La reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual Española 7/2010 y las recomendaciones de la Directiva Europea 2018/1808. Análisis crítico desde propuestas participativas
El Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual (PLCA) enviado al Congreso de los Diputados el 1 de diciembre de 2021, tiene como propósito transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual (UE) 2018/1808 sobre la coordinación de disposiciones legales y administrativas relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual. Este ensayo hace un análisis detallado del PLCA a partir de alegaciones presentadas por asociaciones y entidades representativas del sector durante el período de consulta pública. El análisis de las cuestiones más importantes denota que el texto es susceptible de mejoras en áreas relacionadas con: operatividad, gestión y propiedad de prestadores; contenidos, derechos de la ciudadanía y códigos éticos; medios del Tercer Sector; autoridades audiovisuales; alfabetización mediática; indicadores y publicidad. También en lo relativo a la financiación de la Radio Televisión Pública y los contenidos difundidos por influencers.
Palabras chave
Proyecto Ley Audiovisual Española, Directiva Europea 2018/1808, Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual, medios audiovisuales
Chaparro, Espinar, and López Gómez: La reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual Española 7/2010 y las
recomendaciones de la Directiva Europea 2018/1808. Análisis crítico desde propuestas
participativas
Sumario
1.
Introducción
2.
Estado de la cuestión
3.
Metodología
4.
Contenidos
4.1.
Operatividad, gestión y propiedad de la prestación de servicios
4.1.1.
Sobre gestión indirecta de los medios públicos de proximidad
4.1.2.
Sobre pluralismo en el mercado radiofónico
4.1.3.
Sobre las emisiones en cadena y la identidad local
4.1.4.
Sobre negocios jurídicos con las licencias
4.1.5.
Sobre la necesidad de incluir la regulación de los servicios de intercambio de audios
a través de plataforma
4.2.
4.2. Contenidos, ciudadanía y códigos éticos
4.2.1.
Sobre la dignidad
4.2.2.
Las personas con discapacidades
4.2.3.
Sobre la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia
machista
4.3.
El servicio de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro
4.3.1.
Sobre la emisión de comunicaciones comerciales en los medios del Tercer Sector
4.3.2.
Sobre el derecho de acceso de la sociedad civil a los medios
4.4.
Autoridades audiovisuales y fomento del sector
4.5.
Alfabetización mediática e indicadores
4.5.1.
Sobre el fomento de la alfabetización mediática entre la ciudadanía
4.5.2.
Sobre indicadores de rentabilidad social en medios
4.6.
Comunicaciones audiovisuales comerciales
4.6.1.
Sobre la utilización de la credibilidad profesional periodística para incentivar consumos
4.6.2.
Sobre prohibiciones absolutas de determinadas comunicaciones comerciales
4.6.3.
Sobre publicidad institucional
4.6.4.
Sobre las limitaciones de tiempo a las emisiones comerciales audiovisuales
4.6.5.
Sobre la publicidad dirigida a niñas y niños
5.
Sobre la financiación de la rtve
6.
Contenidos de youtubers, influencers o “prescriptores de opinión”
7.
Conclusiones
Summary
1.
Introduction
2.
State of the question
3.
Methodology
4.
Contents
4.1.
Operation, management and ownership of the provision of services
4.1.1.
On indirect management of local public media
4.1.2.
On pluralism in the radio market
4.1.3.
On chain emissions and local identity
4.1.4.
About legal business with licenses
4.1.5.
On the need to include the regulation of audio exchange services through platforms
4.2.
4.2. Content, citizenship and ethical codes
4.2.1.
About dignity
4.2.2.
People with disabilities
4.2.3.
On effective equality between women and men and the fight against sexist violence
4.3.
The non-profit audiovisual communication service
4.3.1.
On the broadcast of commercial communications in the media of the Third Sector
4.3.2.
On the right of access of civil society to the media
4.4.
Audiovisual authorities and promotion of the sector
4.5.
Media literacy and indicators
4.5.1.
On the promotion of media literacy among citizens
4.5.2.
On indicators of social profitability in the media
4.6.
Audiovisual commercial communications
4.6.1.
On the use of journalistic professional credibility to encourage consumption
4.6.2.
About absolute prohibitions of certain commercial communications
4.6.3.
About institutional advertising
4.6.4.
On time limitations for commercial audiovisual broadcasts
4.6.5.
About advertising aimed at girls and boys
5.
On the financing of rtve
6.
Content of youtubers, influencers or "opinion prescribers"
7.
Conclusions
1. INTRODUCCIÓN
La convergencia digital, la hiperinformación y la desinformación, la hegemonía de
las GAMAM (Google, Amazon, Metaverso-Facebook, Apple y Microsoft), el auge de las
plataformas, la concentración empresarial, la fragmentación y segmentación de las
audiencias y el derecho de la ciudadanía tanto a crear como a recibir contenidos;
a ser prosumidores, demandan repensar y reformular la regulación de las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC).
La recepción de mensajes audiovisuales tiene una versatilidad hasta hace poco desconocida
gracias a las innovaciones tecnológicas. A medios tradicionales como la radio y la
televisión por ondas se han sumado las emisiones por internet con opciones de consumos
instantáneos o a la carta, que además están presentes en dispositivos móviles capaces
de recibir y transmitir. Esta aceleración tecnológica ha sido aprovechada por el mercado
para captar audiencias y generar nuevas formas de consumo. Al mismo tiempo que la
ciudadanía puede disponer de herramientas para potenciar su proactividad, aparecen
nuevos riesgos como el aislamiento social, la dificultad de contrastar la información
y sus fuentes y un uso superficial de recursos finitos. Un ecosistema que al mismo
tiempo que permite nuevas posibilidades de interacción y expandir conocimiento, también
altera las relaciones sociales desde el “avatarismo”. El mundo TIC sufre un proceso
de mercantilización y desregulación que puede llegar a poner en riesgo modelos democráticos
de gobierno. Si las tecnologías son neutras, la ausencia de regulaciones supone un
serio problema de soberanía-autonomía desde una perspectiva política, social, cultural
y económica.
La necesidad de intervenir desde políticas regulatorias audiovisuales, aun siendo
una constante desde la aparición de la radio como medio de masas, tiene hoy una relevancia
mayor en un mundo globalizado donde la desterritorialización del mensaje y sus actores
adquieren una dimensión desconocida. En el marco europeo, la Directiva Audiovisual
2018/1008 ha puesto su foco en la necesidad de nuevas regulaciones del mercado audiovisual
para proteger a la ciudadanía y el equilibrio en los intercambios de creación y difusión
de contenidos, una estrategia que en principio va más allá del interés comercial y
trata de pensar desde el bien común a partir de los problemas surgidos.
2. ESTADO DE LA CUESTIÓN
En España, el Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, reconoce la
confluencia de diversos formatos audiovisuales, lineales y no lineales, que sin duda
han modificado los hábitos de consumo de la ciudadanía, y cambiado las reglas del
juego de un mercado en el que participan simultáneamente: prestadores de servicios
televisivos y radiales tradicionales, generadores de contenido audiovisual que difunden
a través de plataformas digitales o de vídeo bajo demanda (VBD o video on demand; VOD o de tv y radio a la carta; OTT, over-the-top, en sus diferentes denominaciones). Los canales son tan heterogéneos como lo son
sus lógicas de gestión y operativas: públicos o privados, de transmisión por ondas
o internet, con procedencia y alcance local, nacional o internacional.
