La era de la información viene de la mano, paradójicamente, de unos niveles alarmantes de desinformación a nivel global. El fenómeno de la desinformación es incesante y de gran calado, y afecta no sólo a todos ámbitos de la vida social, sino también a la funcionalidad de los sistemas democráticos. Y ello porque las respuestas que hay para combatir la desinformación tienden a limitar unas libertades esenciales para nuestros sistemas democráticos – la libertad de expresión y de información – con lo que se plantean serios retos para su tratamiento. El objetivo de este artículo es situar el conflicto en el contexto actual, haciendo una revisión de algunas respuestas que se han ido planteando para combatir la enorme cantidad de información no veraz que circula por el mundo y destacar los riesgos que estas técnicas conllevan.
Mots-clés:
desinformación, libertad de expresión e información, seguridad, internet, redes sociales, responsabilidades, democracia
Sentí Navarro: EL FENÓMENO DE LA DESINFORMACIÓN COMO AMENAZA A LOS SISTEMAS DEMOCRÁTICOS Y LA COMPLEJIDAD
DE SU TRATAMIENTO
SUMARIO
INTRODUCCIÓN.
UN APUNTE CONCEPTUAL PREVIO SOBRE LA DESINFORMACIÓN.
LA IMPORTANCIA DE LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN PARA LAS DEMOCRACIAS.
3.1.
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
3.2.
DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN VERAZ.
LAS REDES SOCIALES: UN CAMBIO DE PARADIGMA EN EL MODO Y FORMAS DE TRANSMITIR OPINIONES
E INFORMACIONES.
POSIBLES ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LA DESINFORMACIÓN.
5.1.
VERIFICACIÓN Y CONTRASTE DE LA INFORMACIÓN.
5.2.
COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE AGENTES CLAVE.
5.3.
EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y EDUCACIÓN MEDIÁTICA.
PELIGROS DE LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LA DESINFORMACIÓN.
CONCLUSIONES.
BIBLIOGRAFÍA.
1. INTRODUCCIÓN
Vivimos en la era de la sobreinformación. Estamos constantemente abordados por un
exceso de información que, lejos de ayudarnos a comprender el mundo, nos confunde
e incluso nos aleja de la realidad. Se trata del fenómeno de la desinformación, que,
si bien no es ningún fenómeno novedoso, es incesante y de gran calado y tiene el potencial
de afectar a la sociedad tanto en su vertiente individual como colectiva, por incidir
directamente en los derechos relativos a la libertad de información y de expresión,
así como al derecho a una información veraz. Todos ellos son elementos clave de una
democracia, que, para ser funcional, requiere de una sociedad plural correctamente
informada y de una confianza pública en las instituciones.
Sin duda, uno de los grandes problemas que acarrea la desinformación es la amenaza
y tensión que se crea entre los derechos a la libertad de expresión y el derecho a
una información veraz, que a su vez son elementos clave de las sociedades democráticas.
El análisis de la libertad de expresión en la jurisprudencia comparada ha destacado
que este derecho no solo tutela un bien jurídico individual, sino que su protección
ayuda de manera fundamental a la creación de las condiciones necesarias para el fortalecimiento
de la democracia. Ello pone de relieve la particular posición que tiene el valor de
la libertad en el sistema general de derechos fundamentales, puesto que su vulneración
puede acarrear efectos negativos para los sistemas democráticos ().
El presente artículo pretende esencialmente analizar, desde una perspectiva del Derecho
Constitucional, cómo el fenómeno de la desinformación repercute en los derechos de
libertad de información y libertad de expresión, haciendo tambalear la seguridad de
los sistemas democráticos. De igual modo, se hará una revisión de los esfuerzos que
se están llevando a cabo para combatir la información falsa que circula a la velocidad
de la luz por las redes, así como de los peligros y dificultades que comportan las
soluciones.
2. UN APUNTE CONCEPTUAL PREVIO SOBRE LA DESINFORMACIÓN
La desinformación es un desorden informativo, un fenómeno que está en su momento de
mayor esplendor y que, pese a que casi todo el mundo ha oído hablar de él, e incluso
conoce la amenaza que supone para las sociedades democráticas, resulta ser un concepto
indeterminado abierto a diferentes interpretaciones.
No es un desorden nuevo ni exclusivo de las sociedades digitales, lo que sí es reciente
es la capacidad de alcance que tiene la información que se publica, que viene favorecido
por el entorno digital en el que nos relacionamos. Arendt decía que el secretismo y el engaño, es decir, la deliberada falsedad y la pura mentira como
medios legítimos para el logro de fines políticos nos han acompañado desde el comienzo
de la historia escrita. La sinceridad nunca ha figurado entre las virtudes políticas,
y las mentiras siempre han sido consideradas como medios justificables en los tratos
políticos (). Hoy las noticias falsas persiguen fines políticos y/o económicos, pero también
buscan otros, incluso el mero deseo de enredar o el puro divertimento.
Hemos asistido recientemente a una ruptura radical con el modelo tradicional de comunicación
que se caracterizaba por la verticalidad y la unidireccionalidad, donde las noticias
pasaban por unos filtros antes de ser publicadas y por requisitos propios de la profesión
periodística. En contraposición al pasado, la información ahora viaja y se comparte
de forma horizontal y multidireccional, a escala global y sin fronteras ni controles
y con una capacidad ilimitada de almacenamiento y, como consecuencia, junto a millones
de datos veraces, hay una cantidad ingente también de información falsa circulando
globalmente por la red, en ocasiones con intencionalidad de engañar, y en otras simplemente
se trata de información errónea o de medias verdades ().
El modelo horizontal comunicativo favorece que se multiplique la oferta informativa,
y sin duda las tecnologías de la información y comunicación, y especialmente las redes
sociales, han acelerado el proceso de cambio de paradigma en los procesos comunicativos.
Tan evidente es el cambio de paradigma acontecido, que han ido apareciendo nuevos
términos, como lo son la posverdad, la infocracia, la emocracia, infoxicación, la mediocracia, o la infodemia, entre
muchos otros.
