SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN

El fenómeno de la manipulación informativa no es nuevo. Incluso podría decirse que se origina en el nacimiento de las propias sociedades humanas. Sin embargo, es en el siglo XX cuando adquiere una naturaleza más precisa e intensa, en parte en estrecho vínculo con la propaganda, tanto política como militar y empresarial.

Ahora, en el siglo XXI, esta manipulación informativa encuentra un contexto distinto que favorece su promoción e intensificación, ligado estrechamente con el progreso tecnológico. Un salto, incluso, cualitativo. El mundo digital ofrece herramientas y alternativas diversas para esta manipulación, lo que genera una particularidades y consecuencias diferentes a las del pasado. Como asevera Torres Soriano, “las nuevas tecnologías de la información nos han hecho más vulnerables frente a la mentira” (Torres Soriano, 2019, IX). Es más, las tecnologías disruptivas que vienen intensificarán esta problemática abriendo un futuro incierto sobre nuestra forma de convivencia, sobre todo por las capacidades desinformadoras que proporcionará la inteligencia artificial. Sus negativas repercusiones afectan a predios diferentes, aunque tal vez lo más relevante sea el problema democrático y de seguridad que se plantea, tal y como veremos en el punto 3 de este trabajo.

Así las cosas, es necesario que reanalicemos estas cuestiones en el nuevo marco abierto en la actualidad para buscar respuestas que sean eficaces en el desarrollo de una sociedad democráticamente avanzada. Un propósito que, sin duda, es difícil habida cuenta los múltiples intereses que ponen obstáculos en este camino. La sociedad del control crece con singular intensidad, y para ello la desinformación puede ser una fiel aliada, incluso para los que se consideran verdaderos demócratas. También lo políticamente correcto boga a favor del viento de la manipulación informativa, por lo que estos fenómenos no sólo se residencian en países autoritarios, sino que se hallan igualmente en el orbe democrático, cuya calidad se resquebraja por esta razón.

De todos modos, en el presente trabajo sólo examinamos parte de esta abigarrada problemática pues no queremos excedernos en su tamaño ni abarcar demasiados aspectos que, a la postre, dificultarían su sentido y comprensión. La manipulación informativa se refiere a múltiples ámbitos, soportes y motivaciones, pero quizá sea en las redes sociales donde adquiere mayor significación, por lo que es procedente centrarnos en ellas.

2. LA DIFÍCIL DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

El siguiente punto en nuestro hilo argumental es la propia delimitación conceptual de las categorías de referencia, aunque en todo caso lo hacemos con brevedad para no recargar este capítulo. Como es sabido, en las ciencias sociales y jurídicas muchas veces son los estudiosos los que ofrecen los conceptos, lo que puede generar cierta inseguridad científica. Es cierto que también en el mundo jurídico es habitual la interpretación auténtica, es decir, que sea la propia norma la que dé las correspondientes definiciones. Incluso, ello ya forma parte de una correcta técnica legislativa. Sin embargo, esto no sucede en categorías no juridificadas, ni tampoco obsta a los autores que sigan ofreciendo sus propios conceptos.

Esto es lo que acontece en lo que ahora nos interesa. A pesar de que resulta de vital importancia efectuar una adecuada delimitación para adoptar las correspondientes respuestas en la presente temática, todavía debemos avanzar a nivel conceptual. Si no logramos delimitar con mayor precisión estas categorías hipotecaremos el resultado final. En algo de tanta trascendencia, que afecta a cualquier sistema democrático, no nos lo podemos permitir. Aportamos ahora nuestra pequeña contribución a ello.

De esta forma, consideramos que debemos usar entendimientos amplios en esta sede, pero con la suficiente densidad como para no confundir unas categorías con otras. En este sentido, la manipulación informativa es la genérica situación en la que se altera la información transmitida en el proceso comunicativo. Los elementos iniciales del mensaje que se transmite son objeto de una tergiversación, distorsionándose al servicio de ciertos intereses. Esta alteración del relato primero es consciente y después, en la propagación de la versión modificada, quizá de manera inconsciente por parte de los terceros a los que le llega esa información. Las redes sociales permiten con suma facilidad que el receptor reenvíe el mensaje recibido.

La noticia falsa o fake new pretende tener un sentido objetivo y negativo: la notica que es contraria a la verdad, elaborada desde tal planteamiento falsario. Intenta reflejar una valoración de contraste con el parámetro que ofrece la realidad verdadera, por lo que se conecta con la mentira y el bulo, cuyo significado oficial precisamente es “noticia falsa propalada con un fin” (RAE)1. Este tipo de noticia puede presentar varias formas, como centrada en la imagen antes que en el texto. Surgen así las deepfakes, que crean imágenes falsas (vídeos, lo que incluye también alteraciones del audio, o estáticas), bien a partir de unas preexistentes o creándolas con inteligencia artificial. Para este fin ya existen algoritmos específicos. Como es sabido, el uso de imágenes es uno de los grandes reclamos de las redes, hasta el punto de que algunas sólo tienen sentido con ellas (como Instagram o Youtube).

En cambio, la noticia basura o junk new es la propaganda extrema o conspiranoica, que por lo tanto reduce la deliberación pública y satura en cierto sentido el debate.

A su vez, la desinformación es la situación final del proceso comunicativo que falsea el mensaje con relación a los datos veraces. La RAE concibe el verbo desinformar como “dar información intencionalmente manipulada al servicio de ciertos fines”. De esta forma, la desinformación puede ser uno de los efectos habituales de la susodicha manipulación informativa que determina la imposibilidad del conocimiento fundado de los distintos sucesos, que en ocasiones serán relevantes en la conformación de la opinión pública democrática. Como se ve, la desinformación no significa necesariamente la existencia previa de noticias falsas ya que ese negativo resultado final puede conseguirse de otras formas, como reinterpretando o seleccionando ciertos elementos al tiempo que se omiten otros. Este concepto ha sido tratado de forma muy diversa, también imprecisa, lo que desde luego no ayuda a su análisis científico.

La infoxicación puede entenderse como un proceso, pero también como un resultado. En virtud del primero es un conjunto de actuaciones que tratan de sembrar desconcierto desde la manipulación informativa, tergiversación del relato, saturación de lo contado y ciertos elementos de confusión para oscurecer el mensaje. Y como resultado sería la situación en la que se encuentra la ciudadanía cuando la información que maneja está alterada y resulta confusa, lo que le perjudica, obviamente, en términos democráticos.

La información errónea o misinformation es la que no se ajusta a los datos reales de partida. Por lo general conlleva el sentido de falta de diligencia o equivocación, y no el dolo de la tergiversación intencionada propio de la fake new. Por lo tanto, aunque sea falsa no ha sido creada con intenciones negativas.

