2.1. Sistema de producción y discriminación xenófoba

Advierte Segato que las clases son grupos de sujetos insertos en el sistema productivo, que están marcados y son percibidos como orgánicos o determinados por una naturaleza, que exhiben su lugar en la escala social y su anclaje en posiciones estructurales19. Estructuras de las que emanan políticas, leyes y actitudes que no solo reflejan sino reproducen esa discriminación, dando lugar a lo que Ferrajoli denomina racismo institucional20. En el caso planteado, que ni las instituciones policiales ni las judiciales interpretaran que los policías actuaran de forma incorrecta al proferir frases como “puta negra, vete de aquí” demuestra lo arraigado y profundo del racismo en nuestras estructuras, normalizando actitudes claramente discriminatorias.

Y es que, en verdad, el racismo en cuanto a discriminación de quien se percibe diferente, es muy anterior a la noción biológica de raza dada en el s. XIX21 y, en el contexto europeo podemos situar su origen en dos fuentes; una es de orden religioso, pues la cristiandad de la península ibérica construyó su identidad en oposición a musulmanes y judíos durante la Reconquista. La otra fuente estaría vinculada en ese mismo momento histórico con la expansión ultramarina, al Colonialismo y la Conquista americana22, momento en el que “las relaciones con los otros se establecieron como relaciones de dominación y, por lo tanto, se hizo necesario justificarlas deshumanizando a las víctimas por ser diferentes”23. De esta forma, raza dice Segato no es otra cosa que la huella de una historia otrificadora que construyó Europa como idea epistémica, económica, tecnológica y jurídico-moral que aún distribuye valor y significado en nuestro mundo y que, por eso, el no-blanco tiene la huella de su subordinación histórica24.

Si en un principio, la llegada de la Modernidad y su doble revolución francesa e industrial inglesa de finales del s. XVIII, parecían traer un nuevo orden de cosas basado en la libertad, la igualdad y la fraternidad, lo cierto es que no fue más que un espejismo, pues como bien apunta Sanz Mulas, en realidad se pasó del totalitarismo de la raza al del dinero25. El nuevo orden mundial liberal regido por el mercado, dividía a los individuos entre propietarios y no propietarios, consigna que sigue siendo la base de nuestro sistema productivo. En la actualidad, la causa primera de la discriminación se centra en la globalización, que no solo ha sido económica y política, sino también cultural, porque mientras las fronteras geopolíticas se hicieron laxas para algunos, las fronteras culturales se endurecieron, cuyas consecuencias más inmediatas han sido los desplazamientos mundiales y el renacimiento de los racismos26. Por eso, desde posiciones multiculturalistas como la defendida por Laurenzo Copello, se señala que lo que ha contribuido a generar una imagen estereotipada y despectiva de los migrantes es el intento de presentar como cultura global lo que no es más que un localismo globalizado27. Por eso, reconocemos junto con Portilla Contreras que, en la construcción de un derecho intercultural, lo ideal sería encontrar teorías de la justicia que nos permitieran vincular la razón universal no a unos principios permanentes e inmutables sino al reconocimiento en igualdad de las diferencias28. En cualquier caso, se rechaza la idea de la existencia de una identidad ideal, siendo esencial la diferencia como ente constitutivo29. En definitiva, habría que partir de un universalismo basado en la reciprocidad de los discursos, en la igualdad de las diferencias30.

De esta forma, si partimos del reconocimiento de grupos privilegiados y oprimidos, estaremos de acuerdo en que el grupo de los migrantes en España pertenece a los segundos, donde el concepto de raza se produce en el seno de una estructura donde el estado y los grupos que con él se identifican producen y reproducen sus procesos de instalación en detrimento de los otros31. El problema es que, en los últimos años, las políticas se han centrado en algunos de los síntomas que emanan del sistema de producción capitalista y no tanto en modificar sus estructuras, lo que, según Segato, ha provocado un “vaciamiento de la política y su reducción a los términos de una pelea distributiva aparentemente basada en el cerramiento de las identidades y en fobias étnicas, con el consecuente abandono de ataques a un objetivo mayor como había sido la lucha contra el capitalismo”32.

