La migración y la educación son dos fenómenos interconectados en la sociedad actual en cualquier región del mundo. Ambos están contemplados como ejes prioritarios en la Agenda 2030, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2015. En este plan de acción se especifican 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) entre los que se encuentra la educación de calidad (ODS 4).
Este trabajo aborda las migraciones en el contexto actual desde el prisma de la Agenda 2030, con el fin de aproximarse al conocimiento de la realidad de estas corrientes poblacionales y a los retos que enfrenta la educación en un contexto cambiante, acelerado y dominado por la desinformación, caldo de cultivo de discursos de odio contra las personas migrantes.
La desinformación genera un universo de realidades y conceptos paralelos que puede utilizarse para perpetuar narrativas sobre las migraciones. La sobreabundancia de información vincula la desinformación con la descontextualización y los intereses sectarios de diversos agentes. La desinformación es un fenómeno multidimensional que trasciende los bulos y las noticias falsas a través de Internet. El discurso de odio contra públicos vulnerables es reconocido como un grave problema para la integración y el respeto a la diversidad. El aumento de este tipo de narrativas se ha visto reforzado con la expansión de las redes sociales, donde se ha demostrado que actúan como mecanismo de propagación de delitos contra colectivos migrantes y personas en situación de refugio, dos de los principales grupos afectados.
El papel de la educación en este marco, desde un enfoque de sostenibilidad y de ciudadanía global, no sólo es una herramienta que facilite la competencia digital y mediática, sino un medio para hacer efectivos los derechos fundamentales, la equidad, la igualdad y el propio derecho a la educación, facilitando la construcción de una ciudadanía crítica y comprometida.
Los movimientos migratorios constituyen un desafío socioeducativo para cualquier territorio en el que la población decide emigrar desde su lugar de origen hacia otro país o en el que la población llega a una nueva región de acogida. Este reto, en cuanto a la movilidad de personas, y al mismo tiempo, de capital social, cultural y económico puede provocar una amplia variedad de situaciones complejas.
Ante las nuevas demandas sociales, derivadas de la interconexión de los medios, de las tecnologías, del empleo, etc., existe un esfuerzo en las políticas públicas de crear acuerdos normativos que permitan que las migraciones sean flujos seguros (desde los diferentes enfoques del término) en los que se preserven los derechos humanos de las personas. Una de las propuestas internacionales de mayor envergadura es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (), un marco de acción que promueve esfuerzos comunes para enfrentarse a los desafíos de la actualidad y del futuro, y en el que se detallan 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se estructuran en diferentes metas, entre las que se identifican varias áreas de acción relacionadas con las temáticas de este trabajo, la educación y las migraciones.
Este trabajo se sitúa en el contexto actual en el que tienen lugar las migraciones bajo el prisma de la Agenda 2030, con el fin de aproximarse al conocimiento de la realidad de estas corrientes poblacionales y a los retos que enfrenta la educación en un contexto cambiante, acelerado y dominado por la desinformación, caldo de cultivo de discursos de odio contra las personas migrantes.
Prácticamente todas las regiones mundiales son el producto de migraciones del pasado (). Sabemos que las migraciones entre los territorios no se han detenido en el tiempo, aunque sí han variado en intensidad y en patrones derivados de la influencia de la globalización y las TIC. Es un tema que en España ha cobrado interés en los últimos años, en relación con nuestra situación geopolítica (en términos de inmigración), a raíz de la crisis económica del año 2008 (con nuevas oleadas de emigración) o vinculada con la actual guerra de Ucrania, siendo objeto de debate público y alcanzando una notoria repercusión mediática y en las narrativas políticas.
La Organización Internacional para las Migraciones () define la migración como un «movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país» (). En este significado, se constata que las corrientes migratorias implican la presencia de personas extranjeras en una región geográfica y las relaciones que estas mantienen con la sociedad de acogida () y así mismo se incluye en su acepción tanto el flujo de emigración como el de inmigración. Aunque pueda parecer evidente, por la importancia para comprender el enfoque de este trabajo y para las implicaciones en educación, es necesario resaltar que el término «migración» se singulariza por la intervención con y de las personas, entendidas como participantes activas.