A su vez, la postverdad es una categoría más lábil que para nosotros supone la reinterpretación de la realidad, lo que da lugar a que el relato final difiera del inicial. Esta situación también pude generar desinformación. En cambio, en su origen en los años 90 del pasado siglo se refería a determinado estado de opinión entre la ciudadanía y la clase política tras la superación, tergiversada, de ciertos acontecimientos. Así las cosas, el dramaturgo Steve Tesich emplea por primera vez la expresión en 1992 para describir los sucesos del Watergate y de la Guerra del Golfo. Argumentaba que la sociedad estadounidense asumía de forma consciente la decisión de vivir en esa postverdad, protegiendo de esta manera su autoestima (Tesich, 1992, 12-14)2. Más tarde, el Oxford Dictionaries designó a post-truth como palabra del año 2016. Ahí se define este término como “circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief” ("circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que las apelaciones a la emoción y la creencia personal").

La propaganda es una actividad que trata de influir en las personas para conseguir adeptos. La clave habitualmente será la persuasión, de forma que la razón se sustituya por la emotividad. Cuando intenta promover la venta de bienes y servicios entonces se califica de publicidad. Quizá lo más relevante ahora sea recordar que la propaganda puede ser de varios tipos: “blanca”, con fuentes fiables y claras; “gris”, con contenido poco verificable y fuentes dudosas; y “negra”, fuentes falsas y contenido engañoso o un simple bulo. Para anular los efectos de la propaganda se han diseñado servicios que reciben el nombre de contrapropaganda.

Igualmente, existen otras situaciones que no debemos valorar negativamente por no afectar a los valores democráticos de la comunicación. Nos referimos, por ejemplo, a la sátira, que busca censurar o ridiculizar algo o a alguien con un discurso (como dice la RAE) agudo, picante o mordaz. Es cierto que puede suponer una mezcla de entretenimiento e información (a menudo política), y que influye en las percepciones de los destinatarios modulando su interpretación de los acontecimientos, pero en modo alguno debe entenderse de forma negativa al estar claramente protegida por la libertad de expresión.

En todo caso, estas categorías son en el fondo difíciles de precisar. En efecto, existen diversos tipos de “verdad” o “realidad”, lo que da lugar a que el necesario parámetro para analizar si una información es correcta o no es algo mucho más relativo de lo que a veces se piensa, incluso se mueve por zonas grises. De esta forma, tenemos la realidad o verdad real, la conocida, la publicada y la interpretada, además de la realidad excluida y de la inventada por errores o falsedades. Por lo tanto, un tema denso, con múltiples alternativas. Producir una noticia o cierta información implica crear una actualidad en cierto sentido para que el destinatario la conozca, lo que implica la reconstrucción de la realidad de la que parte. Para ello se incluyen y excluyen datos, y se jerarquiza lo conocido. En los medios de comunicación profesionales estas cuestiones están estudiadas y se someten a reglas propias y a aspectos deontológicos, aunque ello a veces no asegura un resultad final satisfactorio ni veraz. En todo caso, como apunta Túñez, “nuestro referente de la realidad es la suma de la experiencia personal y las referencias mediáticas sobre acontecimientos que están fuera de esa experiencia” (Túñez, 1999, 19-20). Este autor también indica que la realidad publicada o mediática no coincide con la real ni con la conocida (Túñez, 1999, 23). Ahora, con las noticias que se producen y se mueven por múltiples lugares al margen de los medios, como a través de redes sociales, toda esta situación es mucho más confusa y compleja.

En fin, la diversidad de conceptos sucintamente expuesta mezcla distintos matices e incluye sentidos más subjetivos y otros que persiguen ser objetivos, aunque creemos que todavía está pendiente de mayores concreciones en el futuro inmediato. La juridificación de algunos de ellos también comportará que en el Derecho comparado encontraremos ulteriores ejemplos en ese futuro que viene. Ahora sólo hemos pretendido una aproximación que nos exigirá adiciones en un futuro inmediato3.

3. PROBLEMAS DE SEGURIDAD Y DE DEMOCRACIA

Antes indicábamos la relevante problemática que genera la manipulación informativa, lo que afecta a varios ámbitos. Quizá los dos más importantes son la seguridad y la democracia.

Estamos ante un agudo problema de seguridad por varias razones. En primer lugar, porque el falseamiento informativo impide a la opinión pública conocer la realidad de los acontecimientos. Entonces, las repuestas que se adopten pueden no ser las más adecuadas. En este orden de cosas también se ven afectados los propios decisores públicos, que no manejan datos correctos para la adopción de decisiones y para la elaboración de las estrategias de seguridad. Asimismo, se incide en la percepción de la (in)seguridad de la ciudadanía, lo que puede alterar las relaciones entre la seguridad verdaderamente necesitada y la percibida, lo que traería como posible consecuencia una desproporción en las reacciones securitarias ante las amenazas. De este modo, se puede formar un cóctel explosivo para los intereses nacionales en el marco del complejo panorama estratégico de la actualidad, plagado de conflictos asimétricos, zonas grises y “guerras” híbridas.

Sin duda, los conflictos híbridos que se producen en los actuales entornos geoestratégicos echan mano de la desinformación como una de sus acciones básicas, con lo que se abre un nuevo espacio de conflicto con unos rasgos bien diferentes a los conflictos armados tradicionales. Incluso, la propaganda que viene de atrás adquiere una nueva dimensión en los conflictos cognitivos y psicológicos tan intensos en nuestra época. Como apunta Pizarroso, “el manejo de la información se convierte en un arma poderosísima” (Pizarroso, 2005, 44). Si se logra influir en las emociones, se pueden cambiar creencias y alterar el pensamiento lógico.

En Europa son múltiples los documentos que podríamos citar en este momento. Para no dilatarnos nos centramos a título de ejemplo en España. En este sentido, la Estrategia de Seguridad Nacional española de 2021 recoge de manera expresa la desinformación como uno de los 16 riesgos que contempla para la seguridad de nuestro país. La preocupación ya existía, pero no se mostraba de forma tan nítida. En el citado documento de 2021 se conectan las campañas de desinformación con el ámbito cognitivo, que es un “espacio más en el que ejercer influencia, que se suma a los tradicionales ámbitos físicos: terrestre, marítimo y aéreo”. Asimismo, como elementos de tales campañas se destacan “la voluntad de generar confusión y socavar la cohesión social; el uso coordinado de distintos medios para la creación y difusión de contenidos dirigidos a audiencias amplias; y la intención maliciosa con fines de desprestigio o influencia sobre el objetivo del ataque”. Por todo ello, esta Estrategia de Seguridad Nacional considera que las campañas de desinformación “suponen una grave amenaza para los procesos electorales”. En fin, también se destacan, por su potencial peligrosidad, “las estrategias de desinformación de actores extranjeros, tanto estatales como no estales, que desarrollan aparatos de propaganda con la intención de polarizar a la sociedad y minar su confianza en las instituciones”4.

