SUMARIO

1. RUSIA, DESINFORMACIÓN Y FALSAS BANDERAS

No cabe duda de que el principal desafío en materia de seguridad al que se enfrenta actualmente Europa es la guerra de Ucrania. La decisión del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, de ordenar la invasión del país vecino ha redibujado en apenas tres meses el panorama geopolítico europeo: más de cinco millones de refugiados; sanciones económicas y material militar movilizados en Occidente contra Rusia con una celeridad nunca vista hasta ahora; la posible incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN... Por si fuera poco, la probabilidad de un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia, aunque todavía remota, parece hoy más elevada que en cualquier punto de la historia reciente, y ello con las irreversibles consecuencias que tendría para todo el planeta.

La invasión rusa de Ucrania de 2022 representa la cúspide de más de dos décadas de tensión entre Rusia y, en general, la Unión Europea y Estados Unidos. Aunque en 1991 el presidente ruso Boris Yeltsin contempló la posibilidad de solicitar la integración de su país a la OTAN (Friedman, 1991), la relación entre Moscú y el bloque occidental se fue rápidamente deteriorando a través de diferentes crisis diplomáticas y conflictos bélicos como las guerras de Yugoslavia (1991-2001) o la guerra en Georgia (2008). Esta renovada posición de Rusia como rival geopolítico de EE. UU. y la UE se consolida definitivamente en la segunda década del siglo XXI, encontrándose en bandos contrarios en diversos conflictos de Oriente Próximo y el Norte de África, como la Guerra Civil Siria (2011-) o la Segunda Guerra Civil Libia (2014-), y, sobre todo, en la primera guerra de Ucrania que comenzó en el año 2014 a raíz de la deposición del presidente prorruso Víktor Yanukóvich.

Por supuesto, la tensión entre Rusia y el bloque occidental se ha materializado en ámbitos que van mucho más allá de lo estrictamente militar, por ejemplo, en la carrera por la influencia comercial en América Latina (Evan Ellis, 2015). Sin embargo, las amenazas más recurrentes en este siglo, y también las más novedosas, son aquellas que tienen que ver con lo “híbrido”, lo no convencional. Aunque no existe una definición universalmente aceptada del término (Fridman, 2018), quizá la forma más sencilla de conceptualizar un conflicto híbrido sea de manera negativa, esto es, como todo aquél que no involucre a dos o más ejércitos convencionales y que se enfrentan a través de las armas para hacerse con el control de un determinado territorio. Esto incluiría, por tanto, acciones como los ciberataques, campañas de desinformación y manipulación electoral, y también el despliegue de fuerzas irregulares, como es el caso de la compañía militar privada rusa Wagner. Centrándonos en lo segundo y, en general, en todas las acciones que tengan a la población o a un segmento de ella como objetivo, podemos decir que esto es algo que ha surgido de la mano de los medios de comunicación masivos y de redes sociales como Facebook o Twitter, en la medida en la que se ha abierto un canal para dirigirse de forma inmediata a la población del país rival que no existía con la tecnología de la Guerra Fría. Si tuviéramos que mencionar un caso concreto, éste sería el de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, donde la interferencia rusa trató de perjudicar de a la candidata demócrata Hillary Clinton y favorecer a su contrincante republicano y futuro presidente Donald Trump. Esto es algo que quedó demostrado en el informe del Fiscal Especial Robert S. Mueller (2019), el cual describe la injerencia de la inteligencia rusa como “generalizada y sistemática” (p.1) en los meses anteriores a los comicios. Además, según el Informe del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos (2020, p. vii), la operación tenía como cabeza al mismo presidente ruso, quien “ordenó hackear ordenadores y cuentas afiliadas con el Partido Demócrata y difundir información que dañara a Hillary Clinton y su campaña a la presidencia”.

Volviendo a la guerra de Ucrania de este 2022, el Kremlin ha recurrido a la diplomacia, a los medios de comunicación y a las redes sociales para tratar de justificar su intervención militar en el país, ocultar determinados acontecimientos y/o atribuir la responsabilidad de otros al gobierno de Ucrania y sus fuerzas armadas. Uno de los casos que más repercusión ha tenido es el relativo a la localidad de Bucha, a menos de 50 kilómetros de Kiev, donde según las autoridades locales (Rainsford, 2022a) se han encontrado cerca de mil cadáveres de civiles, incluidos 31 niños, y muchos de ellos con indicios de haber sido ejecutados. Los hechos se denunciaron el 1 de abril, inmediatamente después de que las tropas rusas, concretamente los soldados de la 64.ª Brigada del ejército ruso (Gall, 2022), abandonaran la localidad después de un mes de ocupación militar. Ante la evidencia fotográfica presentada, el secretario de prensa ruso Dimitri Pesco dijo que dichas imágenes eran una “falsificación monstruosa” (Faulconbridge, 2022), y ello a pesar de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya ha confirmado al menos 50 ejecuciones sumarias de civiles (ACNUDH, 2022). En un aparente signo de mala coordinación interna, la Embajada de Rusia ante la India habló no de imágenes falsas sino de una masacre que sí había ocurrido, pero de la que se había falsamente culpabilizado al ejército ruso en vez de al ucraniano (Mohan, 2022). A este respecto, merece la pena señalar que las imágenes satelitales muestran los primeros cadáveres de civiles apareciendo en las calles de Bucha a lo largo del mes de marzo, cuando el ejército ruso todavía controlaba el municipio (Hern, 2022).

