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Julia Barragán
Universidad Central de Venezuela
Estados Unidos
v. 25 n. 1-2 (2023): Número extraordinario correspondiente a los años 2021-2023, Artículos por invitación
DOI: https://doi.org/10.15304/telos.25.1-2.9890
Recibido: 26-04-2024 Aceito: 26-04-2024 Publicado: 24-05-2024
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Resumo

Con más frecuencia de lo deseable vemos que algunos decisores normativos, muchas veces (aunque no siempre) sin una segunda intención, consideran plenamente justificadas sus decisiones porque ellas atacan un problema real que afecta a la sociedad cuya existencia se documenta con hechos veraces que no parecen discutibles. Asimismo, la autoridad normativa se afirma aún más en su creencia porque su decisión está correctamente encuadrada en el marco legal vigente, y hace un uso razonable de los recursos. De manera sutil, la justificación de la decisión normativa se ha deslizado a la que es propia de las decisiones individuales.


El justificar las decisiones normativas en base a conceptos y heurística propios de las decisiones individuales no solo atenta contra el propósito optimizador que es el objetivo de toda decisión, sino que golpea duramente la transparencia, propiedad fundamental para el ejercicio de la función de control que protege el balance democrático. Esta es una consecuencia mayor que no puede dejar de preocupar.


A partir de esa preocupación, mediante el análisis de las características que son propias de cada tipo de decisión, se describirán los mecanismos específicos idóneos para construirlas, y justificarlas, lo que a su vez permite mostrar las diversas formas que asume la racionalidad.


El concepto de isomorfismo entre la forma lógica de los problemas y la estructura del modelo teórico que pretende justificarlos acompaña, como telón de fondo, la semántica del análisis.


Considerando la complejidad inherente a las decisiones normativas, su construcción y justificación siempre se moverán en un entorno probabilístico/condicional que adicionalmente se lleva muy bien con el ethos democrático.