A su vez, en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, también documento español de 2019, se puede leer lo siguiente: “Además de las acciones para causar efectos en los sistemas digitales, se debe tener en cuenta la concepción del ciberespacio como un vector de comunicación estratégica, qué puede ser utilizado para influir en la opinión pública y en la forma de pensar de las personas a través de la manipulación de la información, las campañas de desinformación o las acciones de carácter híbrido. Su potencial aplicación en situaciones muy diversas, donde se incluyen los procesos electorales, generó un elevado grado de complejidad” (p. 15). Acierta también esta Estrategia al aludir a que las campañas de desinformación tienen un “alto potencial desestabilizador en la sociedad” (p. 27). Las campañas de desinformación hacen uso de elementos como las noticias falsas para influir en la opinión pública. Entonces, “Internet y las redes sociales amplifican el efecto y alcance de la información transmitida, con potencial aplicación en contra de objetivos como por ejemplo organizaciones internacionales, Estados, iniciativas políticas, sus personajes públicos e incluso procesos electorales democráticos” (ibidem). En la línea de acción 7 que prevé esta Estrategia (“Desarrollar una cultura de ciberseguridad”) se contempla como la quinta medida “Promover un espíritu crítico en favor de una información veraz y de calidad y que contribuya a la identificación de las noticias falsas y la desinformación” (p. 56). De forma coherente con esta línea en España se aprobó en 2020 un “Procedimiento de actuación contra la desinformación”, que comentamos más abajo.

La OTAN presta mucha atención a la desinformación desde este punto de vista de la seguridad, sobre todo a través de su Centro de Excelencia de Comunicaciones Estratégicas (StratCom COE), donde se pueden ver distintos informes y actuaciones, en gran parte referidos al peligro que viene de Rusia5. Este Centro es una organización militar internacional con sede en Riga (Letonia) y acreditada por la OTAN, aunque no forma parte de la Estructura de Mando de la OTAN. Con ella se intenta mejorar las comunicaciones estratégicas de la Alianza y de sus socios, considerando que cada vez es más importante que dicha Alianza se comunique de forma apropiada, oportuna, precisa y receptiva (o como se lee en su web en inglés: “appropriate, timely, accurate and responsive”). Estas comunicaciones estratégicas en la OTAN se producen en 5 ámbitos: “Public Diplomacy” (comunicaciones civiles), “Public Affairs” (información a los medios), “Military Public Affairs” (comunicar los objetivos militares), “Information Operations” y “Psychological Operations”.

No cabe duda de que los aspectos geopolíticos se revelan como claves para entender los fenómenos de manipulación informativa, muchos de los cuales son producto de actuaciones de terceros Estados que tratan de desestabilizar a sus enemigos o contrarios6. Desde hace un siglo la desinformación se desarrolla como una “guerra” política, sobre todo en las dinámicas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, de la mano de potentes y organizados servicios de espionaje. Por ello Thomas Rid habla de “un siglo de desinformación” en una obra que estudia el tema (Rid, 2020)7. Ahora el nuevo orden evolucionado desde el fin de la Guerra Fría y el salto tecnológico ofrecen una situación diferente. En el actual orden mundial unimultipolar, en el que se desarrolla un panorama geoestratégico muy diferente al de antaño, los distintos actores acuden con insistencia a estrategias y tácticas de desestabilización que beben de la manipulación informativa. Estas acciones resultan esenciales en los denominados conflictos híbridos. Así se logran réditos en esa lógica geopolítica y se tratan de fortalecer tales actores ante la volatilidad de las situaciones. De igual forma, hay que tener presente la asimetría que existe en este ámbito entre los distintos actores, por lo que acudir a la desinformación puede compensar en parte la diferencia entre la potencia armada.

Por lo dicho, ya vemos con nitidez la negativa afectación de la democracia. Un problema de primera magnitud pues con desinformación la opinión pública no podrá formarse adecuadamente, con lo que se oscurece la idea del elector racional que busca el interés general. La racionalidad del proceso de toma de decisiones está en buena medida sustentada en la calidad de los datos e informaciones que sirven de referencia para el mismo. Por lo que la manipulación informativa altera todo este planteamiento. Las premisas falsas y alteradas dan lugar a decisiones incorrectas. Es más, la infoxicación impulsa la radicalización ideológica, lo que deteriora de forma palmaria la convivencia democrática. El problema se agrava cuando se mezcla la opinión con la información objetiva, se hace primar aquella y se ofrece una redacción que da pie a la confusión entre una y otra. Así ambas se conectan en similares términos de validez, lo que resulta ilógico.

Realmente estamos ante una nueva opinión pública, con métodos diferentes a los de antaño para su conformación, inundada por medias verdades propias de las realidades confusas e híbridas que nos rodean. El lenguaje se vuelve impreciso y manipulador. Así, como sostiene Leticia Rodriguez, se ha desarrollado una neolengua con “eufemismos y trampas dialécticas que minimizan el impacto del verdadero significado que encierra el lenguaje”, una neolengua que “nos permite reducir las connotaciones de algunos términos, escondiendo como objetivo final la verdad de las acciones” (Rodríguez, Fernández, 2021, 16). Todo esto alimenta el populismo, pero también el desinterés y la desidia de la ciudadanía.

Son conocidas las acciones de desinformación que han afecto a distintos procesos electorales, lo cual muestra cómo se incide en los elementos nucleares de la democracia representativa, lo que incluso favorece la desafección ciudadana con relación a los poderes públicos. El sistema constitucional se desprestigia a través de engaños, filtraciones y opiniones tergiversadas, que menguan su reputación incrementando la percepción de crisis sobre él. Estas actuaciones sobre las elecciones buscan establecer perfiles psicológicos de votantes para remitirles los mensajes de campaña adaptados a sus preferencias. Los “me gusta” en redes sociales permiten a las técnicas del big data recolectar esas opciones y construir los susodichos perfiles. Hoy en día estos procesos resultan relativamente sencillos de implementar.