En cien días de conflicto, son varios los casos de noticias falsas que se han reportado: los supuestos laboratorios con armas biológicos que Rusia acusa a la CIA de esconder en Ucrania (Qiu, 2022), las afirmaciones de que los civiles heridos vistos en prensa son actores de doblaje (Dale, 2022), etc. De todas éstas, sin embargo, hay una que llama significativamente la atención, y no tanto por su contenido, sino por los esfuerzos que las autoridades en Occidente, en especial las de Estados Unidos, han puesto para refutarla. Nos referimos en concreto a un vídeo difundido el 18 de febrero de 2022 y que mostraba a presuntos soldados extranjeros al servicio de Ucrania atentando con armas químicas contra la población civil del Donbás, buscando así, al menos aparentemente, crear el casus belli que sirviera a Putin para justificar públicamente su decisión de invadir el territorio ucraniano.

No es la primera vez que el actual mandatario ruso aparece vinculado a un ataque de falsa bandera para, presuntamente, tratar de avanzar sus objetivos en política exterior. La propia llegada de Vladimir Putin a la presidencia está marcada por las sospechas de que fueron figuras de su entorno, y concretamente del Servicio Federal de Seguridad (FSB), las que facilitaron, o por lo menos no detuvieron, la cadena de atentados en Rusia en el año 1999 que sirvieron al entonces candidato Putin como el fundamento para declarar la guerra en Chechenia, un conflicto que catapultó su apoyo entre la ciudadanía rusa (Dunlop, 2013). En otras ocasiones, Rusia habría tergiversado actos propios o de sus aliados para evitar represalias y de paso responsabilizar a sus enemigos: en 2013, por ejemplo, cuando la población del suburbio de Guta en Damasco fue atacada con armas químicas, concretamente gas sarín, Moscú aseguró que los responsables eran los grupos rebeldes contrarios al presidente Bashar al-Asad (Jolly, 2013). Sin embargo, según organizaciones como Human Rights Watch, el gobierno sirio fue “casi con certeza” (2013, p.1) el artífice de dichos ataques contra sus propios ciudadanos.

En las páginas siguientes se ofrecerá en detalle toda la información relativa a esta aparente operación de falsa bandera que tuvo lugar en el Donbás ucraniano en el mes de febrero, y se describirán todas las medidas tomadas desde el bloque occidental, particularmente desde la Secretaría de Estado de Estados Unidos, para alertar a la comunidad internacional y a la opinión pública de dicha maniobra política. Después, se tratará de conceptualizar esta estrategia de “alerta temprana” ante las campañas de desinformación, explicando sus rasgos esenciales y sus virtudes y defectos.

2. HORLIVKA: CRÓNICA DE UN ATENTADO ANUNCIADO

Si tomamos la guerra de Ucrania de 2014 como referencia, es evidente que el Kremlin se esfuerza por controlar el relato público doméstico e internacional de los conflictos en los que Rusia está involucrada, aunque sea en un nivel superficial. En ese primer conflicto, Moscú desplegó miles de soldados en la región del Donbás y en la península de Crimea, pero lo hizo buscando hacerles pasar por combatientes separatistas autóctonos movilizados espontáneamente contra el gobierno de Kiev. Para ello, Moscú ordenó que sus militares no usaran los uniformes ni las insignias oficiales de la Federación Rusa (Galeotti, 2015); a pesar de todo, los “hombrecillos de verde”, como se les denominó en los medios, eran fácilmente reconocibles por el tipo de armas y de vehículos militares que empleaban. En la misma dirección, Moscú también envió a cientos de combatientes de la entonces recién creada compañía Wagner (Rondeaux, 2019), lo que permitió reducir la presencia de miembros de las fuerzas armadas rusas en la zona. Como colofón a esta operación, en marzo de 2014 se organizó un referéndum en el que oficialmente más del 95% de la población de Crimea votó a favor de incorporarse a Rusia; ni la OSCE (‘Warning shots fired as OSCE mission turned away from Crimea’, 2014) ni Naciones Unidas (Charbonneau, 2014) pudieron monitorizar el proceso.

Pensando en el posible destinatario de estos actos, parece evidente que no se trata, al menos principalmente, de la comunidad académica y de expertos en seguridad y resolución de conflictos, en tanto que la mayoría de los argumentos y evidencias presentados eran puesto en entredicho con relativa facilidad. En la misma línea, tampoco parece que éstos se dirigieran a organismos de Derecho Público Internacional, los cuales tampoco parecieron aceptar la narrativa de los acontecimientos en Ucrania en 2014 presentada desde Moscú. El referéndum de anexión de Crimea, por ejemplo, fue declarado inválido por la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGA, 2014), así como también por órganos especializados en Derecho como la Comisión de Venecia (2014), circunscrita al Consejo de Europa.

