El artículo aborda la definición de las eurorregiones en un contexto de cooperación transfronteriza que favorece las tres dimensiones de la cohesión: económica, social y territorial. Con un enfoque descriptivo, el objetivo del trabajo es situar las eurorregiones en el contexto actual, en el que se enfrentan a dos retos importantes: por un lado, la necesidad de unos niveles de gobernanza similares que favorezcan la toma de decisiones a un lado y otro de la frontera, y por otro, las trabas jurídicas en relación con la movilidad y con la actividad económica que las restricciones derivadas de la covid-19 han puesto de relieve. Los fondos europeos constituyen una oportunidad de resiliencia para todos estos territorios. Para los que, a pesar de compartir el hecho fronterizo, se concluye la dificultad de establecer una única hoja de ruta, dada la diversidad tanto geográfica como socioeconómica.
La crisis provocada por la pandemia de la covid-19 ha incorporado al lenguaje de la política regional el término «resiliencia», que, junto con la cohesión y la cooperación, delimita el objeto de estudio de este trabajo: las eurorregiones. El contexto de este análisis, que utilizará una metodología meramente descriptiva, se mueve entre dos elementos: por un lado, las dificultades que impone el hecho de la frontera ‒inherente a la eurorregión‒ y, por otro, las posibilidades que el nuevo marco financiero plurianual y los fondos del NextGenerationEU ofrecen para el desarrollo de estos espacios.
La frontera, inicialmente límite geopolítico, adquiere tanto la forma de barrera cultural e identitaria, como la de una continuidad geográfica y socioeconómica diluida en el ámbito de la Unión Europea por el Tratado de Schengen y el mercado interior. Tendríamos que hablar de distinto grado de permeabilidad, considerando igualmente la tipología de gobiernos que ejercen su soberanía y la gestión de sus competencias (). El grado de descentralización y la capacidad de aplicar el principio de subsidiariedad, adaptándose a las necesidades concretas del territorio, determinará el tipo de cooperación desarrollado.
El artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) () sitúa a las áreas transfronterizas dentro del objetivo de la cohesión económica, social y territorial, prestándoles especial atención junto con las zonas rurales, las de montaña o las de baja densidad. En ocasiones, el territorio transfronterizo incluye esas otras regiones con “desventajas naturales o demográficas graves y permanentes”, configurando una periferia interna de la Unión Europea y una importante área desfavorecida en el seno del Estado miembro correspondiente.
El incremento de los fondos europeos con importantes partidas para la cohesión regional, especialmente en su aspecto territorial, así como los dos grandes objetivos de la digitalización y de la transición ecológica constituyen oportunidades de mejora en los servicios públicos, las comunicaciones o en el empleo, y de desarrollo de sectores económicos basados en la innovación.
Con el fin de determinar los elementos que afectan a las eurorregiones en el contexto ya citado vinculado a la frontera y a las posibilidades de recuperación de la crisis provocada por la pandemia, el trabajo se estructura de la siguiente manera: tras esta introducción, el apartado segundo abordará de forma breve la definición de estos territorios, así como su evolución. En un tercer apartado, analizaremos los problemas que afrontan estas regiones y las posibilidades que les ofrece el nuevo periodo de programación a través de los fondos estructurales y del NextGenerationEU; para ello utilizaremos los ejemplos de las fronteras españolas con Portugal y Francia. El trabajo se cerrará con unas reflexiones finales en las que se plantearán algunas medidas para reforzar el papel de las eurorregiones, y con el apartado de bibliografía y fuentes.
Una de las primeras cuestiones a abordar es la delimitación del concepto de eurorregión en relación con otras figuras como, por ejemplo, las comunidades de trabajo en el ámbito de la cooperación transfronteriza; Y para ello conviene recordar cuál es el origen y la motivación de su existencia.
Aun cuando aparece claramente vinculada a la política regional de la Unión Europea, sus bases las establece el Consejo de Europa a través del Convenio-Marco Europeo sobre cooperación transfronteriza de las entidades o autoridades territoriales (), así como de sus protocolos adicionales y de la Carta Europea de Autonomía Local (Estrasburgo, 1985). Constituyen estructuras complementarias, que se han ido diseñando a partir, también, de las limitaciones de una y otra. Al no ser excluyentes, amplían el abanico de posibilidades de cooperación ().
