4.1.1. Sobre gestión indirecta de los medios públicos de proximidad

La posibilidad de privatización de la gestión de los medios públicos es uno de los apartados más cuestionados de la primera versión del APLCA (Tabla 1, que permite en sus artículos 71 y 74 la gestión indirecta o en colaboración público-privada de los canales públicos autonómicos y locales, al aceptar la modificación de la LGCA 7/2010 de 31 de marzo realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Esta modificación supone que las CC.AA. puedan desligarse de su papel garante de las frecuencias reservadas para la prestación directa del servicio público de comunicación audiovisual y puedan dejar en manos de empresas privadas su gestión, entre ellas emisoras de radio y televisión comerciales que ya ostenten título habilitante. Además, el APLCA extendía esta circunstancia a los medios públicos locales, una cuestión que la redacción de la modificación de la LGCA no dejaba clara y que ha sido objeto de diferentes interpretaciones. Esta decisión ya fue objeto de polémica y motivo de recursos al Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo ante la modificación de la Ley 10/2018 Audiovisual de Andalucía en abril de 2020, que permite la privatización de los servicios públicos locales de radio y televisión, así como la emisión de publicidad sin título habilitante y la conversión en postes repetidores de medios locales García-Castillejo; Chaparro-Escudero y Espinar-Medina, 2020.

A este respecto, la PDCPA recuerda la importancia de los medios públicos locales en la vertebración del territorio, la participación ciudadana y la toma de decisiones colectivas, amparadas en el derecho constitucional de acceso, creación y difusión de informaciones (Art. 20.3, Constitución Española). Una realidad consolidada con más de 40 años de existencia que cumple en sus territorios de cobertura un papel imprescindible, imposible de asumir por el sector privado.

Las alegaciones realizadas pedían mantener la gestión directa de la prestación del servicio público de comunicación audiovisual autonómico y local en los términos descritos en el Art. 40 de la LGCA de 2010, previo a su modificación en 2012. Finalmente, en el PLCA esta alegación fue aceptada, no así la que afecta a los canales autonómicos para los que el PLCA mantiene la opción de ser externalizadas.

4.1.3. Sobre las emisiones en cadena y la identidad local

El PLCA, si bien satisface el legítimo derecho a emitir en cadena por las emisoras de radio considerado por primera vez en la LCCA de 2010, no regula un mínimo de programación de proximidad diaria o semanal, de manera que no tiene en cuenta que todas las concesiones de FM en España han estado sujetas a coberturas y contenidos locales. En el caso de la Ley Audiovisual de Andalucía 10/2018 fija esta obligación en un mínimo de 15 horas semanales, aunque en 2003 la Junta de Andalucía establecía un 25% del tiempo de emisión local (Decreto 262/2003). La futura ley debe plantear un mínimo de emisión local para evitar transformar estas emisoras en meras repetidoras de una señal ajena al territorio o en su defecto habilitar frecuencias exclusivas para la explotación en cadena. El Artículo 78 del PLCA delega estas competencias en las CC.AA., ello puede contribuir a regulaciones asimétricas en perjuicio de la ciudadanía, al tiempo que favorece la concentración.

En esta misma dirección, el PLCA en su artículo 35.2, viene a favorecer la pérdida del vínculo local de las televisiones privadas al autorizar la conexión en cadena. Aunque establece que deben superar “el 25% semanal del tiempo de programación y dicho porcentaje no se concentre entre las 21 y las 24 horas”, las recomendaciones son reducir ese porcentaje al 10%.

La emisión en cadena a través de canales adjudicados para la prestación del servicio de comunicación estrictamente local supone una competencia desleal a los concesionarios de canales con cobertura autonómica y estatal y pérdida de identidad territorial. A diferencia de la radio, la televisión si fue planificada con frecuencias para ofrecer servicios de cobertura estatal, autonómica y local. El PLCA debería tener en cuenta que la colaboración en los medios de proximidad se da por el intercambio de programas o acuerdos de coproducción de contenidos, antes que por la formación de cadenas de clara estructura vertical.

