The historic president of the Mothers' Association of Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, has died at the age of 93, most of them suffered under a slogan: Alive they were taken away, alive we want them back. We all know, almost more than half a century later, that those disappeared by the Argentinean civil-military genocide will never be among us again, and many of these Mothers already sensed it during those years. But there is nothing more wonderful than to cry out for those impossible lives as a sign of total love and eternal condemnation of their murderers.
El pasado jueves 17 de noviembre las Madres realizaron su marcha número 2317 en la Plaza de Mayo, y giraron alrededor del obelisco que está en el centro, como han hecho cada semana desde 1977. El primer día de este girar y girar, un sábado de hace ya cuarenta y cinco años, eran pocas, muy pocas, pero suficientes para sumar la intención de entregarle una carta al general Jorge Rafael Videla preguntando por sus hijos desaparecidos. Obviamente, el dictador ni siquiera las recibió, agachado detrás de su sabida impunidad. Fue en aquel día cuando decidieron concentrarse en esa plaza de Mayo, frente a la casa de Gobierno.
La policía las obligó a circular y las Madres comenzaron a hacerlo en círculo, en parejas, unidas por un deseo acuciante de obtener una información imprescindible para continuar con sus vidas: conocer dónde se encontraban sus hijos y sus nietos. Desde esa tarde la rueda se fue agrandando, dando la vuelta al planeta, convertida en uno de los más claros referentes de la lucha por los derechos humanos y por la exigencia del derecho a la verdad.
A fines del pasado noviembre Hebe de Bonafini ya no se presentó en esa rueda semanal en Buenos Aires. La histórica presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo había muerto a los 93 años, la mayoría de ellos sufridos bajo el lema Con vida se los llevaron, con vida los queremos. Todos sabemos, casi más de medio siglo después, que aquellos desaparecidos por el genocidio cívico-militar argentino no volverán a estar entre nosotros, y muchas de esas Madres lo hicieron presente durante aquellos años de plomo. Pero nada hay más hermoso que clamar por aquellas vidas imposibles como una muestra de amor total y de condena eterna a sus asesinos.
En los últimos años Hebe de Bonafini se ha dedicado a dar conferencias en las que ha ido describiendo en detalle cómo nacieron las Madres de Plaza de Mayo y cómo llevaron adelante su lucha infatigable. En una de esas charlas contaba cómo tres de las Madres fundadoras, sus compañeras Mary de Bianco, Azucena Villaflor y Esther de Careaga fueron asesinadas y arrojadas al Río de la Plata en su empeño por que los diarios argentinos publicaran una página pagada por ellas en la que querían dar a conocer a la ciudadanía los nombres de sus hijos y las circunstancias de sus respectivas desapariciones. “Es que ya no sabíamos que hacer para que alguien nos escuchara y publicaran lo que estaba pasando con nuestros familiares...”, nos dice Hebe en un momento de su recordatorio sobre el inicio del movimiento. Ese silencio de los medios, que duró varios años, es la más fría de las losas que pesa sobre la prensa argentina.
Que los argentinos no se enteraran de las actuaciones de la única resistencia visible a las brutalidades de la dictadura que lideraba Jorge Rafael Videla no era una casualidad, sino el producto de una trama de desinformación orquestada desde la cúpula militar a la que los grandes medios del país se adhirieron con fervor.
"Nuevo Gobierno", "Las Fuerzas Armadas asumen el poder, detúvose a la Presidenta", "Fue la de ayer una jornada de absoluta normalidad en Córdoba", "Hubo absoluto orden en la Capital Federal", "Tranquilidad en el sector universitario", "Normalidad en todo el país"; con estos titulares saludaron el inicio del régimen.
La Nueva Provincia, publicaba el 24 de marzo de 1976: “la Argentina es una nación occidental y cristiana” y señalaba como enemigos del país “al aparato subversivo, el ‘sacerdocio’ tercermundista, la corrupción sindical, los partidos políticos, la usura de la ‘derecha económica’ y la contracultura izquierdizante”. Y abundaba en esa arenga al odio: “Al enemigo es menester destruirlo allí donde se encuentre, sabiendo que sobre la sangre redentora debe alzarse la segunda república”; se recomendaba entonces desplegar una “violencia ordenadora” que “no haga distinciones al emplear su fuerza limpia contra las banderías opuestas.”. Entre las señaladas, aquellas que debían ser purificadas por el fuego, claro está, se encontraban las Madres de Plaza de Mayo que, con cada marcha, les hacían visibles los rostros ausentes de sus desaparecidos.
En la madrugada del golpe acudieron a la Casa de Gobierno los directores de los principales medios de prensa bonaerense, a informarse de cómo funcionaría el “Servicio Gratuito de Lectura Previa”; es decir, la oficina de censura previa que desde ese día trabajaría desde la Casa Rosada. La oficina de censores, sin embargo, apenas desempeñaría sus funciones. En apenas un mes los militares se convencieron de que los medios comerían de su mano y que serían sus fieles herramientas de desinformación. No en vano la patronal Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) se manifestaba satisfecha por "el cambio de estilo producido en las relaciones entre el gobierno y la prensa", y ese mismo año manifestó a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que la libertad de prensa en la Argentina era “una realidad".