En este orden de cosas, como hemos dicho supra, en España se aprobó un “Procedimiento de actuación contra la desinformación”, no exento de polémicas en los medios por el trasfondo político que adquirió al entender que podía limitarse el discurso político8. Este procedimiento, ligado a la preocupación por la seguridad sanitaria durante la pandemia, se recoge en la Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre9, en donde se indica que “los procesos de participación democrática se ven cada vez más amenazados por la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios”. De esta forma, se considera que el “rápido progreso del entorno digital, el uso intensivo de los medios digitales” y la complejidad de esta temática, resulta imprescindible establecer “medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación a nivel global y particularmente para España”. El Procedimiento establece 4 niveles diferentes de activación que sirven tanto para “detección de campañas de desinformación en su análisis ante unos posibles impactos en la seguridad nacional, como para el apoyo en la gestión de situaciones de crisis donde pudiera haber una afectación derivada de dichas campañas”. El nivel 1 se refiere a actuaciones a nivel técnico, para detectar, realizar la alerta temprana y notificar. El nivel 2 recae sobre la coordinación, sincronización y priorización de los esfuerzos en la lucha contra la desinformación. En el nivel 3, por su parte, se adoptan decisiones y marcan objetivos político-estratégicos. Y el nivel 4 es el nivel de la gestión política en el marco del sistema de seguridad nacional.

En el ámbito de la Unión Europea, la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) estableció en 2018 un Plan de Acción para la lucha contra la desinformación, cuyos objetivos principales eran el desarrollo de capacidades en el seno de la Unión, y el fortalecimiento de la cooperación entre sus Estados miembros. Además, incluyó un paquete de medidas destinado a hacer frente a la desinformación durante los procesos electorales europeos que se celebraron en los Estados Miembros en 2019. En la implementación de este Plan de 2018 se han abordado estrategias, mecanismos y herramientas para hacer frente a la desinformación. Entre ellas, el mecanismo de Alerta Rápida de la Unión Europea (RAS, por sus siglas en inglés). Además, hay otras iniciativas diversas, en las que ahora no podemos pararnos10, aunque sí comentamos una cuestión ulterior de la propuesta actual que se está tramitando. En efecto, se encuentra en tramitación una relevante Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE. En la exposición de motivos de esta propuesta se señala que “las disposiciones del presente Reglamento en materia de códigos de conducta podrían servir de base para adoptar un Código de práctica sobre desinformación revisado y reforzado, a partir de las orientaciones de la Comisión, con el que se complementarían”. Y en el considerando 69 se indica que “la Comisión publicará orientaciones para reforzar el Código de buenas prácticas en materia de desinformación, como se anunció en el Plan de Acción para la Democracia Europea”.

4. ¿Y QUÉ SUCEDE CON LAS REDES SOCIALES?

4.1. UN ERRÓNEO ENTENDIMIENTO DE ESTAS REDES

Los procesos de manipulación y desinformación se producen en varios soportes y en distintos lugares. Tal vez las redes sociales constituyen hoy en día el lugar más importante para ello. Esto se explica por las mismas características de dichas redes. Su amplia penetración a nivel mundial las convierte en un vehículo de sumo interés para estos procesos, al menos desde el punto de vista cuantitativo. Además, la facilidad de actuar en ellas bajo anonimato o de crear cuentas que funcionen por medio de bots son otros poderosos alicientes para la manipulación. La responsabilidad, así, se oculta o no resulta posible exigirla. Los citados bots quizá sean los más representativos del nuevo escenario: software que se emplea para realizar tareas repetitivas y automatizadas, que mal usado sirve para difundir por las redes sociales contenidos manipulados de todo tipo11.

Sin duda las redes sociales son un ejemplo palmario de todos los cambios acaecidos de la mano del progreso tecnológico. El mundo digital permite la difusión masiva e inmediata de la información, lo que también incluye contenidos manipulados. Esa tecnología posibilita que los usuarios adopten una posición multidireccional al no limitarse a su rol de receptores de la comunicación, sino que también puede convertirse en emisor y creador de ella. Aparece la interacción multidireccional en la que “el usuario lleva el control y escoge entre las múltiples ofertas que encuentra en la red” (Fernández Rodríguez, 2004, 56). Así, la diferencia que se suele establecer entre comunicar y recibir información exige un replanteamiento. El receptor tiene capacidad para reconfigurar el mensaje, lo que le adueña de la información sobre un esquema interactivo. Se trata de un cambio de paradigma que las tecnologías disruptivas enfatizarán, determinando la forma en la que la ciudadanía se relaciona, participa en la sociedad y el Estado, y desarrolla sus pensamientos y posicionamientos ideológicos. Todo ello cambia la lógica que conocíamos de diseminación de la información.

Pero todavía hay más e importantes razones que explican que Internet haya impulsado las operaciones de desinformación. Siguiendo a Torres Soriano podemos traer a colación, en parte ya comentado por nosotros, la disminución de coste en términos de tiempo, dinero y esfuerzo; la erosión de los medios de comunicación como mecanismos de autentificación; la alineación de intereses entre las grandes redes sociales y los manipuladores; y la Red como la base de las innovaciones en propaganda digital. Una “tormenta perfecta” que amenaza con socavar algunos de los pilares que sustentas a las sociedades abiertas y democráticas (Torres Soriano, 2019, XVI).

De este modo las redes sociales han logrado una enorme capacidad de transmisión e interconexión de la información, inimaginable en el pasado. Incluso, puede decirse que se han convertido en el canal predominante de acceso a la información, por encima de la televisión y los periódicos. Este proceso muestra tanto fortalezas como debilidades, o sea, elementos positivos y también negativos. No debe extrañarnos, pues la tecnología muestra asiduamente elementos contradictorios. De esta forma, las redes sociales mejoran el control ciudadano respecto al poder público y maximizan las posibilidades de participación de las personas. Pero, al mismo tiempo, son vehículo cotidiano para injerencias en los derechos y libertades, como el honor, la intimidad o la propia imagen, además de servir, como hemos dicho, para la manipulación informativa. El problema se agudiza porque habitualmente el ciudadano medio no posee la formación para poder filtrar, desde los valores democráticos, los contenidos que recibe. La ausencia de espíritu crítico coadyuva a esta situación, que a veces el propio poder no tiene demasiado interés en revertir habida cuenta su preferencia por una ciudadanía menos reivindicativa y más sumisa.