Los flujos de migración han sido considerados un fenómeno antiguo y constante a lo largo de la historia, caracterizado por afluencias poblacionales de carácter masivo a nivel mundial en diferentes períodos históricos en los que ha destacado un incremento notorio de la población migrante a partir de finales del siglo XX, en estrecha conexión con cuestiones económicas y sociales (). En el último informe de la Organización Internacional del Trabajo () sobre las estimaciones de las personas trabajadoras migrantes en el mundo, se pone de relieve que en el planeta hay aproximadamente 272 millones de personas migrantes internacionales, de las cuales un 41,5% son mujeres y un 58,5% son hombres. En este mismo informe, también se especifica que el porcentaje de personas jóvenes migrantes ha aumentado en los últimos años, pasando de un 8,3% en el año 2017 hasta un 10% en el año 2019. Otro dato relevante es que el destino principal de estas personas migrantes son los territorios de Europa, América del Norte y los Estados Árabes, todos ellos lugares a donde se dirige aproximadamente un 60,6% de este colectivo. Otro informe destacable es el que aporta el Observatorio de Desplazamiento Interno (), en el cual se constatan un total de 40,5 millones de desplazamientos ocasionados por conflictos, violencia y desastres naturales en diversos lugares del planeta. En todo caso, tanto como su incremento, es necesario subrayar las transformaciones que han experimentado los flujos migratorios (). Según , el fenómeno de la globalización ha provocado una movilidad de la población superior a la acontecida en épocas pasadas de la historia, así como la implicación de muchas más regiones geográficas del planeta. Sin duda alguna, esto se debe principalmente a la influencia de diferentes factores entre los que destacan los avances técnicos en los transportes ligados a condiciones de carácter social, económico o cultural que fomentaron la adopción de estos adelantos a nivel mundial (), así como la organización a nivel internacional del empleo y del consumo ().
En todo caso, posiblemente son los flujos de información una de las condiciones más trascendentales en todo este proceso (), sobre todo, por el desarrollo experimentado en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que han acortado las distancias y han facilitado el movimiento de las personas, de los bienes o del conocimiento (). Las TIC posibilitan que hoy en día muchas de las personas que emigran lo hagan con gran conocimiento e información del país de destino al que se dirigen, obtenidos de antemano a través de otras personas emigradas, los medios de comunicación o Internet (empleo, alojamiento, etc.) (). Se confirma, por lo tanto, que la internacionalización de la información y las redes de comunicación son características fundamentales de las migraciones actuales, destacando en esencia las redes humanas que emergen de los movimientos poblacionales ().
Los movimientos migratorios se han adaptado a las condiciones de la globalización. Ambos fenómenos constituyen una parte esencial de la idiosincrasia y de las características socio-identitarias de las naciones y, por extensión, de las personas que integran la ciudadanía mundial (). Hay que mencionar, además, que la globalización ha originado nuevas formas de migración, estableciéndose así una conexión recíproca entre ambos términos ().
Si nos limitamos al concepto de globalización explicitado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos,
se ha utilizado ampliamente para describir la creciente internacionalización de los mercados financieros y de los mercados de bienes y servicios. La globalización se refiere sobre todo a un proceso dinámico y multidimensional de integración económica por el que los recursos nacionales adquieren una movilidad internacional cada vez mayor y las economías nacionales se vuelven cada vez más interdependientes. ()
Es habitual que las diferentes aproximaciones terminológicas hagan hincapié en la dimensión económica del término, sin embargo, no debemos olvidar otros ámbitos como el cultural, el ecológico, el institucional, el social, el político o el tecnológico. La globalización está directamente conectada con una serie de interrelaciones diferentes que tienen lugar entre sociedades múltiples del mundo y que se producen por el desarrollo de distintas actividades como el comercio, la cultura, la inmigración o incluso las guerras ().
Pese a la evolución conceptual que se observa, es evidente que como remarca dos de los aspectos centrales del término siguen siendo la economía y la tecnología. Pese a ello, es relevante concebir este fenómeno, en opinión de , como un proceso evolutivo que se va transformando según el desarrollo de la sociedad.
Por otra parte, en lo que respecta a los países miembros de la Unión Europea (UE), han puesto en marcha políticas migratorias centradas en el control de las fronteras exteriores ya que pese a las facilidades de movilidad que existen entre los estados miembros gracias al Acuerdo de Schengen (1985), no todas las personas que emigran tienen la misma acogida. relata que las barreras que se ponen a los desplazamientos son opuestas al intercambio económico y cultural (propios de la globalización) y, además, se suele facilitar la migración a personas cualificadas o estudiantes, mientras que se limitan en cierta medida otras corrientes migratorias (trabajadores no cualificados, familias, etc.).
Por último, todas las transformaciones mencionadas, con referencia a la migración en la época de la globalización, han afectado a los flujos migratorios de España, convirtiéndose en receptora y emisora de grupos migrantes. Según se indica en el Informe Anual de Seguridad Nacional (2020), el territorio español ha recibido en el año 2020 un total de 41.801 entradas irregulares de personas migrantes, siendo nuestro país la región principal de acceso a Europa por vía marítima.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en el año 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, constituyéndose así un marco de referencia para los diversos países del mundo, con el fin de delimitar unas líneas generales de actuación que permitan enfrentarse de forma coordinada a los desafíos globales presentes y futuros. Se han establecido un total de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con un total de 169 metas específicas, que pretenden guiar la actuación de los países en materia de desarrollo sostenible (económico, social y ambiental), garantizando el respeto por los derechos humanos de las personas y promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres.
En lo referente a la migración, la Agenda 2030, destaca este fenómeno de la movilidad poblacional como un factor que contribuye al desarrollo de los territorios, por lo cual es importante regular los flujos migratorios y garantizar los derechos de las personas migrantes:
la migración internacional es una realidad pluridimensional de gran pertinencia para el desarrollo de los países de origen, tránsito y destino que exige respuestas coherentes e integrales. Cooperaremos en el plano internacional para garantizar la seguridad, el orden y la regularidad de las migraciones, respetando plenamente los derechos humanos y dispensando un trato humanitario a los migrantes, sea cual sea su estatus migratorio, y a los refugiados y los desplazados ().
