Este trabajo tiene por objeto, por un lado, describir las actuaciones policiales llevadas a cabo para asegurar las medidas restrictivas impuestas durante el primer estado de alarma y, por otro lado, proponer una hipótesis explicativa a la mayor contundencia de estas actuaciones en el contexto comparado. Tras un breve repaso por el marco legal que ampara estas actuaciones, se ofrecen datos sobre las detenciones y propuestas de sanción llevadas a cabo durante el periodo estudiado. Posteriormente se comparan estas actuaciones con otros periodos y otros países. A continuación, se proponen algunos elementos a tener en cuenta para explicar este mayor uso. Finalmente, y teniendo en cuenta los anteriores aspectos, se propone que este mayor control policial puede ser explicado principalmente por la intención de enviar un mensaje de que “todo estaba bajo control” en una situación tan grave como la vivida en aquel periodo.

A pesar de ser quien inicia un negocio potencialmente beneficioso para sus intereses económicos o, en su caso, quien se vincula con uno ya en curso, sorprendentemente la figura del socio ha solido ser excluida del análisis de la responsabilidad individual en las estructuras empresariales por los injustos penales que allí lleguen a cometerse. En efecto, la academia ha invertido loables esfuerzos en explorar los derechos que asisten a los socios o en configurar mecanismos útiles para amparar sus legítimos intereses. Pero la cuestión de su haz de deberes jurídico-penales (particularmente los de vigilancia y control) y las consecuencias derivadas de su transgresión ha captado, por lo general, poca atención. Recientemente esta tendencia parece estar empezando a cambiar de rumbo, con lo cual, todo apunta a que ha llegado el momento de que la academia reflexione sobre problemas particularmente espinosos como el que ocupan esta contribución: me refiero a la responsabilidad penal por omisión del socio en relación con la criminalidad corporativa.

En este estudio se testa empíricamente una de las principales hipótesis de la Teoría de la Acción Situacional (TAS) en el contexto de la actividad/competición deportiva. Se analiza si los actos de infracción de las normas (deportivas) son el resultado de la participación (exposición) de deportistas con tendencia a la infracción de esas normas (propensión criminal) en deportes (entornos) especialmente criminógenos. Para ello, se utiliza una muestra (n=329) de deportistas en activo que compiten en diferentes disciplinas y a diferentes niveles deportivos. Los resultados revelan que tanto la propensión criminal individual como el carácter criminógeno del tipo de deporte practicado son por sí mismos factores causalmente relevantes de conductas antideportivas. Los resultados también revelan que los efectos de la propensión individual son mayores para los deportistas que compiten en deportes especialmente criminógenos. Se analizan y discuten los resultados.

El presente artículo analiza la reciente utilización de la Cámara Gesell en el ordenamiento jurídico español. La finalidad de esta nueva herramienta es loable, pues trata de reducir los efectos de la doble victimización. No obstante, este método de toma de declaración de víctimas especialmente vulnerables ha planteado dudas acerca de cómo, cuándo, ante qué víctimas y ante qué delitos es válida la preconstitución de esta prueba. La reciente Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, ha modificado la LECrim para dar cabida a estos supuestos, adecuándose, en buena parte, a lo que venía estableciendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, con el propósito de garantizar un justo equilibrio entre la protección de la víctima y la salvaguarda de los derechos procesales del acusado.

Aunque se suele aceptar la necesidad de que las víctimas menores de edad reciban una especial protección, los mecanismos de compensación vigentes no están diseñados para dar respuesta a sus necesidades específicas. Tras un examen del sistema público de ayudas y de las decisiones de los tribunales españoles respecto a la responsabilidad civil en favor de las víctimas de abuso sexual infantil, se formulan propuestas para diseñar un sistema de compensación justo y eficaz.

