El presente trabajo pretende establecer una serie de propuestas de mejora en una serie de ámbitos concretos de actuación con el colectivo migrante y, más concretamente, con las mujeres que llegan a nuestro país. Para ello, nos acercamos a una serie de datos estadísticos que nos permiten establecer el perfil de la mujer migrante en España para, a continuación, realizar estas propuestas para este colectivo específico, atendiendo a una serie de ámbitos de actuación —establecidos allá por el año 2007, momento en el que se publica el primer plan estratégico de ciudadanía e integración en España— y que aún siguen rigiendo las políticas públicas migratorias y las propuestas internacionales en materia de mujer e inmigración.
Los flujos migratorios no constituyen un fenómeno ligado solamente a las sociedades contemporáneas, ya que, en mayor o menor intensidad, siempre han estado presentes (). Nuestro país se ha caracterizado por tener un alto volumen de flujos migratorios, tanto de salida, como de entrada. Si a principios del siglo XX, numerosos españoles abandonaron nuestro país hacia el continente americano o, bien avanzado ya dicho siglo, hacia otros países de Europa, lo cierto es que en la actualidad nos hemos convertido en un país de acogida “para inmigrantes provenientes de los países desarrollados, del norte de África, del continente americano, del este de Europa y de otras partes del mundo” (). Así, España, en palabras de es “uno de los cinco países del mundo que acoge un mayor número de inmigrantes”.
Antes de abordar el complejo fenómeno migratorio, es importante diferenciar tres conceptos importantes. El concepto de migración se entiende como “movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país” (). En esta definición se incluyen, además de las migraciones internas de un país, las externas o ‘internacionales’, esto es, la inmigración y la emigración. La primera se refiere a la entrada de una persona o personas a un Estado del cual no son nacionales con la intención de quedarse en el mismo de forma indefinida, mientras que la emigración se refiere justamente a lo contrario, a la salida de un país para irse a otro por tiempo también indefinido. En este trabajo se abordará el fenómeno de la inmigración.
Es posible identificar, además, otras variables y aspectos muy estudiados en el ámbito de las ciencias sociales, que adquieren unas particularidades concretas cuando las visibilizamos en el colectivo migrante. Nos estamos refiriendo a cuestiones socioeducativas, laborales y de género, cuyos parámetros varían considerablemente al tratarse de personas en situación de salida de un país propio hacia otro país de acogida y las consecuencias que todo este proceso conlleva. En este sentido, en los últimos años hemos asistido a un aumento considerable de los flujos migratorios hacia nuestro país (;, ), sobre todo de aquellos casos protagonizados por mujeres. Así, en la actualidad podemos hablar de la feminización de las migraciones (; ; ) lo que ha supuesto un cambio en la tendencia a inicios del s. XXI, donde este fenómeno estaba claramente masculinizado. Si con anterioridad, el rol de las mujeres era pasivo y dependiente del varón, ahora son ellas las que inician estos procesos, convirtiéndose en la cabeza del hogar y la familia (; ; ).
Desde las distintas instituciones y en los diversos informes que han tratado de abordar la inclusión del colectivo migrante en general (; ; ), se ha recalcado que las mujeres migrantes sufren una doble discriminación: por su origen (inmigración) y por su género (femenino), algo percibido por el propio colectivo. De hecho, en un primer momento, las mujeres migrantes perciben la discriminación por ser extranjeras y, en un segundo momento, por ser mujeres, siendo esta discriminación completa (por extranjería y por mujer) en el ámbito laboral (, 2008; ; ). Es por ello, que la inclusión del colectivo femenino migrante nos enfrenta a un reto particular dentro de ese gran desafío que es la inclusión de este colectivo en nuestro país, ofreciendo respuestas y actuaciones más específicas dirigidas a las mujeres, cuyos procesos de llegada, acogida e inclusión se ven más afectados por su condición femenina.
¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de inclusión social de la población migrante? Siguiendo a la Organización Internacional para las Migraciones () cuando nos situamos en el fenómeno migratorio y hablamos de inclusión social nos referimos a un “proceso consistente en mejorar la habilidad, las oportunidades y la dignidad de las personas que se encuentran en desventaja debido a su identidad, para que puedan participar en la sociedad”. Pero es cierto que esta definición no sólo es aplicable al colectivo migrante sino también a todos aquellos grupos y colectivos que puedan estar marginados o excluidos en la sociedad, esto es, aplicable a la diversidad de individuos entendidos en su globalidad ().
Finalmente, es preciso contextualizar este trabajo. Nuestro objetivo no es otro que la realización de una aproximación teórica sobre las migraciones femeninas, aportando una serie de pautas de mejora en aquellos aspectos en los que están poniendo ya el foco los documentos internacionales como el Pacto Internacional por la Migración () o la Agenda 2030 (), aunque somos conscientes de que el fenómeno migratorio posee una alta complejidad que lo hace inabarcable en un trabajo de estas características. De este modo, hemos seleccionado aquellos datos estadísticos de interés, informes y documentos científicos varios que nos han servido para caracterizar las migraciones femeninas en España, así como de las principales instituciones y organismos (tanto públicos como privados) que desarrollan su labor con este colectivo. En este caso, abordamos solamente cuatro de los múltiples ámbitos que los dos planes estratégicos de ciudadanía e integración (2007-2010 y 2011-2014) establecían, pues el espacio es limitado y las propuestas de mejora a aportar, muchas. Finalmente, cerramos el texto con unas conclusiones a nivel general sobre la necesidad de seguir avanzando en materia de inclusión social de las mujeres migrantes en el Estado español.
