Glocalización de la seguridad
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Resumo
Los constantes cambios de recursos para garantizar la supervivencia estatal, ha generado la necesidad de interactuar y negociar permanentemente entre Estados, apareciendo en la escena y midiendo constantemente la capacidad de integrarse dentro del conglomerado que configura la Comunidad Internacional.
Esta transformación se acentuó a finales del siglo pasado, momento en el que las sociedades comenzaron a demandar una serie de servicios al Estado, evidenciando un fallo en el sistema político el cual se veía incapaz de dar una respuesta adecuada ante tal situación, provocando un contexto de ingobernabilidad, aún a pesar del excesivo tamaño del aparato administrativo de los estados.
Y al parecer, la solución para garantizar la gobernabilidad pasa por propiciar un cambio, desde una transición de gobierno a gobernanza, lo cual no implica un mutación en el sistema político-institucional, sino que con este nuevo paradigma se abandonaría un modelo de gobierno de arriba abajo, hacia uno más horizontal, participativo y asociativo, involucrando a los ciudadanos, grupos locales, empresas y agencias asociadas.
En este nuevo modelo, la red, pasaría a constituirse como centro de negociación para afrontar la gobernabilidad de la sociedad, facilitando el consenso, dado que las redes de gobernanza se basan en el supuesto de que no hay intereses generales trascendentes a los intereses sociales y privados, evitando que se produzca un monopolio de los citados intereses por parte de las organizaciones gubernamentales.
En este gobierno en red, el punto de partida sería el eje local-global, dado que desde las comunidades locales se fomenta la participación, deliberación y la colaboración ciudadana, todo ello con el fin de conseguir que la responsabilidad sea compartida, y hacer que las políticas públicas sean más efectivas y legítimas a los ojos de la gente.
A pesar de todo, el Estado sigue siendo imprescindible para dirigir la sociedad, no debemos confundir que aunque se modifique el modo en cómo nos relacionamos, pasando de un gobierno monopolista a uno con capacidad negociadora que facilita el acuerdo, a que necesariamente tengamos que carecer de un organismo regulador y en última instancia con capacidad de garantizar la gobernabilidad de una sociedad, de atender y equilibrar las posibles disfunciones que se produzcan en la mencionada gobernanza como paradigma del gobierno-red.
Así, se cree que la seguridad es uno de esos temas de los que el Estado debe seguir responsabilizándose, aunque esto no implique que deba hacerlo de modo unilateral, sino que como se puede deducir de lo explicitado hasta el momento, se podría afirmar que debería ser una tarea compartida por diversos actores.
Y es en este punto donde adquiere especial relevancia la relación Estado-ciudadanos, en la cual estos últimos muestran un interés creciente en cómo participar en las decisiones políticas. De esta forma, se sientan las bases para cogestionar ciertos servicios públicos con el fin de tener en cuenta las inquietudes de los ciudadanos y dotar de mayor legitimidad las decisiones, creando un foro de gestión del conocimiento donde se aprovecha el capital intelectual de los actores en interacción y donde tras la identificación de los stakeholders y el establecimiento de una línea efectiva de comunicación y compromiso con ellos se trata de reducir los riesgos que ocasiona la delincuencia.
De este modo, se estaría en condiciones de hablar de un modelo de seguridad desarrollado en consonancia con una sociedad en continuo cambio, de modo que se caracterice por su dinamismo y sea lo suficientemente flexible para adaptarse a las amenazas que surjan. Aunque las competencias deben quedar perfectamente delimitadas, con una salvedad, la información debe quedar bajo control centralizado, de tal forma que el sistema se base en la coordinación efectiva, de todo tipo de actores, para que los responsables de analizar la misma sean capaces de detectar y neutralizar los diferentes tipos de amenazas que surgen en un mundo relacionado entre sí.