4.1. En primer lugar: raza/etnia en 1965

La primera de las circunstancias discriminatorias que se desarrollan a nivel internacional, en el seno de las Naciones Unidas, es el racismo. Se lleva a cabo a través de la Convención internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de 21 de diciembre de 1965. En su art. 4 refiere a la prohibición de la provocación xenófoba, condenando toda “propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma”.

De su parte, la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo de la Unión Europea de 28 de noviembre de 2008 relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal. La DM incluso cuando define la discriminación por “ascendencia, se refiere esencialmente a las personas o grupos de personas que son descendientes de personas que pueden ser identificadas por ciertas características (como la raza o el color), sin que necesariamente puedan observarse aún todas esas características, a pesar de lo cual dichas personas o grupos de personas pueden ser objeto, debido a su ascendencia, de odio o violencia” (Considerando 7). Se trata de un término que es ampliación del racismo y la xenofobia y que en Europa parece hacer referencia a la integración de esas segundas o terceras generaciones de excolonias europeas que no pocos problemas de integración han suscitado51.

Por último, destacar en la región latinoamericana, la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia de 5 de junio de 2013 (A-68 Convención Antirracismo), que entró en vigor en noviembre de 201752. En esta convención más reciente en el tiempo, la OEA sí parte del convencimiento de que ciertas personas y grupos pueden vivir formas múltiples o agravadas de racismo, discriminación e intolerancia, motivadas por una combinación de factores como la raza, el color, el linaje, el origen nacional o étnico u otros reconocidos en instrumentos internacionales. Comprobamos que, aunque no refiere específicamente la interseccionalidad, sí reconoce que estas circunstancias discriminatorias pueden combinarse entre ellas.

5.1. La aprobación de la ansiada Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación

Barrere considera imprescindible un tratamiento normativo legislativo pedagógico a la hora de introducir la interseccionalidad en España, y apuesta por hacerlo desde los preámbulos o Exposiciones de motivos de las leyes72, y precisamente esta opción ocurre a partir del año 2022 en España.

Por primera vez, la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación73 introduce en el apartado 3 del art. 6 los conceptos tanto de discriminación múltiple74 como interseccional75 en nuestro ordenamiento. Es precisamente dentro del apartado III del preámbulo, referido a los “Principios, objetivos, medios y estructura” de la ley, donde afirma que ésta “contiene instrumentos para abordar las graves consecuencias que se dan cuando interaccionan en una misma persona dos o más motivos de discriminación, especialmente en las mujeres”.

Como sabemos, los servicios sociales son de vital importancia para los colectivos menos favorecidos o vulnerados por el capitalismo patriarcal. Por eso, esta ley en su art. 16 define el Derecho a la igualdad de trato y no discriminación en la prestación de estos servicios, estableciendo una garantía por parte de las administraciones públicas, en el acceso y la prestación de los diferentes servicios sociales para que no se produzcan situaciones discriminatorias. Además, garantiza que “los planes y programas sobre servicios sociales procurarán la atención prioritaria de los grupos especialmente vulnerables, con especial atención a la situación de las mujeres y las niñas. Importante resaltar que estos planes incluirán programas de formación profesional que promuevan un enfoque de diversidad e igualdad de trato, que ayude a identificar situaciones de discriminación múltiple e interseccional”.

5.2. La Ley del solo sí es sí

También la reciente aprobación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual76, más conocida como la ley del solo sí es sí, incorpora la perspectiva interseccional, afirmando en su apartado I del preámbulo que; “además de la edad, otros factores determinan que no todas las víctimas de violencias sexuales cuenten con las mismas oportunidades de vivir sin violencia y de obtener una respuesta adecuada en su búsqueda de apoyo, protección y justicia. ... . La discriminación por motivos de género está unida de manera indivisible a otros factores de discriminación como la discapacidad, el origen racial o étnico, la orientación sexual, la identidad sexual, la clase social, la situación administrativa, el país de procedencia, la religión, la convicción u opinión o el estado civil.77”

Seguidamente, el apartado II del preámbulo recoge el motivo de su introducción. Se debe a que el Grupo de Expertos en Acción contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO) del Consejo de Europa, en su primer informe de evaluación de la aplicación por parte de España del Convenio de Estambul, criticó a España por concentrar todos sus esfuerzos en la violencia en el seno de la pareja en detrimento de otras formas de violencia. El GREVIO pide “fortalecer las medidas para prevenir y combatir la violencia que afecta a mujeres expuestas a discriminación interseccional; reforzar la formación de profesionales como agentes policiales, trabajadores de la salud y docentes, y evaluar las diferentes capacitaciones disponibles para el poder judicial 78”.