La institucionalización de esta cooperación la realiza la Unión Europea a través de la financiación, primero con la iniciativa Interreg y después con el programa. Así lo recuerda : “la UE ha contribuido a la cooperación transfronteriza, además de con la financiación económica, con la institucionalización de la cooperación «y más específicamente en la manera de lograr estructuras y procedimientos comunes para el desarrollo y la gestión de la aplicación de los programas transfronterizos locales y regionales», tal como afirma la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas en 1999”. Aunque ya existían eurorregiones y comunidades de trabajo que se apoyaban en el convenio-marco del Consejo de Europa, la creación en 2006 de las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT) supone un importante salto cualitativo, pasando “de una cooperación de concertación y voluntarista a una cooperación sometida al derecho y, por tanto, con compromisos jurídicos” (). El Comité Europeo de las Regiones registra, en enero de 2022, setenta y nueve AECT activas. Recogiéndose las correspondientes a las fronteras españolas con Francia y Portugal en la tabla siguiente.
Aun cuando relaciona las eurorregiones con las primeras colaboraciones transfronterizas desde la firma del Tratado de Roma, y en el seno del modelo creado por el Consejo de Europa, podríamos afirmar que las eurorregiones se convertirían con el modelo de las AECT en el último estadio de la cooperación transfronteriza, asumiendo sus objetivos y minorando las dificultades puestas de manifiesto desde que el artículo 8A del Acta Única Europea (1986) dispusiera “la consecución de un mercado interior, concebido como un espacio sin fronteras interiores. Se planteará, entonces, la disfunción y los perjuicios producidos por un espacio en el que las fronteras económicas desaparezcan, subsistiendo, sin embargo, las fronteras administrativas y políticas” (). El modelo de eurorregión contribuiría a diluir estas últimas al constituirse, según , en “una fórmula asociativa transfronteriza entre autoridades locales y regionales, de ambos lados de una frontera nacional, que se rige por el derecho privado, en concordancia con los marcos legislativos de los respectivos estados involucrados”. En la misma línea, del afirma que las iniciativas de las eurorregiones deben definirse de acuerdo con tres criterios: “1) sus principales protagonistas son siempre autoridades públicas; 2) el término eurorregión se refiere a una colaboración entre las autoridades subnacionales en diferentes países, por lo que estos actores no están normalmente sujetos al derecho internacional. Por consiguiente, no permiten concluir tratados internacionales con las autoridades extranjeras, hablándose en ocasiones de «baja política»; y 3) implica una cierta estabilización de los contratos transfronterizos en el tiempo”. Sin embargo, entiende esa asociación como etapas que pueden confluir y que, por tanto, no son excluyentes, y que definen tres tipos de eurorregiones con características distintas (véase Tabla 2): macro infraestructuras, redes funcionales y cooperación transfronteriza. El objetivo principal es hacer frente a los problemas que surgen al crear una continuidad de los espacios sociales, económicos y culturales. La gobernanza se limitaría a favorecer una idea previa de colaboración y participación. En esta línea se situaría la que, con el fin de realizar la transición ecológica marcada en los objetivos de la UE, trasciende la cooperación transfronteriza creando una región funcional y aplicando una ordenación territorial más allá de las fronteras (véase la ).