El propósito del PLCA es transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva
(UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14/11/2018, por la que se
modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación
de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual,
DSCA). La Directiva, de carácter vinculante, busca que los Estados de la UE adecúen
sus normas para regular el mercado audiovisual tradicional, las plataformas y los
servicios no lineales, y potencien los mecanismos de control a través de autoridades
audiovisuales independientes para asegurar el cumplimiento normativo y reducir los
intereses espurios derivados de injerencias empresariales y gubernamentales. Si bien
es verdad que la multiplicación de canales gracias a la digitalización de las emisiones
terrestres y las redes electrónicas es usada como argumento para favorecer políticas
de comunicación menos restrictivas, no puede haber excusa “para una desregulación
que anteponga derechos empresariales a derechos de la ciudadanía y obligaciones en
la prestación del servicio audiovisual” ().
No obstante, la DSCA adolece de precisión y profundidad en aspectos clave sobre el
funcionamiento de los diferentes prestadores de servicios radiales y televisivos,
además de aspectos relacionados con la inclusión de perspectivas plurales y diversas
de acceso equitativo a la creación y disfrute de dichos servicios. Circunstancias
que no deben impedir a los países de la Unión legislar con más propiedad sobre estos
asuntos.
Los principales ejes normativos que debían llevar a modificaciones en la LGCA, son
los relacionados con el refuerzo de la protección de las y los menores; la regulación
de la concentración; los límites a la publicidad; la inclusión de al menos un 30%
de producción europea en las plataformas VOD; el reforzamiento de la regulación independiente
del audiovisual; fomento de la autorregulación y la corregulación; favorecer la accesibilidad
de personas con discapacidades; el etiquetado de los contenidos digitales y el fomento
de la alfabetización mediática desde una perspectiva crítica (.
La transposición a la legislación española de la DSCA de 2018 pretende actualizar
el marco jurídico para que se adapte a la evolución del mercado, regulando el acceso
a los servicios en línea, la protección del consumidor y la competencia, hasta el
momento dirigidos principalmente a los prestadores de servicios lineales. En el caso
de España, la transposición es también una oportunidad de enmendar errores anteriores.
La Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual () da continuidad a prácticas viciadas en las habilitaciones, la transparencia en los
negocios jurídicos y la dejación en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones
de los operadores al carecer de una autoridad audiovisual independiente, lo que ha
dado lugar a un mercado concentrado en radio y televisión.
La LGCA 7/2010 supuso un hito importante en la legislación audiovisual, al recoger
una normativa dispersa y desfasada que también exigía adaptarse a la Directiva 2007/65/CE
de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, fue objeto de reformas que,
además de no contar con el necesario consenso, venían a “flexibilizar” los modos de
gestión de los canales públicos autonómicos para permitir la gestión indirecta y,
ante una cierta indefinición, hay quien entendía que afectaba igualmente a los medios
públicos locales (Ley 6/2012). La LGCA no solventó los problemas derivados de la concentración,
la transparencia en la propiedad de los títulos habilitantes y los negocios jurídicos,
la planificación de frecuencias para los medios comunitarios y el corsé impuesto a
los límites de financiación, la efectiva regulación de los contenidos comerciales
audiovisuales y el compromiso de crear el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales
(CEMA), asumido por la Ley como exigencia de la Directiva Europea y también modificado
por el gobierno de Mariano Rajoy. En estas circunstancias, una nueva Ley Audiovisual
constituye un elemento corrector para defender los derechos de la ciudadanía, fomentar
el pluralismo mediático y la importancia cultural de los medios ().
Ante este contexto, y en un ejercicio crítico y propositivo, varias asociaciones y
plataformas relacionadas con el ámbito de la comunicación presentaron alegaciones
al Anteproyecto de Ley (APLCA) durante su trámite de audiencia pública.
Este artículo recoge y analiza dichas alegaciones, concretamente los documentos presentados
por la Plataforma en Defensa de la Comunicación y el Periodismo en Andalucía (), conformada por numerosas organizaciones del territorio andaluz y de implantación
estatal, y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) que trabaja en defensa
de los intereses de la ciudadanía en su relación con los medios y las tecnologías
de la información.
En los cuestionamientos que se hacen al APLCA se pone el foco especialmente en la
posible externalización de los medios públicos locales (radios y televisiones) por
los ayuntamientos y el mantenimiento de la modificación de la LGCA en 2012 llevada
a cabo para permitir la externalización de los medios públicos autonómicos. Esta situación
deriva en una perversión en el sistema de acceso a los títulos habilitantes. El sistema
privado comercial tiene reserva de frecuencias administradas históricamente a través
de los diferentes Planes Técnicos tanto en radio como en televisión, por lo que el
acceso a la condición de emisor/a a través de habilitaciones públicas contribuye a
una desregulación que va en detrimento de la pluralidad y la prestación del servicio
público. Recordemos que sólo los medios de gestión pública están obligados a prestar
un servicio público, una condición de la que fueron eximidos incomprensiblemente los
medios privados comerciales por la LGCA vigente.
Las alegaciones también hacen hincapié en cuestiones relacionadas con los derechos
de las personas con discapacidades, políticas inclusivas, los negocios jurídicos,
la programación de proximidad en las radios locales comerciales, así como en limitar
las opciones de emisión en cadena. También defienden con firmeza el derecho de acceso
de la sociedad civil a los medios públicos, un asunto totalmente olvidado en el Anteproyecto,
así como la potenciación del Tercer Sector.
En definitiva, este trabajo pretende definir el actual contexto para reflejar la necesidad
de consensos con la ciudadanía a la hora de afrontar las políticas públicas que la
Directiva Europea y la convergencia tecnológica demandan. Algunas de las alegaciones
como las referidas a la externalización de los medios públicos locales fueron finalmente
recogidos en el Proyecto de Ley, siendo quizás la más relevante de las modificaciones
aceptadas. El APL tuvo dos versiones derivadas de los trámites de audiencia abiertos
en diciembre de 2020 y junio de 2021. En la segunda versión hubo una modificación
sustancial que afectaba a la forma de financiación de la RTVE que fue muy cuestionada.
El Proyecto de Ley fue remitido por el gobierno al Congreso de los Diputados el 1
de diciembre de 2021.
3. METODOLOGÍA
La investigación parte del análisis comparativo de los documentos de alegaciones presentados
al APL del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital por diferentes
actores sociales de la sociedad civil y colectivos profesionales, concretadas en un
total de 80 alegaciones, 40 presentadas por la PDCPA y otras 40 por la AUC. La elección
de las alegaciones de estas entidades se ha hecho por su representatividad y principalmente
por la búsqueda de propuestas elaboradas de manera participativa a partir de un trabajo
de consenso en el seno de las mismas.