Finalmente, el ap. III del preámbulo afirma que esta ley “incluye la perspectiva de género e interseccionalidad como prisma desde el que garantizar que todas las acciones judiciales, medidas de protección y de apoyo y servicios para las víctimas, se adecúan a sus diversas necesidades y respetan y fortalecen su autonomía, con especial atención a las víctimas menores de edad y con discapacidad”. Es en el art. 2 donde definen los principios rectores de la actuación de los poderes públicos, entre los que se encuentran: el enfoque de género79, la prohibición de discriminación80 y la atención a la discriminación interseccional y múltiple81.

Como finalmente pedía BS, esta ley sí parece establecer las bases hacia un protocolo de actuación para importantes operadores jurídicos como son los jueces y fiscales en la detección de estas discriminaciones complejas. En su art. 27, la ley insiste en la formación dentro de las Carreras Judicial y Fiscal y de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia en la materia82. En definitiva, parece que el año 2022 se consolidó a nivel legislativo la interseccionalidad, ahora queda por saber traducirlo en la práctica de forma efectiva.

5.3. Cómo introducir la interseccionalidad en la aplicación del Derecho penal

Una vez introducido el término en nuestra legislación, quedaría por estudiar la manera de implementarlo y evitar que lo dispuesto en estas novedosas leyes quede en una mera declaración de buenas intenciones. Por ello, y siguiendo a Cruells López y La Barbera, para incorporar la perspectiva interseccional en la praxis jurídica se deben tomar en consideración al menos tres elementos: 1. El marco legislativo en un contexto determinado, denominado condiciones macro. 2. El rol de los actores intervinientes en el proceso judicial que constituye las condiciones meso y 3. la experiencia de los individuos o grupos sociales objeto de discriminación que constituirían las condiciones micro83.

En relación a las condiciones macro, ya hemos hecho referencia en este trabajo a la falta de una legislación integrada, debido a que el concepto de discriminación ha venido diseñado protegiendo cada una de las desigualdades84, hasta que por fin tenemos las leyes aprobadas en 2022 analizadas en el apartado anterior. El problema es que el derecho antidiscriminatorio que conocemos hoy suele interpretarse por parte de los operadores jurídicos desde la perspectiva de la igualdad formal, y por ello el problema de la discriminación se analiza como un problema de igualdad de trato, y no tanto como problema que hunde sus raíces en las desventajas estructurales que enfrentan diariamente determinados individuos y grupos sociales85. Es importante recordar en este punto la perspectiva estructural de la que partimos en este trabajo, precisamente porque la interseccionalidad describe la interacción entre sistemas de opresión como lo son el capitalismo y el patriarcado86.

Respecto de las condiciones meso, es importante contar con una sociedad civil concienciada que se organice en movimientos sociales o ONGs que permitan la participación social de estos grupos sociales87. En el caso de la presentación del caso de B.S ante el TEDH esta ayuda fue fundamental88. Pero no solo las ONG sino todos los operadores jurídicos implicados, de ahí la importancia de capacitar a los jueces, y a los fiscales como dispone la Ley del solo sí es sí, pero también a los policías actualizando sus protocolos de actuación.

Finalmente, en cuanto a las condiciones micro, parece claro que “no disponer de permiso de residencia, naturalizar las experiencias de discriminación, o no entender cuándo está en juego más de un factor de discriminación son elementos que pueden influir a la hora de denunciar y alegar discriminaciones interseccionales”89. En este sentido, el caso de B. S es bastante excepcional, más allá de la seguridad emanada de su permiso de residencia, lo cierto es que mostró una especial fuerza desde el inicio del proceso90.

6.1. ¿Cómo calificar penalmente el caso B.S.?