Dentro del concepto de desinformación encontramos como elementos constitutivos del
mismo, por un lado, la ocultación explícita de hechos o datos, las falsedades y la
mentira o bulo
. La ocultación explícita hace alusión a la intención de ocultar cierta información
para evitar responsabilidades negativas, o para ganar popularidad y es algo que no
lo emplean únicamente los gobiernos, sino que también hacen uso de esta técnica de
desinformación los grupos de interés, los partidos y los movimientos políticos cuando
quieren influir en la opinión pública. Por otro lado, se encontrarían las falsedades,
que encajan bien con la idea de “medio verdades”, ya que se trata de crear una apariencia
de realidad de algo que no es cierto. Por último, la mentira propiamente dicha implica
una destrucción radical de la verdad a sabiendas, faltando a propósito y conscientemente
a la verdad con el fin de engañar (). Esto último es lo que se conocen como noticias falsas, bulos o fake news.
Lo cierto es que esa voluntad de engañar, de hacer creer algo que no es cierto, es
una característica propia de las noticias falsas. En esta línea, el Informe del Consejo
de Europa sobre el desorden informativo de 2017, presentaba un marco conceptual que
utiliza el elemento de la intencionalidad para distinguir entre desinformación, información
errónea e información nociva (). En primer lugar, entiende que la desinformación es la divulgación de información
falsa con la intención de causar engaño y daño a un gobierno, país, persona o grupo
social. La información errónea es aquella información que se difunde sin intención
de dañar, pero que es falsa. Cuando no existe la intención de engaño y no hay mala
fe, el contenido puede considerarse información errónea, pues conforme a la definición
de la Comunicación de la Comisión de abril de 2018 la presencia de la intención de
engañar convierte directamente el contenido en desinformación. Por último, la información nociva es aquella que puede ser cierta pero que se utiliza
tergiversada e intencionalmente para causar daño o descrédito.
También se ha relacionado la desinformación con la idea de posverdad, neologismo que nace en la década de los noventa y que, como anteriormente se mencionaba,
hace referencia a las mentiras emotivas, esto es, aquella circunstancia en que los
hechos objetivos influyen menos en la formación de opinión pública que los llamamientos
a la emoción y a la creencia personal. Significa que lo que las personas sienten ante
un estímulo o su percepción subjetiva acerca de alguien influye de forma más determinante
en la toma de sus decisiones, que los datos y estadísticas objetivas o los hechos
comprobados, siendo más trascendentales para la toma de decisiones las emociones que
los hechos ().
Se utilizó esta definición para describir los sucesos del Brexit o la victoria de
Donald Trump, en 2016 (), debido a su impacto en el discurso político y en la configuración de sociedades
cada vez más polarizadas y modeladas subjetivamente en detrimento de todo espíritu
crítico (). En su artículo, Amón menciona que es una verdad que Trump ganase las elecciones.
Y también una posverdad o una metaverdad, precisamente porque no se hubiera producido
sin las variables de la emoción, de la creencia o la superstición (...) La posverdad,
puede ser una mentira asumida como verdad o incluso una mentira asumida como mentira,
pero reforzada como creencia o como hecho compartido en una sociedad. Volviendo a los máximos exponentes de la posverdad, en ambas ocasiones se recurrió
a la desinformación para difundir informaciones de manera estratégica para manipular
la opinión de la ciudadanía en periodos de inestabilidad e incertidumbre política
y social. Investigadores de la City University de Londres investigaron un total de
10 millones de mensajes en Twitter sobre la campaña del brexit y encontraron 13 493
perfiles falsos o automatizados relacionados con Rusia por su localización o el tipo
de contenido que difundían antes del referéndum ().
Dentro de todos estos fenómenos que se han mencionado, podríamos decir que las noticias
falsas son informaciones no veraces publicadas deliberadamente, en la mayoría de los
casos en medios digitales, que no han sido ni comprobadas ni verificadas y que carecen
de fuentes identificadas y de supervisión de un editor (). Normalmente tienen como finalidad influir en la opinión pública, crear inseguridad,
inestabilidad o confusión, y en ocasiones apoyar o desacreditar a alguien o determinada
institución o incluso un gobierno. En cualquier caso, producen un efecto desestabilizador
y polarizador para las democracias y se enfrentan a contradicciones debido a que las
respuestas a la desinformación pueden ser contrarias a sus propios principios democráticos
y a los derechos y libertades constitucionales ().
3. LA IMPORTANCIA DE LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN PARA LAS DEMOCRACIAS
Las noticias falsas son una amenaza para la democracia y tienen el potencial para
erosionarla, porque los sistemas democráticos se asientan sobre la existencia de libertad,
entre las que cobra particular interés la libertad de expresión y el derecho al acceso
a información veraz. Estos derechos son la condición sine qua non para que se pueda formar una opinión
pública libre, pues sin una participación libre ni un debate público plural, que permita
que la sociedad exprese sus ideas y opiniones libremente y con información previa,
no hay democracia, y mucho menos una democracia funcional.
La desinformación pone en riesgo los derechos e intereses de la ciudadanía precisamente
porque altera esas premisas sobre las que funciona una democracia, y genera que la
sociedad no sea capaz de ponerse de acuerdo sobre hechos básicos (). Vivimos continuamente rodeados de estímulos informativos y éstos, en lugar de servirnos
para la formación de una opinión libre e informada, generan más confusión y desvían
el foco de los asuntos que verdaderamente merecen más atención. Robert Dahl en su
obra Poliarquía (1989), entendió que entre los requisitos necesarios para crear mayorías decisivas
en democracias funcionales destaca el de que la participación ciudadana sea informada,
pero no solo eso, sino que sería ideal el hecho de que todos los individuos posean una información idéntica sobre las alternativas existentes, condición que resulta imposible de cumplir si tenemos en cuenta la cantidad de información
falsa que circula por la red dificultando el acuerdo sobre asuntos de interés común.