En cambio, sí cabe pensar que esta clase de simulaciones tengan al público general como principal objetivo, sea indirectamente a través de los medios de comunicación o directamente a través de redes sociales, mensajería instantánea, etc. Dentro de Rusia, es innegable que el líder ruso cuenta con unos elevados índices de aprobación entre la población, y que este tipo de noticias no han sido cuestionadas (Dickinson, 2022), al menos no de forma generalizada. A nivel internacional, y pensando en la audiencia de países europeos, pero también de otros puntos del globo, quizá el objetivo no sea tanto el de convencer de un relato alternativo al de los canales oficiales, sino más bien sembrar una duda razonable entre la ciudadanía. Como señalan Lee Myers & A. Thompson (2022), “las mentiras individuales (...) son difundidas por Rusia con la misma rapidez con la que son desmentidas, sin apenas ninguna consistencia o lógica entre ellas. Pero sus partidarios se aferran testarudamente a la sensación generalizada de que algo malo pasa en Ucrania y de que Rusia va a solucionarlo”.

En 2022, el eje central del discurso de Putin ha girado en torno a la idea de que Ucrania es un territorio que históricamente ha formado parte de Rusia, pero que hoy se encuentra sometido a un gobierno de extrema derecha, y que Moscú tiene el deber de salvar a la población de esta opresión (Rainsford, 2022b). En el discurso oficial del Kremlin, Zelenski no solo es un líder ilegítimo y autoritario, sino que además está reprimiendo a aquellos sectores de la población que intentan desafiarlo, especialmente en la región fronteriza entre Rusia y Ucrania, el Donbás. Si partimos de esta perspectiva, la mejor forma de justificar una operación militar en Ucrania, a ojos del gobierno ruso, sería demostrar que las fuerzas armadas de Ucrania son responsables de crímenes de guerra o de lesa humanidad en los óblasts de Donetsk y Luhansk.

Como se ha señalado antes, la novedad no es que Rusia haya tratado de cometer un ataque en el Donbás y tratar posteriormente de atribuírselo a las tropas ucranianas. Ésta no es una técnica inédita ni que pueda atribuirse en exclusiva a Rusia; en 1962, por ejemplo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos barajó la posibilidad de ordenar a la CIA que atacara en suelo estadounidense atribuyendo la responsabilidad al gobierno de Fidel Castro como pretexto para una invasión (Davis, 2006). Lo verdaderamente novedoso es cómo en esta ocasión terceros países, y especialmente la Administración del presidente Joe Biden, han trabajado para blindar a la prensa y a la opinión pública internacional de estas presuntas actividades maliciosas. La motivación en Washington parece ser clara: si el Kremlin hubiera conseguido sembrar la sospecha de que Ucrania ha cometido crímenes de guerra contra su propia población en el Donbás, entonces hubiera resultado casi imposible movilizar la coalición internacional que finalmente sí se activó entre los meses de marzo y abril para tratar de frenar la invasión rusa a través del apoyo militar y de sanciones.

No sabemos con certeza cuándo ni cómo descubrió la inteligencia estadounidense la intención, aparentemente, por parte de la Federación Rusa de llevar a cabo un ataque de falsa bandera en el Donbás, el cual sería posteriormente atribuido a las tropas ucranianas. En todo caso, es a principios de año, en particular el 7 de enero, cuando el secretario de Estado Anthony Blinken (2022a) advirtió a la comunidad internacional sobre las posibles intenciones de Rusia de ejecutar una operación militar, real o simulada, contra sus propios aliados en el Donbás y responsabilizar de la misma al gobierno de Kiev. En concreto, las palabras del jefe de la diplomacia estadounidense fueron las siguientes: “Hoy, vemos un esfuerzo considerable por difundir propaganda contra Ucrania, la OTAN y los Estados Unidos. Esto incluye operaciones malignas en las redes sociales, el uso explícito y cubierto de proxis en la prensa, la infección de desinformación en la programación de radio y televisión, la organización de conferencias diseñadas para influir en los participantes y hacerles creer, falsamente, que es Ucrania y no Rusia la responsable del aumento de la tensión en la región (...). Nadie debería sorprenderse si Rusia instiga o provoca un incidente y después trata de utilizarlo para justificar una intervención militar, esperando que para cuando el mundo se dé cuenta, ya sea demasiado tarde”.

Menos de una semana más tarde, el 13 de enero, el Consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, repetía las palabras de Blinken en una rueda de prensa, y posteriormente en el contexto de una entrevista para la cadena televisiva CBS: “Estamos vigilando con mucho cuidado la posibilidad de que haya un pretexto u operación de falsa bandera para iniciar la actividad [militar] rusa, en la que los servicios de inteligencia rusos lleven a cabo algún tipo de ataque contra las fuerzas proxis rusas en el este de Ucrania o contra ciudadanos rusos, y después culpabilicen a los ucranianos (...). Rusia está tratando de condicionar a su población y hacerla creer que un ataque por parte de los ucranianos es inminente” (O’Brien, 2022).