Como sabemos, en el caso Beauty Solomon, España fue condenada por el TEDH por la falta de una investigación profunda de los malos tratos recibidos por la demandante. Nos preguntamos, si en caso de vencer estas estructuras que impidieron investigarlo y juzgarlo, qué delitos podrían haber sido imputados a los policías. Pues bien, en nuestra opinión ocurren dos hechos con relevancia penal. En primer lugar, cabe destacar los insultos y, en segundo lugar, los malos reflejados en el parte médico. Una primera opción sería analizar los dos hechos como uno solo, como un continuun donde los insultos no harían más que contextualizar el marco de los golpes subsiguientes, que podríamos catalogar del art. 147.2 ó 3 CP que ya incluirían ese desvalor (racista) al aplicarle la agravante discriminatoria del art. 22.4 CP. Y otra opción sería barajar los dos hechos por separado, donde nos preguntamos, si por ejemplo cabría aplicar a las injurias del art. 208 CP la agravante discriminatoria del art. 22.4 CP por motivos racistas y a los malos tratos del actual art. 147. 2 ó 3 CP podríamos aplicarle también la misma agravante, pero por razones de género. Esto sin duda nos llevaría probablemente a topar con un non bis in idem incompatible con nuestro programa penal constitucional.

Parte de la doctrina ya se ha pronunciado al respecto, criticando la solución que puede aportar el art. 22.4, porque esas expresiones o esos malos tratos no afectan solo a la dignidad y honor de la demandante, sino que ese hecho también afecta a su derecho a la igualdad, y por tanto esa ruptura de la igualdad sería un elemento constitutivo de la conducta que no podría funcionar como circunstancia agravante de, se supone, otra conducta. Por eso, lo que Barrere Unzueta propone es incorporar la discriminación como un elemento resignificador de determinados delitos, considerándolos así, discriminatorios93.

Para salvar esta cuestión, viene siendo habitual por parte de la doctrina penal aludir a la doble vertiente que tienen estos hechos; una individual y otra colectiva. Es por eso que, siguiendo a Tapia Ballesteros, entendemos que una acción discriminatoria incide tanto en la esfera individual de la persona discriminada como en la colectiva, porque perpetua la situación de marginación del grupo al que pertenece94. En este sentido, la dimensión individual de la conducta discriminatoria la dota de contenido, mientras que la colectiva contribuye a determinar su gravedad95. Solo tomando en consideración esta dimensión colectiva, parece tener sentido la agravante96. Si partimos de la base de que las conductas discriminatorias favorecen la profundización de las desigualdades entre los grupos, así como los comportamientos intolerantes, podemos advertir que tales conductas entran en contradicción con el modelo de convivencia establecido en nuestra Constitución97. Por ello Laurenzo Copello diferencia que son dos los bienes jurídicos implicados en el trato discriminador, esto es, “el derecho a ser tratado como un ser humano igual a los demás y el modelo de convivencia plural y multicultural del que parte nuestra Constitución98”. Se considera así, que todo trato discriminatorio supone al menos un peligro para la preservación de las pautas sociales99, y que estas conductas recogen el peligro que comportan las actitudes intolerantes y hostiles hacia ciertos colectivos que pueden desembocar en actos concretos de violencia100.

Por todo lo anterior, reconocer la existencia de un Derecho penal antidiscriminatorio es tanto como afirmar que “el titular del interés ... no es el concreto agredido, más aún, que dicho interés no es de titularidad individual101”. Por eso, Landa Gorostiza introduce un elemento corrector, que es el de interpretar la normativa antidiscriminatoria no desde una perspectiva individual (como el derecho que tiene todo individuo a ser tratado como un igual) sino que la perspectiva debe ser colectiva, por lo que el bien jurídico debe orientarse en un objeto “supraindividual que es la seguridad existencial de minorías especialmente sensibles frente a ataques que pongan en peligro su confianza en la supervivencia del grupo102”. O como apostilla Hortal, el sentimiento de tranquilidad del colectivo lesionado y el riesgo de su lesión en el futuro103.

Por otro lado, la mayoría de la doctrina coincide en reconocer que en estos delitos se produce un adelanto de las barreras penales, porque las conductas no responden a la lesión del bien jurídico “ser tratado como un ser humano igual a cualquier otro”, sino porque son idóneas para ponerlo en peligro104. De esta forma, se estaría interpretando los mal denominados delitos de odio105 “en clave de pura prohibición ético-social en la que no se exija, sino que se presuma, una cierta peligrosidad según un juicio impersonal ex ante para un bien jurídico-penal106”. En la mayoría de las ocasiones estaríamos hablando de un peligro abstracto presunto, ni siquiera de un delito de peligro posible107.