4.1.4. Sobre negocios jurídicos con las licencias

La adjudicación en concurso del título habilitante para la prestación del servicio de comunicación audiovisual comercial debe conllevar la obligación de su prestación directa por la persona física o jurídica adjudicataria. El arriendo y la venta se prestan a una práctica especulativa mediante la cual la persona o entidad que utiliza la frecuencia lo hace sobre un bien no privativo y obtiene un beneficio sin que el adjudicatario haya cumplido con los compromisos adquiridos en concurso.

La Plataforma andaluza PDCPA propuso la modificación del Artículo 31 con el objetivo de que se considere que quien ostente el título habilitante y no pueda mantener las obligaciones de la adjudicación deba renunciar, no permitiéndose el arrendamiento bajo ningún motivo. En todo caso, el Registro de Prestadores, abierto a consultas, debería hacer constar el nombre de la entidad o persona arrendataria, así como el nombre comercial bajo el que emite (si lo hubiera), deshaciendo las confusiones que habitualmente se generan entre quien ostenta el título habilitante; la posible arrendataria o empresa explotadora; y la marca bajo la que emite (Artículo 36.2).

4.1.5. Sobre la necesidad de incluir la regulación de los servicios de intercambio de audios a través de plataforma

El Proyecto hace hincapié en la necesidad de regular los servicios OTT como recoge la Directiva Audiovisual Europea, sin embargo, no incluye las plataformas que prestan contenidos radiofónicos ya sea en formato podcast o streaming. Plataformas como Spotify suponen una competencia desleal al escapar del control legal propio de cada país. Al igual que en TV, no requerieren inversiones para uso del espectro y sus coberturas no conocen fronteras. La competencia que generan estas plataformas aumenta por su capacidad para crear listas, seleccionar audios preferentes y reproducir recomendaciones basadas en usos previos y algoritmos que establecen sugerencias de manera automática.

La Asociación de Emisoras de Radio Comerciales (AERC), solicitó incluir la regulación de los servicios de intercambio de audios a través de plataforma, al considerar que compiten por la misma audiencia e ingresos. No existe justificación alguna para excluir de la regulación este servicio. El PLCA en su Artículo 1, dice que: “El objeto de esta Ley es regular la comunicación audiovisual de ámbito estatal, así como la prestación del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma”, habría bastado con añadir la palabra audio (“y audio”) a la redacción o usar la palabra “contenidos” para no especificar la única referencia a las plataformas de intercambio de vídeos.

4.2.1. Sobre la dignidad

La Directiva Europea incide en la necesidad de construir una ciudadanía bien informada, cualificada para una opinión crítica. Sin embargo, el PLCA omite elementos importantes y mantiene miradas androcéntricas que hoy no corresponden.

Los principios generales del Proyecto desconocen la importancia de una ciudadanía capaz de reconocerse diversa y ecodependiente dentro de una sociedad en transición. El Artículo 4 alude a la “dignidad humana”, pero olvida por completo la preservación de los ecosistemas y la protección de la vida desde una perspectiva ecodependiente, una conciencia imprescindible que debe ser incorporada en los imaginarios transmitidos por los medios.

En este sentido, las alegaciones estudiadas sugieren la inclusión de un artículo específico que garantice la promoción de valores de respeto a los animales y a la naturaleza en general, incentivando estos contenidos y sancionando todo aquel que sea contrario a ello.

4.2.2. Las personas con discapacidades

La totalidad del articulado del Proyecto habla de la discapacidad física y no atiende a las personas con discapacidades cognitivas o intelectuales, que necesitan acercarse a una información accesible y comprensible para ellas. El derecho a estar informadas y entender el mundo en el que viven es igual al del resto de la sociedad.

El Artículo 100 del Proyecto debe promover la obligatoriedad de ofrecer una información accesible cognitivamente usando los medios tecnológicos oportunos, tanto en radio, como en televisión y en los servicios on-line.