Un día más tarde, el 14 de enero, era Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, la que retomaba el tema de un posible ataque de falsa bandera en Ucrania: “Tenemos información que indica que Rusia ya ha posicionado un grupo de operativos para llevar a cabo una operación de falsa bandera en el este de Ucrania (...). Los operativos están entrenados en guerra urbana y utilizan explosivos para cometer actos de sabotaje contras los propios proxis de Rusia” (Psaki, 2022). En la misma dirección se expresó ese mismo día el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby: “Sin entrar en demasiados detalles, tenemos información que indica que Rusia ya está trabajando activamente para crear el pretexto para una posible invasión. De hecho, tenemos información de que ya ha posicionado un grupo de operativos para llevar a cabo lo que llamamos una operación de falsa bandera, una operación diseñada para parecer un ataque contra ellos [los rusos] o la población rusófona de Ucrania” (Kirby, 2022a).

El 24 de enero, un texto escrito por el periodista Leigh Hartman (2022), editor de ShareAmerica, un medio vinculado al Bureau of Global Public Affairs del Departamento de Estado, fue publicado en las páginas webs de diversas embajadas estadounidenses en Europa, incluidas la de Italia y la de Reino Unido. El artículo se titulaba “How Russia conducts false flag operations”, y trataba de establecer precedentes históricos para dar a entender que una operación similar en el este de Ucrania en 2022 sería coherente con el modus operandi del Kremlin. El texto se ilustra con un dibujo de una silueta con los colores de bandera rusa, pero cubierta con una máscara con el azul y amarillo ucranianos.

El 3 de febrero, correspondía a Kirby (2022b) volver a dar la información sobre el posible ataque de falsa bandera, matizando que éste tendría la forma de un vídeo que mostraría un ataque ucraniano o, en general, de Occidente: “Creemos que Rusia producirá un vídeo de propaganda muy gráfico, que incluiría cadáveres y actores que representarían a gente de luto, e imágenes de localizaciones destruidas, así como equipo militar en manos de Ucrania u Occidente, incluso hasta el punto de que parte de este equipo pareciera suministrado por Occidente”. También el 3 de febrero, Ned Price (2022a), el portavoz del Departamento de Estado, explicaba el motivo detrás de ésa y todas las de rueda de prensa que se estaban sucediendo por parte de la administración estadounidense: “El primero es disuadir a los rusos de seguir adelante con esta actividad. El segundo, en el supuesto de que no seamos capaces de lograrlo y que los rusos sigan adelante, es dejar claro el intento por parte de la Federación Rusa de fabricar un pretexto [para la invasión]”. Confrontado por los periodistas por la falta de pruebas tangibles presentadas que respaldaran las acusaciones, Price dijo que Estados Unidos buscaba proteger a sus “fuentes”. Además, en una rueda de prensa posterior, el 7 de febrero (Price, 2022b), Price aclaró a este respecto que: “si bien [Estados Unidos] busca dar a conocer los intentos de Moscú, no queremos poner en riesgo nuestra capacidad de seguir obteniendo esta clase de información en el futuro”.

El 11 de febrero tuvo lugar otra rueda de prensa conjunta entre Sullivan y Psaki. A medida que se acercaba la fecha del ataque sobre Ucrania, las declaraciones del Consejero de Seguridad Nacional se volvían más asertivas: “Estamos firmemente convencidos de que, si los rusos deciden seguir adelante con la invasión, están intentado firmemente crear un pretexto, una operación de falsa bandera, algo que ellos generen y de lo que puedan culpabilizar a los ucranianos como detonante para una acción militar” (Sullivan, 2022). En todo este periodo, en cambio, Moscú se limitó a negar cualquier intención de llevar a cabo ningún movimiento contra Ucrania, y especialmente el de cometer una operación de falsa bandera. El ministro de asuntos exteriores rusos, Sergei Lavrov, por ejemplo, tildó estas acusaciones de “sin sentido” y “delirantes” (‘Russia Rejects 'Nonsense' U.S. Claim of False Flag Plot to Attack Ukraine’, 2022).

Fue en la semana siguiente en la que finalmente se difundió el vídeo del presunto ataque ucraniano en el Donbás, concretamente el viernes 18. El día anterior, el jueves 17 de febrero, se caracterizó por tres discursos al máximo nivel para tratar de preparar a la opinión pública y a la comunidad internacional de una invasión que ya se sabía inminente. Esto incluye un discurso de Anthony Blinken (2022b) ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el que advirtió de un “falso atentado terrorista en Rusia”, de una “falsa fosa común”, un “falso ataque de dron contra civiles” o un “falso, o quizá incluso auténtico, ataque con armas químicas”. Más importante todavía, el propio presidente Biden (2022) dijo a la prensa que tenían “razones para creer que [Rusia] está involucrada en una operación de falsa bandera para tener una excusa para entrar [en Ucrania]”. Finalmente, el tercero de los comunicados no venía desde Estados Unidos sino desde la OTAN, a través del Secretario General Jens Stoltenberg, en el que confirmaba estar al tanto de los indicios de Rusia de perpetrar un ataque de falsa bandera (Jack, 2022).