Respecto de la confluencia de dos o más circunstancias discriminatorias, lo cierto es que no existe un reconocimiento explícito de la interseccionalidad en el art. 22.4 CP, ni sabemos cómo podría traducirse ese plus en la responsabilidad penal sin caer en el non bis in idem. Pensamos si quizás, resuelto ese conflicto con el principio de legalidad, y por analogía al actual art. 66.3 CP podríamos sugerir, por ejemplo, atender a la mitad superior de la pena resultante para estos casos108.

De otro lado, para finalizar, no debemos dejar de atender a la condición especial que presentan los sujetos activos en el caso analizado, puesto que son policías. Este dato, sumado a la línea de la aplicación del art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (prohibición de la tortura) que es precisamente la solución aportada por el TEDH en el caso, nos lleva a barajar también la aplicación del art. 174.1 CP109, puesto que se trata de agentes de la autoridad que llevaron a cabo procedimientos contra la integridad moral de B.S. con fines discriminatorios110. De esta forma, podríamos reconducir aquí lo solicitado por Barrere Unzueta ya que el art. 174.1 CP sí incorpora la discriminación como un elemento del tipo. Finalmente, la cláusula concursal del art. 177 CP nos permitiría valorar igualmente las injurias y los malos tratos antes analizados junto con este delito111. Dudamos una vez más, si ese elemento discriminación incorporado en el art. 174 sería compatible con la estimación de la agravante del 22.4 en las injurias y los malos tratos en base al respeto del principio non bin in idem. Creemos sin duda que este principio sería el mayor obstáculo a la hora de incorporar la interseccionalidad en el código penal.

6.2. La vulnerabilidad definida en el art. 187 CP. Valoración crítica. Bases para un cambio hacia la interseccionalidad

Se pretende demostrar en este trabajo que lejos de adoptar un concepto de vulnerabilidad relacionado con el enfoque interseccional, el concepto (de vulnerabilidad) que maneja nuestro legislador en el tipo penal denominado determinación coactiva a la prostitución, se identifica siempre con el de explotación sexual112. Lege lata, el art. 187.1 I CP castiga a quien “empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución” (proxenetismo coactivo). Esto es, de inicio equipara el uso de violencia, intimidación o engaño, con la vivencia de una situación de necesidad o vulnerabilidad como métodos para doblegar la voluntad de una persona y forzarla al ejercicio de la prostitución113. De esta forma, se equiparan las víctimas que sufren una violencia interpersonal ejercida por aquellos a los que están sometidas, con las víctimas de la violencia estructural que genera toda globalización capitalista y su política depredadora con su lógica de exclusión y explotación114. Lo peor es que, desde 2003 también castiga en el apartado 1 II. “a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma” (proxenetismo no coactivo), donde se prescinde, literalmente, de la voluntad de quien se prostituye. Y por si quedaran dudas, en 2015, se añade una definición de explotación que incide sobre lo anterior, puesto que, “en todo caso, se entenderá que hay explotación cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 1. Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica. 2. Que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas”. Nos unimos a esas voces críticas que entienden que no debe igualarse explotación sexual y lucro económico, porque no es lo mismo. Se trata casi de una asimilación punitiva (2 a 5 años de privación de libertad en el primer caso y 2 a 4 años en el segundo) de dos conductas que son muy dispares: 1) la de quienes determinan a su ejercicio involuntario mediante intimidación, violencia, engaño o abuso y 2) la de quienes se lucran explotando la prostitución de otra persona aun con el consentimiento de la misma115.