Los derechos de libertad de expresión y de recibir información han sido considerados
como valores fundamentales por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (en adelante,
TC) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH). Comoquiera que
los valores que están en juego son considerados esenciales para el buen funcionamiento
de las democracias, se ha optado por garantizarlos, amparando por lo general todo
discurso y prohibiéndose la censura previa.
3.1. DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La libertad de expresión y el derecho a recibir información veraz se regulan ambos
en el art. 20.1 de la Constitución Española (CE), aunque en subapartados distintos. Respecto de los contenidos de ese precepto, el máximo intérprete de nuestra Constitución,
el TC, utiliza un enfoque similar al del TEDH, reconociendo la distinción entre el
derecho a expresar opiniones e ideas, de la narración de hechos, permitiendo un amplio margen de protección al derecho de libertad de expresión y
aplicando el baremo de la veracidad y buena fe en aplicación del art. 20.1.d) CE,
que declara el derecho a recibir y emitir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
El Tribunal de Estrasburgo entendió el especial papel que juega el derecho de libertad
de expresión para las sociedades democráticas en la STEDH de 7 de junio de 2012 (caso
Handyside c. Reino Unido, de 1976, pág. 49) y literalmente se pronunció en el sentido de que <<la libertad de expresión del art. 10.1 CEDHconstituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática, una de las
condiciones primordiales de su progreso (...). La libertad de prensa y de otros medios
de difusión de información facilita a la opinión pública uno de los mejores medios
para conocer y juzgar las actitudes de los dirigentes. Corresponde a la prensa la
función de transmitir la información e ideas sobre las cuestiones debatidas en el
escenario político y otras de interés público>>. La función de este derecho como <<una de las precondiciones del funcionamiento de la democracia
>> determina una especial amplitud del objeto protegido que abarca <<no solo la sustancia de las ideas y la información expresada, sino también la forma
en la que se transmiten
>>, con lo que tanto la idea o información en sí, como la forma en la que se transmita,
tienen protección prima facie del derecho ().
El derecho a la libertad de expresión comprende dos dimensiones, una de garantía institucional
del sistema democrático y otra de libertad de la persona, y en ambos casos se reconoce
la libertad de crítica. Ello implica que están amparadas <<no sólo las informaciones o ideas favorablemente recibidas (...), sino también aquellas
que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de su población>> (SSTEDH 14 de marzo de 2013, asunto Eon contra Francia, Apartado 60; asunto Sanocki
contra Polonia, de 17 de julio de 2007, Apartado 64), <<siempre que no haya incitación,
directa o indirecta, a la violencia>> (STEDH asunto Karakoyun y Taran vs. Turquía,
2007).
Sin embargo, tampoco es un derecho absoluto, pues encuentra sus límites en propio
artículo que lo reconoce, así como en el segundo inciso del art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos
(CEDH), que se refiere a la incidencia del derecho a la libertad de expresión sobre
otros derechos igualmente previstos en el CEDH. Así, según qué casuística y siempre
respetando el principio de proporcionalidad, no resultarían amparados por el mencionado
artículo 10 los mensajes hostiles, discursos de odio y otros mensajes que atentan contra derechos de la personalidad o generan discriminación
o violencia sobre terceros. Esto es, se trata de libertades que tienen un valor preferente
siempre y cuando se ejerciten dentro del ámbito constitucionalmente protegido. Del
mismo modo lo interpreta el TC, que en un asunto en el cual juzgaba la comisión de
un delito de injurias, donde se encontraban en conflicto el derecho a la libertad
de expresión y el derecho al honor, no protegió actitudes y difusión de mensajes racistas
por ir contra un valor esencial protegido constitucionalmente. A pesar de que la jurisprudencia en materia de libertad de expresión es especialmente
permisiva con la misma, nos encontramos con que el TEDH ha venido excluyendo sistemáticamente
del ámbito de protección del art. 10 CEDH las expresiones que pretenden justificar
el nazismo, o el revisionismo de verdad históricas bien establecidas como el Holocausto, por atentar contra los propios valores del Convenio, incurriendo en una forma de
abuso de derecho prohibida por el art. 17 CEDH ().
Algunos autores entienden que el derecho a la libertad de expresión incluye tanto
el derecho a narrar hechos, como el de emitir juicios y expresar opiniones. La libertad
de expresiónsería un derecho único que integra la libertad de opinión, por un lado, y la de recibir
o de comunicar informaciones, por otro (). En todo caso, el TEDH ha destacado la necesidad de diferenciar entre hechos y opiniones,
dado que el tratamiento no será el mismo para la emisión de opiniones que para los
hechos, puesto que éstos son susceptibles de prueba y se les puede exigir el requisito
de veracidad y a las opiniones no. Las opiniones no son ni verdaderas ni falsas (como
sí sucede con los hechos noticiables), sino que todas son legítimas siempre que se
ejerzan dentro de los límites que marcan los derechos de los otros. Sin embargo, incluso
cuando de opiniones se trata <<hay que exigírseles que se realicen con criterio o, al menos, con sinceridad, incluso
cuando a una declaración equivale a un juicio de valor (...) debe tener suficiente
base factual – coincidencia con el referente externo – sin la cual sería excesiva>>, así lo declara el TEDH en su Sentencia de 27 de febrero de 2001, caso Jerusalén contra Austria.
El TC se ha pronunciado recientemente acerca de las libertades informativas en las
redes sociales, aunque no ha propuesto demasiadas soluciones en su sentencia 8/2022,
de 27 de enero. A lo que sí se refiere es a la responsabilidad que pueden tener los
profesionales de la información, diciendo en su FJ 4º que imponerles una sanción civil
implica «un mensaje dirigido a la totalidad de los usuarios de que la publicación
de informaciones falsas en internet, más concretamente en redes sociales, y en particular
por parte de profesionales de la comunicación, es una falta de atención de los deberes
y responsabilidades que les vinculan» ().