Se realizó una lectura comparativa del APL (2020), de la , de las modificaciones a la misma realizadas en 2012, y de la Directiva Europea de
2018. A ello se sumó la lectura de las alegaciones citadas. Una primera lectura pormenorizada
permitió establecer las categorías en torno a las cuales se clasificaron las alegaciones:
- Operatividad, gestión y propiedad de las entidades prestadoras
- Contenidos, ciudadanía y códigos éticos
- El servicio de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro
- Autoridades audiovisuales y fomento del sector
- Alfabetización mediática e indicadores
- Comunicaciones audiovisuales comerciales
El análisis por campos permitió concretar la reforma de la LGCA que plantea el PLCA,
junto con las propuestas contempladas en las alegaciones sobre carencias no afrontadas
en su día por la Ley y la regulación desde el nuevo planteamiento de la Directiva.
Para enriquecer las argumentaciones, se hizo seguimiento de dos actividades públicas
destacadas, realizadas para debatir el Anteproyecto y el nuevo marco audiovisual en
Europa. En primer lugar, el debate del acto de presentación del Informe del Observatorio
Europeo Audiovisual 2020 (Film and TV Content in video-on-demand, VOD, Catalogues
2020 Edition), publicado por el Observatorio Europeo del Audiovisual, dependiente
del Consejo de Europa.
En segundo lugar, del webinar “La futura Ley General de la Comunicación Audiovisual
a Debate”, seguido por más de un centenar de personas expertas de diversos ámbitos
relacionados con la comunicación audiovisual. Asimismo, se ha tenido en cuenta el informe publicado por la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (CNMC) durante el trámite de audiencia.
4. CONTENIDOS
4.1. OPERATIVIDAD, GESTIÓN Y PROPIEDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
4.1.1. Sobre gestión indirecta de los medios públicos de proximidad
La posibilidad de privatización de la gestión de los medios públicos es uno de los
apartados más cuestionados de la primera versión del APLCA (Tabla 1), que permite en sus artículos 71 y 74 la gestión indirecta o en colaboración público-privada
de los canales públicos autonómicos y locales, al aceptar la modificación de la LGCA
7/2010 de 31 de marzo realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Esta modificación
supone que las CC.AA. puedan desligarse de su papel garante de las frecuencias reservadas
para la prestación directa del servicio público de comunicación audiovisual y puedan
dejar en manos de empresas privadas su gestión, entre ellas emisoras de radio y televisión
comerciales que ya ostenten título habilitante. Además, el APLCA extendía esta circunstancia
a los medios públicos locales, una cuestión que la redacción de la modificación de
la LGCA no dejaba clara y que ha sido objeto de diferentes interpretaciones. Esta
decisión ya fue objeto de polémica y motivo de recursos al Tribunal Constitucional
y al Defensor del Pueblo ante la modificación de la Ley 10/2018 Audiovisual de Andalucía
en abril de 2020, que permite la privatización de los servicios públicos locales de
radio y televisión, así como la emisión de publicidad sin título habilitante y la
conversión en postes repetidores de medios locales ().
A este respecto, la PDCPA recuerda la importancia de los medios públicos locales en
la vertebración del territorio, la participación ciudadana y la toma de decisiones
colectivas, amparadas en el derecho constitucional de acceso, creación y difusión
de informaciones (Art. 20.3, Constitución Española). Una realidad consolidada con
más de 40 años de existencia que cumple en sus territorios de cobertura un papel imprescindible,
imposible de asumir por el sector privado.
Las alegaciones realizadas pedían mantener la gestión directa de la prestación del
servicio público de comunicación audiovisual autonómico y local en los términos descritos
en el Art. 40 de la LGCA de 2010, previo a su modificación en 2012. Finalmente, en
el PLCA esta alegación fue aceptada, no así la que afecta a los canales autonómicos
para los que el PLCA mantiene la opción de ser externalizadas.
4.1.2. Sobre pluralismo en el mercado radiofónico
La concentración y la pérdida de pluralismo consiguiente no se dan solamente por la
propiedad de las emisoras. Los acuerdos de sindicación y arrendamiento también influyen
en la disminución de la oferta. En radio, tres grandes grupos (Prisa, AtresMedia y
Cope) monopolizan más del 90% de las frecuencias y en televisión, el duopolio Mediaset-AtresMedia
ostenta prácticamente el 100%. Procesos que han ido acompañados “de una legislación
que se ha ido acomodando a ellos en lugar de controlarlos u orientarlos” y que se
ha desarrollado sin que la ciudadanía pudiera “conocer ni controlar ni sus caminos
ni su realidad presente” ().
La concentración afecta a la pluralidad y debe ser garantizada tanto en la independencia
editorial como en el dominio y control de las antenas. La regulación debe estar dirigida
a evitar la concentración de las emisoras locales de radio agrupadas en una misma
marca o cadena, bajo propiedad, alquiler, acuerdos de asociación o sindicación.
Sin embargo, el PLCA no contempla en su Artículo 77: “Pluralismo en el mercado de
comunicación audiovisual radiofónico mediante ondas hertzianas terrestres”, límite
alguno a la concentración de emisoras que emiten bajo una misma marca. La sugerencia
fue establecer que ninguna agrupación de emisoras (cadenas) en propiedad de persona
física o jurídica, sindicación o arrendamiento podrá disponer de más de cinco emisoras
en el mismo ámbito de cobertura, ni de más de un tercio del servicio de comunicación
audiovisual radiofónico mediante ondas hertzianas terrestres de ámbito total o parcial
en el conjunto del territorio estatal. Tampoco más de un 50% en el ámbito local, ni
más del 40% de las habilitaciones del servicio de comunicación audiovisual radiofónico
existente en el ámbito autonómico. Límites ampliamente generosos que permitirían una
mayor pluralidad de actores al liberar frecuencias que hoy están en manos de las actuales
cadenas a través de distintas fórmulas que impiden conocer y evaluar el grado de concentración.
4.1.3. Sobre las emisiones en cadena y la identidad local
El PLCA, si bien satisface el legítimo derecho a emitir en cadena por las emisoras
de radio considerado por primera vez en la LCCA de 2010, no regula un mínimo de programación
de proximidad diaria o semanal, de manera que no tiene en cuenta que todas las concesiones
de FM en España han estado sujetas a coberturas y contenidos locales. En el caso de
la Ley Audiovisual de Andalucía () fija esta obligación en un mínimo de 15 horas semanales, aunque en 2003 la Junta
de Andalucía establecía un 25% del tiempo de emisión local (Decreto 262/2003). La
futura ley debe plantear un mínimo de emisión local para evitar transformar estas
emisoras en meras repetidoras de una señal ajena al territorio o en su defecto habilitar
frecuencias exclusivas para la explotación en cadena. El Artículo 78 del PLCA delega
estas competencias en las CC.AA., ello puede contribuir a regulaciones asimétricas
en perjuicio de la ciudadanía, al tiempo que favorece la concentración.
En esta misma dirección, el PLCA en su artículo 35.2, viene a favorecer la pérdida
del vínculo local de las televisiones privadas al autorizar la conexión en cadena.
Aunque establece que deben superar “el 25% semanal del tiempo de programación y dicho
porcentaje no se concentre entre las 21 y las 24 horas”, las recomendaciones son reducir
ese porcentaje al 10%.
La emisión en cadena a través de canales adjudicados para la prestación del servicio
de comunicación estrictamente local supone una competencia desleal a los concesionarios
de canales con cobertura autonómica y estatal y pérdida de identidad territorial.