Desde el año 2015 hasta el 2019 se produce un aumento progresivo del flujo migratorio hacia nuestro país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (). Sin embargo, en el año 2020 se percibe un descenso acusado, revirtiéndose las tendencias migratorias habidas hasta el momento. Así, la inmigración desciende en el primer semestre de 2021 un 22,6%, comparativamente al mismo período de 2020. Por el contrario, la emigración ha sido un 82,8% superior que en la primera mitad de 2020. Este saldo migratorio casi nulo (201.638 inmigraciones procedentes del extranjero a España frente a 202.004 emigraciones al exterior de nuestro país, lo que da como resultado -366 personas) unido al número de defunciones, ha tenido como consecuencia un descenso poblacional en España ().
Si nos centramos en los movimientos migratorios de mujeres extranjeras hacia España, observamos que su número es más elevado que el de los hombres, salvo en el año 2020 (INE, 2022b), tal y como podemos observar en la tabla siguiente.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 169.626 | 204.209 | 260.161 | 319.082 | 376.035 | 236.402 |
| Mujeres | 172.488 | 210.537 | 271.971 | 324.602 | 374.445 | 231.516 |
| TOTAL | 342.114 | 414.746 | 532.132 | 643.684 | 750.480 | 467.918 |
Esta tendencia de aumento de flujos migratorios de varones frente al de las mujeres continúa en el primer semestre del año 2021 (). Asimismo, teniendo en cuenta los países de procedencia del colectivo femenino migrante que llega a España, podemos afirmar que llegan, en su mayor parte, desde América Latina y desde países de nuestro contexto más inmediato —UE-28 y otros países europeos no contemplados en la categoría anterior— ().
En cuanto a la edad de las mujeres que llegan a España y prestando atención a la tabla 2, podremos observar un incremento de los flujos migratorios, desde el año 2015, según los rangos de edad considerados, tendencia que, sin embargo, cesa bruscamente en 2020, reduciéndose las cifras migratorias en este sentido de manera considerable.
Si consideramos los rangos establecidos en el colectivo femenino observamos que los datos van en aumento desde el primer grupo de edad considerado (16 y 20 años) hasta llegar al rango establecido entre los 41 y 45 años, grupo a partir del cual comienza a percibirse una reducción de las cifras migratorias. Es posible comprobar, a la luz de los datos manejados, como el mayor número de mujeres se concentran en aquellos grupos o rangos más jóvenes y/o de mayor carga o desempeño laboral. Dentro de estos grupos, son las mujeres de entre 21 y 25 años y de entre 26 y 30 años las que, mayoritariamente, llegan a nuestro país, siendo las de este último grupo de edad, las más numerosas. En tercer lugar, se situarían aquellas mujeres de entre 31 y 35 años que deciden migrar hacia España.
En diciembre de 2021, ascendía a 2.327.800 el número de mujeres extranjeras residentes en España. El estado civil del 50,01% es soltera y el 49,99% casadas. La mayor parte de estas mujeres tiene entre 35 y 44 años (26,22%) y entre 25 y 34 años (21,49%) (). La tasa de actividad asciende a un 62,58%. Del 1.456.700 de mujeres que se encuentran activas, la mayor parte provienen de América Latina (41,98%). El 32.59% tienen una edad de entre 35 y 44 años. El 61,15% tiene estudios secundarios o de educación superior. El sector en el cual desempeñan su ocupación la mayor parte es el sector servicios (74,51%) y la situación profesional que más abunda es la de asalariadas (73,39%) ().
Aunque las motivaciones para llevar a cabo un proceso migratorio son diversas (; ), el principal motivo de migración de las mujeres es el económico, siendo su objetivo fundamental obtener un empleo (; ; ; ; ; ).
Sin embargo, la inserción laboral no es tarea sencilla. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) () las mujeres migrantes tienen más probabilidades de trabajar en empleos de bajo nivel de cualificación y salario, así como mayor inestabilidad laboral. Las ocupaciones del colectivo femenino migrante se centran en el sector servicios (hostelería, personal doméstico, limpiadores/as, etc.), con realización de dos empleos en algunos casos. Además, un factor de interés que cabría destacar en lo que a empleo se refiere es que, comparativamente, se observa un mayor desempleo, y empleo sumergido o más inactividad en mujeres que en hombres inmigrantes (). En un análisis según países de procedencia, son las mujeres africanas las que presentan mayores tasas de inactividad (55,7%) y de desempleo (18,9%) para el año 2019 (). Igualmente, los empleos de baja cualificación son compartidos por mujeres latinoamericanas, africanas y de Europa del este. Y esto a pesar de que la mayor parte de las mujeres migrantes que llegan a nuestro país poseen estudios secundarios o superiores, como ponen de manifiesto investigaciones recientes (; ).