3.2 DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN VERAZ
Por otro lado, el derecho a recibir información veraz por cualquier medio de difusión
es el otro elemento esencial necesario para la formación de una opinión pública libre
y plural. No obstante, el concepto de ‘’veracidad’’ es indeterminado y le es inherente
una complejidad que ha complicado el estudio del derecho a la información para las
perspectivas jurídica y periodística (). El hecho de que el precepto aluda a la información veraz, que es una noción cercana
al concepto de verdad, hace que sea conveniente un desarrollo posterior para dotarlo
de sentido ().
Desde sus primeras sentencias, el TC ha mantenido el mismo criterio sobre lo que se
debe entender por información veraz. Así, <<el concepto de veracidad no coincide con el de la verdad objetiva de lo publicado
o difundido, ya que cuando la Constitución requiere que la información sea veraz no
está tanto privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas
como estableciendo un deber de diligencia sobre el informador, a quien se puede y
debe exigir que los que transmite como hechos hayan sido objeto de previo contraste
con datos objetivos>> (STC 129/2009, de 1 de junio). De hecho, también declaró en la STC 6/1988, de 21
de enero que <<las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de manera que, de imponerse
la verdad como condición para el reconocimiento del derecho, la única garantía de
seguridad sería el silencio>>.
Por otra parte, también realiza unas precisiones jurisprudenciales sobre lo que no
será considerada información o noticia y por tanto, no será susceptible de amparo
constitucional. En la STC 51/1985, de 10 de abril, afirma que no gozarán de protección
constitucional <<las narraciones falsas o tendenciosas, las realizadas con fin de
infamar, las que revelan la intimidad de las personas o las que vulneran bienes jurídicos
como la buena fe, la seguridad del Estado o el buen funcionamiento de las instituciones
públicas>>.
De la jurisprudencia que se ha analizado puede deducirse que tanto el derecho a informar
y ser informado como la libertad de emitir opiniones han de priorizarse, en la medida
en que esa pluralidad de opiniones, —que precisan a su vez de una información previa—,
fomentan el debate público y la construcción de una opinión publica libre y ello es
esencial para el buen funcionamiento de una sociedad democrática.
No obstante, los pronunciamientos de ambos Tribunales con los que hasta ahora contamos
sobre las libertades mencionadas, pese a abarcar una gran casuística, no se centran
en casos en los que se difunde desinformación. En la mayoría de los supuestos los
pronunciamientos van en relación con la limitación de la libertad de expresión cuando
ésta implica la comisión delitos de odio y otros que afectan a los derechos de la
personalidad, lo que significa que en este campo aún hay mucho por hacer. La desinformación
y los discursos que incitan al odio son fenómenos distintos, pero tienen cierto grado
de similitud porque las dos proliferan en la red, y además la desinformación puede
servirse de y/o propiciar discursos de odio y no parece descabellado que las soluciones
que se utilizan para luchar contra esos discursos de odio o discriminatorios puedan
ser también utilizadas para el control de los bulos en la red ().
En una sociedad democrática los elementales derechos de la libertad de informar y
a la libertad de expresión pueden tener ciertos límites cuando se entremezclan con
los bulos, y otras clases de desinformación, pues pueden afectar al derecho de la
ciudadanía a recibir información veraz. Como hemos visto anteriormente, la libertad
de expresión comprende un amplio margen de actuación y una protección extensiva por
parte del TC y del TEDH, mayor que el de la libertad de informar hechos, puesto que
se exige cierto grado de veracidad y exigiendo en uno y otro caso es que se cumpla
el requisito de la buena fe.
4. LAS REDES SOCIALES: UN CAMBIO DE PARADIGMA EN EL MODO Y FORMAS DE TRANSMITIR OPINIONES
E INFORMACIONES
El devenir del tiempo ha llevado a un cambio de paradigma en el modo y formas de trasmitir
información y opiniones. Los medios de comunicación electrónicos destruyen el discurso
racional determinado por la cultura del libro que durante el siglo XIX imperó, dando
paso a un mencionado cambio de paradigma comunicativo. Como dice , el nacimiento de un nuevo paradigma comunicativo, con su arquitectura en red ha
puesto en jaque algunas de las soluciones o reglas que operaban sin problema en el
mundo analógico. En los primeros momentos de la democracia, el libro era el medio
determinante mediante con el cual la ciudadanía se informaba acerca de los asuntos
públicos, esenciales para la democracia y existía una cultura determinada por la impresión
de libros, con lo que el discurso público se caracterizaba por una ordenación coherente
y regulada de hechos e ideas (). Ahora, los medios de comunicación electrónicos destruyen el discurso racional determinado
por la cultura del libro, dando paso a las mediocracias. Como consecuencia, el juicio
humano entra en un proceso de decadencia, pues <<el esfuerzo del conocimiento y la percepción se sustituye por el negocio de la distracción>> ().
Las redes sociales, junto con otros medios de comunicación electrónica, son un arma
de doble filo en esta encrucijada. Sin duda Internet ha sido la gran revolución en
esta era digital, las redes sociales y las nuevas tecnologías han aumentado la escala
y la velocidad a la que la información puede llegar a sus destinatarios y otros públicos.
Con la ayuda de la inteligencia artificial, las redes sociales han multiplicado sus
posibilidades de influencia en las decisiones individuales y colectivas, puesto que
su funcionamiento está basado en la existencia de unos algoritmos que refuerzan el
que un individuo encuentre sólo aquella información o contenidos que son acordes con
su percepción del mundo (). Por un lado tienen el potencial de aportar al fomento del pluralismo político y
son una herramienta más de la democracia, pues son medios de difusión de información
con gran capacidad de alcance, y tienen el potencial de difundir resultados y descubrimientos
útiles, o correcciones a artículos erróneos. Por otro lado, los riesgos que suponen
para el pluralismo son tan grandes como las posibles ventajas que puedan tener ().
Se utilizan medios tecnológicos, como los bots, para difundir noticias falsas, alterar
algoritmos y viralizar informaciones, influyendo así en el debate político y tampoco
es rara la presencia de teorías conspirativas o propaganda en el debate político.
