Recensión al libro Solanes Corella, Ángeles: ¿Castigar o premiar? Las sanciones positivas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, 320 páginas

El abordaje del menor en conflicto con la ley penal requiere un tratamiento global que tenga en cuenta todos los factores de carácter familiar, social, educativo y psicológico que pudieran incidir en su comportamiento, teniendo en cuenta que está en pleno desarrollo físico, psíquico e intelectual. Por ese motivo, la Directiva 2016/800, del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2016 relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales, regula el derecho del menor a una evaluación individualizada de sus necesidades específicas; la LORPM no reconoce expresamente este derecho, pero contempla la realización de un informe por parte del equipo técnico sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor, así como sobre su entorno social y, en general, sobre cualquier otra circunstancia relevante. Nuestro legislador no ha considerado necesaria la transposición de la Directiva 2016/800, sin embargo, el 23 de marzo del 2024, la Comisión Europea, dentro del paquete de procedimientos de infracción de marzo, insta a España a que transponga la Directiva 2016/800, al detectar “problemas de exhaustividad”. El objeto de estas páginas se centra en el análisis de las características del informe elaborado por el equipo técnico, prestando una especial atención a su relevancia procesal, al efecto de destacar en qué medida deberían introducirse ajustes en su regulación a la vista de las exigencias europeas.

Como país desarrollado social y económicamente, a un nivel muy semejante a las naciones europeas de su entorno, España presenta en la actualidad unas tasas de delincuencia común que han decrecido sensiblemente con respecto a las últimas décadas, especialmente para el homicidio consumado y los delitos contra el patrimonio (hurtos, robos con fuerza en las cosas, robos con violencia e intimidación...). En este trabajo pretendemos examinar tal evolución y sus causas profundas, así como la incidencia que en dicha criminalidad ordinaria ha tenido la pandemia por COVID 19, con sus importantes efectos sociales (p.ej., desplazando la delincuencia hacia los espacios virtuales y hacia el ámbito intrafamiliar). También se analizan las principales tipologías delictivas que se cometen en nuestro país hoy en día, con especial atención a la transformación que ha supuesto la ciberdelincuencia. Finalizamos con una mirada optimista hacia el futuro, basada en los aprendizajes que nos brinda el pasado.

Los deepfakes son solo uno de los muchos productos de la Inteligencia Artificial (IA) generativa en auge. Sin embargo, el especial potencial lesivo y criminógeno de estas creaciones audiovisuales ultrafalsas resulta preocupante y demanda una respuesta normativa urgente. Por otra parte, resulta destacable el impacto desproporcionado de los deepfakes, especialmente de contenido sexual, en las mujeres, lo que invita a analizar el fenómeno como una nueva forma de violencia de género digital que, como tal, ha de ser abordado con la necesaria perspectiva de género. A pesar del potencial lesivo de los deepfakes de naturaleza sexual, el Código Penal español, hasta la fecha, no recoge de forma expresa estas conductas, lo que obligar a indagar sobre la mejor subsunción de estas conductas en delitos tradicionales como las injurias o los delitos contra la integridad moral. En este trabajo, se explorarán algunos de los usos ilegítimos y criminógenos de los deepfakes, se reflexionará sobre la forma en que estas creaciones afectan de manera desigual a las mujeres y se analizarán las posibilidades y las carencias de la actual respuesta normativa ante el imparable avance de los deepfakes de naturaleza sexual.

En este trabajo se analizará el concepto de pena natural o poenanaturalis, entendida como el conjunto de daños y padecimientos que el sujeto activo de un delito puede experimentar como consecuencia de su realización, así como sus fundamentos y límites. Tras ello, se examinarán los mecanismos de pena natural en el Derecho comparado y se abordarán las posibilidades que el ordenamiento jurídico-penal español ofrece para su apreciación y su tratamiento jurisprudencial en España. Por último, se realizará una propuesta de articulación de varios mecanismos que en determinados casos permitan al Juez apreciar esos daños en la determinación de la pena a imponer.

Son remotas las críticas que, desde la psiquiatría y un sector autorizado de la doctrina penalista, se han formulado a la técnica probatoria utilizada para acreditar la enfermedad mental como una causa de inimputabilidad penal. Factores extra e intra processum han coadyuvado al asentamiento de un modelo de reglas caracterizado por obstaculizar la relación de los enfermos mentales con el sistema penal de justicia, resultando en altos índices de falsos negativos inimputables y falsos positivos peligrosos. El Tribunal Supremo, en un intento loable de corregir algunos de estos defectos alterando la carga material de la prueba, ha cambiado su jurisprudencia para reconocer la expansión del derecho a la presunción de inocencia a la culpabilidad. Es, por eso, que en este trabajo se abordan los problemas que rodean a la prueba pericial psiquiátrica y se intenta responder al siguiente interrogante: ¿es constitucionalmente “inocente” el enfermo mental declarado inimputable?