A diferencia de la radio, la televisión si fue planificada con frecuencias para ofrecer
servicios de cobertura estatal, autonómica y local. El PLCA debería tener en cuenta
que la colaboración en los medios de proximidad se da por el intercambio de programas
o acuerdos de coproducción de contenidos, antes que por la formación de cadenas de
clara estructura vertical.
4.1.4. Sobre negocios jurídicos con las licencias
La adjudicación en concurso del título habilitante para la prestación del servicio
de comunicación audiovisual comercial debe conllevar la obligación de su prestación
directa por la persona física o jurídica adjudicataria. El arriendo y la venta se
prestan a una práctica especulativa mediante la cual la persona o entidad que utiliza
la frecuencia lo hace sobre un bien no privativo y obtiene un beneficio sin que el
adjudicatario haya cumplido con los compromisos adquiridos en concurso.
La Plataforma andaluza () propuso la modificación del Artículo 31 con el objetivo de que se considere que
quien ostente el título habilitante y no pueda mantener las obligaciones de la adjudicación
deba renunciar, no permitiéndose el arrendamiento bajo ningún motivo. En todo caso,
el Registro de Prestadores, abierto a consultas, debería hacer constar el nombre de
la entidad o persona arrendataria, así como el nombre comercial bajo el que emite
(si lo hubiera), deshaciendo las confusiones que habitualmente se generan entre quien
ostenta el título habilitante; la posible arrendataria o empresa explotadora; y la
marca bajo la que emite (Artículo 36.2).
4.1.5. Sobre la necesidad de incluir la regulación de los servicios de intercambio
de audios a través de plataforma
El Proyecto hace hincapié en la necesidad de regular los servicios OTT como recoge
la Directiva Audiovisual Europea, sin embargo, no incluye las plataformas que prestan
contenidos radiofónicos ya sea en formato podcast o streaming. Plataformas como Spotify suponen una competencia desleal al escapar del control legal propio de cada país.
Al igual que en TV, no requerieren inversiones para uso del espectro y sus coberturas
no conocen fronteras. La competencia que generan estas plataformas aumenta por su
capacidad para crear listas, seleccionar audios preferentes y reproducir recomendaciones
basadas en usos previos y algoritmos que establecen sugerencias de manera automática.
La Asociación de Emisoras de Radio Comerciales (AERC), solicitó incluir la regulación
de los servicios de intercambio de audios a través de plataforma, al considerar que
compiten por la misma audiencia e ingresos. No existe justificación alguna para excluir
de la regulación este servicio. El PLCA en su Artículo 1, dice que: “El objeto de
esta Ley es regular la comunicación audiovisual de ámbito estatal, así como la prestación
del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma”, habría bastado con
añadir la palabra audio (“y audio”) a la redacción o usar la palabra “contenidos”
para no especificar la única referencia a las plataformas de intercambio de vídeos.
La privatización de medios públicos locales y autonómicos deteriora el servicio público
77
Añadir apartado que establezca límites concretos a la concentración
Transparencia en los límites al nº de emisoras que emiten bajo una misma marca
78
Añadir apartado que fije el mínimo de horas de emisión local que deberán mantener
las emisiones radiofónicas en cadena
Evitar una mayor desregulación que transforme las emisoras locales en meras repetidoras
de una señal ajena al territorio
35.2
Reducir porcentaje del tiempo de emisión en cadena en TV local del 25 al 10%
La proximidad la determina el contenido no la cobertura técnica
31.2.c); 31.3; 31.4
Eliminación y sustitución por un apartado que indique que en ningún caso se permitirá
el arrendamiento.
El arriendo se presta a una práctica especulativa con el título habilitante
36.2
Añadir: el
Registro de Prestadores debe publicar el nombre de la entidad o persona arrendataria,
así como el nombre comercial
Transparentar el uso del espectro
1
Añadir las plataformas de intercambio de audio en la definición del objeto de la Ley
Regular las plataformas de intercambio de contenidos radiofónicos
Tabla 1Cambios propuestos en operatividad, gestión y propiedad de la prestación de servicios Investigación y elaboración propia
4.2. CONTENIDOS, CIUDADANÍA Y CÓDIGOS ÉTICOS
4.2.1. Sobre la dignidad
La Directiva Europea incide en la necesidad de construir una ciudadanía bien informada,
cualificada para una opinión crítica. Sin embargo, el PLCA omite elementos importantes
y mantiene miradas androcéntricas que hoy no corresponden.
Los principios generales del Proyecto desconocen la importancia de una ciudadanía
capaz de reconocerse diversa y ecodependiente dentro de una sociedad en transición.
El Artículo 4 alude a la “dignidad humana”, pero olvida por completo la preservación
de los ecosistemas y la protección de la vida desde una perspectiva ecodependiente,
una conciencia imprescindible que debe ser incorporada en los imaginarios transmitidos
por los medios.
En este sentido, las alegaciones estudiadas sugieren la inclusión de un artículo específico
que garantice la promoción de valores de respeto a los animales y a la naturaleza
en general, incentivando estos contenidos y sancionando todo aquel que sea contrario
a ello.
4.2.2. Las personas con discapacidades
La totalidad del articulado del Proyecto habla de la discapacidad física y no atiende
a las personas con discapacidades cognitivas o intelectuales, que necesitan acercarse
a una información accesible y comprensible para ellas. El derecho a estar informadas
y entender el mundo en el que viven es igual al del resto de la sociedad.
El Artículo 100 del Proyecto debe promover la obligatoriedad de ofrecer una información
accesible cognitivamente usando los medios tecnológicos oportunos, tanto en radio,
como en televisión y en los servicios on-line.
4.2.3. Sobre la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia
machista
La sensibilidad hacia los discursos por la Igualdad es otra constante en la Sociedad
Europea y en la misma Directiva 2018/1808. Deshacer los imaginarios machistas y patriarcales
empieza con el uso de un lenguaje inclusivo desde la propia redacción del APL, entendiendo
que existen recursos lingüísticos suficientes para eliminar el masculino como genérico
(). Se aprecia una ausencia de perspectiva de género desde la misma redacción del texto
del PLCA: basta con eliminar el artículo (menores en lugar de los menores), cambiar
ciudadanos por ciudadanía o personas usuarias en lugar de usuarios (palabra que llega
a tener 53 apariciones). Conviene recordar que todas, independientemente del género,
somos personas, usuarias, docentes, menores, con discapacidades, este criterio gramatical
soluciona el masculino como término marcado frente a la reiteración que se hace del
femenino y el masculino en la misma frase ella/ellos, las/los, usuarias/os... Hay
también un exceso de uso de la expresión "los
prestadores del servicio" (388 veces). Normalmente prestan el servicio personas jurídicas
o físicas, es decir, "las prestadoras del servicio" especificando en algún momento
las empresas o personas prestadoras" permite concordar en femenino, lo que cambia
el marco conceptual y es más correcto gramaticalmente. Finalmente, no se ha tenido
en cuenta que la Ley de Igualdad obliga a las administraciones públicas al uso de
un lenguaje no sexista. Además, la Ley de 2003 (Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre
medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones
normativas que elabore el Gobierno) exige una evaluación del impacto de género del
anteproyecto, que con su redacción actual no superaría.