En lo respecta a la situación familiar con relación a los descendientes, la mayor parte de las mujeres migrantes tiene a sus hijos en España gracias a las medidas de reagrupación familiar o porque vienen con ellas en el momento de llegada a nuestro país. Sin embargo, se percibe una tendencia en el caso de mujeres latinoamericanas, para las cuales la reagrupación familiar no es una prioridad, siendo el grupo femenino que posee más “situaciones familiares transnacionales” ().
Si atendemos a la situación legal del colectivo femenino migrante en España, según las cifras (véase Tabla 3) obtenidas del Observatorio Permanente de la Inmigración (), en el año 2018 las mujeres extranjeras con autorización de residencia en vigor sumaron un total de 319.864, comparativamente con las 286.902 autorizaciones de varones extranjeros en el mismo período anual. En el año 2019 la cifra de mujeres que obtienen autorización de residencia aumenta hasta llegar a 359.524, pero en 2020, siguiendo las tendencias de descenso para este año concreto, las cifras disminuyen.
Analizando los datos anteriores por nacionalidad, son las mujeres procedentes de países latinoamericanos las más numerosas en cuanto a autorizaciones (110.956 en el año 2018, 134.972 en 2019 y, finalmente, 148.771 autorizaciones en 2020), siguiéndolas, aunque con cifras mucho menores, las mujeres procedentes de la Unión Europea (84.763 mujeres autorizadas en el año 2018, 95.280 en el año 2019 y 75.898 en el año 2020).
En síntesis, se puede afirmar que algunos de los rasgos que caracterizan al colectivo inmigrante femenino son, por un lado, que se encuentra particularmente excluido socialmente, pues no participa o les resulta complejo participar en las prácticas, derechos o servicios de la sociedad de acogida (educación, formación, sanidad, etc.). A esto hay que añadirle las demás problemáticas sociales que, a nivel general, afronta la sociedad a la que tratan de incorporarse: laborales, económicas, etc. Además, el fenómeno migratorio se caracteriza por reproducir los estereotipos y roles de género ya que las mujeres emigran para garantizar la subsistencia familiar desarrollando, en la mayoría de los casos, empleos de baja cualificación o remuneración, concretamente en el sector servicios como trabajadoras del hogar; limpiadoras; cuidadoras de enfermos, mayores o niños; etc. (; ; ; ; ; ; ). Además, por su papel social, cultural y familiar, las mujeres inmigrantes deben hacer frente a la conjugación de dos modos de vida: deben mantener las propias tradiciones, pero, a la vez, tienen que favorecer el proceso de integración propio y ajeno (de los hijos e hijas, fundamentalmente) en la sociedad de acogida.
Antes de abordar este apartado, conviene aclarar que el desarrollo de políticas de inclusión del colectivo migrante en nuestro país se sitúa a inicios del s. XXI, a pesar de la gran tradición de flujos migratorios hacia el exterior e interior de nuestras fronteras. Se trata de actuaciones y medidas coordinadas por diversos organismos, instituciones y entidades que tratan de abordar la diversidad de realidades con las que nos encontramos, cambiantes y con multitud de variables que las hacen distintas en cada caso. Así, es preciso mencionar, a nivel estatal, al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ampara otros organismos como pueden ser el Portal de la Inmigración o el OPI. Igualmente, cada región del Estado español pone en marcha una serie de políticas vinculadas con la migración, atendiendo a las características que este fenómeno adquiera en sus territorios —el proceso de acogida a migrantes no se realiza del mismo modo si nos situamos en Canarias o en Galicia—. En todo caso, existen organismos gubernamentales a nivel autonómico y local (consejerías, concejalías, oficinas, etc.) que ponen en marcha las políticas y ámbitos de actuación destinados a las personas migrantes, bien sea al amparo de otros organismos destinados a la ciudadanía en general —como los organismos de Servicios Sociales—, bien sea desde organismos creados específicamente para gestionar el fenómeno migratorio en su territorio —una Consejería de Migraciones—.
En segundo lugar, hay que señalar que la perspectiva de género es un aspecto transversal a las propuestas que tratamos de abordar, sobre todo, teniendo en cuenta el principio constitucional de la igualdad entre hombres y mujeres que desarrolla la , para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y que debe estar presente en todas las propuestas, políticas y estrategias por parte de administraciones y entidades públicas y privadas. Sin embargo, a nivel internacional la cuestión de género dentro de las políticas, prácticas o normativa no se ha definido claramente a pesar de los numerosos intentos por desarrollar este aspecto.
Finalmente, seguimos la clasificación de ámbitos establecida por los planes estratégicos de ciudadanía e integración (; ), pero seleccionando aquellos que, desde nuestro punto de vista, más inciden en el proceso de inclusión del colectivo migrante y que, por tanto, presentan un mayor ajuste con el ámbito socioeducativo y los aspectos relacionales y comunicativos que se pretende abordar en este trabajo.