Así las cosas, las redes son objeto de un entendimiento erróneo: se piensa en sus amplias bondades, cuando en realidad esconden disfunciones en su dimensión práctica. Las redes sociales simbolizan para muchos la utopía de una comunicación verdaderamente global. Así, apunta Leticia Rodríguez, estas redes “generalizaron la percepción de que la comunicación se había democratizado por su carácter gratuito y universal, ofreciendo un altavoz realmente útil para la consecución de causas, dando acceso además a la inmediatez del relato en directo”. Este flujo de información, prosigue, “también abrió otros canales para las campañas de desinformación y propaganda (…) una trampa para la cual la sociedad no estaba preparada” (Rodríguez Fernández, 2021, 18). Incluso, sostiene que “con el desarrollo de las redes sociales los contenidos falsos se transformaron en ecosistemas más organizados” (Rodríguez Fernández, 2021, 47). En las redes opera con habitualidad la “espiral del silencio”, idea propuesta hace décadas por Noelle-Neumann en virtud de la cual los individuos, para no sentirse aislados, tienden a no expresar su verdadera opinión cuando es contraria a la de la mayoría, para lo cual se sondea previamente el clima de opinión12. Ello intensifica la relevancia de lo políticamente correcto, lo que, en nuestra opinión, recude el pluralismo. Igualmente, en las redes nos topamos con otro fenómeno conocido como las “cámaras eco”, es decir, una situación en la que las personas selección sólo aquello afín a su ideología, por lo que muchos usuarios permanecen en tales burbujas, algo que, por otra parte, es muy proclive a la manipulación y a la polarización. Realmente la diversidad de las opiniones en las redes no es tan amplia como podría pensarse por mor de los filtrados fácticos y técnicos que se producen, en lo que también tienen que ver las capacidades de los algoritmos con tales fines. Nikolov et alii ya han apuntado que la tecnología sesga nuestra exposición a nueva información, precisamente investigando sobre las citadas burbujas sociales (Nikolov et alii, 2015). Sin duda, el elemento tecnológico es de primer nivel para explicarnos el crecimiento de la manipulación informativa. En este orden de cosas, las propias configuraciones de las redes ayudan a ello. Por ejemplo, la plataforma de publicidad online de Facebook (Facebook Ads) permite segmentar la audiencia de forma relevante, con lo que se posibilita llegar a los perfiles más vinculados con un tema. De este modo, los bulos y engaños se dirigen a los usuarios que teóricamente más interesados pueden estar en su objeto.

Las técnicas para manipular y desinformar ya están asentadas, lo cual, si lo reflexionamos tranquilamente, causa cierta perplejidad. Entre la distinta literatura sobre el particular, ahora escogemos a Schmitd y Betsch, que sintetizan cinco técnicas básicas de los negacionistas científicos: acudir a falsos expertos, aludir a conspiraciones, exigir cosas imposibles, emplear falsos dilemas (dos puntos de vista como las únicas alternativas posibles), y seleccionar de manera interesada los datos (Cherry-picking o recolección de cerezas) (Schmitd, Betsch, 2019). La pandemia del COVID-19 ha intensificado las teorías conspirativas en las redes con un sorprendente y pujante movimiento antivacunas, que ya venía de atrás (Santillán, Rosell, 2018). La Comisión Europea se ha esforzado para contrarrestar este movimiento13, al igual que parte de la doctrina (Tuñón, Bourza, 2021).

Por su parte, Badillo ha propuesto un modelo de la desinformación, que reproducimos a continuación pues expone bien las distintas dimensiones que habría que considerar (Badillo, 2019):

 

También se han estudiado las tácticas de los bots, lo que de nuevo se conecta a la manipulación de las redes sociales. Leticia Rodríguez recoge varios trabajos en este sentido. Así se indican como tácticas más comunes los comentarios en redes sociales; el etiquetado individual; el patrocinio de cuentas, páginas web y aplicaciones propias (por ejemplo, en el Gobierno de Israel); el uso de cuentas falsas y propaganda computacional (astroturfing); o la creación de contenido para difundir los mensajes políticos (a través de posts en blogs, vídeos de Youtube, historias falsas, imágenes o memes) (Rodríguez Fernández, 2021, 77-79). Asimismo, es una realidad indubitados las agrupaciones de bots para crear granjas de trolls, ejércitos digitales para opinar, influir, desinformar y participar las conversaciones de la opinión pública. En Rusia y en China se encuentra extendidas tales granjas, aunque en otros muchos lugares la desinformación se ha profesionalizado (la empresa Cambridge Analytica es de sobre conocida).

Este mal uso de las extendidas redes sociales mengua la calidad de la convivencia y, por ende, del propio sistema democrático. Incluso, aparece una crisis de confianza en las instituciones que se suma a la desafección ciudadana que recibimos tiempo atrás por mor de la crisis de la democracia representativa. De esta forma se alimentan posturas radicales, intolerantes e intransigentes, aderezadas con la desinformación y la intoxicación informativa. Incluso, los fenómenos de manipulación, en ocasiones, se disfrazan de avance social y progreso, lo que ayuda al engaño que buscan filtrando la verdadera intención de adoctrinamiento, populismo y radicalización.

4.2. EJEMPLOS DEL MAL USO

Aunque este es un trabajo sobre todo jurídico-político teórico, vemos oportuno dar a continuación ejemplos de esta situación preocupante para que quede bien claro que el argumentario que seguimos no se circunscribe a un plano abstracto. Asimismo, hay que tener presente que son varias las entidades y medios que alertan de la difusión de noticias falsas con la intención de contrarrestarlas.

En este orden de cosas podemos citar el informe de la organización Avaaz sobre las redes de desinformación de Facebook14. Dicho informe se centra en varios países europeos y en la incidencia de las campañas de extrema derecha en Facebook. También se destacan las maniobras más habituales: usar cuentas falsas y duplicadas, aparición de artículos en medios intranscendentes, reciclaje de seguidores, y creación de páginas cebo.

Por su parte, BuzzFeed News publica múltiples fake news con el objeto de denunciarlas. Incluso, recoge anualmente las fake news más compartidas en Facebook en Estados Unidos15. Por ejemplo, las 5 más difundidas en 2018:

 

Asimismo, la organización denominada AfpFactual recoge en la web y en distintas redes noticias falsas o sospechosas con el objeto de denunciarlas y alertar a la opinión pública16. Su ámbito de actuación radica en Hispanoamérica. Un ejemplo es el siguiente, referido a las falsas imágenes de un bombardeo ruso en Ucrania en 2022:

 

También resulta de interés el informe “The spread of true and false news online”, donde se analizan mensajes de Twitter de 2006 a 2017 (Vosoughi, 2018). En este trabajo se concluye que las noticias falsas se propagan más rápido y de forma más amplia que la información real. En este sentido, las noticias falsas se retuitean un 70% más que las verdaderas, sobre todo por su apariencia novedosa y por la intervención de las emociones del usuario a la hora de interactuar. También se muestra cómo los robots propagaron al mismo ritmo las noticias falsas y las verdaderas, o sea, que son los humanos los que es más probable que difundan lo falso, sobre todo en el ámbito de lo político, más que en otras áreas.

