A finales de 1596, Justo Lipsio se encontraba en Lovaina, donde residía e impartía clase desde hacía varios años. Tras haber publicado sus Políticas, obra que le aportó notoriedad hasta, al menos, mediados del siglo XVII, se hallaba dispuesto a reflexionar y ampliar lo allí expuesto (). No obstante, esto le provocó una cierta indecisión sobre cómo afrontar los siguientes pasos de su trayectoria intelectual. Las vacilaciones que nacieron en el autor flamenco hicieron que, en una carta remitida al condestable de Castilla en diciembre de ese año, aludiese a ello y también a algunas otras cuestiones de carácter más pragmático. En su misiva, Lipsio indicaba que los españoles «descuidan o apartan de sí los estudios que encaminan a esta «docta prudencia» y doctrina. Sin embargo, o me engaño mucho, o la buscarán también pronto, estimulados por la paz y guiados por ti y por quienes a ti se parecen, si es que España los tiene (lo que pongo en duda)» ().
El comentario de Lipsio es muy sugerente, ya que apunta la situación que se daría en la monarquía de España si esta lograba alcanzar la paz con Francia, Inglaterra y las Provincias Unidas. En ese momento, decía, los españoles podían entregarse a la «docta prudencia», o sea, a la aplicación del pensamiento tacitista que Lipsio había destilado de las obras del autor romano. Si bien esta afirmación podría suponer un supuesto alejamiento político respecto a ese ideario, lo cual sería cuanto menos discutible, la realidad es que permite vincularla con otra cuestión de gran relevancia. Esta deriva del contexto histórico que se vivió en Europa a partir de 1598, una vez que se inició toda una concatenación de paces que culminaría con la de 1609. Fue así como la Pax Hispanica se convirtió en la ideología central que marcó la política internacional de Felipe III. Una estrategia que se basaba en algunas de las ideas de Lipsio, quien había argumentado la necesidad de convertir al soberano en un nuevo Augusto (). Así pues, la Pax Hispanica puede interpretarse a la luz del tacitismo como un remedio que concebía la paz no como una renuncia, sino como una táctica para restaurar la «quietud» internacional, revitalizar el estado de los reinos y defender la reputación de la monarquía.
Las alusiones de Lipsio en la carta sirven de premisa a este estudio, cuyo objetivo es analizar hasta qué punto el tacitismo influyó en la acción política de Felipe III. Para ello, se parte de una evidencia comprobable en los archivos, donde todas las fuentes consultadas demuestran que las visiones sobre la debilidad de este rey son en realidad construcciones heredadas de las interpretaciones decimonónicas sobre su ejercicio del poder (; ). Estos discursos surgieron a raíz de dos circunstancias acontecidas a comienzos del siglo XVII.
La primera, relacionada con la aparición del valimiento del duque de Lerma, generó la imagen de que existía una total ausencia del soberano en el despacho de los negocios. Esta calculada ocultación de la figura de Felipe III denota una adhesión a los principios extraídos de las enseñanzas de Tácito, las cuales ofrecían herramientas para que un príncipe pudiese cumplir con las obligaciones impuestas por la necesidad política (). El retorno a Tácito habría brindado pues la posibilidad de conseguir armonizar la erudición con la piedad, así como de mantener un cierto equilibrio entre la razón y la fe (). Conjugar los presupuestos postridentinos con el realismo político era una tarea sumamente ingente, que se podía abordar gracias a los recursos aportados por el historiador romano. De esta manera, el tacitismo se transformó en la alternativa de la Contrarreforma en su enfrentamiento con el protestantismo (). Sin embargo, acudir a esos recursos por parte de la monarquía de España y, todavía más, servirse de ellos ante vicisitudes ajenas a la lucha contra la herejía, aumentaba el riesgo moral de hacer un mal uso de ellos. Por este motivo, no convenía percibir la presencia del rey en cada uno de los trámites que enfrentase, ya que, como afirmaba Juan Baptista de Mesa en su traducción del Libro de la constancia de Lipsio, algunas de sus apreciaciones debían leerse «recatadamente» (). La segunda circunstancia mencionada tiene que ver con lo sucedido durante los procesos contra los miembros de la Junta del Desempeño General, es decir, contra los principales clientes de Lerma que encabezaban el organismo que buscaba sanear económicamente a la monarquía y, a la vez, también, con los emprendidos al comienzo del reinado de Felipe IV contra los ministros de su padre. En ambos casos, Felipe III fue presentado como un monarca engañado y controlado por sus validos. Una percepción que no se sostiene a nivel documental ().