Es un ámbito esencial y aspecto clave que va a condicionar el proceso de inclusión posterior de las mujeres en nuestro país, ya que “una buena gestión de la acogida permite acelerar la inserción en todos los ámbitos vitales” (). Los organismos y la documentación oficial al respecto (; ; ; ) señalan que no existen procesos de acogida universales ni sistemáticos para el colectivo migrante () pues confluyen multiplicidad de factores que inciden en este proceso: país/lugar de procedencia, modo de llegada a nuestro país, situación vital del individuo (nivel educativo y sociocultural, llegada con empleo/sin empleo, núcleo familiar en el país de procedencia, miembros de la familia en España, etc.). Desde el año 2004, existen en España una serie de Principios Básicos Comunes sobre la Integración que establecen que las buenas políticas de acogida son aquellas que promueven, por un lado, un conocimiento elemental de los aspectos socioculturales básicos de la sociedad de acogida (idioma, historia e instituciones) y, por otro, el acceso de las personas migrantes a las instituciones, bienes y servicios (públicos y privados) en las mismas condiciones que la ciudadanía nacional, sin discriminación alguna. A su vez, existen tres modalidades diferenciadas para la acogida:
La acogida se entiende y se desarrolla de distinta manera, dependiendo de las circunstancias y características del colectivo migrante a su llegada. Las respuestas ofrecidas, a nivel general, van desde aquellas más generales hasta las más específicas: alojamiento temporal y cobertura de necesidades básicas, información y asesoramiento acerca de la sociedad acogedora —«guías de servicios» en diferentes idiomas en las cuales se explican los distintos servicios públicos existentes (especialmente aquellos relativos al colectivo migrante) y los trámites y pasos a realizar en cada uno—, acceso de la población migrante a servicios sociales y sanitarios, aprendizaje del idioma o idiomas existentes —a través de programas lingüísticos para el conocimiento y manejo de la lengua o lenguas oficiales de la región y/o aquellos para la mejora de la comunicación en la atención del colectivo migrante a través de un servicio continuo de traducción—, información y orientación sobre educación, formación y empleo (ajuste del nivel educativo, actualización de cualificaciones, etc.), asesoramiento jurídico, procesos de inserción laboral, etc. Igualmente, se han establecido protocolos de actuación conjunta y coordinada entre la administración y las distintas instituciones y asociaciones que realizan labores de acogida, para que la respuesta sea unificada y permita una optimización de los recursos existentes, a través de programas y redes de acogida integral de los colectivos inmigrantes.
En cuanto a las personas en situación de especial vulnerabilidad social se realizan una serie de acciones específicas como pueden ser los programas de atención y apoyo a personas inmigrantes vulnerables, centros de atención social de segundo nivel —que continúan con procesos iniciados en la acogida inicial— o programas de acogida a mujeres inmigrantes en situación de vulnerabilidad social —violencia de género, prostitución, tráfico de personas, etc.—. Así, por ejemplo, las mujeres inmigrantes que estén en situación irregular y que son víctimas de violencia de género pueden denunciar su situación siendo asistidas e informadas sobre su derecho a solicitar la orden de protección y la autorización de residencia temporal por razones humanitarias.
Todas estas medidas adoptan una forma específica al ir destinadas a la mujer inmigrante, si bien es cierto que es posible mencionar otras áreas específicas de la acogida que se relacionan directamente con este colectivo en particular. En este sentido, podríamos mencionar el derecho a la reagrupación familiar que desde hace unos años se puede solicitar si ya se ha residido de manera legal en España durante un año (además de otros criterios), para aquellos familiares que se desee reagrupar.
Dados los factores implicados en la llegada, los datos aportados en líneas anteriores y las distintas actuaciones que se desarrollan a nivel general, nuestra propuesta de mejora en el ámbito de la acogida se incardina en una serie de puntos esenciales:
A las menores migrantes que llegan a España se les garantiza el derecho a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria (art. único once, ). En el caso de las que tienen más de 16 años, al no ser de carácter obligatorio, solamente está condicionada por los requisitos de acceso de cada centro, “no pudiendo ser denegada por la situación administrativa de estancia irregular, dado que el derecho a la educación es universal” ().
Teniendo en cuenta lo anterior, el sistema educativo español tiene en consideración al colectivo migrante que llega a nuestro país en el ámbito de atención a la diversidad y la equidad en educación. Concretamente, a los menores migrantes se les considera alumnado con integración tardía en nuestro sistema educativo y se garantiza su escolarización en el curso adecuado atendiendo a su edad, nivel educativo, historial académico y circunstancias sociofamiliares (art. 78, texto consolidado de la ), a partir de una evaluación diagnóstica de todos estos factores en el/la menor. Asimismo, entre las medidas que se establecen para la atención de estos menores, se decreta la realización de inmersión en programas específicos de carácter lingüístico o competencial, en paralelo a su escolarización en centros y grupos ordinarios (art. 79, texto consolidado de la ) para favorecer su inclusión escolar, social y cultural. A partir de todo esto, cada comunidad autónoma con competencias en materia educativa —la amplia mayoría de las existentes— establecen y ajustan las medidas concretas para la atención al colectivo de menores migrantes escolarizados mientras que las administraciones locales tienen presencialidad en los órganos de gestión de los centros educativos, participan en el cumplimiento de la escolarización obligatoria de los menores y también en la programación de las enseñanzas, en la construcción y el sostenimiento de dichos centros.