En esta visión descrita, queda patente que las actuaciones prioritarias en el ámbito de la migración tendrán en cuenta cualquier tipología de desplazamiento migratorio, considerando tal y como se establece en la propia Agenda 2030, que las personas (mujeres, hombres, niñas y niños) son agentes relevantes para alcanzar cambios y conseguir un mundo mejor. Por lo tanto, se espera que los ODS se puedan cumplir en todos los territorios del mundo y en los diferentes colectivos de la ciudadanía con la finalidad prometida de «no dejar a nadie atrás» (). Esto significa que las personas migrantes son una de las comunidades poblacionales a las que se enfocan los ODS, tratando de paliar su vulnerabilidad afectada por situaciones derivadas de su condición migratoria, como, por ejemplo, su estatus de migrantes irregulares que alcanzan en muchas ocasiones.
Por otra parte, cabe destacar, que la detalla que lo que se pretende en este marco internacional acordado es «facilitar, no restringir, la migración, en la medida en que amplía las posibilidades de que las personas logren sus aspiraciones de desarrollo humano y su potencial a través de la movilidad» (). Una de las principales razones a favor de los flujos migratorios es que estos son percibidos como un importante recurso de desarrollo. Desde luego, en opinión de , la migración supone un elemento extraordinario de progreso para los diversos territorios implicados (países de destino o de acogida) y para las propias personas que emigran, que tendrán la oportunidad de mejorar sus condiciones vitales, pese a los efectos negativos que igualmente se originan en todo proceso migratorio.
De igual manera, dentro de la Agenda 2030, la migración es un fenómeno que está presente de forma transversal en los ODS. «Los nuevos Objetivos y metas están profundamente interrelacionados y vinculados por numerosos elementos transversales» (). En tal sentido, la diferencia entre vínculos directos e intersectoriales que se manifiestan entre la migración y los ODS, entendiendo que en los primeros hay una relación explícita entre ambos elementos y en los segundos existe una conexión indirecta que puede tener incidencia en la migración.
Dentro de los vínculos directos, se contemplan un total de siete ODS que se relacionan de forma expresa con la migración y la población migrante. Esta conexión explícita puede verse en la Tabla 1.
En lo que respecta a los vínculos intersectoriales a los que alude la , se pone de manifiesto que la migración se vincula en mayor o menor medida en todos los ODS de la Agenda 2030. Para ejemplificar tal consideración, se pueden destacar los ODS 14 y 15, referidos a la conservación del medio marino y terrestre que implican que, si se produce una degradación de gran calado en estos hábitats y en los seres que en ellos habitan, se podrían fomentar migraciones o desplazamientos forzados hacia otros territorios (). En este caso particular, como consecuencia de diversas transformaciones en el planeta se estaría hablando de las denominadas migraciones climáticas o migraciones por motivos ambientales ().
Estos son solamente algunos ejemplos de que la migración, en todas sus tipologías (regular o irregular, forzada, económica, laboral, etc.), implica una inclusión de las personas migradas en los diversos ámbitos de la sociedad de acogida. En consecuencia, se hace imprescindible que, para lograr una efectiva preservación de los derechos de las personas migrantes en los diversos ODS, se pongan en marcha políticas proactivas de manera inmediata. En el caso específico de España, constatan que en materia legislativa y normativa todavía hay numerosas reformas que realizar como, por ejemplo, una mejor gestión de los flujos migratorios en los territorios fronterizos, la promoción de una protección eficaz e inclusiva para las mujeres migrantes que se ven implicadas en situaciones de violencia de género o incluso mejorar la protección de los derechos de la infancia de los niños y las niñas migrantes.
En el contexto internacional, la prospectiva de la migración en la sociedad global ha sido objeto de interés por parte del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas migrantes, quién en el año 2017 ha presentado un informe en el que propone una nueva agenda destinada a la migración: Agenda 2035 para facilitar la movilidad humana (). Este nuevo marco caminaría de forma conjunta con la Agenda 2030, pero centrándose en dos metas específicas de los ODS:
En líneas generales, se trataría fundamentalmente de «elaborar una agenda 2035 para facilitar la movilidad humana, que convertiría la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en objetivos, metas e indicadores de tamaño manejable y que puedan lograrse» (). En concordancia con esta finalidad global, en la nueva agenda concerniente a la movilidad, se proponen ocho objetivos relacionados con las metas descritas anteriormente, y que se centran principalmente en: promover una movilidad regular y segura para todas las personas migrantes; proteger los derechos humanos y laborales de la población migrante; proteger y garantizar los derechos humanos en los controles fronterizos; erradicar la detención de las personas migrantes como como medio de control en las fronteras; facilitar el acceso a la justicia a todas las personas migrantes; garantizar el acceso a los servicios básicos (educación y salud) de forma fácil para las personas migrantes; proteger contra cualquier tipo de discriminación o violencia a las personas migrantes e incrementar la información y los datos sobre migración de forma más detallada (diferenciando entre los referentes a migración y los relativos a movilidad).