Por otra parte, la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) incide en su web en la diversidad ligada a la eurorregión: “El concepto de eurorregión reúne diferentes tipos de partenariados entre regiones y territorios fronterizos, más o menos estructurados y en los que algunos cuentan con una secretaría permanente. Las formas jurídicas utilizadas difieren de una frontera a otra en función de la antigüedad de la cooperación y del marco jurídico existente. Algunas eurorregiones cuentan con el apoyo de asociaciones o fundaciones, otras han optado por la forma de AECT. La mayoría de las asociaciones eurorregionales se han formalizado a través de una convención o acuerdo entre las regiones y los territorios miembros”. Mientras, para “la eurorregión es una organización que reúne las siguientes características: cubre un territorio transfronterizo que acoge una determinada población; presenta una voluntad declarada de cooperación permanente, reforzada por una institucionalización que se formaliza a través de algún tipo de acuerdo político-legal; y muestra claramente signos de actividades conjuntas (en forma de proyectos), así como una consolidación de unas políticas públicas transfronterizas, particularmente si se expresan en una estrategia conjunta”. No obstante, siempre habrá que tener en cuenta, según , que “las eurorregiones no se constituyen como un nuevo nivel de gobierno local o regional, sino como un punto de intercambio para los sectores públicos y privados”.
Para , las eurorregiones se caracterizan por “principios de partenariado y subsidiariedad; la existencia de una estrategia de desarrollo transfronteriza; la estructura común a nivel local y regional; y la participación de actores privados y de la sociedad civil”. El principio de subsidiariedad tiene como función general “garantizar un cierto grado de independencia a una autoridad inferior respecto a una instancia superior o a un poder local respecto a un poder central” (). Enlaza con el proceso de regionalización de la Unión Europea a través del Tratado de Lisboa (2007), con el objetivo de la cohesión territorial en la modificación del Título XVII. La cooperación transfronteriza de la UE, gestionada principalmente a través de las AECT, cambia de alguna manera la visión de la gobernanza multinivel, apoyada en el principio de subsidiariedad y en el reparto de competencias, para introducir nuevas formas de inclusión de la sociedad civil, que denomina gobernanza participativa. Tal gobernanza choca con la estructura multinivel establecida, derivando hacia lo que este autor califica de estructura en red, y que necesita dos condiciones: la autonomía institucional y la homogeneidad cultural. Sin embargo, vinculan estos territorios a la política de cohesión europea, puesto que “sus objetivos y fondos intentarán limar sus disparidades económicas, sociales, de poblamiento y de gobernanza”, en la línea del artículo 174 del TFUE.
clasifican los distintos tipos de eurorregiones según su población (de menos de 150.000 habitantes a más de 5 millones) y las características del territorio (urbano, mixto ‒con más predominio de lo urbano en las regiones de mayor tamaño‒, y rural ‒unido a montaña en las regiones más pequeñas, e inexistente en las más grandes‒). Siguiendo esta clasificación, las eurorregiones en las fronteras de España con Portugal y con Francia tendrían los siguientes perfiles:
En todas ellas la complejidad institucional es baja, predominando dos actores (uno por cada país participante), salvo en el caso de la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo. En cuanto a los niveles de gobierno predominan el regional (Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra y Galicia-Norte de Portugal) y el local ().
La cooperación transfronteriza, y como parte de ella las eurorregiones, constituye un ámbito en el que conviven tanto dificultades ‒vinculadas al propio hecho fronterizo‒ para su propio desarrollo, como grandes posibilidades para la resiliencia. La gestión de ambas marcará la trayectoria de las regiones fronterizas en los próximos años.
Los principales problemas ‒y no son nuevos‒ se refieren tanto a cuestiones jurídicas relacionadas con la gobernanza a ambos lados de la frontera, como a diferencias históricas y socioeconómicas que determinan las características de los territorios fronterizos. Diferentes legislaciones o aplicaciones de la norma comunitaria, procesos administrativos y grados de digitalización de la administración pública distintos, aproximaciones diversas al mismo hecho laboral, económico o educativo dificultan unas relaciones que deberían ser fluidas cuando ya existe un marco de cooperación transfronterizo. A todo ello se ha unido la pandemia de la covid-19, con formas distintas de abordarla y recuperando unas fronteras ya “desaparecidas” con Schengen.