La renovación historiográfica de las últimas décadas ha recuperado la figura de Felipe III, pero, aun así, quedan espacios por investigar sobre su labor gubernativa. Gracias a la metodología elaborada por Antonio Cabeza Rodríguez, es posible salvar los mencionados prejuicios liberales y definir «la práctica de la razón de Estado en la Monarquía de España» (). En otras palabras, es posible comprender a Felipe III a partir de la unión existente entre la praxis y la cultura política. Partiendo de esta idea, se utilizan como base analítica los conceptos formulados por Justo Lipsio, quien combinó el tacitismo con el estoicismo y las tradiciones cristianas (), para examinar a partir de fuentes primarias la forma de gobierno establecida en la monarquía. Si Antonio Cabeza ha conseguido demostrar que Felipe III desplegó posturas tacitistas desde la embajada en Roma, en las páginas que siguen se pretende hacer otro tanto a través del gobierno virreinal de Pedro Téllez Girón de Velasco, III duque de Osuna, en Sicilia.
La gestión de Osuna ha sido abordada en diferentes ensayos, así como en múltiples trabajos específicos que se citarán a lo largo de esta investigación (; ; ). Sin embargo, la relación generada entre Madrid y Sicilia se ha enfrentado desde dos premisas historiográficas que es necesario revisar. La primera, es aquella que defiende que la llegada del virrey al cargo se debió únicamente a las maniobras de los validos, en concreto, a las del duque de Uceda. Esta afirmación es continuación de una teoría tradicional que insiste en que los puestos gubernativos eran controlados por los Sandoval para situar a sus clientes, pero que no explica, en cambio, cuáles eran los objetivos del rey al respecto. La segunda, es la idea de que los ministros españoles en Italia, y en este caso en Sicilia, procedieron con una autonomía que dimanaba del modelo de valimiento de los Sandoval (). Es decir, se considera que estos ministros actuaban como si las órdenes de Madrid fuesen una simple orientación que, en muchos casos, se obviaba. Al respecto, el conde de Castro, embajador en Roma, recomendó al rey que debía reforzar la idea de que sus servidores eran «las verdaderas trompetas de sus reales órdenes». El problema estaba en que las artes del tacitismo no permitían a Felipe III declararse de esta manera, algo que Osuna reconocía en 1614: «la reputación en los reyes es el alma de la Monarquía, y V.M. está en puesto que si se sirviere de castigallos, puede mandar lo que más fuere de su real servicio, y si perdonallos, echar la culpa a la mala condición mía».
Por lo tanto, a través de documentación de archivo se examinará cuál fue la acción política de Felipe III. Para ello, se realizará un análisis de los primeros años del virreinato de Osuna en Sicilia, en particular en lo referido al uso que este dio al dinero de la Gracia de la Cruzada y a su actividad en el Mediterráneo. Durante esta primera etapa, y empleando el viejo símil ciceroniano del león y la vulpeja (), Osuna puede ser identificado con la fortaleza del león, mientras que el rey, en contraposición, se mantuvo fiel a los principios de la conservación y la astucia que simbolizaba la citada vulpeja. Algo que se hizo más evidente en años posteriores, cuando, tras el estallido en 1613 de la guerra del Monferrato contra Saboya, el monarca intentó mesurar las operaciones del virrey en el Mediterráneo y que apoyase, además, medidas para recuperar la «quietud» en la zona. No obstante, las informaciones llegadas desde Sicilia hicieron que Felipe III dudase de la rectitud de las intenciones de Osuna. Esto fue tan importante que le llevó a verificar ciertos aspectos de su gobierno virreinal, siendo este el punto inicial del posterior proceso que se incoaría contra Osuna a partir de 1621 ().
En suma, el propósito de este artículo es analizar cómo actuó Felipe III a la hora de gobernar y conservar la monarquía, haciendo hincapié en lo acontecido en el escenario italiano y mediterráneo. Con ello, se busca reflexionar sobre el papel del rey, alejándose así de esas visiones que tienden a presentarlo como una figura domeñada por sus validos —el duque de Lerma y el duque de Uceda—, al destacar su participación en el ejercicio del poder y el cumplimiento responsable de sus obligaciones.