La democracia está amenazada por la desinformación y el cambio estructural de la esfera
pública en un mundo digital, y el fenómeno al que está dando paso ha sido denominado
infocracia (). Si a ello le sumamos que en la actualidad son las redes sociales el medio más popular
para ejercer el derecho a la libertad de expresión y de información, parece obvio
que las democracias resultan afectadas por tan gigantesco influjo de información.
En cualquier caso, se deben extremar cautelas a la hora de imponer excesivas restricciones
y controles a la información que se publica, pues ello afectará a los derechos de
libertad de expresión y libertad de información. Ello teniendo en cuenta que, además,
la censura previa está prohibida tanto desde el ámbito del Derecho Constitucional,
como desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
5. POSIBLES ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LA DESINFORMACIÓN
La desinformación es sin duda uno de los grandes retos de la actualidad y se requiere
de grandes esfuerzos para combatirla. Son vitales la toma de decisiones y medidas
que habiliten una cooperación entre los actores afectados por la problemática, tratando
de garantizar contenidos verídicos y de calidad en la red a disposición de prácticamente
todo el mundo. Luchar contra la desinformación es un proceso que inevitablemente va
más lento que los avances tecnológicos y el consumo de noticias, pero es fundamental
mantener la legalidad en las acciones que se usan para frenarla, porque pueden convertirse
en justificación para limitar la libertad de expresión o la privacidad, poniendo en
peligro derechos humanos fundamentales ().
A continuación, esbozaré a grandes rasgos cuáles son algunas de las medidas que se
han planteado en la lucha contra esta pandemia informativa. Por este orden, las estrategias
planteadas son: la verificación de datos y contraste informativo, la coordinación
y cooperación entre agentes clave, y por último el empoderamiento ciudadano y una
educación que ayude a discernir entre lo que es un bulo y lo que es información verídica.
5.1. VERIFICACIÓN Y CONTRASTE DE LA INFORMACIÓN
La verificación de datos o fact-checking es una herramienta que utiliza técnicas del periodismo de datos para comprobar la
veracidad de un contenido informativo de autoridades públicas, privadas y de los usuarios
de la red (), que constituye una tarea fundamental si queremos conseguir el acceso a información
fiable y contrastada. Esa labor de filtrado se realiza haciendo uso de herramientas
tecnológicas como los algoritmos, pero principalmente a través de paneles de expertos
que tratan de advertir a los usuarios de aquellos contenidos que no son veraces. Por
su parte, la información emitida por fuentes oficiales del Estado goza de una presunción
de fiabilidad, que elimina la exigencia de contraste, según interpretó el TC. La herramienta del fact-checking llegó a España en el año 2013 con el programa ‘’El Objetivo’’, de la Sexta, en la
sección ‘’Pruebas de verificación’’, donde se verificaban manifestaciones reiteradas
del ámbito público (). Actualmente contamos en España con diferentes agencias de verificadores de datos,
como lo son Verifica TVE, Newtral, Malditobulo o FactCheck.org, entre otras.
Aunque el fact-checking sea una forma de combatir la desinformación, ésta tiene ciertos inconvenientes, como
el elevado coste que conlleva. Surgen dificultades para determinar cómo se realizarán
los controles, si por equipos de inteligencia artificial o mediante equipos humanos,
puesto que no es tarea fácil detectar en la red mensajes nocivos, y determinar cuándo
se está ante contenido ilegítimo o excesivo y el contenido dañino (). Si la labor la ejecutan equipos humanos, el coste económico y temporal es muy elevado
teniendo en cuenta la cantidad de información verificable existente y además también
hay un componente de parcialidad en la valoración que hagan; pero por otro lado si
dejamos la tarea en manos de algoritmos que detecten la información que aparentemente
es falsa se corre el riesgo de que se pase por alto mucha desinformación, puesto que
una máquina todavía no tiene la capacidad de razonar y comprender cuándo una información
se aleja de la veracidad. Por ello, sería necesario que la labor de verificación de
datos no fuera un proceso llevado a cabo solo por individuos, ni tampoco meramente
algorítmico, sino que es deseable que se combinen las tecnologías y los algoritmos
con el esfuerzo de equipos de personas especializadas en la verificación de informaciones
para optimizar la tarea.
Además, otro posible riesgo que conlleva esta técnica de verificación es que, si son
las empresas de verificación las encargadas de verificar y, al fin y al cabo, decidir
sobre lo que es información veraz o falsa, cabe la posibilidad de que erróneamente
se elimine contenido veraz, y por tanto se afecte negativamente al ejercicio del derecho
a la libertad de expresión y pensamiento.
Los verificadores de datos, investigadores y las organizaciones de la sociedad civil
juegan un papel crucial y por eso se hace imprescindible que las plataformas de redes
sociales intensifiquen esfuerzos y publiquen un mayor caudal de información verificable
y aumenten la transparencia, aunque ello sea más costoso en tiempo y dinero. Así lo
prevé la Ley de Servicios digitales (Digital Service Act), que obliga a las plataformas
digitales que sean de gran tamaño a firmar unos códigos de buenas prácticas, además de aumentar la transparencia de la moderación de contenidos, esto implica
que las plataformas deberán dar explicaciones a los usuarios cuando se borren contenidos
o se reduzca su visibilidad. De hecho, el Código Internacional de Principios de Verificación
de Datos contempla la transparencia como un principio rector de la labor de verificación:
en las fuentes, para que los lectores puedan replicar el trabajo de verificación,
en los recursos y financiación y en la metodología, exponiendo públicamente los procedimientos
utilizados para seleccionar, investigar, editar y corregir la verificación, así como
con la publicación de las correcciones realizadas.
