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José María Martín-Moreno
Universidade de Vigo, Departamento de Fundamentos da Análise Económica e Historia e Institucións Económicas, Campus Universitario Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo, España
Espanha
https://orcid.org/0000-0001-6238-4861
Rodrigo Cerviño Rodríguez
Universidade de Vigo, Área de Administración, Secretaría de Xerencia, Campus Universitario Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo, España
Espanha
https://orcid.org/0000-0003-0005-0107
v. 30 n. 2 (2021), Short Notes, páginas 1-9
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.30.2.7206
Recibido: 29-10-2020 Aceito: 02-12-2020 Publicado: 09-06-2021
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Resumo

La puesta en marcha de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que entró en vigor el día 9 de marzo de 2018, impuso un gran cambio para las universidades españolas y, por ende, a las tres universidades públicas del Sistema Universitario de Galicia (SUG). Posteriormente, la Ley Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 introdujo cierta flexibilidad a la hora de relajar dicho control de los límites para las Administraciones Públicas que realizan actividades dedicadas a la investigación. El objetivo que se pretende con este trabajo es mostrar las diferentes decisiones que se tomaron en las tres universidades públicas del SUG para analizar el impacto de esas resoluciones en la contratación menor, así como una comparativa con el resto de universidades de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). 

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Referências

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Legislación consolidada. Jefatura del Estado. Boletín Oficial del Estado, 272, de 9 de noviembre de 2017. Referencia: BOE-A-2017-12902. Recuperado de: https://www.boe.es/eli/es/l/2017/11/08/9/con

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