Los días 14 a 18 de febrero también presenciaron un repunte significativo en las violencias del alto al fuego en el Donbás, tal y como reporta la OSCE. Si el Informe 35/2022 publicado (OSCE, 2022a), el día quince hablaba de 17 incidentes en Donetsk y 157 en Luhansk, el Informe 38/2022 del dieciocho de febrero hablaba de 222 incidentes en Donetsk y 648 en Luhansk (OSCE, 2022b). Uno de ellos incluye el bombardeo de artillería a una escuela en la localidad de Stanytsia Luhanska, el cual según HRW (2022) había sido llevado a cabo “aparentemente por grupos armados respaldados por Rusia”. Moscú trató de negar cualquier responsabilidad respecto a éste y otros ataques contra la población civil, culpabilizando en cambio a Ucrania. Boris Johnson, el primer ministro británico, aseguró que el ataque al centro educativo era ya el incidente de falsa bandera del que durante más de un mes el público y la comunidad internacional habían sido advertidos (Stewart, Sabbagh & Wintour, 2022). Sin embargo, el incidente que Washington había detallado (i.e., la difusión un vídeo con actores llevando a cabo un acto de sabotaje y con posibles armas químicas) tendría lugar al día siguiente en Horlivka.

El vídeo de Horlivka muestra a un presento grupo de saboteadores extranjeros, puede que polacos, grabándose a sí mismos mientras tratan de hacer explotar un depósito de gas cloro ubicado en esta localidad del óblast de Donetsk. En la filmación, se ve cómo los combatientes son descubiertos y atacados por las fuerzas prorrusas, que habrían logrado neutralizarlos, frustrando el ataque y de paso haciéndose con el control de sus pertenencias, incluida la cinta con la grabación. La filmación fue difundida en la red social Telegram por perfiles afines al Kremlin, y acto seguido fue recogida por los medios de comunicación rusos TASS y Ria Novosti (Zitser & Corcoran, 2022). Ese mismo día, también circularon noticias sobre ataques contra la población civil en el Donbás, incluido un supuesto coche bomba en Donetsk contra el jefe de la policía local (prorruso), y otro segundo vehículo para demoler el puente de Samsonovka en Luhansk y bloquear la evacuación de civiles (Devlin, Horton & Robinson, 2022).

Imagen 1.Fotograma del vídeo mostrando presuntamente a un soldado extranjero siendo abatido por fuerzas prorrusas en Horlivka mientras trataba de sabotear el depósito de gas cloro de la localidad. 

La suma de todos estos supuestos atentados, junto con los bombardeos de artillería como el de Stanytsia Luhanska, crearon el contexto perfecto para que ese mismo día, el 18 de febrero, se difundiera un segundo vídeo mostrando a Denis Pushilin, líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, ordenando la evacuación de la población en la zona para ponerla a salvo de los ucranianos (ídem). El domingo 20 de febrero, el secretario de Estado de Estados Unidos confirmaba en una entrevista para la CNN que ésta era la clase de acciones sobre los que había estado advirtiendo: “Tal y como lo hemos descrito, parece que todas las acciones tendentes a una invasión están teniendo lugar (...). Él [Putin] está siguiendo el guion al pie de la letra” (Herb, 2022). Finalmente, el 24 de febrero, el jefe de Estado ruso anunciaba la invasión para poner fin a la posible matanza de civiles en el Donbás: “es necesario poner fin inmediatamente a esta pesadilla, el genocidio de los miles de personas que viven allí” (‘Full Text: Putin’s Declaration of War on Ukraine’, 2022).

3. ALERTA TEMPRANA: CONCEPTUALIZACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS

Como hemos visto, los meses de enero y febrero de 2022 presenciaron un esfuerzo comunicativo de Estados Unidos nunca visto hasta ahora para alertar a la sociedad de la inminencia de un ataque en el Donbás por parte de las fuerzas rusas y del que Ucrania u Occidente serían responsabilizados. Si tomamos la disuasión efectiva como parámetro de éxito, podemos decir que toda esta campaña mediática ha sido en vano: tanto los ataques de falsa bandera, como en general la invasión de Ucrania, se materializaron a pesar de todos los intentos por dejar a Rusia sin un casus belli que legitimara la guerra. Si tenemos en cuenta, en cambio, cómo ha respondido buena parte de la población a este intento de sensibilización, sí que podemos hablar de una estrategia exitosa. En lo que sigue, vamos a tratar de (1) conceptualizar y concretar cuáles han sido las novedades de este proceso de comunicación; y (2) proponer indicadores concretos para valorar su grado de efectividad.