5.2. COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE AGENTES CLAVE
En referencia a los sujetos que deben de implicarse en esta lucha contra la manipulación
informativa, se reconocen ciertos agentes clave, como lo son las autoridades públicas,
periodistas, investigadores, verificadores de datos, plataformas en línea o la sociedad
civil. Realizar los esfuerzos necesarios para aumentar el grado de coordinación y
colaboración entre los actores clave a nivel nacional, comunitario e internacional
se muestra como una acción necesaria en esta lucha. Para ello, la Unión Europea estableció
un Plan de Acción (Action Plan Against Disinformation, 2018, de 5 de diciembre), que
ya comenzó a ser ejecutado, y que implica a los actores mencionados, pues la cooperación
es un elemento clave en tiempos de fracturas. En España, el Consejo de Ministros acordó
en su reunión del 15 de marzo de 2019, la puesta en marcha del Sistema de Alerta rápida
para informar instantáneamente sobre campañas de desinformación e intercambiar datos
y tomar decisiones conjuntas con otros Estados miembros, habiéndose constituido la
Comisión Permanente contra la Desinformación (). Además, es de destacar que la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información
(PDLI), presentó un decálogo que pretende servir de base para consensuar estrategias comunes
que combatan la proliferación de las noticias falsas y sus efectos en el periodismo
y la sociedad ().
A través de los canales establecidos a nivel comunitario, la Comisión Europea coopera
tanto con sus socios del mundo – internacionales – entre los que se destaca la OMS,
el G7 o la OTAN, como internamente con sus socios integrantes mediante el sistema
de alerta rápida. Ante el peligro que comportan para el derecho a la libertad de expresión
algunas medidas para contrarrestar la desinformación, se emitió el 7 de marzo de 2017
una Declaración Conjunta sobre libertad de expresión y noticias falsas, desinformación
y propaganda.
Por su parte, los prestadores de servicios de las redes sociales deberían asumir responsabilidades
respecto a la información engañosa o falsa que circula por sus espacios. Los gobiernos de los Estados miembros e instituciones de la UE no han abogado por
buscar posibles responsabilidades, sino que han optado por llamar a la colaboración
de los mismos, para reducir el ritmo al que viaja la información fraudulenta. Lo que
se les pide es un compromiso similar al que se sigue para la lucha contra mensajes
que incitan al odio (). La lógica empresarial ha llevado a que hayan adoptado mecanismos de verificación
de información, y firmaron alianzas comprometiéndose a proporcionar información de
calidad, contribuyendo así con las autoridades y también con la sociedad civil.
En el ámbito doctrinal se ha destacado la necesidad de establecer una diferencia entre
las acciones de comunicar e informar, puesto que partiendo de una premisa que acepte
un tratamiento diferencial su tratamiento jurídico no será el mismo (). Esta solución ayudaría a interpretar la diferente casuística en torno al tema,
puesto que una normativa confusa complica la manera en que se regula la desinformación.
5.3. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y EDUCACIÓN MEDIÁTICA
La información es una herramienta de empoderamiento de la ciudadanía, que se puede
implicar en los asuntos públicos en función de los conocimientos que sobre ellos posee
y es el fundamento sobre el que se construye una sociedad democrática madura (), y en la medida que ello es así, la desinformación es una herramienta que sirve
para desempoderar a la ciudadanía. Por ello hay que potenciar el sensibilizar y educar
a la sociedad en la era digital y mejorar así su resiliencia frente a amenazas como
las que plantean los desórdenes informativos. Un reto que recae sobre la sociedad
civil es el de rebatir la desinformación y para ello es elemental dotar a los individuos
de las herramientas suficientes para que sepan realizar una lectura crítica de la
información en línea y no den toda información recibida por verdadera siempre y en
toda ocasión. Es necesario que la ciudadanía sea capaz de comprender, desactivar y
romper las cadenas de desinformación.
Para responder a estas amenazas la sociedad debe ser consciente de los peligros que
conllevan tanto la desinformación como la información errónea. Existen, además, grupos
vulnerables que resultan más susceptibles de ser inducidos a error, ya que no cuestionan
la veracidad de la información recibida. Por lo tanto, una de las respuestas a los
desórdenes informativos necesariamente es fomentar la alfabetización mediática, digital
e informacional de la ciudadanía, la adquisición de destrezas digitales y aumento
del uso del pensamiento crítico y capacidad de discernir lo que es o lo que potencialmente
podría formar parte del amplísimo concepto de desinformación, para que cuando detecten
información susceptible de ser errónea, ésta no sea compartida masivamente y así poder
cortar la cadena de difusión.
6. PELIGROS DE LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LA DESINFORMACIÓN
En democracia se ampara prácticamente cualquier discurso y es deseable que tengan
cabida todo tipo de mensajes en el debate público, para que así puedan ser conocidos
y debidamente refutados (), ya que no existe una verdad absoluta, y se prohíbe constitucionalmente la censura
previa. El TEDH ha calificado la censura como una violación radical tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho
de todos a estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas
de una sociedad democrática
. Por su parte, el TC ha establecido que la prohibición de censura del art. 20.1 alcanza
a cualquier clase de censura previa, incluso los más débiles y sutiles.
Ello no implicaría que la libertad de expresión esté exenta de ciertos límites, así,
el TC declaró que <<el control de contenidos, entendido como control interno de los medios, no sería una
modalidad de censura previa sino una medida de autorregulación interna en ejercicio
de responsabilidad>>.
Sin embargo, hay que volver sobre la idea de la implicación y responsabilidad que
han de asumir las redes sociales en la lucha contra la desinformación. Supone un peligro
el otorgar a empresas privadas el poder de retirar contenidos libremente de sus plataformas
puesto que estarían realizando una especie de censura y no están en condiciones de
ponderar derechos jurídicos ya que se rigen por las reglas del mercado (). La retirada de noticias e informaciones en manos de las redes sociales hace pensar
en que se realiza una especie de censura para difundir una verdad objetiva, fijando
una realidad oficial, y provocando la correlativa restricción de la libertad de expresión
(). También se ha recurrido a los sistemas de filtrado y posterior bloqueo para controlar
el contenido de las plataformas de internet, pero cuando se realiza el control, el
contenido ya ha pasado a una esfera pública, lo que permite que la restricción, que
puede vulnerar el derecho a la información y el de libertad de expresión, caiga fuera
de la prohibición de censura previa establecida en nuestro ordenamiento, hablaríamos
de una censura a posteriori.