El trabajo analiza la problemática que presenta el ejercicio de compulsión para entregar información autoincriminatoria en procedimientos de inspección o supervisión administrativa. Plantea la tensión entre el deber de colaborar con la Administración y el derecho a no autoincriminarse. El quebrantamiento del primero determina responsabilidad penal o administrativa. La hipertrofia del segundo generaría una intolerable impunidad. Tras analizar el derecho en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y TEDH, se sostiene que la información obtenida con compulsión puede utilizarse en procedimientos que carezcan de carácter sancionador. Para limitar los indeseables efectos que se pueden derivar de la estricta aplicación del criterio, se exponen dos soluciones. En primer lugar, se entiende que el derecho tan sólo se extiende a la información inequívocamente autoincriminatoria, esto es, aquella que no requiera de una valoración compleja, por ejemplo a través de una pericia, o de la aportación de información complementaria. En segundo lugar, se propone prescindir en los procedimientos de inspección de la amenaza de sanción, asumiendo el mínimo riesgo de que se pueda incurrir en error de prohibición indirecto por parte del inspeccionado. El trabajo concluye con un examen de las especificidades que presentan las personas jurídicas.

La LO 2/2020 modificó el art. 156 del CP español, suprimiendo la posibilidad de autorizar judicialmente la esterilización de personas discapacitadas que el Tribunal Constitucional había confirmado en 1994. Este trabajo analiza la repercusión de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad en esta reforma penal y también en el nuevo régimen civil de la discapacidad mental, en el que se sustituye el viejo sistema de representación por el de asistencia y apoyo en la decisión de la persona discapacitada. Tanto la Convención como el Código Civil aceptan la representación excepcional en casos graves, pero la reforma penal lo ha rechazado, prohibiendo la esterilización en casos de discapacidad absoluta. El trabajo analiza el principio de no discriminación y las consecuencias penales de la nueva situación.

El apartado cuarto del artículo 305 de nuestro Código Penal establece una particular y controvertida cláusula que permite que los sujetos que han cometido un delito fiscal queden exentos de pena si regularizan su situación con la Hacienda Pública reconociendo y pagando la deuda tributaria que tienen pendiente, antes de que la Administración, el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción notifique el inicio de actuaciones destinadas a averiguar la existencia de la misma. El objetivo de este trabajo es abordar, desde una perspectiva dogmática, el estudio de la naturaleza jurídica y ubicación sistemática de la regularización tributaria. Se trata de dos cuestiones ampliamente debatidas por la Doctrina, sobre las que se han formulado múltiples interpretaciones, que condicionan de forma notable la exégesis del artículo 305.4 del Código Penal, así como los efectos de dicho precepto.

El primer Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso, de 20 de diciembre de 2021, reconoce que tanto el trabajo forzoso, como la trata con finalidad de sometimiento forzoso a situaciones de explotación no sexuales, no han recibido “hasta el momento la atención necesaria, ni desde el punto de vista de su regulación, ni desde la perspectiva de la actuación de las Administraciones Públicas”. Asimismo se reconoce que, frente a los modelos penales de Italia, Alemania, Reino Unido, Francia o Portugal, el Código penal español no cuenta con herramientas suficientes ni apropiadas para perseguir, como tal, la explotación asimilada a la esclavitud, bien de modo autónomo, o como objetivo explotador de una víctima del delito de Trata de seres humanos. Ello ha impedido, como señala, “perseguir y combatir estas conductas e identificar y proteger correctamente a las víctimas”. Ellas son las grandes olvidadas. Y, sin embargo, sin indicadores rigurosos que permitan el conocimiento de la realidad, sin una base de datos centralizada ni una eficaz coordinación entre Autoridades, el mencionado Plan de Acción Nacional asevera que “el trabajo forzoso no es un fenómeno extendido en España”.

La naturaleza jurídica de la normativa relativa al Registro Central de Delincuentes Sexuales es una cuestión controvertida que ha enfrentado a la doctrina y a la jurisprudencia. Hay autores que han afirmado que estamos ante verdadero Derecho penal despojado de sus garantías mientras que la jurisprudencia le ha negado este carácter tanto al registro como a la inhabilitación para el ejercicio de profesiones con menores que dicha inscripción conlleva. El tema es de suma trascendencia, pues de la naturaleza jurídica se derivan los derechos y garantías que debe llevar aparejada una institución. Así, si afirmamos el carácter penal, o al menos, sancionador, de todo o parte de la regulación esta deberá respetar principios como el de legalidad o proporcionalidad. El presente trabajo va destinado a dilucidar esta cuestión a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como a sistematizar toda la crítica que se ha formulado sobre dicha institución.