Por su parte, el estudio “Measuring the reach of ‘fake news`’ and online disinformation in Europe”, centrado en Francia e Italia, muestra que a los sitios web de noticias falsas se les dedica mucho menos tiempo que a las webs de noticias reales. No obstante, en Facebook sí se interactúa de forma relevante con medios de noticias falsas, en algún caso muy por encima de las interacciones con medios veraces (Fletcher et alii, 2018). Por lo tanto, según estos datos se puede sostener que la desinformación se impulsa indirectamente por las redes sociales.

Como último ejemplo, traemos a colación el citado Centro de Excelencia de la OTAN StratCom, donde se hallan distintos informes de interés para nosotros ahora. Por ejemplo, el informe “Robotrolling 2021/2”, que rastrea la actividad no auténtica de las redes sociales rusófonas, de 8 de septiembre de 202117. En este sentido dicho Centro publica informes trimestrales sobre la actividad de bots y trolls para monitorear el estado actual de la manipulación en las redes sociales con relación a la presencia de la OTAN en los países bálticos y en Polonia. En el citado informe se constata el aumento en la actividad de redes sociales en cuentas rusas no auténticas. De igual forma, es sugerente el informe “Social Media Manipulation 2021/2022: Assessing the Ability of Social Media Companies to Combat Platform Manipulation Digital”, de 27 de abril de 202218. En él se refleja cómo la guerra de Ucrania evidencia la importancia de defender e influir en el entorno informativo para poder vencer en un conflicto moderno. Por ello, se evalúan las capacidades de las empresas de redes sociales para proteger sus plataformas contra la manipulación. La doctrina reciente ha insistido en el peligro de la desinformación rusa para Occidente19, aunque tal vez nos olvidemos las acciones en cierto modo similares que desde Occidente se realizan.

De igual forma, la web https://maldita.es/ trabaja desde varios frentes contra la manipulación informativa. Así, tiene apartados sobre la migración, el feminismo, la alimentación, el clima y la educación.

En todo caso, como vemos por los ejemplos expuestos, la atención se centra en redes abiertas y públicas, que permiten examinar sus interacciones, no en otras de soporte privado, como WhatsApp o Telegram, seguramente cada vez más relevantes en el predio de la desinformación y manipulación20.

5. EL ROL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

Llegados a este punto del razonamiento que hemos seguido es imprescindible referirse al papel que debe jugar en todo ello la libertad de expresión, uno de los derechos clave en la lógica democrática pues de tal libertad dependen, cuando menos, la participación ciudadana, el pluralismo y el control del poder.

Desde un punto de vista teórico podemos hablar de una genérica libertad de comunicación, que se desdoblaría en una libertad de expresar pensamientos e ideas y en una libertad de información referida a hechos noticiables. La primera es más amplia, en la medida en que cubre opiniones y cualquier manifestación intelectiva; en cambio, la segunda está más delimitada al tener por objeto hechos noticiables y, además, exigir veracidad en su construcción (o sea, que se ha elaborado de forma diligente y con atención a fuentes contrastadas). En semejante línea se sitúa el sistema constitucional español, donde se puede hablar de dos derechos diferentes (arts. 20.1.a y 20.1.d de la Constitución de España). En México la situación es parecida, aunque con previsiones más imprecisas (art. 6 libertad de pensamiento y art. 7 libertad de imprenta de la Constitución mexicana)22. Sin embargo, en otros casos tal cuestión no se conforma así y se hace una previsión conjunta de una “libertad” (no de “libertades”). De igual forma, la incidencia en los derechos del mundo digital ha acercado a las dos libertades, que se solapan en internet de modo permanente.

Es posible hablar, en este sentido, de un derecho a la comunicación que mostraría un aspecto más subjetivo (expresión) y otro objetivo (información) (Fernández Rodríguez, 2004, 38-39). El art. 15 del documento español denominado Carta de derechos digitales (sin valor jurídico), enfatiza el derecho a recibir información veraz, de conformidad con garantizar un acceso constructivo e instructivo y universal al entorno digital, que debe aspirar a convertirse en una fuente de acceso libre a informaciones veraces y contrastadas, que contribuyan al desarrollo de la personalidad y al enriquecimiento cultural; y no consentir su empleo como un instrumento para vulnerar derechos y promover el analfabetismo fruto de la quiebra de la veracidad de los contenidos accesibles a la ciudadanía.

Como una muestra más de la complejidad de este tipo de temas, la entrada en escena de estas libertades da lugar a consideraciones distintas y contradictorias. Por un lado, la libertad de expresión puede amparar la alteración a sabiendas de la verdad, o sea, las fake news. En efecto, puede defenderse que su amplio contenido llega a proteger la mentira. En este sentido se llega a hablar del derecho a la mentira, aunque realmente todavía no esté reconocido como tal en el Derecho positivo comparado y la jurisprudencia no es del todo clara. También podría aludirse a una idea genérica de libertad para abogar por este derecho a mentir. De todos modos, hay discrepancias doctrinales en esta cuestión23.

Por otro lado, estas libertades también funcionan como un límite para las fake news pues la exigencia de veracidad en la libertad de información excluye de su contenido noticias construidas falsamente. Por lo tanto, hay que defender la exclusión de las noticias no veraces. Pero también se puede dar un paso más en este razonamiento y defender la existencia de un concreto derecho a recibir información veraz (como pretende el ya citado art. 20.1.d de la Constitución española). Entonces la noticia falsa podría operar como un límite ilegítimo de las libertades informativas y podrían articularse acciones contra ella. De todos modos, todavía nos falta precisión dogmática en torno a este derecho. Cada ciudadano sería titular del mismo en la medida en que es receptor de la información, y como derecho que es generaría obligaciones para los sujetos al mismo. Entonces cuando un medio de comunicación o una persona emite una información se podría exigir que ésta reúna ciertos requisitos relacionados con la veracidad. De no hacerlo incurriría en responsabilidad y los titulares del citado derecho accionarían jurídicamente contra el sujeto que emite la fake news. Sin embargo, como decimos, semeja que aún no hemos admitido de forma general este derecho a la información veraz. Se excluye del ámbito de cobertura constitucional de las libertades informativas la información no veraz, pero en la práctica no se establece una específica exigibilidad de que la información tenga que ser siempre veraz. Fijémonos en que son cosas diferentes: que un mensaje no tenga protección constitucional no significa realmente que esté prohibido, lo que sí sucedería si se sostiene un concreto derecho fundamental a recibir información veraz (Escobar Roca, 2018).

Asimismo, y ahora desde una perspectiva más genérica, la manipulación informativa y la desinformación, en el fondo, dificultan el desarrollo y aplicación de estas libertades, sometidas a las veleidades de los hackers informativos y a un falso subjetivismo impuesto por las estrategias manipuladores de entidades, gobiernos y grupos diversos. En este ecosistema de desinformación las libertades de expresión e información no pueden servir para conformar una opinión pública que permita avanzar al sistema público democrático. Es la línea que también vemos en Serra Cristóbal, que entiende que, aunque no haya verdad absoluta en democracia, existen afirmaciones que por su desprecio al rigor informativo o por su manifiesta intención de engañar no son admisibles, incluso en el marco del debate político (Serra Cristóbal, 2021).

