Resumo

En el presente artículo se trata de explorar, sobre la base de instituciones jurídicas previas, las posibilidades de que el Ministerio Fiscal pueda intensificar su rol de interlocutor con las Cortes Generales cuando en un proceso penal concurra prueba de inteligencia, de modo tal que se ponderen con mayor precisión los bienes jurídicos protegidos, buscando un mejor equilibrio entre las garant´ías de la persona encartada y el secreto de Estado.