Cuando en 1983 la periodista italiana Oriana Fallaci visitó Buenos Aires, concedió una rueda de prensa a los informadores argentinos y les espetó que si no estaban muertos ni habían sido desaparecidos era “que habían colaborado con el régimen”. Aquello indignó profundamente a los periodistas presentes, pero esa indignación resultó insuficiente a la hora de ocultar y destruir las pruebas de la estrecha colaboración de los dueños de los medios, y de gran parte del periodismo, con los autores del genocidio. Es cierto que pocos sectores de los poderes fácticos argentinos han escapado a este baldón, pero casi ninguno tan reprochable como el papel de los grandes grupos de medios de comunicación que se convirtieron en cómplices necesarios.
El 2 de agosto de 1976 La Nación, hablando en nombre de todos ellos, señalaba:
La prensa argentina ha aceptado la necesidad de la vigencia de ciertas restricciones que resultan indispensables en los momentos difíciles que vive la Nación. Lo ha hecho porque es consciente de que ella debe también efectuar su aporte al combate de la subversión. En tal sentido, la prensa nacional no tiene dificultades con un gobierno que persigue idénticos fines.
Mientras estas cosas se decían y escribían, estos medios justificaban y silenciaban que antes de ese fin de año ya 70 periodistas habían sido detenidos, desaparecidos o asesinados. Un par de años después las voces de las Madres de Plaza de Mayo, que ya habían alcanzado cierta resonancia internacional, consiguieron junto a otras organizaciones humanitarias que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fuera a Buenos Aires y se la autorizara realizar audiencias abiertas para que quienes tuvieran denuncias por vulneración de esos derechos las presentaran durante tres días en sus oficinas de la Avenida de Mayo. Como era imaginable, decenas de esas madres encabezaban la larga cola que allí se formó.
La respuesta a este dolor expresado ante la CIDH vino de los medios de comunicación. Desde LS5 Radio Rivadavia el periodista deportivo José María Muñoz utilizando su gran poder de convocatoria instó a que quienes festejaban en las calles haber ganado el Mundial de Fútbol Juvenil se dirigieran a donde sesionaba la Comisión: "Vayamos todos a la Avenida de Mayo y demostremos a los señores de la Comisión de Derechos Humanos que la Argentina no tiene nada que ocultar", instigaba el locutor.
Por su parte, el diario La Nación escribía en su editorial:
Habrá que confiar en que los miembros de la Comisión serán capaces de observar algunos hechos positivos que se dan en nuestro país en materia de la observancia de los derechos humanos, como ser la independencia de un Poder Judicial que se preocupa no sólo por hacer respetar las normas generales sino también por someter al control de razonabilidad los actos del Poder Ejecutivo.
Un poder judicial que a lo largo de dos años ya venía archivando las demandas de habeas corpus que presentaban Hebe de Bonafini y sus compañeras.
Esta generalizada complicidad con el régimen alcanzó tonos de horror en el caso de la Editorial Atlántida, editora de gran número de revistas semanales dirigidas a distintos públicos. El 10 de septiembre de 1979 en su revista femenina Para Ti, publicó la entrevista titulada “Habla la madre de un subversivo muerto”, donde se hacía hablar a Thelma Jara de Cabezas, que había sido secuestrada en la tristemente celebre Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), convertida por los militares en el mayor centro de torturas del régimen. Thelma Jara era madre de un joven montonero desaparecido y fue trasladada de esa prisión clandestina, acicalada y llevada por sus carceleros a una conocida confitería del barrio de Palermo, en Buenos Aires.
En ese plató inusual, rodeada de figuración, Thelma Jara fue entrevistada por el periodista Alberto Escola y el fotógrafo Alberto La Penna quienes descargarían sus responsabilidades, posteriormente en el juicio que se les abrió tras la dictadura, en su jefe de redacción Alejandro Botinelli, que también fue procesado.
Jara negaba la desaparición de su hijo, decía que éste se había marchado a Europa, mientras que los periodistas aseguraban que la entrevista realizada era “un testimonio esclarecedor y tremendo que descubre los métodos de la subversión”. La Editorial Atlántida había puesto a todas sus publicaciones a la tarea de contrarrestar las denuncias internacionales sobre violaciones a los derechos humanos en el país, junto a otros medios y algunos destacados periodistas, antes y durante la celebración de la Copa Mundial de Fútbol de 1978. Los desinformadores se inventaron una “campaña anti-argentina” desarrollada por los exiliados en Europa y que supuestamente lideraba el escritor Julio Cortázar.