6. UN ESBOZO DE LAS POSIBLES RESPUESTAS

De poco sirve analizar la problemática de la manipulación y la desinformación sin dar un paso más y proponer posibles respuestas que sirvan para desactivarla o, cuando menos, mitigarla. En todo caso, estas respuestas deben situarse en los márgenes que delimita el Estado democrático de Derecho, al que repugna el incremento sin justificación de la sociedad de control y los excesos anudados a esta. Es cierto que la desinformación es un problema mayúsculo que afecta a las propias bases del sistema público democrático. Pero como ocurre también en otras riesgos y amenazas de seguridad, hay que procurar un equilibrio adecuado entre tal seguridad y la libertad, verdadero nudo gordiano del presente (Fernández Rodríguez, 2020a, 197 y ss.).

Desde una aproximación general, con relación a las acciones específicas de manipulación y desinformación, se puede pergeñar dos tipos de respuestas, unas sancionadoras y otras educativas. Las sancionadoras, de carácter represivo, son, a su vez, de varios tipos, entre las que destacan las sanciones administrativas y las penales. Este tipo de respuestas sancionadoras han ganado posiciones en las discusiones de los últimos años frente al fenómeno que analizamos. Entre las sanciones administrativas podrían estar multas u otras medidas, como cierres o bloqueo de cuentas en redes sociales, o clausura de webs.

De igual modo, también se debate dónde recoger tales sanciones. Las más fuertes, de tipo penal, sólo pueden ser recogidas en una ley con las características propias que impone el principio de legalidad penal. Por lo tanto, una ley con la suficiente calidad, previsibilidad y certeza para colmar las exigencias de seguridad jurídica tan fuertes en el predio penal. También el grueso de las sanciones que podemos tildad de administrativas deberían estar previstas en una ley pues es el acomodo lógico del Derecho sancionador. En todo caso, debe describirse con precisión las infracciones por las que procederían tales sanciones, desde la lógica de la proporcionalidad.

De igual modo, puede acudirse a la corregulación o autorregulación para que sean las propias empresas de las plataformas de comunicación las que asuman la necesidad de controlar y, eventualmente, sancionar situaciones de manipulación o desinformación, aunque, claro está, quedaría fuera el ámbito penal, monopolio de la legislación pública. Así, podría recuperar protagonismo agencias de control de lo audiovisual, de tradición en algún país, no en España donde las propuestas del pasado no cristalizaron. En todo caso, nosotros somos más bien recelosos con este tipo de organismos que huelen a censura.

En todo caso, sí parece que los medios deben jugar un relevante rol para contrarrestar la desinformación con actuaciones profesionales y serias. Como afirma Mayoral et alii, los medios “deben comprometerse a verificar, a comprobar, a ofrecer productos con garantías de credibilidad”, es decir, verificación y comprobación (Mayoral et alii, 2019, 409).

En esta línea de la corregulación semeja situarse la citada propuesta que existe en la Unión Europea de Reglamento relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales). En la exposición de motivos de la propuesta se sostiene que se “establecerá un mecanismo de protección de corregulación, que incluye el aprovechamiento de iniciativas voluntarias ya existentes”; y en el considerando 68 se indica que “deben explorarse medidas de reducción de riesgos relativas a tipos concretos de contenidos ilícitos a través de acuerdos de autorregulación y corregulación”.

Además, estas sanciones podrían conectarse al incumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho a recibir información veraz que hemos comentado en el apartado anterior, aunque no esté todavía extendido en la práctica ni precisado dogmáticamente su contenido.

Un tipo diferente de repuestas son las de naturaleza educativa. Su planteamiento debe ser más genérico pues se extiende a la formación democrática de la ciudadanía. De esta forma, con tal finalidad, sobre todo en las enseñanzas regladas (primarias, secundarias, universitarias…), deben articularse acciones ad hoc para construir una ciudadanía crítica y robusta, que sepa la importancia de una información veraz, de calidad, que ofrezca una base fuerte para la opinión pública que toma decisiones en una verdadera democracia. En esta línea hemos insistido en otro lugar con ideas similares para afrontar los desafíos del radicalismo (también terrorista), pero que son extensibles para incrementar el espíritu crítico ciudadano y poder superar el peligro de la desinformación. De esta forma, concebimos el fortalecimiento democrático como “un conjunto de actividades de promoción de los principios democráticos esenciales, recogidos por el constitucionalismo y planteados por los textos básicos, que aseguran: una convivencia pacífica, la participación ciudadana en el marco que establece el pluralismo, y un estándar razonable de eficacia de derechos fundamentales” (Fernández Rodríguez, 2020b, 159). En este entendimiento cabe perfectamente la formación que sirva para enfrentarse a la manipulación informativa, entre lo que deben figurar las claves para detectar las fake news y elementos que permitan interpretar lo que las origina y las consecuencias perturbadoras que pretenden. A partir de ahí debe potenciarse una ciudadanía reivindicativa y exigente con el cumplimiento de los estándares democráticos. Así esa ciudadanía reclamará seriedad a los medios, que empleen fuentes confiables y veraces, que no generen confusión ni primen el sensacionalismo. Además, tal ciudadanía reclamará rigor al poder público para que sea un garante neutral del pluralismo informativo y proporcione la educación cívica de calidad para todos. Y esa ciudadanía rechazará las noticias espurias, manipuladores y falsas, pudiendo denunciarlas y detectarlas en las redes. En fin, esa ciudadanía fortalecida democráticamente será la verdadera y más eficaz repuesta a los problemas planteados en este trabajo, desactivando desde la conciencia crítica y constructiva los riesgos generados. En esta línea también se expresa Aba Catoira, que considera que “no parece que el camino sea más legislación sino fomentar el ejercicio responsable de la libertad”, ya que la labor institucional debe “promover conductas responsables y respetuosas con los derechos de los demás”, al margen de medidas que garanticen la información de calidad. Por eso piensa que como nosotros que “la mejor práctica para luchar contra las noticias falsas es la implementación de más y mejores medidas educativas que generen cultura democrática” (Aba Catoira, 2020, 145-146).