Como primer paso, hemos considerado oportuno atribuirle un nombre a esta campaña de comunicación que ha protagonizado la Administración Biden para prevenir sobre las presuntas actividades maliciosas de Rusia en el Donbás. Una posibilidad sería hablar de “alerta temprana” o “alerta anticipatoria” contra la desinformación. Se trata de un término que aparece ligado especialmente a los desastres naturales, y que describe toda clase de acciones puestas a cabo para proteger a una determinada población de un riesgo que se presume como inminente en el corto o medio plazo. Esto incluiría, por ejemplo, la evacuación temprana de un núcleo de población, el refuerzo de viviendas, la distribución de kits de protección sanitaria, o la distribución de dinero en efectivo (FICR, 2022). En el contexto de la lucha contra la desinformación, sin embargo, designaría a toda clase de acciones tendentes a preparar a un grupo humano si se prevé que este vaya a ser víctima de campañas de desinformación por terceros actores. De nuevo, la clave estaría en la inminencia del peligro, pues de lo contrario estaríamos hablando de políticas estructurales y de largo plazo como puede ser la inversión en educación, ayudas a la prensa, la promoción de grupos de sociedad civil, etc.

Dicho de otra forma, lo que se pretendería aquí sería no tanto la creación de herramientas y mecanismos para que se combata la desinformación de forma generalizada, sino algo más cortoplacista, que pase por ofrecer los suficientes datos como para que una persona pueda rechazar o por lo menos poner en entredicho un mensaje falaz al que vaya a ser expuesto en un futuro cercano. En el contexto de la invasión de Ucrania y las falsas banderas de 2022, merece la pena citar el ya referido discurso del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, el 7 de febrero de 2022: “Creemos que el mejor antídoto contra la desinformación es la información (...). Queremos asegurar que, en la medida de lo posible, la población estadounidense y de todo el planeta comprende lo que nosotros [el gobierno de Estados Unidos] sabemos y lo que fundamente nuestra preocupación sobre la amenaza que Moscú representa” (Price, 2022b).

En tanto que la desinformación se puede dirigir a cualquier segmento de la población, también la alerta temprana se puede orientar a combatirla dependiendo del ámbito en el que opera. Dicho esto, es cierto que la propaganda, los bulos y las fake news no suelen focalizarse a expertos o profesionales de una determinada materia sino a audiencia generalista y que sea susceptible de ser manipulada. Una distinción útil (AEP, 2019) sería entre “broad disinformation campaigns”, que buscan erosionar a la sociedad en su conjunto, y las conocidas como “targeted disinformation campaigns”, por ejemplo, para lograr desmovilizar unas protestas convocadas por una determinada cuestión. En todo caso, la guerra de Ucrania de este año es un ejemplo realmente particular porque, aunque Washington y Moscú hayan priorizado sus respectivas audiencias domésticas, se trata de una auténtica competición a nivel global por asentar un relato sobre el conflicto y donde cada uno de ellos lleva aparejado una forma radicalmente distinta de entender el actual panorama política internacional.

Que la alerta temprana de Estados Unidos respecto a la invasión de Ucrania ha tenido como objetivo a la ciudadanía, estadounidense y de otros países, resulta evidente teniendo en cuenta los canales empleados. Como ya se ha señalado antes, entre enero y febrero se sucedieron varios comunicados cada semana, a veces varios en un mismo día, y que se dirigían a la población directamente a través de medios como la CBS o la CNN o indirectamente a través de ruedas de prensa que refinasen los datos ofrecidos en la forma de artículos y noticias de televisión y radio. No estamos, por lo tanto, ante reuniones a puerta cerrada entre diplomáticos o miembros de la comunidad de inteligencia o militar, ni tampoco ante eventos que se destinen exclusivamente al mundo académico, si bien todos los anteriores son compatibles con la alerta temprana y de hecho también se materializaron entre los meses de enero y febrero.

Además de la asiduidad de estas declaraciones dirigidas al público, llama la atención el hecho de que éstas involucraran a autoridades del más alto nivel, desde el secretario de Estado al propio presidente Joe Biden. El único antecedente cercano es el de las presuntas armas de destrucción masivas de Irak en el año 2003, las cuales nunca fueron encontradas; lo novedoso ahora es que, a diferencia de hace dos décadas, el gobierno estadounidense se ha movilizado no para construir un relato sino para desarticular otro de un rival geopolítico. Como señaló Blinken (2022b) en su conferencia en el edificio de Naciones Unidas en Nueva York: “Soy consciente de que algunos han cuestionado nuestra información, mencionando instancias anteriores en las que los datos de inteligencia no se acabaron materializando. Déjenme ser claro: hoy estoy aquí no para iniciar una guerra, sino para prevenir una. La información que he presentado aquí está validada por lo que hemos visto desarrollarse a simple vista delante de nuestros ojos durante meses”.

Quizá en relación con lo anterior, la campaña de alerta temprana de Estados Unidos fue acompañada de la publicación continuada de imágenes satelitales tomadas en las fronteras con Rusia y Bielorrusia, y en general de todo tipo de materiales destinados a respaldar las acusaciones de que Rusia tenía serias intenciones de atacar el país vecino, como por ejemplo el envío de bolsas de sangre para tratar a los posibles heridos (Stewart, 2022). Se llegó incluso a comunicar un porcentaje para dar a entender cómo de cerca estaba el ejército ruso de movilizar las suficientes tropas para una invasión, que para principios de febrero se encontraba ya al 70% (Starr, 2022). Como ya se ha señalado, lo único que se mantuvo en secreto fueron los detalles relativos a cómo se habían obtenido los datos más sensibles, como quién había informado a la inteligencia estadounidense de la presunta intención por parte de Rusia de hacer un vídeo con un falso ataque, y así poder garantizar la seguridad de sus informantes.