4.2.3. Sobre la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia machista

La sensibilidad hacia los discursos por la Igualdad es otra constante en la Sociedad Europea y en la misma Directiva 2018/1808. Deshacer los imaginarios machistas y patriarcales empieza con el uso de un lenguaje inclusivo desde la propia redacción del APL, entendiendo que existen recursos lingüísticos suficientes para eliminar el masculino como genérico véase: Chaparro Escudero, 2020. Se aprecia una ausencia de perspectiva de género desde la misma redacción del texto del PLCA: basta con eliminar el artículo (menores en lugar de los menores), cambiar ciudadanos por ciudadanía o personas usuarias en lugar de usuarios (palabra que llega a tener 53 apariciones). Conviene recordar que todas, independientemente del género, somos personas, usuarias, docentes, menores, con discapacidades, este criterio gramatical soluciona el masculino como término marcado frente a la reiteración que se hace del femenino y el masculino en la misma frase ella/ellos, las/los, usuarias/os... Hay también un exceso de uso de la expresión "los prestadores del servicio" (388 veces). Normalmente prestan el servicio personas jurídicas o físicas, es decir, "las prestadoras del servicio" especificando en algún momento las empresas o personas prestadoras" permite concordar en femenino, lo que cambia el marco conceptual y es más correcto gramaticalmente. Finalmente, no se ha tenido en cuenta que la Ley de Igualdad obliga a las administraciones públicas al uso de un lenguaje no sexista. Además, la Ley de 2003 (Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno) exige una evaluación del impacto de género del anteproyecto, que con su redacción actual no superaría.

La perspectiva de género debe ser tratada desde una óptica más ambiciosa. El Artículo 6, sobre “Igualdad de Género e Imagen de las Mujeres”, concretamente el apartado 6.1., dice así: “la comunicación audiovisual no favorecerá directa o indirectamente situaciones de desigualdad de las mujeres o que inciten a la violencia sexual o de género”. La propuesta es añadir a “la violencia sexual o de género” cualquier tipo de violencia hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, como lo recoge el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014.

También se echa en falta la mención al llamado principio de presencia o composición equilibrada, con el que se trata de asegurar una representación paritaria en órganos y cargos de responsabilidad. Según este principio, recogido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, habría que garantizar la paridad en los órganos consultivos y de decisión del sector audiovisual. En el Apartado 6.2.: “se promoverá la autorregulación para garantizar un acceso y una representación igualitaria de las mujeres en el sector audiovisual”, sería más específico decir: “…representación igualitaria de las mujeres en los órganos consultivos y de decisión del sector audiovisual, así como en el conjunto de la programación…”. Estas aportaciones críticas sobre el tratamiento del género en el PLCA fueron observadas por el colectivo feminista Clásicas y Modernas y la Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid en el documento de alegaciones la Plataforma Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía.

El PLCA abusa de la autorregulación para garantizar comunicaciones comerciales no sexistas, una cuestión que está en entredicho cuando dichas emisiones siguen siendo discriminatorias y que, además, no debería abarcar solamente a las comunicaciones comerciales, sino extenderse a todo tipo de contenidos. En este mismo sentido habla de la elaboración de informes en “noticiarios y programas de contenido informativo de actualidad” (Art. 6, apartado 4), cuando debería abarcar la totalidad de la programación. Un tratamiento mediático que prevenga la desigualdad y las violencias machistas no puede dejarse en manos de la autorregulación y la corregulación exclusivamente, deben arbitrarse soluciones complementarias cuando estas fallen (Artículo 14, ver Tabla 2). A lo largo del Proyecto, la autorregulación y corregulación en las que insiste el PLCA carecen de sentido vistas desde la experiencia a falta de una autoridad audiovisual independiente en la que se reafirma la Directiva Europea.

4.3.1. Sobre la emisión de comunicaciones comerciales en los medios del Tercer Sector

La financiación de los medios audiovisuales de la sociedad civil es clave para superar la condición de estar sujetos a las llamadas “tres P”: legislar su existencia desde el sometimiento a la condición de que deben ser pobres, pequeños y pocos. Carecer de ánimo de lucro no significa que no requieran recursos económicos para su funcionamiento.