No obstante, pese a la amplia perspectiva que aporta este nuevo documento sobre la movilidad humana, tal y como lo describe la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (), se trata de una propuesta no vinculante que debería de ser contemplada junto a otros acuerdos y normas de carácter internacional, para tratar de garantizar los derechos humanos de todas las personas que migran, al mismo tiempo que se van poniendo en marcha los ODS en los diversos territorios.
De modo idéntico, más allá de las medidas internacionales que se pongan en marcha desde la esfera política a favor de la migración regular y la protección del colectivo migrante, teniendo en cuenta que las corrientes migratorias son un tema clave en la sociedad actual, se debería de difundir desde los medios de comunicación una mayor información sobre la misma. Sin embargo, el tratamiento informativo tendría que alejarse un poco de la visión negativa que habitualmente se transmite desde hace años sobre las personas migrantes -principalmente las que son inmigrantes de países en desarrollo-, como bien se tiene constatado en diversos estudios (; ) en los que se afirma que los y las migrantes son personas que se asocian con problemáticas peligrosas tales como detenciones, robos o agresiones.
Una de las características de nuestra realidad es la desinformación que genera un universo de realidades y conceptos paralelos que pueden ser utilizados como medio para perpetuar narrativas clásicas sobre las migraciones. Por ello se ha convertido en un concepto central en las investigaciones en comunicación, vinculado a diversos fenómenos mediáticos, tecnológicos y políticos. exponen una percepción del ecosistema comunicativo estructurada en dos polos cronológicos contrapuestos: el pasado de menor oferta informativa y asociado con medios de comunicación tradicionales; el actual, donde existe más diversidad mediática y menos confianza en los medios. La sobreabundancia de información vincula la desinformación con la descontextualización y los intereses económicos y políticos de diversos actores entre los que se encuentran los medios, dibujando un panorama periodístico y público en declive. La desinformación se construye como un fenómeno multidimensional que trasciende los bulos y las noticias falsas a través de Internet.
El discurso de odio contra públicos vulnerables es reconocido como un grave problema para la integración y el respeto a la diversidad. El aumento de este tipo de discurso se ha visto reforzado con la expansión de las redes sociales, donde se ha demostrado que actúan como mecanismo de propagación de delitos contra colectivos de migrantes y personas en situación de refugio, dos de los principales afectados. Un estudio a nivel europeo sobre la aceptación social de migrantes y refugio mediante el seguimiento de discursos de odio señala que el contacto intergrupal personal está correlacionado positivamente con el apoyo de la población hacia estos colectivos, pero el contacto intergrupal mediado no está correlacionado con la disminución del discurso de odio. Además, se demuestra que en las regiones en las que el apoyo a este colectivo es mayor existe un menor nivel de discurso de odio en las redes, lo que supone un avance en el estudio del discurso de odio por territorios y puede ayudar en el planteamiento de estrategias de actuación, también desde el conocimiento pedagógico ().
El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia () publica que en 2021 se incrementó la irregularidad, así como los obstáculos para el ejercicio de derechos de la población inmigrante, especialmente por la destrucción de empleos; la acumulación de expedientes en las oficinas de extranjería; la carencia de citas para la atención pública de la ciudadanía; y la implantación de la administración electrónica sin atender la brecha digital. Además, constata el incremento de los discursos racistas y xenófobos, de las victimizaciones por estos motivos y de las víctimas menores de edad. A la vez, profundiza en la exclusión y segregación residencial que afecta a estas poblaciones, así como en las relaciones de convivencia durante la pandemia.
Respecto a los efectos de la crisis y de las medidas implementadas para la integración de las personas inmigrantes y refugiadas, se pone énfasis en los discursos de odio de carácter racista y xenófobo.
En estos tiempos de pandemia se ha creado el caldo de cultivo necesario para volver a plantear la migración como una amenaza para la seguridad y la sanidad; se han puesto en evidencia las desigualdades y las situaciones de pobreza y exclusión social que afectan a la población migrante; se ha observado una evolución y mayor alcance del discurso de odio hacia la población migrante; y, dado que la pandemia ha afectado a toda la población, ha sido necesario reforzar los sistemas de apoyo social esenciales, que ya tenían recursos limitados, para brindar cobertura a más personas en situación de vulnerabilidad. ()
Asimismo, se registra un aumento progresivo del discurso de odio en redes sociales (). La cifra resultado que computa las victimizaciones registradas en el año 2021 por «delitos e incidentes de odio» asciende a un total de 1874 según la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio. En ambos sexos se presenta el porcentaje más alto en «racismo/xenofobia» (722 casos) (misma tendencia del año 2020), seguido de los delitos por «orientación sexual e identidad de género» (530 casos), «ideología» (277) y «discriminación por razón de sexo/género» (119). El 34,47% de las víctimas son extranjeras. Con mayor incidencia en personas procedentes de Marruecos, Colombia y Venezuela.