También es peligroso poner exclusivamente en manos de los Gobiernos el control de
la posible información falsa, pues convierte a estos en censores de lo que se puede
opinar o informar. Un ejemplo se ha dado en la comunidad europea recientemente, en
el marco de los sucesos bélicos entre Ucrania y Rusia, donde se ha recurrido al poder
del lenguaje y capacidad de informar para incidir en la percepción y opinión pública.
Consideramos especialmente peligrosa la desinformación que proviene de las fuentes
oficiales y autoridades estatales, puesto que nos recuerda a un Estado con intereses
propios que pretende fijar su propia verdad, al estilo del Gran Hermano de George
Orwell. A finales de febrero ordenaron las autoridades rusas la retirada de todo contenido
informativo donde apareciese la palabra guerra, y el castigo por no obedecer es el bloqueo web junto con multa pecuniaria, lo que
ha dado lugar a que a la invasión se le llame operación bélica especial para la defensa de las repúblicas de Donetsk y Lugansk o
incluso intervención humanitaria (). Esto incide directamente en el derecho a la libertad de expresión y el derecho
a una información veraz, amenaza a la seguridad nacional e internacional, y las consecuencias
todavía están por verse. Se está utilizando la manipulación informativa e incluso
del lenguaje como arma de guerra, para legitimarla ante los ojos de – especialmente
– la población rusa. Esto refleja muy bien el peligro que se corre cuando se autoriza
desde el Estado a tomar decisiones sobre los medios de comunicación y el potencial
que tiene la manipulación informativa para afectar en la opinión pública.
La respuesta que se le ha de dar a estos ataques de desinformación tiene que ir por
la línea combatirla con información verídica y verificada. Sorprende que la Unión
Europea haya prohibido los medios de desinformación que ha venido financiando el Gobierno
ruso, sentando un precedente, con palabras de Gallardo Paúls (2022), que contradice
los valores europeos.
Ante este escenario, se requiere una respuesta adecuada que pasa por el equilibrio
entre las libertades de expresión, el pluralismo mediático y el derecho de la ciudadanía
a dar y recibir información plural y veraz. Se trata de determinar hasta donde llegan
las libertades constitucionales y en qué casos se puede restringir su ejercicio en
un entorno digital ().
En la lucha contra la desinformación se requiere también una potenciación de la transparencia
del ecosistema de la información, incluyendo los medios periodísticos, y salvaguardar
la diversidad y la sostenibilidad del ecosistema europeo de medios de comunicación.
Se exigen unas obligaciones de transparencia, identificación de los servicios de publicidad
política, registro y transmisión de información, requisitos de transparencia para
cada anuncio político, información periódica sobre los servicios de publicidad política,
indicación de anuncios políticos posiblemente ilegales, así como la transmisión de
información a las autoridades competentes y a otras entidades interesadas (). El hecho de que se incorpore la regla de la transparencia es un elemento esencial
para el buen gobierno e implica precisamente, el acceso por la población a la información
pública. ().
7. CONCLUSIONES
La desinformación es una seria amenaza para la funcionalidad de nuestras democracias.
Por ello, la respuesta al problema que plantea se encuentra en la realización de actuaciones
coordinadas que vayan en armonía con nuestros valores democráticos, respetando siempre
los derechos fundamentales, especialmente, en lo que aquí nos interesa, el derecho
a la libertad de expresión y al derecho a la información veraz. La lucha contra la
desinformación no debe ser a costa de limitar derechos fundamentales (). Para ello es esencial la existencia de unos medios de comunicación libres y plurales,
pues la libre circulación de información veraz contribuye al debate social y la cohesión
política. Además, para que la opinión pública pueda mostrarse de acuerdo o crítica
con las decisiones de los Gobiernos en cualquier ámbito, es necesario que éstos sean
abiertos, transparentes y mantener a la ciudadanía implicada y bien informada.
Los Gobiernos, los medios de comunicación y las empresas de tecnología tienen el deber
de contrarrestar la información errónea existente en la red, con información precisa,
veraz y basada en hechos y evitar a toda costa la censura del derecho a la expresión
libre cuando no existe una justificación clara y legal que lo justifique.
En esta lucha es indispensable aunar esfuerzos y trabajar codo con codo para que la
infodemia no continúe expandiéndose masivamente. Los poderes públicos deben trabajar con los
creadores de contenido, la sociedad civil y los operadores de redes y plataformas
para alentar el desarrollo de una verificación de datos más rápida y fiable, unas
normas más exigentes y una mayor confianza en los medios de comunicación profesionales,
así como una promoción especial de los programas de alfabetización mediática e informacional
para empoderar a la ciudadanía.
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[1] De acuerdo con Hannah Arendt, la falsedad deliberada y la mentira descarada utilizadas
como medios legítimos para lograr fines políticos han existido desde el comienzo de
la historia registrada. La veracidad nunca se ha contado entre las virtudes políticas
y las mentiras se han considerado como herramientas justificables en los tratos políticos.
<Verdad y política> (1996) Entre el pasado y el futuro, Península, Barcelona.
[2] La posverdad es un neologismo (post-truth) que se utilizó por primera vez en la década
de los noventa y que hace referencia a las mentiras emotivas, esto es, aquella circunstancia
en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de opinión pública que
los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Significa que lo que las personas
sienten ante un estímulo o su percepción subjetiva acerca de alguien influye de forma
más determinante en la toma de sus decisiones, que los datos y estadísticas objetivas
o los hechos comprobados, siendo más trascendentales las emociones que la verdad.
AMON, R. <Posverdad, la palabra del año>, El País, 17 de noviembre de 2016.
[3] Todos estos conceptos hacen alusión a nuevas realidades y la mayoría son fruto de
una fusión de diferentes conceptos: la infocracia sería la democracia de la información;
la emocracia hace referencia a la democracia de las emociones, palabra muy ligada
a la posverdad; la infoxicación es la intoxicación de información, o lo que es lo
mismo, la información intoxicada, mediocracia sería la democracia de los medios (de
comunicación) y la infodemia es la pandemia de la información.