En el caso de la educación de las mujeres migrantes adultas, estas pueden disponer de acceso a la educación de adultos de carácter público si cumplen con los requisitos exigidos. La educación de adultos permite obtener el Título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que, a su vez, otorga la continuidad en el sistema educativo pudiendo acceder a los ciclos de Formación Profesional (FP) de grado medio o a las enseñanzas de bachillerato, fundamentalmente. Sin embargo, en estos casos concretos las medidas para la adaptación de este nuevo alumnado son prácticamente inexistentes en lo que a sistema educativo y enseñanza de adultos se refiere.
En este sentido, debemos recordar que un amplio número de mujeres que llega a nuestro país lo hace con una titulación —mayoritariamente secundaria o universitaria— cuyo reconocimiento y homologación es un factor clave que contribuye a su inclusión social en nuestro país. Este procedimiento hace equivalentes y le otorga los mismos efectos oficiales que un título académico obtenido en España. Para ello se establecen unos cauces administrativos en el Ministerio de Educación y Formación Profesional para dicha homologación o convalidación —el alumnado que vaya a continuar sus estudios en la Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria no tendría que convalidar estudios, simplemente incorporarse al centro educativo en donde desee continuarlos—. Cuando en el procedimiento administrativo de homologación o convalidación de títulos de enseñanzas no obligatorias y/o superiores se observan carencias en la formación acreditada en relación con el título español puede suceder que se deniegue la homologación o que estas carencias no sean suficientes para resolver la denegación. En este último caso, se establece como condición la superación por parte de la persona interesada de una formación complementaria —prueba de aptitud, realización de un período de prácticas, elaboración de un proyecto o trabajo concreto, asistencia a cursos tutelados, etc.— () en los centros educativos que corresponda y a elección de la persona interesada, que le permita superar estas carencias detectadas. Sin embargo, según datos arrojados por distintos estudios, la tasa de homologación de titulaciones extranjeras es muy baja dados los requisitos y procedimientos implicados, ya que “requieren de tiempo y dinero; no siempre se está en posesión de los documentos originales del país de origen y el trámite para solicitarlos es largo, a lo que se añade el hecho de que algunos países no facilitan este proceso a sus nacionales” ().
El factor educativo actual y su incidencia en el colectivo migrante femenino supone atender a una serie de elementos que, en otros casos, no estarían presentes, tales como la existencia de hijos/as en el país de origen (y la posibilidad de reagrupación familiar) o la llegada con estos a nuestro país, entre otros factores. Ello conlleva plantearse una serie de cuestiones de mejora en cuanto al ámbito educativo con este colectivo, tanto a nivel ‘macro’ como ‘micro’. Así pues, de manera general, serán necesarias las siguientes medidas:
A nivel más específico (centro educativo/entorno local) podríamos establecer los siguientes aspectos:
Desde las administraciones públicas españolas se desarrollan servicios dirigidos a la población empleada y desempleada, sobre todo, centradas en la búsqueda activa y obtención de empleo, formación continua (tanto de reciclaje de competencias como de adquisición de otras nuevas y necesarias para el sector o sectores productivos) y gestión de prestaciones y subsidios como la Renta Activa de Inserción (RAI). También trabajan para/con emprendedores y empresas. A nivel estatal es necesario mencionar el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), un organismo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social que, junto con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, configuran el Sistema Nacional de Empleo. El sistema en su conjunto trata de diseñar y desarrollar actuaciones en materia de empleo de manera ajustada a los diversos territorios que configuran el país (). Así mismo, en la gestión de las políticas y servicios de empleo participan activamente la administración local y otras entidades sociales (mediante convenios de colaboración) para garantizar la accesibilidad a estos servicios y recursos. En todo caso, en la labor desarrollada por estos servicios se presta especial atención a los colectivos en riesgo de exclusión social, dentro de los cuales se sitúa el colectivo migrante.
El empleo se considera como uno de los indicadores de inclusión pues favorece “un bienestar económico, genera relaciones personales y con la comunidad, así como un reconocimiento social” (). A nivel general, las políticas de empleo no establecen actuaciones específicas para el colectivo migrante ni para mujeres migrantes —salvo acciones o programas vinculados con colectivos vulnerables—, existiendo un principio de ‘normalidad’ que favorece la inclusión de los individuos al no realizar diferenciaciones en cuanto al acceso a los recursos y servicios —este acceso se produce una vez inscritos/as como demandantes de empleo—.
