y mayor eficiencia- del proceso penal.