La perspectiva de género debe ser tratada desde una óptica más ambiciosa. El Artículo
6, sobre “Igualdad de Género e Imagen de las Mujeres”, concretamente el apartado 6.1.,
dice así: “la comunicación audiovisual no favorecerá directa o indirectamente situaciones
de desigualdad de las mujeres o que inciten a la violencia sexual o de género”. La
propuesta es añadir a “la violencia sexual o de género” cualquier tipo de violencia
hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, como lo recoge el Convenio de Estambul,
ratificado por España en 2014.
También se echa en falta la mención al llamado principio de presencia o composición
equilibrada, con el que se trata de asegurar una representación paritaria en órganos
y cargos de responsabilidad. Según este principio, recogido en la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, habría que garantizar
la paridad en los órganos consultivos y de decisión del sector audiovisual. En el
Apartado 6.2.: “se promoverá la autorregulación para garantizar un acceso y una representación
igualitaria de las mujeres en el sector audiovisual”, sería más específico decir:
“…representación igualitaria de las mujeres en los órganos consultivos y de decisión
del sector audiovisual, así como en el conjunto de la programación…”. Estas aportaciones
críticas sobre el tratamiento del género en el PLCA fueron observadas por el colectivo
feminista Clásicas y Modernas y la Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid
en el documento de alegaciones la Plataforma Defensa de la Comunicación y el Periodismo
de Andalucía.
El PLCA abusa de la autorregulación para garantizar comunicaciones comerciales no
sexistas, una cuestión que está en entredicho cuando dichas emisiones siguen siendo
discriminatorias y que, además, no debería abarcar solamente a las comunicaciones
comerciales, sino extenderse a todo tipo de contenidos. En este mismo sentido habla
de la elaboración de informes en “noticiarios y programas de contenido informativo
de actualidad” (Art. 6, apartado 4), cuando debería abarcar la totalidad de la programación.
Un tratamiento mediático que prevenga la desigualdad y las violencias machistas no
puede dejarse en manos de la autorregulación y la corregulación exclusivamente, deben
arbitrarse soluciones complementarias cuando estas fallen (Artículo 14, ver Tabla 2). A lo largo del Proyecto, la autorregulación y corregulación en las que insiste
el PLCA carecen de sentido vistas desde la experiencia a falta de una autoridad audiovisual
independiente en la que se reafirma la Directiva Europea.
Artículos afectados
Cambios Propuestos
Argumentación
4
Añadir derechos de los animales y la naturaleza
Incidir en agendas más simbióticas, comprometidas con el Planeta
100
Añadir la obligatoriedad de ofrecer información accesible cognitivamente
Cumplimiento de derechos para personas con discapacidades intelectuales o cognitivas
6.1
Añadir a “la violencia sexual o de género” cualquier tipo de violencia hacia las mujeres
por el hecho de ser mujeres
Aplicar el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014
6.2
Especificar: “en los órganos consultivos y de decisión del sector audiovisual, así
como en el conjunto de la programación”
Garantizar la paridad en los órganos consultivos y de decisión del sector audiovisual
6.3
Extender a todo tipo de comunicaciones audiovisuales
Es imprescindible monitorizar la imagen que se da de las mujeres en la totalidad de
la programación
6.4
Extender a toda la programación, no solo informativos
14
Añadir apartado sobre el tratamiento mediático para la prevención de las violencias
contra las mujeres
Establecer criterios claros sobre el tratamiento mediático de la violencia machista
Tabla 2Cambios propuestos en Contenidos, ciudadanía y códigos éticos Investigación y elaboración propia
4.3. EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL SIN ÁNIMO DE LUCRO
4.3.1. Sobre la emisión de comunicaciones comerciales en los medios del Tercer Sector
La financiación de los medios audiovisuales de la sociedad civil es clave para superar
la condición de estar sujetos a las llamadas “tres P”: legislar su existencia desde
el sometimiento a la condición de que deben ser pobres, pequeños y pocos. Carecer
de ánimo de lucro no significa que no requieran recursos económicos para su funcionamiento.
Los artículos 80.b) y 48.b), sobre los medios radiofónicos y televisivos sin ánimo
de lucro, dicen que no podrán incluir “ningún tipo de comunicación comercial audiovisual”.
Limitar los ingresos a los servicios audiovisuales comunitarios supone un condicionante
para su supervivencia:
Aunque cierta publicidad comercial podría ir contra el servicio que deben prestar
y sus fines sociales, no ocurre así con la comunicación comercial de proximidad que,
además, supone un factor de respaldo a la actividad económica local. Prohibir la publicidad
de proximidad a los medios sin ánimo de lucro, sería desconocer su contribución a
la economía circular y el Km0. La emisión de campañas institucionales es también de
interés para la audiencia de estos medios.
Los artículos citados deben considerar la publicidad de comercios y entidades de proximidad,
empresas del Tercer Sector y las campañas institucionales como servicios básicos a
la ciudadanía que los medios de la sociedad civil deben prestar (Tabla 3).
4.3.2. Sobre el derecho de acceso de la sociedad civil a los medios
En el articulado del PLCA no se hace mención alguna al derecho de acceso de la sociedad
civil a los medios, un olvido muy significativo y grave. El Artículo 20.3 de la Constitución
determina que la Ley regulará y garantizará el acceso a los medios públicos de los
grupos sociales y políticos significativos. Este derecho, que sí está garantizado
en la LGCA vigente, debe incluirse dentro del Título III, capítulo VII: “Derecho de
acceso de la sociedad civil a los medios públicos audiovisuales”.
Los grupos representativos o significativos de la sociedad civil (organizaciones de
personas consumidoras y usuarias, ONG, asociaciones vecinales, ecologistas, de grupos
sociales minorizados, culturales, aquellas que trabajan en favor de las personas más
desfavorecidas y ciudadanía en general) no son una mera fuente informativa, son grupos
que deben ejercer su derecho a la comunicación a través de los medios. Al margen de
superar este olvido en el PLCA, hay que tener en cuenta que este derecho viene siendo
ejercido fundamentalmente a través de los medios del Tercer Sector. Como afirman , es fundamental destacar su papel como “los únicos en que el movimiento asociativo
y la ciudadanía en general pueden comunicarse con propiedad, al desarrollarse en un
espacio en el que las asociaciones y personas que participan pueden narrarse a sí
mismas, cubriendo un vacío comunicacional al que no prestan atención los medios de
masas”.
Artículos afectados
Cambios propuestos
Argumentación
80.b); 48.b)
Añadir la excepción para emitir anuncios de comercios y entidades locales, Tercer
Sector y campañas institucionales
Fomento del comercio local y Km0
Título III, capítulo VII
Incluir el “Derecho de acceso de la sociedad civil a los medios públicos audiovisuales”,
así como a los comunitarios
Constitución Española Art. 20.3
Tabla 3Cambios propuestos en el servicio de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro Investigación y elaboración propia
4.4. AUTORIDADES AUDIOVISUALES Y FOMENTO DEL SECTOR
Uno de los argumentos de más peso de la Directiva Europea está relacionado con la
necesidad y obligación de contar con autoridades audiovisuales independientes. En
la propuesta del APL (Artículo 151), prácticamente la totalidad de las competencias
que deberían estar en manos de una autoridad audiovisual, en nuestro caso la Comisión
Nacional de los Mercados de la Competencia (), son asignadas al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Entre
ellas la gestión de los títulos habilitantes, el registro estatal de prestadores,
los contenidos recomendados para menores, las competencias sancionadoras o la elaboración
del Informe Anual del Sector Audiovisual.