No obstante, consideramos necesario atender específicamente a las mujeres migrantes para que la inclusión social no se vea dificultada por una serie de circunstancias desfavorables para este colectivo. Es necesario recordar las características de los sectores empleadores de mujeres migrantes, esto es, pequeñas y medianas empresas que no poseen representación sindical que pueda ayudarlas en el conocimiento de los recursos y servicios a su alcance como trabajadoras, el tipo de puestos que ocupan —a veces empleos de la economía sumergida— y las situaciones discriminatorias o de pérdida de derechos laborales que se pueden estar produciendo. Como hemos visto, los puestos de trabajo que desarrollan las mujeres migrantes están muy relacionados con el empleo doméstico, un trabajo de poca cualificación en relación con la sobre-cualificación que presentan estas, con niveles educativos de carácter secundario o superior. Además, los salarios suelen ser más bajos, tanto en lo que respecta al ámbito laboral como a la condición femenina (; ; ; ; ; ; ) y de ellas se espera —más que de sus compatriotas varones— el envío de parte o la totalidad de sus ingresos para la manutención de la familia en el país de origen ().
Igualmente, conviene recordar las características individuales y del propio contexto familiar de la mujer migrante, cuya “menor edad, mayor fertilidad, mayor temporalidad, concentración en ocupaciones de baja cualificación, mayores horas de trabajo, mayor pluriempleo, posible hacinamiento en la vivienda y bajos salarios” (), también dificultan todo el proceso de inclusión en nuestro país.
Teniendo en cuenta todo lo anterior —fundamentalmente que el empleo es un factor clave para la inclusión social— formulamos una serie de aspectos de mejora en torno al ámbito laboral con este colectivo, a saber:
Conviene recordar que las competencias en servicios sociales recaen en su totalidad en el ámbito de las comunidades autónomas, por tanto, cada región posee sus propios servicios en esta materia, los cuales se encargan de la cobertura de las necesidades sociales, la prevención de situaciones de marginación y la promoción de la igualdad e inserción de las personas de la comunidad. En estos servicios se presta especial atención, entre otros, al colectivo de migrantes y minorías étnicas, así como a otros grupos que puedan estar en situación de vulnerabilidad. Son las administraciones locales (según la ) las que gestionan los servicios sociales de base o de atención primaria, que suponen una puerta de entrada al resto de servicios y prestaciones del sistema público pues, según las valoraciones de los profesionales del servicio, se derivará el caso a otros recursos o servicios públicos. En un segundo nivel nos encontramos con la atención especializada, que puede darse en el propio municipio o a nivel provincial o regional. De esta forma, las medidas que, a nivel general, se desarrollan desde la atención primaria de servicios sociales () son información y orientación; ayuda a domicilio y apoyo familiar en el entorno directo; alojamiento alternativo temporal; prevención e inserción social con intervenciones concretas; favorecimiento de la cooperación social; gestión de ayudas y prestaciones —Ingreso Mínimo de Inserción, si se dispone de la tarjeta de residencia con una antigüedad mínima de un año—; ayudas de emergencia; pensiones no contributivas; gestión de equipamientos en materia social —comedores sociales, oficinas de información, centros sociales de estancia diurna, albergues y/o pisos tutelados, etc.—.
La atención específica de servicios sociales, como su nombre indica, se desarrolla en situaciones concretas de la población que, por sus características o complejidad, precisan de unos recursos especializados, siendo derivados desde los servicios sociales de atención primaria. En relación al funcionamiento de los servicios sociales, recalcan la percepción diferente que la población autóctona posee de estos, viéndolos como “última red de seguridad y de protección ante el riesgo de la vulnerabilidad y la exclusión social”, mientras que para la población migrante son “un primer trampolín de inserción”. Así pues, las demandas que presenta el colectivo migrante en este caso son, inicialmente, sobre aspectos y ámbitos básicos como educación, vivienda, sanidad y ámbito jurídico () aunque en los casos de extrema vulnerabilidad y exclusión, las demandas se centran en alimentación y ropa. Posteriormente, vendrán las demandas en relación con el empleo y demás servicios. Igualmente, podemos afirmar que son las mujeres migrantes las primeras que acuden a estos servicios. En este sentido, la mayor parte de los administraciones autonómicas y locales ha desarrollado medidas y estrategias dirigidas al colectivo migrante —programas, proyectos, guías, actividades—, sin embargo, en este ámbito es preciso considerar aquellos territorios en los que se produce una mayor afluencia de migrantes. Los pocos estudios existentes acerca de la utilización de los servicios sociales por parte de este colectivo (; ; ; ) desmienten la idea —muchas veces transmitida por los medios de comunicación y por determinadas corrientes políticas— de que las personas migrantes viven de las prestaciones y servicios sociales, llegando a la conclusión, incluso, de la necesidad de establecer la figura de los mediadores/as interculturales o la formación y cualificación de los profesionales de estos servicios, medidas que también consideramos imprescindibles. Además de esto, realizamos otras propuestas de mejora en el ámbito de los servicios sociales:
Un aspecto motivador hacia la decisión de migrar es la existencia de contactos o conocidos en el lugar de destino, algo que siempre ha caracterizado este fenómeno. En un estudio llevado a cabo en España acerca de las redes sociales de los migrantes () se analizaba esta cuestión en un continuo a lo largo del proceso de decisión de migrar (antes, en el momento de llegada y posteriormente) y las implicaciones que para el colectivo migrante tenían estas redes. Las conclusiones alcanzadas indican que, independientemente de la nacionalidad, la mayor parte de los migrantes realizan contactos con parientes o conocidos antes de su llegada a España, manteniéndolos con posterioridad a su llegada. Aunque la reagrupación familiar está en la base de este proceso, también existen relaciones con amigos u otros parientes lejanos. Además, ya en España, se establecen redes que vinculan a los migrantes ‘similares’ —sean de parentesco o por cuestión cultural— ayudando al enraizamiento socioemocional, al apoyo social, la comunicación e inclusión de los llegados, sobre todo de las mujeres. Aquí podemos enmarcar a las asociaciones en donde se agrupan los migrantes de un mismo origen. Por tanto, se confirma la influencia que la familia extensa, los amigos y otras personas compatriotas conocidas tienen tanto en la acogida en el momento de llegada a nuestro país como a la hora de llevar a cabo y facilitar los procedimientos vinculados con los ámbitos tratados anteriormente.