A raíz de todos estos avisos, en las semanas anteriores a la difusión del vídeo de Horlivka los medios de prensa occidentales ya habían publicado miles de artículos sobre la inminencia de un ataque simulado del que los ucranianos serían responsabilizados. Algunos, como La Razón en el caso de España (Aroche, 2022), publicaron también piezas divulgativas explicando qué son y cuándo se han producido ataques de falsa bandera en el pasado. Y, cuando finalmente el vídeo vio la luz, la prensa reaccionó con escepticismo: “Dumb and lazy’: the flawed films of Ukrainian ‘attacks’ made by Russia’s ‘fake factory’” (Harding, Roth & Walker, 2022), titulaba, por ejemplo, uno de sus artículos el periódico británico The Guardian el 21 de febrero.

En los días siguientes a la difusión del vídeo, algunos medios incluso entraron a analizar a fondo la veracidad de los materiales difundidos desde Rusia. Así, el grupo de periodismo de investigación holandés Bellingcat demostró después de analizar sus metadatos que el vídeo de Horlivka fue en realidad grabado el 8 de febrero (Gault, 2022), y que además el audio había sido añadido digitalmente a partir de otras filmaciones, como una grabación del ejército finlandés del año 2010. Además, siguiendo al estadounidense The Daily Beast (Vavra, 2022), se debe destacar que la instalación de gas cloro de Horlivka ya había sido señalada por el gobierno de Ucrania en el mes de enero como un posible escenario para una operación de falsa bandera. Respecto al vídeo de Pushilin ordenando la evacuación de los civiles de Donetsk, la CNN (Paton Walsh, 2022) fue capaz de probar que éste había sido en realidad filmado dos días antes de que la mayoría de éstos se produjeran, el 16 de febrero. El vídeo del presunto atentado planeado en Samsonovka, Luhansk, era todavía anterior, del año 2019 (Zitser & Corcoran, 2022). La prensa fue también capaz de desacreditar un vídeo reportaje del medio ruso TASS del 20 de febrero que mostraba un supuesto vehículo militar ucraniano destruido en territorio ruso después de una incursión fallida; el modelo transporte, un BTR-70M, ni siquiera era empleado por las fuerzas armadas de Ucrania Gault, 2022),

Dejando atrás a los periodistas y centrándonos directamente en la población, ésta tampoco pareció estar especialmente interesada en el vídeo de Horlivka, y ello a pesar de que durante esas semanas se estaba siguiendo con gran interés todo lo relativo a Rusia y Ucrania. Una búsqueda preliminar en Google arroja el resultado de más de 57 millones de entradas conteniendo los términos “Ukraine” y “False Flag” solo entre el 1 de enero de 2022 y el 24 de febrero de ese mismo año. Sin embargo, si tomamos como parámetro el término “Horlivka”, vemos que éste pasó de un índice de popularidad de 3 a 100 la semana del 27 de febrero, y de 100 a 18 la semana del 6 de marzo, situándose de nuevo en 0 para el mes de junio.

Imagen 2.Resultados de Google Trends para la búsqueda “Horlivka”. 

A grandes rasgos, el hecho de que la población de Europa y Norteamérica no haya aceptado estos intentos de responsabilizar a Ucrania del inicio del conflicto contribuye a que la mayoría de las encuestas de opinión arrojen un resultado claro en contra de la guerra. De acuerdo con el Pew Research Center (2022), el 75% de los estadounidenses apoya sancionar económicamente a Rusia, y el 71% está a favor de mandar material militar al ejército ucraniano. En lo que respecta a la UE, y según los datos del Eurobarómetro de abril, el 89% de los ciudadanos de la Unión declaran sentir simpatía por Ucrania, y el 93% cree que se le debería dar apoyo humanitario a las personas afectadas por la guerra. El 71% cree que Ucrania forma parte de la “familia europea” y el 66% cree que “Ucrania debería unirse a la UE en cuanto esté preparada”. Mención aparte merecen Finlandia y Suecia (PRIO, 2022), cuyas poblaciones han pasado de ver con escepticismo la integración a la OTAN a aprobarla de forma mayoritaria.

4. LA ALERTA TEMPRANA MÁS ALLÁ DE UCRANIA: PRINCIPALES VENTAJAS Y PUNTOS DÉBILES

Como se ha señalado, parece prudente concluir que los preavisos de Estados Unidos respecto al aparente ataque de falsa bandera en el Donbás tuvieron cierto éxito a la hora de influir en la reacción de la sociedad respecto al mismo. Corresponde ahora valorar, más allá de la guerra en Ucrania, los posibles beneficios y límites que este modelo de alerta temprana presenta.