Esta educación contiene necesariamente acciones de alfabetización informacional que apoye ese pensamiento crítico del que estamos hablando y la propia gestión adecuada de la información. Es complejo para los usuarios diferenciar entre información y opinión, y también detectar una fake new si no se desmiente, cosa que no suele suceder. Los navegantes en las redes se han convertido en crédulos. Por ello, son imprescindibles estas competencias formativas a las que aludimos, pues sólo con ellas se podrá actuar con verdadera eficacia ante la desinformación y discursos que trae anudados, como los del odio o los propios de los extremismos. Así se evaluarán de forma crítica los contenidos de las informaciones recibidas, gracias a lo cual se podrá actuar en consecuencia. Aquí también reclamamos un compromiso democrático para generar una ciudadanía más activa en el marco del actual mundo convulso. Para luchar contra la desinformación necesitamos indefectiblemente a la ciudadanía24.

Por desgracia, la realidad aún dista de conseguir estos niveles de educación altos en términos democráticos y cívicos. Un simple ejemplo reciente en el Viejo Continente: gran parte de los países occidentales, con la Unión Europea a la cabeza, al iniciarse el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, prohibieron la emisión de canales rusos (como RT o Spuknik), con lo que privaron a la mayor parte de la ciudadanía occidental de otra visión de los acontecimientos. Con sorpresa vimos cómo la opinión pública europea no protestó por ello.

De nuevo el tema tecnológico hay que tenerlo muy en cuenta porque en esta educación que proponemos debe atenderse, asimismo, a las competencias digitales, paralelas a las alfabetización informacional y mediática25. Es preciso aprender a gestionar la información en los entornos digitales de las redes sociales. Ahora las sociedades sólo podrán avanzar en la senda democrática comprendiendo la nueva realidad tecnológica que ya nos rodea, con sus fortalezas y debilidades, lo que también se extiende a las noticias e informaciones y la necesidad de saber gestionar su verdadero sentido. La democracia se ha vuelto digital, y debemos ser capaces de movernos por tal escenario sin renunciar a los elementos nucleares del sistema democrático.

Asimismo, si entramos en detalles adicionales la problemática se complica. Así, refiriéndose al control de los contenidos, Pauner Chulvi aborda los pros y contras de tres alternativas (no incompatibles entre sí) que entiende básicas: control “manual” previo de evaluadores, calificación de calidad de los usuarios y control previo mediante algoritmos (Pauner Chulvi, 2018). Al menos la primera y la segunda hacen resurgir el fantasma de la censura previa, que habría que repensar; parece en todo caso que, de entrada, este concepto no se aplica a la ejercida por personas privados y que nos encontraríamos en un punto más próximo al clásico derecho de veto del director de periódicos.

Sea como fuere, en el Derecho comparado ya hay normativa que entra de forma específica en estos temas, por lo que ya resulta posible analizar su eficacia y buscar ejemplos de posibles medidas a adoptar en el ordenamiento respectivo. Así en Francia tenemos la Ley 2018/1202, de 22 de diciembre, relativa a la lucha contra la manipulación informativa (Loi n° 2018-1202 relative à la lutte contre la manipulation de l'information)26. Esta norma establece específicos deberes de cooperación de los operadores de plataformas en línea, como la transparencia de sus algoritmos, la lucha contra las cuentas que propagan masivamente noticias falsas o la información a los usuarios sobre la naturaleza, origen y modalidades de difusión de los contenidos. También contempla disposiciones relativas a la educación informacional a través de reformas de la normativa educativa para que se incluya esas materias en los planes formativos. A su vez, en Alemania existe la Ley de 1 de septiembre de 2017, para mejorar la aplicación del Derecho en las redes sociales (Netzdurchsetzunggesetz, NetzDG). En ella se contempla la gestión de las quejas que reciban las plataformas de redes sociales y distintas multas27.

Por lo tanto, en este tema de las respuestas ante la manipulación y desinformación, la situación todavía es abierta y en proceso de adaptación. Auguramos que no será sencillo encontrar el equilibrio final.

7. CONCLUSIONES

Creemos que ha quedado patente la gravedad del problema que en la actualidad representa la manipulación informativa y el evidente riesgo de que se intensifique en un futuro inmediato de la mano del desarrollo tecnológico. Se trata de un problema creciente, e indubitado, al que se debe prestar la atención debida por parte de los responsables públicos y de la propia sociedad. De no hacerlo, el riesgo es la mengua de la calidad de nuestras democracias y la debilitación de las capacidades de defensa y protección. En efecto, en juego está nuestra seguridad y la calidad del sistema democrático.

La desinformación no es un tema nuevo, pero ha sido en el siglo XXI cuando ha adquirido unas proporciones descomunales, al tiempo que un elevado número de personas no son capaces de superar los obstáculos que les presenta cayendo en sus redes de infoxicación y mentira. Parece inimaginable, pero podría sostenerse que la sociedad con mayor acceso a la información de la historia es, tal vez, la más desinformada. La tecnología explica este crecimiento de la manipulación, que cuenta con unas posibilidades muy diferentes a las del pasado. Es más, el desarrollo del futuro inmediato fortalecerá de manera intensa estas negativas formas de actuación. Incluso, la inteligencia artificial será capaz de crear informaciones con imágenes y vídeos, ante las cuales resultará extremadamente difícil precisar si son verdad o mentira. Nos acercamos, así, a un escenario de máximas dudas e incertezas. De ahí la imperiosa necesidad de analizar esta problemática con cautela, rigor y realismo. También hay que abogar para que esa inteligencia artificial sea de igual modo la solución ante el reto de la confusión entre lo real y lo falso. De nuevo, el carácter contradictorio de la tecnología.

En cuanto a las respuestas que debemos dar ante esta problemática, es importante buscar un equilibrio adecuado para no caer en excesos que encubran censuras, inadmisibles en democracia. Hemos defendido la perentoria necesidad de apoyar la educación ciudadana y su pensamiento crítico para afrontar la manipulación informativa, pero por doquier se apela a las sanciones en una deriva que nos ofrece dudas. Las opciones de soft law y la corregulación puede resultar útiles. También en el ámbito constitucional la solución no es nítida: la libertad de expresión podría amparar la mentira, pero la libertad de información sólo cubre las noticias veraces, aunque no esté todavía desarrollado el derecho a recibir información veraz. En fin, la Unión Europea está ultimando un Reglamento sobre servicios digitales que habrá que tener presente en las próximas fechas y que ha tardado en conseguir un acuerdo suficiente para su impulso. Su aplicación nos servirá para aclarar hace dónde se va a dirigir esta problemática.

El cóctel que conforman redes sociales y manipulación informativa es verdaderamente explosivo, anudado a consecuencias a veces no fácilmente perceptibles pero importantes y crecientes, sobre todo en medio de una opinión pública incauta, que no es capaz de reaccionar porque sus integrantes todavía no han recibido el nivel de educación suficiente para ello. ¿Al propio poder le interesa tal adormecimiento?