Lo que a efectos de este trabajo interesa realmente es la equiparación siempre entre vulnerabilidad y explotación, porque dista mucho del concepto del TEDH. Una asimilación que es consecuencia de la influencia del feminismo radical y su influencia en los instrumentos internacionales. El ejemplo más claro es el que se desprende del Protocolo sobre trata, derivado de la Convención de Palermo del año 2000 donde comienza esta deriva con la equiparación entre engaño, coacción y situación de vulnerabilidad “de mujeres y niños”116, y donde, por tanto, se consagra la vulnerabilidad por razón de género como consecuencia de la presión de este sector del feminismo117. Una equiparación que se produce en el momento en que la prostitución deja de ser un asunto de moralidad subjetiva para ser una forma de violencia de género, es decir, deja de lado la autodeterminación personal para ser una forma de explotación sexual masculina118. De esta forma, el viejo debate prostitución libre y forzada se sustituye por el de explotación sexual, no limitado a violencia ni engaño, y aparece el término vulnerabilidad. La consecuencia directa de lo anterior es que, en tanto vulnerables, la voluntad de las prostitutas no es relevante119. Es decir, se prescinde del consentimiento de las mujeres por esa supuesta vulnerabilidad de género, máxime cuando se trata de mujeres migrantes dedicadas a la prostitución. En este sentido, es muy poderosa la imagen victimista de las mujeres migrantes, que no hace más que poner de manifiesto “una mirada colonial de las feministas occidentales orientada a perpetuar la presunción de infantilismo y desvalimiento de las mujeres del Tercer Mundo120”, una vez más, incapaces de consentir. Es esta condición de víctima vulnerable el elemento clave para negarle su libertad de decidir121.

Sin embargo, a lo largo de este trabajo se ha tratado de poner de manifiesto que esa vulnerabilidad no procede de una condición de migrante o de mujer prostituta ni de un color de piel per se, sino del significado que esas características tienen en nuestras estructuras sociales. Por tanto, la clave de su vulnerabilidad no procede de sus proyectos migratorios libremente asumidos, sino de la falta de reconocimiento social y de la inexistencia de un estatus jurídico que ampare sus derechos122. Parece obvio afirmar que más bien esa vulnerabilidad procede de que el migrante no es tratado como un igual y eso desemboca en la marginalidad123, máxime cuando a esa circunstancia de extranjero se añade la perspectiva de género y la del ejercicio de trabajos no regulados. Desde aquí se critica cómo el sentido de la vulnerabilidad recogida en el art. 187 CP es casi antagónico al concepto de vulnerabilidad específica del TEDH en el caso analizado. Este concepto del código penal en absoluto se relaciona con la interseccionalidad que emana de esos ejes discriminatorios género, clase, raza, etc, sino al contrario, lo que hacen es negar la libertad de decisión de las mujeres migrantes dedicadas a la prostitución aun cuando dan su consentimiento. Para evitarlo, sería interesante que nuestra legislación en este punto dejara de equiparar conductas consentidas de las que no lo son, diferenciar la violencia directa ejercida sobre una prostituta para forzarla a la explotación sexual de la violencia estructural, así como no igualar explotación y lucro económico.

Sin duda, la existencia de leyes como la LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, tampoco ayudan al empoderamiento de las trabajadoras sexuales, sino que han venido a empeorar su situación de vulnerabilidad y estigmatización124, sobre todo de aquellas que ejercen su actividad en la calle125. Con esta ley, se puede sancionar al cliente de la prostitución por una infracción grave126, pero también podrían ser igualmente sancionadas las personas que ofrezcan estos servicios, a quienes se requerirá “para que se abstengan de hacerlo en dichos lugares, informándoles de que la inobservancia de dicho requerimiento podría constituir una infracción del párrafo 6 de este artículo 127”. Las sanciones a estas infracciones graves se describen en el art.39 b) que depara una nada desdeñable sanción económica, que puede variar desde los 601 euros hasta los 30.000128. Todo ello, sin hacer las comprobaciones específicas de si realmente estamos antes una auténtica víctima de trata obligada y explotada sexualmente129. Es la existencia de leyes como esta, la que convierten a las prostitutas en vulnerables frente al Estado, estas normas son una garantía segura de su victimización. Para finalizar, y volviendo al caso B.S, debemos observar que, si al principio nos mostrábamos optimistas porque sus reivindicaciones habrán sido tomadas en cuenta diez años después, al introducirse la interseccionalidad como concepto legal en nuestras leyes de 2022, en realidad, de poco serviría si siguen en vigor leyes como la de seguridad ciudadana, que permiten requerir a las trabajadoras sexuales en la calle y sancionarlas, dando cobertura legal a la actuación de los policías en ese caso.