Asimismo, las personas migrantes establecen relaciones con colectivos nacionales (amigos, instituciones, asociaciones…), aunque en mucha menor medida. En un estudio de se concluyó que las mujeres migrantes se mostraban interesadas por los acontecimientos actuales de su contexto directo, y que sus relaciones con el entorno próximo (asociacionismo, actividades políticas, etc.) pasaban por disponer de tiempo libre para realizarlas. No obstante, también se ponía de manifiesto que las tareas del hogar ocupaban, en la mayor parte de los casos, el tiempo libre del que disponían estas mujeres, lo que pone de manifiesto que la vida social y política de las mujeres migrantes en su contexto directo parece quedar relegada a un segundo plano.
Finalmente, la corriente tecnológica educativa y sociológica actual señala que un déficit en el acceso a las TIC y a Internet se relaciona con la exclusión social de los individuos. Interesantes estudios al respecto (; ) concluyen que las TIC favorecen la integración de los migrantes —con diferencias entre nacionalidades— pues sirven como herramienta para la comunicación con familiares, amigos y conocidos —tanto de origen como de acogida—, para la provisión de apoyo social y emocional, así como para la realización de determinados trámites y/o acceso a recursos.
En la actualidad, España es uno de los países que más personas migrantes acoge, habiendo sido en su momento un país con altas tasas de emigración, tanto con carácter interno como externo —se habla de una gran oleada migratoria de doble vía en España desde la segunda mitad del siglo XIX y primeros años del XX (traslado de los pueblos a las ciudades y también hacia otros países) y de otra segunda gran ola a mediados del siglo XX— que tuvieron enormes repercusiones económicas, políticas y socioculturales (; ; ; ; ; ; ; ).
Esperando las estadísticas anuales para el año 2021 —las que existen en la actualidad son provisionales para el primer semestre del año—, lo cierto es que los datos para el año 2020 se ven modificados por el estallido de la pandemia a causa de la COVID-19 y las consecuencias que a todos los efectos ha tenido a nivel mundial, también en el fenómeno migratorio. Así pues, podemos afirmar que, de no haberse producido este hecho de gran afectación sanitaria, laboral y social, las cifras aportadas en el primer apartado de este texto habrían seguido las tendencias existentes que se iniciaron a partir del año 2015 en relación a los flujos migratorios, haciéndose aún más nítido el perfil de la mujer migrante que llega a nuestro país: mujer joven (de entre 20 y 30 años) y, por consiguiente, en edad de trabajar, procedente de países de Latinoamérica, con estudios secundarios y/o superiores, que ocupa puestos de trabajo de baja cualificación —no acorde a su titulación académica en muchos casos— e, incluso, en la economía sumergida. Además, estas mujeres consideran que su situación en España es tal y como se la esperaban o mejor (), mostrando interés por participar en la vida de su entorno más directo, lo cual tiene enormes implicaciones en su inclusión. Sin embargo, no debemos olvidar que las actividades vinculadas con la vida social, política y cultural son relegadas a un segundo plano en la vida de estas mujeres migrantes, pues no tienen tiempo o consideran que están destinadas al colectivo masculino.
Los movimientos migratorios han supuesto para España “un efecto rejuvenecedor entre la población (…) y el incremento de población en los grupos de edad más claramente relacionados con la actividad laboral” () además de una ruptura del estereotipo existente acerca de las personas migrantes —que los medios de comunicación se han encargado de transmitir ()— y, más concretamente de las mujeres, consideradas como personas sin estudios y que, por consiguiente, solo podrían optar a trabajos de baja cualificación, o que viven de prestaciones de los servicios sociales (Moreno Márquez & Aierdi, 2008), en muchos casos, por razón de género. Sin embargo, es necesario que todos los países, especialmente aquellos con tradición migratoria, refuercen sus políticas a este respecto, en la línea de lo establecido en los informes y estudios internacionales (; ; ), algo a lo que pretendemos contribuir con este trabajo. Así pues, una medida de impacto a adoptar por los distintos estados es la universalización de acceso a los servicios públicos de todas las mujeres migrantes, sea cual sea su situación, simplificando los procedimientos () ya que, según diversos estudios (, ; ), la mayor parte de los casos de vulnerabilidad que padecen las mujeres migrantes son resueltos y apoyados por organizaciones sociales, observándose una clara falta de respuesta por parte de las políticas y administraciones públicas. Por ello, además de las propuestas de mejora para cada ámbito, tratadas en este trabajo, es conveniente un cambio en las políticas migratorias de nuestro país () poniendo a las mujeres en el centro de estas, combatiendo los obstáculos acerca del ‘género’ y atendiendo adecuadamente las necesidades de las mujeres migrantes (violencia sexual y de género; salud sexual, reproductiva y maternidad; empleo, etc.) a través de varias propuestas (). Sólo de este modo se garantizará la inclusión y la equidad en el ámbito de la migración (; ; ).