Las alegaciones realizadas (ver Tabla 4) proponen transferir estas competencias a la CNMC o a la Comisión Estatal de Medios
Audiovisuales (CEMA), autoridad prevista originalmente en la LGCA. Fue decisión del
Gobierno presidido por Mariano Rajoy (2011-2015) aglutinar todas las instancias reguladoras
sectoriales y de supervisión de la competencia en la CNMC, y entre ellas las competencias
reguladoras del audiovisual, devaluando el perfil de sus cometidos. ().
La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) va más allá y propone la creación
de una Autoridad Audiovisual de carácter convergente, integrando las telecomunicaciones
y el audiovisual, con comperencias plenas en: gestión de títulos habilitantes; Registro
de Prestadores de Promoción de la Autorregulación y Corregulación a nivel nacional,
europeo e internacional; promoción de contenidos; estrategia audiovisual; elaboración
de Informe Anual Sectorial o transparencia del sector.
Asimismo, el Proyecto debe recoger sobre esta nueva autoridad capítulos referidos
a su naturaleza, fines y régimen jurídico; sus funciones; organización y garantías
de independencia; y responsabilidad. Además, como solicita la PDCPA, la autoridad
audiovisual debería ser responsable del diseño de indicadores de rentabilidad social
en colaboración con equipos multidisciplinares de investigación.
Artículos afectados
Cambios propuestos
Argumentación
151
Dotar a la Autoridad Audiovisual de competencias en gestión, sanción, regulación y
promoción de las políticas audiovisuales
Evitar conflictos de competencia, garantizar la independencia
Tabla 4Cambios propuestos en autoridades audiovisuales y fomento del sector Investigación y elaboración propia
4.5. ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA E INDICADORES
4.5.1. Sobre el fomento de la alfabetización mediática entre la ciudadanía
La alfabetización mediática se plantea como una necesidad para combatir discursos
de odio y fake news, centrando el interés en una educación crítica y no sólo sobre destrezas de manejo
técnico. El PLCA no define el rol de la alfabetización mediática, ni valora convenientemente
el desarrollo de habilidades críticas y prosumidoras en la ciudadanía. En su Art.
10. “Alfabetización Mediática”, debería considerar:
- El papel esencial de los medios locales públicos y comunitarios en el aprendizaje
y comprensión de los mecanismos de creación de contenidos (véase Apartado 3.3. de
este trabajo)
- Considerar las competencias en alfabetización mediática de asociaciones, organizaciones,
colegios y sindicatos profesionales
- El diseño de planes y espacios específicos para promover la alfabetización mediática
desde los medios
- La inclusión de módulos formativos en los centros de enseñanza reglada
- Añadir referencias expresas a la Carta de Derechos Digitales, que prevé la alfabetización
mediática e informacional como derecho
4.5.2. Sobre indicadores de rentabilidad social en medios
Los indicadores de rentabilidad social constituyen un valor fundamental para medir
el comportamiento de los medios audiovisuales. Los indicadores mediáticos han sido
desarrollados en numerosas investigaciones, a partir de las recomendaciones de la
Unesco () y la propia Unión Europea, que recientemente en las “Conclusiones del Consejo sobre
salvaguardia de un sistema de medios de comunicación libre y pluralista” (2020/C422/08)
ha insistido en ello, lo que exige objetivos y misión a la hora de ser recogidos en
la Ley (Tabla 5).
El Proyecto respalda un indicador de rentabilidad social (Art. 2), un hecho sumamente
importante, pero adolece de definición. En el caso de la Ley 10/2018 Audiovisual de
Andalucía, en su Art. 3. c). recoge:
... indicadores que miden el impacto de la rentabilidad y la responsabilidad sociales
de los servicios de comunicación audiovisual. Estos indicadores evalúan las buenas
prácticas en función de determinados ejes básicos, como pueden ser la gestión, la
transparencia, el capital social, la articulación con el territorio, las relaciones
laborales, la equidad de género, la pluralidad de la programación, la participación
de la ciudadanía en contenidos, acceso y gestión, la alfabetización mediática, la
actividad y servicios ofrecidos en internet y las infraestructuras, entre otros...
Esta definición sigue los criterios IRSCOM creados por el LabCOMandalucía ().
El indicador de rentabilidad social (IRSCOM) facilita la obtención de datos objetivos
que avalan o desaconsejan la renovación de un título habilitante o la inversión de
publicidad institucional en el medio. También debe ser tenido en cuenta a la hora
de autorizar negocios jurídicos (Artículos 31.1 y 79). Los indicadores deben ser aplicables
al conjunto de medios audiovisuales independientemente de que sean de gestión pública
o privada y sus resultados ser siempre de conocimiento público para que la ciudadanía
valore el comportamiento de los medios.
Artículos afectados
Cambios propuestos
Argumentación
10
Incluir apartados que hagan alusión a: medios locales y comunitarios; organizaciones;
espacios en medios; módulos formativos; Carta de Derechos Digitales
Obligatoriedad de la alfabetización mediática
2; 55.2; 66
Incluir definición de “indicador de rentabilidad social” y su función
Clarificar objetivos
31.1
Denegar la habilitación cuando el indicador del medio no sea óptimo
Transparencia en el cumplimiento de la Ley
79
Aplicar indicadores como exigencia de transparencia en negocios jurídicos y emisión
de publicidad institucional
Tabla 5Cambios propuestos en alfabetización mediática e indicadores Elaboración propia
4.6. COMUNICACIONES AUDIOVISUALES COMERCIALES
4.6.1. Sobre la utilización de la credibilidad profesional periodística para incentivar
consumos
En el Artículo 9 del Proyecto, sobre la veracidad de la información, la PDCPA recomienda
incluir un apartado que prohíba expresamente los anuncios comerciales protagonizados
por personas responsables de transmitir informaciones. Se trata de una práctica desgraciadamente
común en los medios que supone un conflicto de intereses: no debe usarse el prestigio
de la persona que informa para promocionar la compra de un producto o servicio. La
consideración del/la periodista como “comercial” degrada la profesión y la credibilidad
de los contenidos informativos.
4.6.2. Sobre prohibiciones absolutas de determinadas comunicaciones comerciales
La normativa sobre comunicaciones comerciales en el Audiovisual se ha ido flexibilizando
y todas las restricciones de las directivas europeas han sido incumplidas sistemáticamente
ante la falta de vigilancia efectiva y las sanciones correspondientes.