Primero, el cierre estricto de las fronteras tras la declaración de la pandemia y, posteriormente, las restricciones de acceso vinculadas a la expansión de las sucesivas olas han tenido importantes impactos en las regiones fronterizas () que, en diferente grado, han afectado fundamentalmente a las comunidades transfronterizas y a las economías locales. Entre los problemas que se originaron podemos destacar los siguientes: a) la movilidad en general, puesto que aumentaron los controles y se redujo el número de puntos de cruce. A ello hay que añadirla descoordinación en la fase posterior al cierre; b) los trabajadores transfronterizos se vieron afectados tanto por la falta de turistas como por la pérdida de sus empleos. El recurso al teletrabajo conllevó problemas con la seguridad y la regulación fiscal, hasta que se consiguieron regular exenciones mediante acuerdos de teletrabajo entre los países afectados; c) los usuarios de servicios públicos transfronterizos no pudieron utilizar el transporte público ni acceder a los hospitales o a los centros educativos, por la distinta política llevada a cabo a ambos lados de las fronteras. La excepción fueron los pacientes covid acogidos en hospitales del país vecino y, en algunos casos, el buen funcionamiento de los centros de información transfronteriza; d) el comercio minorista y las actividades turísticas fueron los sectores económicos más afectados; e) las actividades socioculturales, la vida familiar e incluso los lazos de confianza y de solidaridad, reforzados durante años, se vieron afectados.
La Comisión Europea () reconoce en un informe sobre las regiones transfronterizas que “la crisis ha demostrado que el grado de resiliencia de las zonas fronterizas depende en gran medida de la estructura institucional y del nivel de preparación, que, a menudo, se diseña y decide a escala nacional”. Estas conclusiones se unen a las ya realizadas por la Comisión () tres años antes en las que, además de recordar los principales méritos del programa Interreg aumentando la confianza, incrementando la conectividad y mejorando el medio ambiente, la salud y el crecimiento económico, examina las dificultades persistentes en el ámbito transfronterizo, para las que plantea una especie de hoja de ruta. Los hitos principales marcados son ‒junto con el análisis y recogida tanto de dichas dificultades como de buenas prácticas en todas las fronteras‒ la intensificación de la cooperación y de los intercambios, la mejora del proceso legislativo, el desarrollo de una administración pública transfronteriza, la disponibilidad de información y asistencia, el apoyo al empleo transfronterizo, la promoción del multilingüismo, la accesibilidad, el fomento de centros de asistencia sanitaria comunes, y la consideración del marco jurídico y financiero de cooperación transfronteriza.
Por lo que respecta a las fronteras españolas con Francia y Portugal, se han detectado varios problemas, sintetizados en la tabla siguiente (Tabla 3), y que están relacionados con cuestiones de medio ambiente, transporte, mercado laboral y educación, seguridad social, y políticas de planificación y de servicios públicos. Sobre esto último se publicó un dictamen del Comité Europeo de las Regiones en febrero de 2021, en el que, entre varias cuestiones, se hacía hincapié en la necesidad de asignar más recursos a las regiones fronterizas, involucrando a los gobiernos nacionales y a las autoridades regionales y locales, tanto en términos de financiación como de gestión. También se plantea la necesidad de establecer “un nivel mínimo básico de cooperación transfronteriza que se mantenga incluso en tiempos de crisis para asegurar la prestación de servicios públicos transfronterizos, especialmente los relacionados con la gestión de crisis”, y puntos de contacto transfronterizo permanentes que “coordinen la aplicación de la legislación de la Unión Europea y trabajen en favor de la eliminación sistemática de los obstáculos en las fronteras”. En el caso de la frontera con Francia y Andorra, los principales inconvenientes afectan a la región oriental de los Pirineos y, sobre todo, a la AECT del Hospital de la Cerdanya y a la normativa de Andorra con respecto al medio ambiente. En el caso de la frontera con Portugal, los problemas afectan más a su totalidad, por la mayor diferencia entre las administraciones de ambos países, aunque fallan especialmente la coordinación de servicios de emergencia, en el caso de Castilla y León, y de transporte, en el caso de Galicia.