Como segunda medida de impacto, en la línea de lo ya establecido a nivel internacional, se encontraría la formación integral y especializada en materia de género y migración para los profesionales responsables de la atención a la mujer migrante. Distintas investigaciones () ponen de manifiesto “la falta de profesionalización y de preparación del personal de los servicios públicos que las atiende” (), aspectos ya reseñados como propuestas específicas en varios ámbitos dentro de este trabajo.
Somos conscientes de la inexistencia de recetas mágicas a la hora de alcanzar la plena inclusión social y la plena igualdad de género. Como todo proceso humano requiere de propuestas y actuaciones adaptadas al contexto, situación y caso concreto, reforzando las medidas más adecuadas y corrigiendo aquellas que no hayan obtenido los resultados esperados. Solo así, se seguirá avanzando en la inclusión plena.
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[*] Eva María Barreira es doctora en Educación y profesora en la facultad de Formación del Profesorado de la Universidade de Santiago de Compostela. Co-directora del Curso de Especialización Pedagógica y Didáctica y coordinadora del Prácticum del centro. Su tarea investigadora se centra en la formación profesional, perfiles profesionales y competencias docentes, entre otros intereses de estudio.
[**] Olaya Santamaría es doctora en Educación por la USC, profesora en UNIR y colaboradora experta del Curso de Especialización Pedagógica y Didáctica de la Universidade de Santiago. Sus intereses de investigación, dentro del Grupo GEFIL-USC, se enfocan en torno a la formación y orientación profesional. En el terreno profesional se ha desempeñado en el ámbito del diseño y gestión de la formación de personas desempleadas.
[***] Carmen Sarceda es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación y mágister en Planificación, Gestión y Evaluación de Programas de Formación Ocupacional de la Universidade de Santiago de Compostela. Ejerce como profesora en la Facultad de Formación del Profesorado de la USC y es co-directora del Curso de Especialización Pedagógica y Didáctica.
[****] Antonio Rial es doctor en Educación por la USC, profesor titular del departamento de Didáctica y Organización Escolar, actualmente ad honorem. Ha sido coordinador científico del Museo Pedagógico de Galicia, director del departamento de Didáctica y Organización Escolar y director del grupo de investigación GEFIL-USC. Sus intereses de investigación se han desarrollado especialmente en la inserción sociolaboral de colectivos diversos y en nuevos escenarios formativos, entre otros ámbitos.
[1] Committee on the Elimination of Discrimination Against Women o Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
[3] El tratamiento de las cuestiones de género como aspectos prioritarios en los programas y políticas sociales se estableció en la Plataforma de Acción de Pekín y supone valorar las implicaciones que cualquier actuación (normas y leyes, políticas, proyectos, etc.) planificada y desarrollada por las administraciones públicas tiene para mujeres y hombres.
[4] Estas guías pueden estar a disposición de los interesados tanto en formato físico como digital, alojadas en las webs de los organismos que se encargan de los factores migratorios. En esta misma línea, también tenemos que hablar de los portales de inmigración/migración que poseen distintas comunidades autónomas para facilitar información útil al colectivo migrante.
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Olaya Santamaría es doctora en Educación por la USC, profesora en UNIR y colaboradora experta del Curso de Especialización Pedagógica y Didáctica de la Universidade de Santiago. Sus intereses de investigación, dentro del Grupo GEFIL-USC, se enfocan en torno a la formación y orientación profesional. En el terreno profesional se ha desempeñado en el ámbito del diseño y gestión de la formación de personas desempleadas.
Carmen Sarceda es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación y mágister en Planificación, Gestión y Evaluación de Programas de Formación Ocupacional de la Universidade de Santiago de Compostela. Ejerce como profesora en la Facultad de Formación del Profesorado de la USC y es co-directora del Curso de Especialización Pedagógica y Didáctica.
Antonio Rial es doctor en Educación por la USC, profesor titular del departamento de Didáctica y Organización Escolar, actualmente ad honorem. Ha sido coordinador científico del Museo Pedagógico de Galicia, director del departamento de Didáctica y Organización Escolar y director del grupo de investigación GEFIL-USC. Sus intereses de investigación se han desarrollado especialmente en la inserción sociolaboral de colectivos diversos y en nuevos escenarios formativos, entre otros ámbitos.