Tanto la Directiva como el PLCA (Artículo 120) vienen a asumir esta circunstancia
como si reconocieran una batalla perdida frente al mercado, proponiendo una desregulación
que conduce a la emisión continua de contenidos comerciales sin límites de tiempo,
situación que en España ya reconocía la LGCA para la radio y que ahora traslada a
la televisión. Por otra parte, no tiene sentido insistir en la alfabetización audiovisual,
en la regulación, autorregulación y corregulación y en la ética de los medios si las
comunicaciones comerciales audiovisuales no contemplan la prohibición expresa de todo
contenido comercial que:
- Incite o refleje maltrato a los animales y a la naturaleza en general
- Fomente la bulimia, la anorexia y, en general, cánones estéticos y modas que ponen
en riesgo la salud física y mental de las personas, con especial atención a menores
y mujeres
- Use la imagen de las mujeres con carácter vejatorio o discriminatorio o que incite
a conductas machistas
- Que promocione un producto principal, pero también otro u otros con los que comparte
marca sin mencionarlos o mostrarlos, de manera que indirectamente o de manera encubierta
refiera a productos cuya comunicación no podría realizarse por prohibición o limitación
legal
- Esté relacionada con el esoterismo y las paraciencias pudiendo derivar en perjuicio
económico y de salud, especialmente para población vulnerable
- Publicite el hábito de fumar (incluyendo electrónico) y de bebidas alcohólicas (más
de 20 grados)
4.6.3. Sobre publicidad institucional
La publicidad y la comunicación institucional tienen gran influencia social con un
importante monto de inversión (en 2020 alcanzó los 66 millones de euros). Sin embargo,
el PLCA incluye esta publicidad como “comunicaciones comerciales audiovisuales de
régimen específico” en su Artículo 123. No considera, en pro de la transparencia y
la ética, que los medios de información que emiten campañas pagadas con dinero público
deban relacionarlas de manera independiente en sus resultados de cuentas. Se trata
de fondos públicos cuyo uso debe ser transparentado.
En este sentido, es preciso distinguir (Artículo 132), entre campañas institucionales
y anuncios de carácter “benéfico” como las loterias del Estado, pues tienen objetivos
claramente diferenciados.
4.6.4. Sobre las limitaciones de tiempo a las emisiones comerciales audiovisuales
Como se viene señalando, la normativa se dirige cada vez más a la flexibilización
regulatoria del número de emisiones comerciales por franjas horarias, lo que va en
perjuicio de las personas usuarias.
En concreto, el Artículo 135.1 establece que los medios prestadores del servicio de
comunicación audiovisual televisivo lineal podrán emitir publicidad un máximo de 144
minutos entre las 06.00 y las 18.00 horas, y hasta 72 minutos entre las 18.00 y las
24.00 horas. Un margen de 144 minutos en 12 horas y de 72 minutos en seis horas sin
establecer límites por hora supone una sobresaturación altamente nociva para la audiencia
y una desvirtuación del servicio que deben prestar. Es por tanto imprescindible cuantificar
un límite por horas, que en ningún caso debería superar los 12 minutos/hora. De lo
contrario, las entidades prestadoras podrán acumular a su discreción la publicidad
en determinadas franjas horarias en función de los datos de audiencia.
Además, en estas emisiones comerciales quedan excluidos los patrocinios, las autopromociones,
los emplazamientos de producto y la televenta, que no sumarían en el cómputo citado
(Artículo 135.2, ver Tabla 6).
4.6.5. Sobre la publicidad dirigida a niñas y niños
Las personas menores deben estar siempre protegidas de la publicidad, pues carecen
de criterio para hacer una selección crítica y racional. Sin embargo, el Artículo
136.3 del PLCA establece que la programación infantil podrá ser interrumpida para
emitir comerciales una vez por cada período de 30 minutos si el programa tiene una
duración que supere la media hora. Las alegaciones son claras en este sentido: la
transmisión de programación infantil no deberá ser interrumpida para emitir comunicaciones
comerciales audiovisuales de ningún tipo.
Artículos afectados
Cambios propuestos
Argumentación
9
Añadir la prohibición de “anuncios comerciales promovidos por personas responsables
de transmitir informaciones”
No es ético usar el prestigio de la imagen para promover consumos
120
Incluir la prohibición de publicidad ecocida, que fomente cánones estéticos peligrosos;
machista; indirecta; de esoterismo y paraciencia; y de hábitos no saludables
Se trata de comunicaciones comerciales nocivas que deben estar prohibidas
123
Añadir como obligación: los medios que emiten campañas pagadas con dinero público
deben relacionarlas de manera independiente en sus cuentas
Transparentar el uso de fondos públicos
132
Distinguir entre anuncios de servicio público y anuncios de carácter benéfico
Son mensajes con objetivos diferentes
135.1
Añadir un límite por horas, que en ningún caso debería superar los 12 minutos/hora
Combatir la sobresaturación publicitaria
135.2
Incluir la totalidad de comunicaciones comerciales en el cómputo, incluidas los promos
y avances
136.3
Limitar la publicidad en contenidos infantiles
La transmisión de programación infantil no debe ser interrumpida con publicidad comercial
Tabla 6Cambios propuestos en comunicaciones audiovisuales comerciales Investigación y elaboración propia
5. SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA RTVE
Los cambios sobre financiación de la Corporación Radio Televisión Española (CRTVE)
incluidos en el PLCA (disposición final Tercera), han recibido numerosas críticas
desde el propio Ente, de personas expertas y de entidades de la sociedad civil. Incluso
la Comisión del Mercado Nacional de la Competencia () ha entrado a cuestionar el nuevo modelo de financiación.
En el mecanismo ahora previsto la financiación debe realizarse “con aportaciones de
todos los agentes presentes en el mercado audiovisual que compiten por la misma audiencia”,
incluyendo las plataformas de intercambio de vídeos bajo demanda. Sin embargo, omite
a “influencers”, que comunican también a través de estas mismas plataformas y en muchos
casos, con resultados de audiencia y comerciales superiores a los de los canales convencionales.
El Proyecto de Ley excluye también a las operadoras de telecomunicaciones, que hasta
ahora sí estaban incluidas como aportadoras a la financiación del ente público. La
CNMC alerta de que no se recoge el impacto que la exclusión de este último ingreso
puede tener en el presupuesto de la CRTVE, como tampoco incluye previsión de ingresos
de los nuevos sujetos obligados. Una casuística que arroja incertidumbre sobre el
futuro de la CRTVE en el desarrollo de sus funciones. La ausencia de las operadoras
de telecomunicaciones en la financiación supondría pérdidas, a la vista de los últimos
datos disponibles de la CNMC (Informe 2018), de algo más de 126 millones de euros,
cifra que representa el 12,6% del presupuesto de la Corporación.
Otro de los puntos más destacados del modelo de financiación es la flexibilización
que la PLCA ejecuta en relación con la publicidad que puede emitir RTVE: se le permite
la emisión de algunos tipos de publicidad, incluyendo emplazamientos de productos,
patrocinios y televenta. La CNMC considera que estas modificaciones podrían ser contradictorias
con los objetivos declarados en el preámbulo de la ley 8/2009 y que podrían llevar
a incongruencias a la hora de valorar los ingresos de los sujetos pasivos que deben
contribuir a la financiación de la Corporación.
6. CONTENIDOS DE YOUTUBERS, INFLUENCERS O “PRESCRIPTORES DE OPINIÓN”
La Directiva Europea, que incide en la regulación de las plataformas, no es muy clara
acerca de los llamados prescriptores y prescriptoras de opinión, que en la redacción
del Proyecto no quedan contemplados/as. La CNMC considera necesario que el Anteproyecto
incluya a los y las influencers en la definición de “prestadores de servicios de comunicación audiovisual que se
soportan en plataformas de intercambio de vídeo”.