[4] Serra Cristóbal, R. (2021) <De falsedades, mentiras y otras técnicas que faltan a
la verdad para influir en la opinión pública>, Teoría y Realidad Constitucional, núm 47, p. 210.
[5] El «Plan de acción contra la desinformación» de 2018, de 5 de diciembre parte del
enfoque definido en la Comunicación de la Comisión titulada «La lucha contra la desinformación
en línea: un enfoque europeo», COM(2018) 236 final, de 26 de abril de 2018.
[6] El derecho a una información veraz especifica un deber de diligencia que corresponde
a quien informa, y es que el TC entiende en la STC 192/1999, que se puede y debe exigir
que <>.
[7] El art. 20 CE dice que << 1. Se reconocen y protegen los derechos: a) a expresar
y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el
escrito o cualquier otro medio de reproducción; b) a la producción y creación literaria,
artística, científica y técnica; c) la libertad de cátedra; d) a comunicar o recibir
libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho
a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura
previa. 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios
de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará
el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando
el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 4. Estas libertades
tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos
de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad,
a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 5. Sólo podrá
acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información
en virtud de resolución judicial.>>
[8] STC 79/2014, de 28 de mayo, FJ 4.
[9] También en las SSTEDH de 7 de junio de 2021 Asunto Caso Europa 7 R.S.L. Di Stefano
c. Italia, o el Asunto Toranzo Gómez c. España, de 20 de noviembre de 2018.
[10] El art. 10 del CEDH se ocupa de regular el derecho a la libertad de expresión y establece
que ‘’ 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende
la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas
sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.
El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión,
de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. 2. El ejercicio
de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido
a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley,
que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad
nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y
la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de
la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones
confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial’’.
[11] STEDH Asunto Appleby y otros c. Reino Unido, de 6 de mayo de 2003.
[12] STEDH Asunto De Haels y Gijsels c. Bélgica, de 24 de febrero de 1997.
[13] El artículo expresa que el límite del derecho a la libertad de expresión y de información
está en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente,
en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la
juventud y de la infancia.
[14] El TEDH no ha definido el discurso de odio, sin embargo, se remite a la que realiza
la Recomendación R (97)20, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que viene
a decir que ‘’se entenderá que el término abarca todas las formas de expresión que propaguen, inciten,
promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas
de odio basadas en la intolerancia...’’.
[15] STC 176/1995, de 12 de enero.
[16] STEDH Asunto Lehideux e Isorni c. Francia, de 23 de septiembre de 1998.
[17] STEDH Asunto Garaudy c. Francia, de 24 de junio de 2003.
[18] STEDH Asunto Lingens c. Austria, de 8 de julio de 1986.
[19] STEDH, asunto Fressoz y Roire c. Francia, de 21 de enero de 1999.
[20] STC 178/1993, de 31 de mayo.
[21] El Código de buenas prácticas sobre la desinformación es el primer texto acordado
a nivel mundial que prevé normas de autorregulación para luchar contra la desinformación.
Su objetivo es alcanzar los objetivos establecidos en la Comunicación de la Comisión,
presentada en abril de 2018, y que recoge una amplia gama de compromisos, desde la
transparencia en la publicidad política hasta el cierre de cuentas falsas y la desmonetización
de los proveedores de desinformación. Incluye un anexo en el que se identifican las
mejores prácticas que los signatarios aplicarán para cumplir sus compromisos. Fue
firmado por las plataformas en línea Facebook, Google y Twitter, Mozilla, así como
por anunciantes y partes de la industria de la publicidad en octubre de 2018. Los
signatarios presentaron sus hojas de ruta para la implementación. Microsoft se unió
en mayo de 2019, mientras que TikTok se convirtió en signatario en junio de 2020.
Parece que el Código de buenas prácticas irá evolucionando hacia un instrumento de
corregulación, tal como se describe en la Ley de servicios digitales.
[22] Se trata de una Red Internacional de Verificación de Datos, una unidad del Instituto
Poynter que tiene por misión reunir a profesionales de la comunicación que se dedican
a la verificación de datos a nivel internacional. El Código Internacional de Principios
de Verificación es una declaración de cinco principios rectores, firmada oficialmente
por 12 organizaciones verificadoras de información, y respaldada por más de 30 otras
empresas de noticias.
[24] La PDLI es una organización sin ánimo de lucro española cuyo principal objetivo es
defender las libertades de expresión e información en la sociedad civil.
[25] La declaración establece una serie de principios generales respecto de la libertad
de expresión y las "noticias falsas", la desinformación y la propaganda de los multimedios.
Fue adoptado en Viena, el 3 de marzo de 2017 por el Relator Especial de las Naciones
Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la
Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE), el Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión y la
Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP).
[26] La lógica exclusión de responsabilidad como regla general para las consecuencias
civiles es la que encontramos en nuestro ordenamiento jurídico, con las excepciones
que prevé la Ley 34/2002 , de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico (LSSI). Concretamente el art. 16 de la misma que prevé la exclusión de
la responsabilidad de los prestadores de estos servicios de intermediación. Sobre
esto, véase: .
[27] Véase el Informe: Cómo combatir la desinformación: Estrategias de empoderamiento
de la ciudadanía digital. Pág. 5. Para más información véase también el siguiente
enlace: https://digitalfuturesociety.com/
[28] Art. 20.2 CE.
[29] STEDH caso Feldek vs. Slovakia, de 12 de julio de 2001, párrafo 54.
[32] Nuestro TC estableció, en STC 191/1990, la posibilidad de que en el marco de las
relaciones organizativas de un medio de comunicación, el director ejerza el poder
de control y veto de los contenidos, precisamente para evitar ilícitos y la responsabilidad
solidaria del medio en cuestión.
Sentí Navarro, C. (2022). El fenómeno de la desinformación como amenaza a los sistemas democráticos y la complejidad de su tratamiento. Gladius et Scientia. Revista de Seguridad del CESEG, (3). https://doi.org/10.15304/ges.3.8505