Junto a estos problemas de divergencia en la legislación y en el modelo administrativo, encontramos trayectorias socioeconómicas distintas, que también dificultan la cooperación y el aprovechamiento pleno de las inversiones realizadas. En este sentido, recuerda que el grado de “disolución” de las fronteras dependerá de varios factores, los ya citados económicos y políticos, a los que hay que añadir los culturales, históricos y geográficos. En este sentido, la frontera hispano-lusa presenta una menor permeabilidad que la frontera con Francia. habla de dos tipos básicos de cooperación transfronteriza: la cooperación tradicional y la cooperación institucional o institucionalizada, que no comparten sinergias, y distingue tres fases en la cooperación institucional:
En el contexto de esta cooperación, planteaban una serie de amenazas y debilidades que, aunque referidas a la raya luso-andaluza, podría extenderse a su totalidad: “1) la dispar gobernanza y marco institucional a un lado y a otro de la frontera, que no termina de converger; 2) la exigua demografía, para colmo envejecida, y su débil sistema urbano, donde ejercen mayor poder las capitales regionales, como Sevilla, y las estatales, como Lisboa; 3) las políticas de desarrollo que, extendidas sobre un espacio demasiado amplio, diluyen su efecto sobre la verdadera frontera; 4) la dependencia de los fondos comunitarios para que puedan activarse proyectos y para que se mantengan las propias estructuras públicas nacidas al amparo de estas políticas de cooperación; 5) la debilidad de la cooperación privada, que no debe confundirse con la libre circulación de personas y actividades económicas a un lado y a otro de la frontera; y 6) los diferentes marcos territoriales, institucionales e históricos”.
Frente a las dificultades anteriores, la idea de resiliencia parece perfilar una vía de crecimiento y de recuperación. El concepto aplicado a la economía regional procede de otros campos, como la psicología, la ingeniería o la ecología, cuyas definiciones recogen , incluyendo la que hace la Comisión Europea en un contexto de gobernanza multinivel: “La capacidad de afrontar choques y cambios estructurales persistentes, de tal manera que se preserve el bienestar social, sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras”. vinculan la definición de resiliencia a tres conceptos: recuperación, absorción y adaptación, y recuerdan que es un proceso complejo que admite varias combinaciones de cambios y continuidades, tal y como se muestra en la figura siguiente.
Para comprender el proceso de resiliencia en un territorio es preciso tener en cuenta tanto el comportamiento de sus factores económicos como la influencia de las decisiones externas. Para , un punto clave es que los determinantes de la resiliencia económica regional son en su mayoría producto de la historia, ya que muestran las pautas de un modelo de crecimiento económico y de desarrollo. En este sentido, indican que la resiliencia puede ser explicada por una serie de factores, entre los que destacan “la estructura económica y la base de conocimiento de la región, la competitividad y la propensión innovadora de sus empresas, la existencia de redes de conocimiento, las condiciones del mercado laboral, el sistema financiero y las instituciones, entre las que se pueden destacar las políticas, la calidad del gobierno, la gobernanza y el capital social”. Igualmente, señalan que una prueba indirecta de resiliencia puede ser la convergencia con la UE en términos de PIB per cápita. Si lo aplicamos al caso concreto de las fronteras hispano-portuguesa e hispano-francesa, observamos (Figura 2), con los datos referidos a las regiones del nivel 2 de la Nomenclatura de Unidades Territoriales para Estadísticas (NUTS2) (se han tenido en cuenta los territorios incluidos en el programa de la Comisión Europea ), una clara diferencia entre una y otra frontera, siendo menor la convergencia con la media de la UE-27 de la frontera con Portugal. Y aunque los datos correspondientes a 2020 son en su mayoría provisionales, existe una disminución del PIB en casi todos los territorios, que se podría vincular a los efectos económicos de la pandemia.
La resiliencia que hemos definido podría apoyarse en las oportunidades para el desarrollo y la cohesión, que vienen de la mano tanto de la Agenda Territorial Europea 2030 ‒uno de los documentos clave para la cohesión territorial a escala subestatal‒, como de la financiación nacional y, sobre todo, europea. El VIII Informe sobre la cohesión subraya que, a finales de 2020, ya se habían alcanzado muchos de los objetivos que Interreg planteaba para 2023, pero que, sin embargo, es preciso reforzarlos y continuar trabajando fundamentalmente en innovación, formación y movilidad ().