Entre los hechos conocidos relativos a los delitos de odio que se hayan podido cometer a través de Internet o redes sociales, los ámbitos de «ideología», «orientación sexual e identidad de género» y «racismo y xenofobia» son los que muestran mayor incidencia, con un total de 179 casos (77,16%). Las amenazas, injurias y promoción/incitación pública al odio, se computan como los hechos delictivos que más se repiten tomando como soporte Internet (37,83%), telefonía/comunicaciones (25,22%) y las redes sociales (22,29%) (VVAA, 2021).
El Barómetro de Desinformación de Oxfam Intermón analiza la exposición de la ciudadanía a las narrativas de odio implícitas en parte de las actuales corrientes de desinformación y cómo distorsiona nuestra forma de percibir a las personas migrantes. El último estudio identifica que la desinformación tiene un efecto negativo en nuestro día a día, contaminando la forma de relacionarnos (). Los bulos y las noticias falsas afectan a la predisposición a la comunicación y a la escucha. Al 67% de la muestra le preocupa el impacto que tiene la desinformación sobre la vida real y al 54% declara desconfiar de toda la información a su alcance. Además, el nivel de afinidad con el medio emisor determina el comportamiento ante la información, a mayor afinidad se desarrolla un mayor interés y se verifica menos.
En este contexto la educación y la formación son percibidas como posibles soluciones. El 60% de las personas encuestadas considera que le faltan herramientas para hacer frente a la desinformación y los bulos, el 85% percibe la necesidad de formación de la ciudadanía ante la desinformación, que ha incrementado sustancialmente la exposición a narrativas de odio contra las personas migrantes. Estas narrativas provocan tensiones en el posicionamiento y las opiniones de la población, generando contradicciones en los discursos sobre las migraciones ().
El cambio de contexto respecto al siglo pasado se genera a partir de las circunstancias de un espacio mundial en el que se redefinen las fronteras, las brechas y los desequilibrios socioculturales. En sentido genérico, hay cinco condiciones determinantes en la configuración de nuestro contexto ():
En un contexto influenciado por la interconexión, derivada de la inmediatez de las TIC, la educación no permanece ajena a la incidencia de los cambios que han configurado las sociedades actuales y debe tener en cuenta que su repercusión ha cambiado por completo el acceso de las personas al conocimiento y por extensión los procesos formales, no formales e informales de educación.
Diversos acuerdos internacionales contemplan la educación como eje fundamental para el logro de una sociedad plural, equitativa e inclusiva de todas las personas. Además, son diversas las iniciativas que se han consensuado para tratar de paliar la deficitaria situación educativa de las personas migrantes en el mundo. Ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recoge en los distintos epígrafes del artículo 26 el derecho a la educación ():
Casi treinta años después, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales () manifiesta el derecho a la educación de todas las personas.
Más recientemente, la Agenda 2030, en su ODS 4, relativo a la educación inclusiva y de calidad, se centra en extender el acceso a la enseñanza primaria y secundaria de forma gratuita para todos los niños y niñas y que este acceso se produzca en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en los distintos niveles educativos. Además, se propone incrementar el número de becas destinadas a las personas de los países en vías de desarrollo, aumentar el número de docentes, construir más instalaciones educativas en función de las necesidades de las personas usuarias y contribuir a que la población joven y adulta logre mayores cotas de alfabetización.
En la Agenda 2030, además del ODS 4 específico sobre educación, hay una serie de metas en otros objetivos que también se ven influenciados por ella. Este es el caso, por ejemplo, de los objetivos referentes a la salud, al consumo y la producción sostenible y el cambio climático. De esta forma, se puede apreciar como la educación tiene un rol de carácter transversal y con ella se puede contribuir a la consecución de prácticamente todos los ODS, aspecto por el cual debe ser considerada como un eje fundamental en la Agenda 2030.
Naciones Unidas ha aprobado en 2018 el denominado Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (). En este documento se recogen 23 objetivos fundamentales que atañen a las personas migrantes y entre los que cabe destacar el número 15 referente al acceso a los servicios básicos y entre los cuales se encuentra la educación. Para alcanzar dicho objetivo, garantizando el derecho humano a la educación de cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio, en el pacto se establecen una serie de acciones. De todas ellas, y para ejemplificar este objetivo se describe la siguiente actuación prioritaria:
Proporcionar una educación inclusiva y equitativa de calidad a los niños y jóvenes migrantes, y facilitar el acceso a oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, por ejemplo, aumentando la capacidad de los sistemas educativos y facilitando el acceso sin discriminación al desarrollo de la primera infancia, la enseñanza académica, los programas de educación no académica para los menores que no puedan acceder al sistema académico, la formación profesional y en el empleo, y la formación técnica y lingüística, y fomentando las alianzas con todas las partes interesadas que puedan apoyar esta labor. ()
UNESCO, en uno de sus últimos informes publicados, ha descrito una serie de efectos recíprocos entre educación y migración. Desde el punto de vista de la sociedad de origen, se evidencia que ():
El mismo documento resume las consecuencias de la migración sobre la educación en la sociedad de destino en los siguientes puntos:
Respecto a las repercusiones entre ambos factores, tanto en el país de origen como en el de acogida, el documento mencionado recoge que la población que tiene un nivel mayor de educación es la que normalmente emigra y esto puede provocar, entre otras cuestiones, una fuga de cerebros. Además, en el caso del país de destino, se pueden producir diversas casuísticas, tales como que la población migrada esté sobrecualificada, no se reconozcan sus competencias formativas y que la formación pueda provocar una mayor movilidad estudiantil. Un efecto positivo de la educación sobre la migración es que esta puede fomentar, a través de canales formales o informales de formación, que la ciudadanía sea más resiliente y se aminoren los prejuicios que puedan existir sobre la población migrante ().