El "discurso sobre la radicalización" se presenta actualmente como el marco de referencia para pensar e intervenir sobre el terrorismo de inspiración yihadista. En este sentido, su marcada naturaleza preventiva ha propiciado que la lucha contra el terrorismo deje de ser una responsabilidad exclusiva del Estado y, en contraposición, se extienda también a otros agentes que no están vinculados al ámbito de la seguridad. El objetivo principal de este artículo reside en examinar críticamente cómo, al hilo de este discurso, los poderes públicos han buscado involucrar paulatinamente a los profesores en la doble tarea de identificar posibles casos de radicalización y promocionar determinados valores como medio para crear una suerte de resiliencia frente al extremismo. argumentándose a partir de la evidencia empírica disponible que tal pretensión ha generado toda una serie de cambios en la relación educativa que comportan severas consecuencias para los alumnos considerados en riesgo de radicalización.

Sobre un texto de Concepción Arenal exponen los autores la evolución en el tratamiento de los dementes desde la fundación del primer manicomio en Valencia a principios del siglo XV hasta finales del XIX, todo ello enmarcado en las políticas públicas correspondientes así como en las condiciones económicas, religiosas, culturales, y en definitiva históricas concurrentes en aquél período.

Identificar como ratio legis de la reforma de 2015 la voluntad de exigir responsabilidad penal a las sociedades públicas mercantiles obliga a realizar una interpretación restrictiva de la exclusión penal de los entes públicos empresariales planteada por el art. 31 quinquies. A partir de ella, el concepto administrativo de “potestades públicas” y el comunitario de “servicios de interés general” permiten avanzar en un concepto penal relativamente autónomo sobre el cual fundamentar el trato discriminatorio entre las diversas entidades del sector público institucional. Así, el ejercicio de “potestades administrativas” permitirá delimitar los entes a quienes el apartado 1 del art. 31 quinquies excluye de responsabilidad penal. Por otro lado, el concepto comunitario de “servicio de interés general” permitirá excluir del régimen de responsabilidad limitada a aquellas sociedades mercantiles públicas que sólo desarrollan actividades económicas, quienes quedarían relegadas al régimen general de RPPJ.

La actuación de las fuerzas armadas rusas en territorio ucraniano ha puesto de manifiesto la importancia de disponer de mecanismos de respuesta jurídica y judicial eficaces para hacer frente a determinadas situaciones susceptibles de encajar en el concepto de crimen de agresión contenido en el artículo 8 bis del Estatuto de Roma. España, sin embargo, carece de un precepto penal que abarque la totalidad de los elementos de este delito. Su inclusión en nuestra legislación nacional evitaría la impunidad de este tipo de conductas, favorecería la complementariedad de la Corte Penal Internacional en relación con las jurisdicciones nacionales y reforzaría el compromiso de España con la salvaguarda de los Derechos Humanos.

Aceptando que la estructura típica del art. 305.1 CP no se ajusta al paradigma de los delitos de dominio, se sugiere convertir la finalidad de redistribución de la riqueza propia de los sistemas tributarios de los Estados democráticos y sociales –como el que diseña nuestra Constitución- en el referente valorativo que cumpla las funciones asignadas al bien jurídico protegido. Esta razón legitimante permite configurar el delito contenido en el art. 305.1 CP como un delito de infracción de deber, en el que la realización de la conducta típica (defraudar en sus distintas modalidades) cumple el tipo sin que sea necesario probar el perjuicio para la Hacienda Pública (como resultado naturalístico) y permite explicar la introducción de un límite mínimo a la cuantía defraudada y las atenuantes y agravantes específicas por razón de la cuantía. Además, esta razón legitimante también sirve para limitar el Ius puniendi, con lo que se superarían las objeciones teóricas a los delitos de infracción de deber en relación con el delito tributario.