Esta investigación analiza la aplicación de la circunstancia atenuante del artículo 21.5 del CP relativa a «haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral» en la violencia sexual y en la violencia de género. Asimismo, se ha profundizado en la relación entre la mencionada circunstancia atenuante y diversos instrumentos de la justicia restaurativa con el fin de comprobar el alcance de la prohibición de la mediación y la conciliación en supuestos de violencia sexual y de violencia de género.

El sistema italiano de responsabilidad administrativa de la persona jurídica es el espejo en que se inspiró el legislador español para incorporar la responsabilidad penal de la persona jurídica. La sentencia de la Corte de Casación italiana objeto de estudio en el presente artículo interpreta determinados conceptos y desarrolla concretos planteamientos que resultan de interés para el modelo español de responsabilidad penal de la persona jurídica. Se analiza la interpretación que lleva cabo la sentencia sobre el modelo culposo de responsabilidad de la empresa, los cánones judiciales valorativos sobre la idoneidad de un modelo organizativo, la autonomía e independencia del órgano de vigilancia y los requisitos de la elusión fraudulenta, así como las vías de conexión que existirían con el desarrollo jurisprudencial y doctrinal en España.

En nuestro ordenamiento se prevén condiciones específicas para conceder el tercer grado y la libertad condicional a las personas condenadas por terrorismo o delincuencia organizada. En concreto, acreditar el abandono de los fines y los medios terroristas y la colaboración con las autoridades. La Audiencia Nacional requiere estos presupuestos también para conceder permisos de salida ordinarios y para progresar del primero al segundo grado, aunque la normativa penitenciaria no los contempla. Sin embargo, la STEDH del Caso Marcello Viola c. Italia declaró que exigir la colaboración para otorgar la libertad condicional es contrario al artículo 3 CEDH, que prohíbe las penas inhumanas o degradantes. Aunque esta sentencia se refería a la cadena perpetua, sus argumentos son aplicables a la prisión. A mi juicio, en nuestro sistema se están vulnerando los principios de legalidad, resocialización y humanidad de las penas. Por eso, resulta necesario suprimir esos requisitos particulares. En su lugar, propongo configurar esos actos como un incentivo ofreciendo una rebaja de la pena.

¿Debe el Código Penal otorgar una protección especial a los sentimientos religiosos frente a otras formas de concebir el mundo? Este trabajo analiza si el trato diferenciado que establecen los arts. 524 y 525 del Código Penal se sostiene a la luz del principio de igualdad, examinando los límites que impone la doctrina constitucional. Desde esta perspectiva, se plantea si dicha tutela obedece a una necesidad legítima o si perpetúa un privilegio normativo heredado de la histórica confesionalidad del Estado.

En este trabajo se analiza el nivel de protección de los derechos fundamentales que queda determinado a partir de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a las personas que sufren trastornos mentales graves y han cometido hechos antijurídicos. Dicho estándar será contrastado con la normativa y jurisprudencia alemana y española sobre la materia. El objetivo de este estudio es, por tanto, llegar a una conclusión sobre la constitucionalidad y adecuación al Convenio Europeo de Derechos Humanos tanto de la normativa en materia de medidas de seguridad aplicables a sujetos inimputables, como de su efectiva ejecución en los centros de cumplimiento españoles.

En la jurisprudencia estadounidense, la falta de una adecuada atención a los problemas de salud mental de los presos puede constituir una violación de la Octava Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe la imposición de “castigos crueles e inusuales”. El objeto de este artículo es analizar el tratamiento que reciben dichos supuestos en los tribunales federales.

Las reformas que ha venido experimentando el decomiso en los últimos años, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea, se han caracterizado por pretender ampliar el alcance de esta medida. En primer lugar, para que no sea necesaria la imposición de una pena y, en segundo lugar, para que se pueda ir más allá de los bienes que proceden de delito por el que se impone la pena. Al desvincularse de la pena y del propio delito que conduce a la imposición de la pena, el decomiso experimenta un proceso de despenalización del que surgen varios interrogantes. Por una parte, sobre la verdadera naturaleza de la medida y, por otra parte, sobre las garantías procesales que debe respetar su aplicación. El propósito de este trabajo es ayudar a responder esos interrogantes.

El artículo 31 quinquies del CP cuenta con dos apartados. Resumidamente, en el primero de ellos se determina que las personas jurídicas del sector público no podrán tener responsabilidad penal, y, en el apartado segundo, en cambio, se exceptúa de la anterior irresponsabilidad penal a las sociedades mercantiles públicas, las cuales, si concurren los presupuestos señalados en el artículo 31 bis del Código penal, sí que podrán ser condenadas penalmente. De todos modos, en el último inciso del primer apartado del artículo 31 quinquies del CP el legislador acaba señalando que tampoco tendrán responsabilidad penal aquellos entes que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas. Así, la pregunta concreta que voy a intentar resolver en este estudio es la siguiente: ¿pueden ser castigadas penalmente aquellas sociedades mercantiles públicas que ejerzan potestades públicas administrativas?