Samuel Gelblung, jefe de redacción de la revista Gente, la de mayor tirada editorial, publicó desde París el artículo “Cara a cara con los jefes de la campaña anti-argentina” donde arengaba: “El terrorismo abrió un frente externo... Pero el país no está desarmado para hacerles frente. Debe contrarrestar esa campaña con la verdad, su arma más poderosa”. Mientras tanto se silenciaba la sentencia pronunciada públicamente por el general Ibérico Saint-Jean, gobernador de la provincia de Buenos Aires: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos”.
Los periódicos Clarín y La Nación, quizás la prensa más beneficiada por la dictadura militar, han sido involucrados no sólo en el ocultamiento de las muertes y desapariciones de ciudadanos, sino también en una operación de apoderamiento ilícito de la empresa Papel Prensa (dedicada a la fabricación de papel de diario) que era propiedad del banquero David Graiver. Cuando este empresario murió en un accidente aéreo nunca aclarado en agosto del 76, a pocos meses de producirse el golpe de Estado, varios medios comienzan a difundir su presunta vinculación a la guerrilla Montoneros. El diario Clarín incluye ese supuesto en ocho de sus ediciones entre septiembre y octubre de aquel año. La Nación hace lo propio en tres ediciones de octubre y las revistas Gente y Somos, de Atlantida, publicaron un informe vinculando a Graiver con la guerrilla también ese mismo octubre.
Cuando la viuda de David Graiver, Lidia Papaleo, regresó a la Argentina en septiembre de 1976 fue amenazada para que vendiera las acciones de Papel Prensa a las empresas dueñas de los diarios Clarín, La Nación y La Razón (ya desaparecido). El miedo hace claudicar a la familia Graiver y la operación se realiza a través de la sociedad interpuesta FAPEL, creada al efecto. Al término de la firma de la venta el abogado del diario Clarín, Bernardo Sofovich, advierte a la viuda de Graiver que deberían salir del país esa misma noche y guardar silencio sobre la operación. Lo que no hicieron. En los meses siguientes todos los familiares y socios de David Graiver fueron presos, muertos o desaparecidos. Una resultante de este trapicheo con las vidas y derechos de las personas fue la desregulación de la propiedad de los medios que facilitó al Grupo Clarín erigirse en una de las mayores concentraciones de medios sudamericanos.
Ricardo Kirschbaum, que fuera director del diario Clarín durante toda la dictadura, llegó a negar haber conocido las muertes, detenciones, confinamientos y secuestros ejecutados durante ese periodo y afirmó que “había rumores pero que no le merecieron veracidad”. Sin embargo, en esos mismos momentos que recordó en sus charlas Hebe de Bonafini, el periodista Rodolfo Walsh editaba el boletín de ANCLA (Agencia de Noticias Clandestina) que funcionó entre el primero de junio de 1976 y septiembre de 1977 incluso después de que su director fuera muerto el 25 de marzo de este año y relevado por Horacio Verbitsky. En esos meses más de 200 cables de ANCLA llegaron a todas las redacciones locales y a los domicilios de muchos periodistas, además de a empresarios, miembros de las iglesias y personalidades de la cultura. Lo que hace innegable el conocimiento en esos grupos de lo que ocurría en el país. Verbitsky, más allá de los rumores que posiblemente escuchara Kirschbaum, encontró años después una copia de la carta de Walsh en los archivos del diario Clarín.
ANCLA informaba sobre los campos de concentración, la aparición de cadáveres en lagos y descampados, incluso esboza los vuelos de la muerte (aunque Walsh no los atribuye a aviones sino a buques de la Armada), las divisiones internas dentro de la Junta, la política económica, las persecuciones, amenazas, exilios y la repercusión de todo ello en el exterior.
El día de su muerte Walsh había distribuido su “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”, en la que denuncia la existencia de detenidos desaparecidos.
Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Más de siete mil recursos de hábeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los cincuenta o sesenta que lo hacían fueron a su turno secuestrados. De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en diez días según manda una ley que fue respetada aun en las cumbres represivas de anteriores dictaduras. (R. Walsh, 24 de marzo de 1977).
Esto que relata Walsh, pocas horas antes de que un grupo de tareas lo emboscara e hiciera desaparecer, era lo que ya sabían y sufrían las Madres de Plaza de Mayo, desinformadas de las desapariciones y ninguneadas desde los medios. Aunque nadie en la prensa argentina puede decir que no sabía qué estaba pasando, ni cuál era la razón de la lucha de mujeres como Hebe de Bonafini.
Este pasado jueves 24 de noviembre, Hebe volvió a la Plaza de Mayo para quedarse en ella para siempre, en el círculo, en la rueda. Cientos de personas acompañaron sus cenizas a ese espacio desde donde luchó por la vida y las libertades de todos.
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Dardo Gómez Ruiz Díaz es periodista argentino y reside en España desde 1977. Ha sido presidente del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) y secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP). Ha ejercido la docencia del periodismo en la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona y, en la actualidad, es profesor emérito en la UOC.