La CNMC hace hincapié en la conveniencia de que se incluya expresamente a estas prestadoras
en el marco normativo, de manera que las distintas obligaciones a que están sujetas
se adapten a sus singularidades. Por tanto, se considera básico establecer reglas
concretas para las prestadoras que se soportan en plataformas de intercambio de vídeos
o “influencers”. Una regulación que contemple estos servicios redunda en la protección
de la ciudadanía y la competencia en el sector. La CNMC menciona directamente a plataformas
de intercambio de vídeos como Youtube, Tik Tok, Instagram TV o Twich.
7. CONCLUSIONES
Los propósitos de la Directiva Europea de defender los derechos de la ciudadanía,
el espacio cultural europeo y la industria audiovisual, chocan con las medidas desregulatorias
contenidas en el Anteproyecto de Ley del Ministerio de Economía y Transformación digital.
Si bien es cierto que la Directiva Europea plantea un acuerdo de mínimos regulatorios
para dejar margen de adaptación a las singularidades de cada Estado miembro, la propuesta
del PLCA supone un retroceso con respecto a la todavía vigente LGCA de 2010 y mantiene
las modificaciones sin consenso realizadas por el gobierno en 2012.
El mapa audiovisual español se ha ido construyendo con medidas improvisadas que inicialmente
partían de la defensa de los intereses de la ciudadanía desde el servicio público
y ante la concentración, para ir adaptando el marco a las exigencias del mercado,
a una realidad desbordada ante la ausencia de medidas eficaces de inspección y sanción.
Una situación debilitada por la inexistencia de una autoridad audiovisual independiente.
La oportunidad de reforzar las garantías del espacio común a la hora de regular las
plataformas y las redes sociales virtuales, principal propósito de la Directiva, choca
con la desregulación que plantea el Proyecto de Ley. Aunque la investigación no se
detiene especialmente en la regulación de las plataformas, baste decir que no va más
allá de las recomendaciones de mínimos realizadas por la Directiva. Países como Francia
o Alemania solo han contemplado modificaciones que afectaban a las plataformas, ya
que el marco legislativo de regulación de los medios que usan el espectro audiovisual
se presenta sólido gracias a una fuerte voluntad reguladora y la intervención de autoridades
audiovisuales solventes.
El PLCA no resuelve la eterna demanda de una autoridad audiovisual verdaderamente
independiente, no permite limitar la concentración mediática y regular eficazmente
el negocio jurídico, de manera que hoy las frecuencias, un bien escaso, están disponibles
en función de la capacidad económica, situación que ha permitido la concentración
en radio por tres grupos y en televisión por dos, existiendo además capital cruzado
en ellas.
A ello se une la falta de concreción en las políticas de alfabetización audiovisual,
otro caballo de batalla de la Directiva; la desregulación publicitaria, la anulación
del derecho de acceso, la falta de compromisos con mensajes que alienten la necesaria
transición y comportamientos cívicos contra el sexismo y la mirada androcéntrica.
Son muchas las cuestiones evidenciadas como carencias. Entre los aciertos cabría destacar
la consideración de contar con indicadores de rentabilidad social en el quehacer de
los medios. Cabe reseñar que el PLCA desconsidera a la ciudadanía y la sociedad civil,
en su derecho de acceso, así como en la regulación de los medios comunitarios, en
el primer caso el problema se agrava y en el segundo se adolece de inconcreción y
soluciones reales.
Los problemas del Proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual refleja, son consecuencia
de la falta de un proceso participativo en su elaboración, justo el trabajo que las
organizaciones sociales y profesionales han hecho a la hora de reclamar las mejoras
argumentadas y que en la mayoría de los casos han sido desoídas.
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[*]Manuel Chaparro es catedrático de Periodismo en la Universidad de Málaga. Director del grupo LabCOMandalucía.
Ha participado en proyectos de comunicación ciudadana y procesos de reformas de políticas
de medios en Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Brasil y España.
Asesor del Gobierno de Andalucía en la Mesa y Plan de Impulso del Sector audiovisual
y la Ley Audiovisual (2014-2015). Fundador y director de EMA-RTV (1984-2019).
[**]Lara María Espinar es periodista e investigadora en comunicación, desarrolla su tesis sobre narrativas
para la transición ecosocial. Miembro de LabCOMandalucía, entre sus publicaciones
destacan las monografías en coautoría Guía de Transición Ecosocial y Principios Éticos
para Nuestros Medios (2020) y Las Mujeres como Impulsoras de Transiciones Ecosociales
hacia Sociedades más Justas y Diversas (2020).
[***]Sara López Gómez es investigadora predoctoral en la UMA. Comunicadora social por Uniminuto, Colombia,
y periodista. Ha trabajado en la dinamización de procesos socioculturales para la
Secretaría de Educación Departamental de Antioquía, Colombia. Su investigación se
centra en las problemáticas socio-ambientales y la comunicación popular.
Chaparro Escudero, M., Espinar Medina, L. M., & López Gómez, S. (2022). La reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual Española 7/2010 y las recomendaciones de la Directiva Europea 2018/1808. Análisis crítico desde propuestas participativas. Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo, 4(16). https://doi.org/10.15304/ricd.4.16.8495
Catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga. Director del grupo LabCOMandalucía. Trabaja políticas públicas, narrativas críticas con el Desarrollo y comunicación decolonial. Ha participado en proyectos de comunicación ciudadana y procesos de reformas de políticas de medios en Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Brasil y España. Asesor del Gobierno de Andalucía en la Mesa y Plan de Impulso del Sector audiovisual y la Ley Audiovisual (2014-2015). Autor de cinco monografías, la última Claves para repensar los medios y el mundo que habitamos. La distopía del desarrollo (2015). En 2019 publicó en coautoría Transparencia Mediática, oligopolios y democracia, ¿quién nos cuenta el cuento? (Comunicación Social) y en 2020 Guía de transición ecosocial y principios éticos para nuestros medios (Fragua) entre otras. Fundador y director de EMA-RTV (1984-2019).
Lara María Espinar Medina
Periodista e investigadora en comunicación, desarrolla su tesis sobre narrativas para la transición ecosocial. Sus otras líneas de investigación son las políticas públicas en medios, los indicadores y la alfabetización mediática. Miembro de LabCOMandalucía desde 2017. Entre sus publicaciones destacan las monografías en coautoría Guía de Transición Ecosocial y Principios Éticos para Nuestros Medios (2020) y Las Mujeres como Impulsoras de Transiciones Ecosociales hacia Sociedades más Justas y Diversas (2020).
Sara López Gómez
Comunicadora social y periodista por Uniminuto, Colombia. Investigadora predoctoral en Universidad de Málaga. Ha trabajado en la dinamización de procesos socioculturales para la Secretaría de Educación Departamental de Antioquía, Colombia. Ha ejercido como communitymanager y periodista para empresas del sector público/privado contribuyendo a la generación de contenidos audiovisuales, así como a la maquetación de publicaciones. Su investigación se centra en las problemáticas socio-ambientales y la comunicación popular.
