Resumo

En los últimos decenios, los actores armados no estatales han adquirido una importancia cada vez mayor para las relaciones internacionales y la seguridad internacional. Esto va acompañado de una nueva categoría de conflictos armados, las nuevas guerras, que se caracterizan por una multitud de actores estatales, no estatales e híbridos, su carácter global y una economía sumergida descentralizada. En estos nuevos conflictos, la población civil se ha convertido en el principal objetivo de la violencia armada. Esto plantea importantes desafíos al orden internacional y al derecho internacional, ya que éstos se han desarrollado principalmente con respecto a los Estados como monopolistas del uso de la fuerza. La responsabilidad de proteger, cuyo objetivo es proteger a la población civil de las violaciones sistemáticas y graves de los derechos humanos, puede ser un instrumento útil para la gestión sostenible de esos conflictos. Sin embargo, para que esto sea posible, la aplicación del principio debe ser fundamentalmente rediseñada. En lugar de campañas de bombardeo desde el aire, se necesita un enfoque integral que combine las capacidades militares y civiles. Las intervenciones deben tener un carácter más policial y apoyar a los agentes locales para permitir una reforma sostenible de los Estados afectados. La atención debe centrarse en (re)establecer el estado de derecho y crear una economía legítima y social. Ese enfoque, que sitúa la seguridad humana en el centro y combina elementos de abajo arriba con el apoyo internacional, también podría contribuir a una solución a largo plazo del actual conflicto armado en Yemen, que actualmente representa una de las mayores crisis humanitarias del mundo. Sin embargo, esto requiere un replanteamiento por parte de los actores internacionales involucrados en el conflicto y un enfoque más proactivo por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.