El papel de la educación en este marco, desde un enfoque de sostenibilidad y de ciudadanía global, es facilitar la comprensión del mundo, sus interconexiones y dependencias, desarrollando el pensamiento crítico y las capacidades para el desarrollo de los derechos fundamentales, tanto en las comunidades de acogida como en los colectivos migrantes.
Indudablemente, la universalización digital también ha alcanzado a los colectivos vulnerables, entre los cuales se encuentran las personas migrantes que pueden ser víctimas de exclusión debido a su estatus socioeconómico, los dispositivos a los que tengan acceso, la conexión de la que dispongan y el apoyo de su capital social más cercano (familia y/o amistades) para brindar apoyo en el uso de las TIC (). En consecuencia, se comprende que el empleo de Internet es una oportunidad para tratar de democratizar el conocimiento, teniendo en cuenta que este es uno de los retos en vías de consecución en la educación (), pero en el caso de los colectivos migrantes, está condicionado por las diferentes brechas que lo caracterizan.
En consecuencia, para lograr una alfabetización tecnológica adecuada, comprendida esta como «la capacitación no solo instrumental sino la adquisición de las competencias necesarias para la utilización» (), se hace imprescindible considerar las dificultades que para determinadas personas presentan las TIC. Entre éstas, cabe destacar la brecha digital: «entendida como la desigualdad para acceder a las tecnologías y formarse» (). En relación con la idea anterior, en opinión de , hoy en día -además del acceso y la formación- existe una amplia tipología de brechas digitales por diversas causas: de género, de edad, de índole funcional (asociada a determinadas discapacidades), de renta o índole económica, de índole territorial o geográfica o de índole formativa-laboral. Es evidente, que la población migrante es un colectivo vulnerable y que con facilidad se puede ver damnificado por las diversas brechas digitales. Actualmente el fácil acceso al hardware facilita la conexión y el acceso a la información a través de los dispositivos móviles como tabletas y, sobre todo, teléfonos móviles inteligentes, acortando la brecha de acceso para generar nuevas propuestas de intervención desde lo educativo y lo social. Basadas en las necesidades, los contextos y las herramientas disponibles. En este marco los retos se describen desde dos direcciones. Por un lado, la que parte de cada persona, para interrogarse sobre la selección, la transformación y el aprovechamiento de la información. Por otro lado, desde la mirada del generador de contenidos, sobre la selección, la presentación y la reconversión en una herramienta que facilite el aprendizaje para mejorar la situación vital de cada usuario/a.
Desde el marco internacional las TIC han sido reconocidas como una herramienta eficaz que promueve la consecución de los ODS y así ha quedado establecido en la estrategia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (): Agenda Conectar 2030. En dicho marco de acción, se manifiesta la necesidad del uso de las TIC por parte de los diversos territorios para alcanzar los ODS, considerando que estas tecnologías contribuyen, entre otros aspectos, a la promoción de un desarrollo económico sostenible.
La Agenda 2030 también hace referencia a la relevancia de la tecnología como factor de desarrollo en el planeta: «La expansión de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la interconexión mundial brinda grandes posibilidades para acelerar el progreso humano, superar la brecha digital y desarrollar las sociedades del conocimiento (...)» (). Es obvio, pues, que la tecnología es una herramienta indispensable y debe ser empleada de forma eficaz en los procesos educativos.
La asunción de nuevas formas y medios de información y comunicación implica cambios en el paradigma educativo: «Se trata de entender el valor educativo y social de las nuevas tecnologías analizando las estrategias de aprendizaje desde la perspectiva de red social, inter y multiconectada reforzando la idea de que estas fomentan el desarrollo cívico y democrático, alimentando el binomio ciudadanía-valor, para descifrar así estos nuevos ambientes personales de aprendizaje como elementos clave en la sociedad red» ().
Trascendiendo los procesos formales de educación y los recursos tradicionales, hablamos de aprendizaje ubicuo como aquel que se produce en cualquier lugar y momento. Superados los conceptos de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) para este trabajo es necesario resaltar las Tecnologías del Empoderamiento y la Participación (TEP) que destacan su vinculación con la ciudadanía y la participación social en red. Cada uno de estos modelos están asociados a diferentes entornos tecnosociales y de conocimiento: Redes Personales de Aprendizaje/Comunidades (PLN); Entornos Personales de Aprendizaje (PLE); Entornos Personales de Aprendizaje y Participación (PLEP).