Los artículos 80.b) y 48.b), sobre los medios radiofónicos y televisivos sin ánimo de lucro, dicen que no podrán incluir “ningún tipo de comunicación comercial audiovisual”. Limitar los ingresos a los servicios audiovisuales comunitarios supone un condicionante para su supervivencia:

Aunque cierta publicidad comercial podría ir contra el servicio que deben prestar y sus fines sociales, no ocurre así con la comunicación comercial de proximidad que, además, supone un factor de respaldo a la actividad económica local. Prohibir la publicidad de proximidad a los medios sin ánimo de lucro, sería desconocer su contribución a la economía circular y el Km0. La emisión de campañas institucionales es también de interés para la audiencia de estos medios.

Los artículos citados deben considerar la publicidad de comercios y entidades de proximidad, empresas del Tercer Sector y las campañas institucionales como servicios básicos a la ciudadanía que los medios de la sociedad civil deben prestar (Tabla 3).

4.3.2. Sobre el derecho de acceso de la sociedad civil a los medios

En el articulado del PLCA no se hace mención alguna al derecho de acceso de la sociedad civil a los medios, un olvido muy significativo y grave. El Artículo 20.3 de la Constitución determina que la Ley regulará y garantizará el acceso a los medios públicos de los grupos sociales y políticos significativos. Este derecho, que sí está garantizado en la LGCA vigente, debe incluirse dentro del Título III, capítulo VII: “Derecho de acceso de la sociedad civil a los medios públicos audiovisuales”.

Los grupos representativos o significativos de la sociedad civil (organizaciones de personas consumidoras y usuarias, ONG, asociaciones vecinales, ecologistas, de grupos sociales minorizados, culturales, aquellas que trabajan en favor de las personas más desfavorecidas y ciudadanía en general) no son una mera fuente informativa, son grupos que deben ejercer su derecho a la comunicación a través de los medios. Al margen de superar este olvido en el PLCA, hay que tener en cuenta que este derecho viene siendo ejercido fundamentalmente a través de los medios del Tercer Sector. Como afirman El-Mohammadiane-Tarbif y Espinar-Medina (2019: 187), es fundamental destacar su papel como “los únicos en que el movimiento asociativo y la ciudadanía en general pueden comunicarse con propiedad, al desarrollarse en un espacio en el que las asociaciones y personas que participan pueden narrarse a sí mismas, cubriendo un vacío comunicacional al que no prestan atención los medios de masas”.

4.5.1. Sobre el fomento de la alfabetización mediática entre la ciudadanía

La alfabetización mediática se plantea como una necesidad para combatir discursos de odio y fake news, centrando el interés en una educación crítica y no sólo sobre destrezas de manejo técnico. El PLCA no define el rol de la alfabetización mediática, ni valora convenientemente el desarrollo de habilidades críticas y prosumidoras en la ciudadanía. En su Art. 10. “Alfabetización Mediática”, debería considerar:

4.5.2. Sobre indicadores de rentabilidad social en medios

Los indicadores de rentabilidad social constituyen un valor fundamental para medir el comportamiento de los medios audiovisuales. Los indicadores mediáticos han sido desarrollados en numerosas investigaciones, a partir de las recomendaciones de la Unesco Unesco, 2008 y la propia Unión Europea, que recientemente en las “Conclusiones del Consejo sobre salvaguardia de un sistema de medios de comunicación libre y pluralista” (2020/C422/08) ha insistido en ello, lo que exige objetivos y misión a la hora de ser recogidos en la Ley Tabla 5).

El Proyecto respalda un indicador de rentabilidad social (Art. 2), un hecho sumamente importante, pero adolece de definición. En el caso de la Ley 10/2018 Audiovisual de Andalucía, en su Art. 3. c). recoge:

Esta definición sigue los criterios IRSCOM creados por el LabCOMandalucía3 Chaparro-Escudero, Gabilondo-García y Espinar-Medina, 2019.

El indicador de rentabilidad social (IRSCOM) facilita la obtención de datos objetivos que avalan o desaconsejan la renovación de un título habilitante o la inversión de publicidad institucional en el medio. También debe ser tenido en cuenta a la hora de autorizar negocios jurídicos (Artículos 31.1 y 79). Los indicadores deben ser aplicables al conjunto de medios audiovisuales independientemente de que sean de gestión pública o privada y sus resultados ser siempre de conocimiento público para que la ciudadanía valore el comportamiento de los medios.