Las nuevas formas de gobernanza son fundamentales para integrar a las autoridades locales y regionales, favoreciendo sinergias y el desarrollo de la competitividad. Es la idea que subyace en la , que, aprobada el 1 de diciembre de 2020, enlaza con el objetivo de la cohesión territorial y se apoya tanto en los documentos previos de ordenación territorial como en la Nueva Carta de Leipzig (2020) y en el Pacto Verde Europeo (2019). Con el objetivo de hacer frente a los grandes retos actuales, el documento incide en dos cuestiones básicas: el reconocimiento de las diferencias territoriales, y la necesidad de cooperación y coordinación. Plantea, para ello, dos ejes principales: una Europa justa ‒vinculada a la política de cohesión‒, basada en un desarrollo equilibrado mediante el desarrollo funcional y en la integración a través de las fronteras; y una Europa verde, como respuesta a la necesidad de un desarrollo sostenible y frente al cambio climático (; ).
Los Fondos europeos constituyen el principal instrumento de financiación para la puesta en marcha de proyectos que articulen tanto el desarrollo económico como la cohesión social y territorial de estas regiones. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional financia los programas de cooperación en las tres ramas en que se divide Interreg: A) Cooperación transfronteriza, cuyo fin, según el art. 3 del Reglamento 2021/1059, es “promover el desarrollo regional integrado y armonioso entre regiones fronterizas terrestres y marítimas vecinas”; B) Cooperación transnacional, C) Cooperación interregional. Para el periodo 2021-2027, se ha añadido una cuarta rama dedicada a las regiones ultraperiféricas y que, en cuanto a España se refiere, incluye un programa transfronterizo Azores-Madeira-Islas Canarias. Aunque el ámbito de las eurorregiones se corresponde con Interreg A, es decir, con la cooperación transfronteriza, resulta evidente que la financiación de las secciones transnacional e interregional repercutirá indirectamente, también, en las regiones transfronterizas y en las estructuras establecidas para gestionar los proyectos.
Para el caso concreto de las fronteras españolas, la figura 3 muestra las partidas de gasto del programa transfronterizo con Portugal (POCTEP) y con Francia (POCTEFA). Ambos programas cuentan con partidas importantes (de mayor a menor) en protección del medio ambiente y eficiencia de recursos, investigación e innovación, competitividad de las PYMES, y adaptación al cambio climático y prevención de riesgos. El programa con Portugal incluye, también, una partida elevada para la Administración pública eficiente, mientras que el programa con Francia y Andorra incluye ayudas en los capítulos de infraestructuras de redes de transporte y energía, inclusión social, y empleo sostenible y de calidad.
El análisis de los objetivos específicos, desarrollados por los proyectos transfronterizos, muestran algunas diferencias entre estos ámbitos fronterizos, aunque en general los ejes principales están relacionados con el medio ambiente y el reto del cambio climático, con la movilidad, así como con la innovación y la competitividad, vinculadas al objetivo de la resiliencia.
El programa de la Comisión Europea aprobado para el periodo de programación 2021-2027, en aplicación del Reglamento (UE) 2021/1060 (), incorpora los cinco objetivos políticos del nuevo marco financiero recogidos en el artículo 5.1:
A ello suma dos nuevos objetivos específicos:
Según la Decisión de Ejecución (UE) 2022/74 (), la cuantía que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) destina al programa Interreg VI-A asciende a 6.115.505.509 euros, de los que el POCTEP tiene asignados 320.622.726 euros y el POCTEFA, 243.079.964 euros. Las regiones beneficiarias del programa en el caso de las fronteras hispano-lusa e hispano-francesa se recogen en la Tabla 5 (ver Anexo). Se puede observar la inclusión de territorios que no están directamente vinculados al hecho fronterizo y que, en ocasiones ‒especialmente en el caso español‒, cuentan con ciudades grandes o núcleos económicos importantes que distorsionan, en alguna medida, la percepción de los problemas fronterizos.