Los entornos ubicuos e interconectados abren la posibilidad de generar espacios improvisados de aprendizaje, pero también para extender las posibilidades y la utilidad de los espacios educativos organizados. Un ejemplo de aplicación son los colectivos migrantes.
En este marco cobra importancia el concepto de competencia digital y mediática. En un momento donde casi se ha generalizado el acceso a soportes tecnológicos masivos, la capacidad de dar un buen uso y una adecuada capacidad para seleccionar e interpretar la información es fundamental. propone un modelo estructurado en Conocimientos, Habilidades y Actitudes (KSA, siglas en inglés) basado en el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF, siglas en inglés). La propuesta se basa en cuatro elementos fundamentales: la comunicación y la colaboración; la gestión de la información; el aprendizaje y la resolución de problemas; la participación significativa.
En España, la Ley Orgánica 3/2020 de Educación recoge en su preámbulo lo siguiente:
El mundo digital es un nuevo hábitat en el que la infancia y la juventud viven cada vez más: en él aprenden, se relacionan, consumen, disfrutan de su tiempo libre. Con el objetivo de que el sistema educativo adopte el lugar que le corresponde en el cambio digital, se incluye la atención al desarrollo de la competencia digital de los y las estudiantes de todas las etapas educativas, tanto a través de contenidos específicos como en una perspectiva transversal, y haciendo hincapié en la brecha digital de género. ()
El recientemente aprobado currículum básico de Educación Primaria se refiere a la competencia digital como aquella que implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas.
Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. ()
Además, la transformación y el desarrollo de las tecnologías digitales, muy relevantes en el proceso de la COVID-19, ha favorecido una revisión del Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD) que había sido aprobado en 2020 ().
En todo caso, «la educación en derechos humanos es la forma más eficaz de prevenir el odio, la discriminación y la violencia en todas sus formas» ().
En lo que concierne a la ciudadanía (migrante o no migrante) el derecho a la educación debe ser una acción prioritaria en las políticas educativas de cualquier país, teniendo presente que el derecho a la educación es imprescindible para poder acceder al ejercicio de los demás derechos inherentes de las personas (). De hecho, la educación es la herramienta más eficaz y poderosa con la cual todos los seres humanos del mundo, independientemente de su origen social, de su etnia, etc., pueden lograr su empoderamiento social, profesional o personal. Sin duda alguna, en la actualidad la educación no ha quedado al margen de las trasformaciones experimentadas en diversos ámbitos (tecnológico, social, etc.) ni desde el punto de vista de las tendencias e intereses dominantes ni por el contrario la generación de iniciativas que generen conciencia de la situación transnacional y las necesarias respuestas sostenibles. Se han creado nuevas formas de intervención educativa que requieren políticas educativas acordes a las nuevas necesidades y demandas que deben contribuir a facilitar un acceso universal a la educación de todas las personas que garantice la igualdad de oportunidades.
La sociedad contemporánea se caracteriza por estar inmersa en un proceso transnacional que afecta, sin duda alguna, a todas las poblaciones y personas del planeta bajo la influencia y las repercusiones -positivas y negativas- de las TIC, de los medios de comunicación y de la inmediatez y la volatilidad, en muchos casos, de la información que las rodea. Todos estos factores han incidido en la vida de las personas (a nivel cultural, social, económico, etc.) provocando distintos flujos de transferencia de bienes, de servicios, de conocimiento y de capital humano. De todos ellos, la migración, tanto la corriente de emigración como la de inmigración, es un fenómeno estructural que siempre ha estado presente en múltiples países. Hoy las grandes transformaciones planetarias, referentes principalmente a los avances tecnológicos, el cambio climático, el empleo o la economía, han configurado un nuevo orden migratorio donde los gobiernos e instituciones internacionales, a través de diferentes acuerdos –tales como la Agenda 2030 o el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular– tratan de visibilizar los derechos de las personas migrantes.
En todo caso, y a pesar de este marco internacional, son muchos los desafíos que todavía están pendientes de alcanzar para lograr los ODS que se proponen en la Agenda 2030, así como llegar a hacer operativas propuestas que hagan realidad este desiderátum. Uno de los retos más evidentes es que dichos acuerdos (propuestos y aceptados por los países participantes) se pongan en marcha de forma proactiva, eficaz e inmediata y que no se queden en una mera declaración de intenciones. Sobre todo, porque la falta del cumplimiento de los derechos de las personas, como es el derecho a la educación, no deben ser postergados.