4.6.1. Sobre la utilización de la credibilidad profesional periodística para incentivar consumos

En el Artículo 9 del Proyecto, sobre la veracidad de la información, la PDCPA recomienda incluir un apartado que prohíba expresamente los anuncios comerciales protagonizados por personas responsables de transmitir informaciones. Se trata de una práctica desgraciadamente común en los medios que supone un conflicto de intereses: no debe usarse el prestigio de la persona que informa para promocionar la compra de un producto o servicio. La consideración del/la periodista como “comercial” degrada la profesión y la credibilidad de los contenidos informativos.

4.6.2. Sobre prohibiciones absolutas de determinadas comunicaciones comerciales

La normativa sobre comunicaciones comerciales en el Audiovisual se ha ido flexibilizando y todas las restricciones de las directivas europeas han sido incumplidas sistemáticamente ante la falta de vigilancia efectiva y las sanciones correspondientes.

Tanto la Directiva como el PLCA (Artículo 120) vienen a asumir esta circunstancia como si reconocieran una batalla perdida frente al mercado, proponiendo una desregulación que conduce a la emisión continua de contenidos comerciales sin límites de tiempo, situación que en España ya reconocía la LGCA para la radio y que ahora traslada a la televisión. Por otra parte, no tiene sentido insistir en la alfabetización audiovisual, en la regulación, autorregulación y corregulación y en la ética de los medios si las comunicaciones comerciales audiovisuales no contemplan la prohibición expresa de todo contenido comercial que:

4.6.3. Sobre publicidad institucional

La publicidad y la comunicación institucional tienen gran influencia social con un importante monto de inversión (en 2020 alcanzó los 66 millones de euros). Sin embargo, el PLCA incluye esta publicidad como “comunicaciones comerciales audiovisuales de régimen específico” en su Artículo 123. No considera, en pro de la transparencia y la ética, que los medios de información que emiten campañas pagadas con dinero público deban relacionarlas de manera independiente en sus resultados de cuentas. Se trata de fondos públicos cuyo uso debe ser transparentado.

En este sentido, es preciso distinguir (Artículo 132), entre campañas institucionales y anuncios de carácter “benéfico” como las loterias del Estado, pues tienen objetivos claramente diferenciados.

4.6.4. Sobre las limitaciones de tiempo a las emisiones comerciales audiovisuales

Como se viene señalando, la normativa se dirige cada vez más a la flexibilización regulatoria del número de emisiones comerciales por franjas horarias, lo que va en perjuicio de las personas usuarias.

En concreto, el Artículo 135.1 establece que los medios prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal podrán emitir publicidad un máximo de 144 minutos entre las 06.00 y las 18.00 horas, y hasta 72 minutos entre las 18.00 y las 24.00 horas. Un margen de 144 minutos en 12 horas y de 72 minutos en seis horas sin establecer límites por hora supone una sobresaturación altamente nociva para la audiencia y una desvirtuación del servicio que deben prestar. Es por tanto imprescindible cuantificar un límite por horas, que en ningún caso debería superar los 12 minutos/hora. De lo contrario, las entidades prestadoras podrán acumular a su discreción la publicidad en determinadas franjas horarias en función de los datos de audiencia.

Además, en estas emisiones comerciales quedan excluidos los patrocinios, las autopromociones, los emplazamientos de producto y la televenta, que no sumarían en el cómputo citado (Artículo 135.2, ver Tabla 6).

4.6.5. Sobre la publicidad dirigida a niñas y niños

Las personas menores deben estar siempre protegidas de la publicidad, pues carecen de criterio para hacer una selección crítica y racional. Sin embargo, el Artículo 136.3 del PLCA establece que la programación infantil podrá ser interrumpida para emitir comerciales una vez por cada período de 30 minutos si el programa tiene una duración que supere la media hora. Las alegaciones son claras en este sentido: la transmisión de programación infantil no deberá ser interrumpida para emitir comunicaciones comerciales audiovisuales de ningún tipo.