A la financiación específica destinada a la cooperación transfronteriza, y en el contexto del objetivo de resiliencia tanto a nivel europeo como nacional, habría que mencionar los fondos procedentes del Next Generation EU, que pueden contribuir, precisamente, a crear sinergias en las regiones más próximas a la frontera. Aunque las regiones implicadas puedan aportar proyectos, se precisa una intervención de los gobiernos estatales con vocación real de favorecer el desarrollo transfronterizo. El incluye un apartado dedicado a los proyectos transfronterizos, en el que se hace referencia a los acuerdos y compromisos con Portugal y Francia para establecer iniciativas transnacionales con efectos externos positivos. La Cumbre de Guarda, celebrada en octubre de 2020 entre España y Portugal, además de establecer planes comunes sobre digitalización, energía y transición ecológica, como prolongación de los proyectos incluidos en el Convenio de Albufeira (1998), aprobó la El documento recoge una serie de proyectos con el objetivo común de luchar contra la despoblación y de reforzar la cohesión territorial: el Estatuto del Trabajador Transfronterizo, la movilidad para menores en eurociudades y eurorregiones, la mejora de la coordinación de los servicios 112 en la frontera, la conectividad en la zona transfronteriza, el turismo sostenible con la iniciativa Fortalezas de Frontera, los proyectos culturales transfronterizos, la educación y la formación en la frontera, o la recuperación sostenible e inclusiva de aldeas en despoblación. Algunos de estos proyectos parecen responder a los problemas ya mencionados y que se habían identificado en esta frontera. A todo esto hay que añadirle la posibilidad de articular mecanismos en los planes de recuperación para garantizar el impacto transformador a largo plazo de las inversiones.
Por lo que respecta a los proyectos transpirenaicos, Francia y España apostaron en la Cumbre Bilateral de Montauban (marzo 2021) por continuar con varios proyectos transfronterizos relacionados con el ámbito de la electrónica, de la transformación digital, de la salud o del transporte ferroviario ().
El análisis realizado nos lleva a recordar que las eurorregiones y la cooperación transfronteriza en general, con su proyecto de “disolver” las fronteras ‒físicas o culturales‒, encajan perfectamente con los principios que rigen el proceso de construcción europea. Así, lo manifestó el Parlamento Europeo en una resolución de 2004, al considerar que “las eurorregiones han contribuido decisivamente a eliminar fronteras en Europa, a formar relaciones de buena vecindad, a aproximar a las personas de ambos lados de las fronteras y a destruir prejuicios, en particular a través de la cooperación transfronteriza de carácter local y regional”, y desempeñan importantes funciones como “punto de información y servicio a los ciudadanos, a las instituciones, a las instancias económicas y, a las entidades regionales y locales; centro de convergencia de estrategias, objetivos y valores comunes; generatriz de soluciones a los problemas transfronterizos; y portavoz en todas las cuestiones transfronterizas”. Por tanto, como elemento fundamental de esa construcción europea, deberían desempeñar un papel más decisivo en el desarrollo de las regiones transfronterizas, para lo que indicamos a continuación algunas reflexiones:
En última instancia, el futuro de las eurorregiones depende del apoyo de los Estados y de la Unión Europea.
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Agenda territorial “Cross-border spatial planning” [website] https://bit.ly/3gUyi5Q
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Comisión Europea INTERREG V – 2014-2020 [website] https://bit.ly/3uEahr1
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[1] España no ha firmado ninguno de los protocolos, puesto que se entiende que las necesidades que pretenden satisfacer están ya cubiertas por los tratados bilaterales firmados con Francia (Tratado de Bayona, firmado en 1995, y que entró en vigor en 1997) y con Portugal (Tratado de Valencia, firmado en 2002 y en vigor desde 2004). En 2010 se firmó, junto con Francia y Andorra, un protocolo de enmienda y de adhesión al Tratado de Bayona de este último país ().
[2] Las siglas respondían en un origen (2007-2013) al Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (Programa Interreg España – Portugal https://poctep.es/es) y al Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Francia-Andorra (Programa Interreg España – Francia ‒ Andorra https://www.poctefa.eu/).