Esta reflexión al respecto de la importancia de la educación de la población, ha quedado reflejada en la Declaración de Incheon para la Educación 2030
Reafirmamos que la educación es un bien público, un derecho humano fundamental y la base para garantizar la realización de otros derechos. Es esencial para la paz, la tolerancia, la realización humana y el desarrollo sostenible. Reconocemos que la educación es clave para lograr el pleno empleo y la erradicación de la pobreza. ()
Encontrar el equilibrio entre la defensa de la comunidad inmediata y el imperativo de mundialización obliga a abordar la construcción de ciudadanía y la convivencia desde una ética que asume la realidad del «otro» y se elabora a partir de la singularidad de cada situación. Las circunstancias actuales han modificado la urgencia y la oportunidad de las finalidades, los procedimientos y las condiciones de la educación (; ):
En este marco, cabe destacar la evidente crisis ecosocial a la que nos enfrentamos, que cuestiona las relaciones, los modos de vida e incluso las tecnologías que hasta hace muy poco eran interpretadas como los únicos modelos posibles y dictaban las relaciones entre las personas, los grupos humanos y con nuestro entorno.
El sentido transnacional de los derechos de tercera generación nos ha permitido salir de nuestro marco territorial ciudadano por medio de las redes de comunicación y experimentar un cierto modo de convivencia ciudadana mundializada en el contexto de la comunicación global ().
Desde un punto de vista educativo, el reto se centra en la convivencia más allá del marco territorial tradicional para afrontar, a partir de los derechos de cuarta generación, un modelo basado en la cooperación solidaria transnacional, trascendiendo el impacto de los medios en lo interpersonal para asumir un concepto planetario, siendo capaces de integrar lo local y lo global (glocal) sin perder nuestra identidad y singularidades pero siendo capaces de generar respuestas transnacionales.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) abren nuevas posibilidades para la ciudadanía que implican algunos riesgos. La desinformación ha adquirido una trascendencia creciente en el espacio público con la expansión de internet. La gran cantidad de contenidos y la falta de formación sobre su gestión (competencia digital y mediática) suponen un caldo de cultivo para acciones vinculadas al odio y la xenofobia.
Las circunstancias actuales no son las del siglo pasado. La globalización, el pluralismo y los flujos migratorios constituyen el entramado desde el que hay que buscar la convergencia entre diversidad, interculturalidad e identidad. La educación, además de adaptarse al uso de las herramientas que facilita el mundo digital, debe desarrollar las capacidades de cada persona para su gestión y aprovechamiento. En el marco de la interculturalidad, los discursos de odio deben ser atajados con pensamiento crítico y narrativas alternativas. Si no se transforma la mirada dañina sobre la población inmigrante, se seguirán fomentando muchos prejuicios hacia las personas y culturas de otras sociedades, que al fin y al cabo comparten un espacio global de convivencia. Se trata, en definitiva, de generar una inteligencia colectiva basada en el respeto y la solidaridad.
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Doctora en Educación por la Universidad de Santiago de Compostela (2021). En cuanto a su formación universitaria, es diplomada en la titulación de Maestra, en la especialidad de Educación Musical (2007), Licenciada en Pedagogía (2012) y posee dos titulaciones de máster: el Máster Universitario en Investigación en Educación, Diversidad Cultural y Desarrollo Comunitario (2015) y el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (Especialidad en Orientación Educativa-2022). Actualmente es docente en la Facultad de Ciencias de la Educación, en el área de Teoría e Historia de la Educación, en la Universidad de Santiago de Compostela e integrante del grupo de investigación Terceira Xeración-TeXe (GI-1451). Durante su etapa de doctorado realizó una estancia de investigación, financiada mediante una beca del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico), en el Center for Migration, Education and Cultural Studies de la universidad Carl von Ossietzky en Oldenburg (Alemania).
Licenciada (1991) y Doctora (1998) en Pedagogía por la Universidad de Santiago de Compostela, con premio extraordinario de Licenciatura, Profesora Titular de Universidad desde el año 2003 en el área de Teoría e Historia de la Educación de la USC y miembro del Grupo de investigación Terceira Xeración: TeXe (GI-1451).
En la actualidad es la Directora del Programa Universitario de Mayores de la USC, IV CICLO, desde noviembre de 2014 y responsable del Programa Camiños de Coñecemento e Experiencia en la provincia de A Coruña y de Democratización do Coñecemento en Lugo, Ourense y Pontevedra de la USC en el rural. Además, es la Coordinadora general de la Red Gallega de Programas Universitarios para Mayores (REGAPUM) y desde julio de 2019 preside la Red Internacional de Investigación de Derecho a la educación de la delegación RIIDE Galicia.
Profesora del Departamento de Pedagogía y Didáctica y miembro del Grupo de Investigación Tercera Xeración (TeXe) de la Universidad de Santiago de Compostela, integrado en la Red Iberoamericana de Pedagogía (REDIPE). Sus líneas de investigación se centran en artes y educación y en la Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global. Coordina el Plan de Desarrollo Sostenible de la USC, el Grupo de Trabajo de Sostenibilización Curricular de Crue-Universidades, miembro del Grupo de Trabajo de Educación para el Desarrollo del Consejo Estatal de Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, miembro del Consejo Gallego de Cooperación para el Desarrollo (Xunta de Galicia).