El principal aspecto positivo que mencionar es que, esta solución, a diferencia de otras propuestas, como el de la censura de medios progubernamentales rusos como Sputnik o Russia Today (Kayali, 2022), toma como punto de partida la capacidad de discernimiento de la ciudadanía y no entra en potencial conflicto con derechos fundamentales como el de la libertad de expresión. En este sentido, la alerta temprana se puede enmarcar como parte un de proyecto mayor y a largo plazo destinado a mejorar la resiliencia ciudadana en materia de desinformación, esto es, la capacidad de la propia población de identificar y rechazar por su cuenta bulos, fake news y toda clase de contenidos maliciosos destinados a generar confusión entre la ciudadanía. Como ha señalado el International Press Institute (IPI, 2022), “el mejor modo de combatir la desinformación promovida por los Estados no es a través de prohibiciones o de la censura, sino creando medios profesionales y plurales con un periodismo fuerte e independiente que pueda contrarrestar los mensajes falsos y aislar a la ciudadanía de la propaganda, así como otros programas para formar en alfabetización mediática”. En un plano más práctico, evitar la censura de medios extranjeros no es sólo el menos lesivo de derechos, sino que además impide que éstos puedan verse legitimados en una narrativa en la que Washington y los gobiernos europeos podrían ser acusados de impedir a sus ciudadanos informarse libremente en temas de política internacional. Además, es necesario señalar que incluso en países tan herméticos como China la información, sea verídica o maliciosa, siempre encuentra formas de evitar la censura y llegar a la ciudadanía, por lo que cabría preguntarse si realmente existe la opción de blindar totalmente a la población occidental de la propaganda de terceros países como Rusia.

Como límite, la estrategia de alerta temprana necesita para ser implementada, además de un sólido aparato de inteligencia capaz de predecir y dar a conocer actos de desinformación antes de que éstos hayan tenido lugar, de dos grandes prerrequisitos. Por un lado, los gobiernos deben desarrollar sus propios canales para dirigirse y sensibilizar a la ciudadanía, por ejemplo, a través de discursos institucionales o de contenido en redes sociales. Además, es necesario que las iniciativas nacionales estén coordinadas a nivel internacional, y es que, si la desinformación no entiende de fronteras, tampoco las herramientas destinadas a combatirla deben de estar circunscritas a un ámbito geográfico determinado. Por otro lado, los gobiernos deben promover un periodismo profesional e independiente, de forma que el mismo sea capaz de recoger todas estas predicciones y no limitarse a transmitirlas sino a compartirlas después de haberlas sometido a un auténtico escrutinio y añadiendo toda clase de explicaciones o matices que puedan resultar pertinentes. En esta línea, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, redactada por el Consejo de Seguridad Nacional en España y aprobada por Real Decreto 1150/2021, señala que: “la colaboración público-privada, especialmente con los medios de comunicación y proveedores de redes sociales, y la sensibilización de la ciudadanía son aspectos clave a la hora de detectar y hacer frente a las campañas de desinformación”.

Sin duda, el papel de los medios de comunicación es vital a la hora de combatir la desinformación. En los últimos años, sin embargo, hemos asistido a un grave deterioro de la confianza por parte del público en el periodismo tradicional, que en ocasiones se ha visto sustituido por fuentes alternativas, como representan Facebook o Twitter. Para recuperar su prestigio, los medios deben volver a mostrar la capacidad de generar un periodismo atractivo y que sea de calidad, evitando la tentación de monetizar, gracias a la publicidad, contenido dudoso o de poco valor, algo que comúnmente se ha denominado click-bait. Una propueste interesante sería que la prensa incorporara modelos como los de las organizaciones sin ánimo de lucro Politifact o Factcheck.org, que analizan los discursos de diferentes representantes públicos y referentes del mundo privado y escriben piezas detallando la veracidad, o no, de sus manifestaciones.

Como otra de sus limitaciones, es necesario ser conscientes de que la alerta temprana se caracteriza por un enfoque limitado, esto es, prevenir con antelación a la ciudadanía de una campaña de desinformación concreta e inminente para que pueda ser rechazada o puesta en entredicho, como hemos visto este 2022. Pero, por sí solo, ésto no sería suficiente para esclarecer cuestiones estructurales de economía, sociología o historia contemporánea más complejas, o en general ideas y nociones ya arraigadas. Así, una campaña mediática de este estilo no serviría para aclarar las causas del actual conflicto entre Rusia y Ucrania, que se remonta a 2014 pero que puede retrotraerse a la época soviética o incluso a siglos atrás, y que además involucra a cientos de actores y eventos relevantes necesarios para comprender la situación presente. Relacionado con el párrafo anterior, se presenta como un desafío especialmente difícil recuperar la confianza de un porcentaje relevante de la población europea y norteamericana que ha perdido la confianza en la prensa, televisión y radio convencionales y que va a seguir recibiendo con escepticismo todo lo que se le presente en el corto plazo hasta que no se le ofrezca un marco general coherente y consistente sobre la realidad política internacional. En todo caso, es necesario admitir que siempre va a existir cierto grado de disenso en sociedades democráticas maduras como la nuestra, también en cuestiones de política internacional, y que esta pluralidad de opiniones no sólo es inevitable sino también deseable, al menos en lo que no ataña a hechos manifiestamente falsos.