A la altura de 1608, Osuna volvió a Madrid después de haber estado al comienzo del reinado de Felipe III en Flandes. Allí había llegado en 1602 para servir en el ejército del archiduque Alberto de Austria, donde comandó una compañía de caballería y mostró una gran resolución en distintas acciones militares (). Su regreso a la corte fue presentado de una manera clara: retornaba para formalizar el acuerdo matrimonial de su heredero con una de las hijas de Uceda. Aunque la realidad parece haber sido más compleja, visto que Felipe III quería incluir a don Pedro en la reorganización de los cargos gubernativos de Italia. El rey era consciente de las virtudes y defectos de Osuna, pero las noticias que había recibido de Flandes le indicaban que era un ministro de utilidad. Ciertamente, el apoyo de Uceda a la candidatura de su consuegro fue importante en la determinación del monarca, pero, frente a lo planteado por la historiografía, no el elemento definitorio (). Al respecto, la decisión de Felipe III de nombrar a Osuna virrey de Sicilia está relacionada con el envío del VII conde de Lemos a gobernar el reino de Nápoles. Un movimiento que puede interpretarse como un gesto favorable del monarca a la candidatura al valimiento de Uceda, pues alejaba a Lemos de la corte, personaje con el que el hijo de Lerma había mantenido una tensa relación desde el comienzo del reinado (). Al mismo tiempo, con esta decisión se situaba, por un lado, a un buen administrador al frente del virreinato napolitano y, por otro, a un reputado militar en el cargo insular, siendo dos elecciones bien meditadas, que se pueden ligar sin grandes problemas con el concepto de prudencia lipsiano ().
El estado general de Italia en 1611, y en particular lo que iba a suceder en Sicilia, explica alguna de las decisiones del monarca. Felipe III consideraba necesario fortalecer la capacidad militar de la monarquía en el Mediterráneo, puesto que la zona se había transformado en punto de fuerte confrontación con sus principales enemigos, tanto europeos como turcos y berberiscos (). Además, ahondó en la posibilidad de ejercer una cierta presión sobre otros ámbitos de la península italiana donde la presencia española era vista con recelo. Estos serían los motivos últimos del nombramiento de don Pedro para el virreinato de Sicilia, más allá de la supuesta influencia que Uceda ejercía sobre el rey. Osuna era un noble con experiencia militar, capaz de ejecutar las políticas del monarca en el sur de Italia (). El objetivo era que se aplicase sin denuedo para introducir el conflicto en la zona. Lipsio había manifestado que esta opción debía ser tratada siempre como un recurso excepcional, que debía utilizarse solo para solucionar situaciones muy determinadas. En este caso, las acciones musulmanas en el Mediterráneo y la desconfianza de la repúblicas y príncipes italianos hacia la política de «quietud» de Felipe III hacían posible recurrir a esta fórmula. Amparado pues en la defensa del bien público, el conflicto se mostraba como una opción viable para evitar la descomposición de la autoridad española frente a la hostilidad manifestada por actores como Saboya, el Papado o la República de Venecia. Sobre esta última, Osuna escribía en febrero de 1611 que era conveniente saber a cuántas millas de distancia se debía respetar la costumbre de no visitar —de no abordar— a los navíos venecianos, lo que era una forma de llevarlos a una situación de tensión sin llegar a la ruptura abierta. Esto es lo que rey debía permitir y disimular, de ahí que los secretarios de Estado señalasen en la carta: «No hay que responder a esto».
El virrey era plenamente consciente de su misión: debía reforzar la potencia militar de la isla. En marzo de 1611, cuando aún no había llegado a Palermo, avisaba ya al monarca de que allí se vivía con excesiva libertad de conciencia y que «ni a Dios ni a Vuestra Majestad se conoce». Por ello, Osuna se entregó a la tarea de fortalecer la autoridad del gobierno virreinal y a recuperar el poderío bélico siciliano, sobre todo a través de la mejora de la flota de galeras. Este último fue uno de sus principales objetivos, puesto que consideraba urgente y necesario mantener en pie una armada eficaz para así poder actuar en el Mediterráneo. Desde el comienzo, avisó que había tenido que usar todos los arbitrios disponibles para ello, en especial el dinero de la Cruzada. Aquí radica uno de los elementos que mejor evidencian el despliegue del tacitismo que hizo Felipe III, visto que ese uso podía desencadenar un aumento de las tensiones con Roma. La gestión de esos arbitrios solo competía al Comisario General de la Cruzada, figura que dependía directamente del Papa, ante lo cual el monarca optó por utilizar a don Pedro para reorientar la utilización de los mismos. Pero esto no se hizo de una manera explícita, ya que desde Madrid se le indicó que no debía disponer de esa partida. La cuestión no era banal, dado que podía poner en peligro la conciencia y la autoridad del monarca ().
Sin embargo, aunque la acción de Osuna con respecto al dinero de la Cruzada fue contestada, continuó desoyendo los mandatos de la corte, en lo que constituye una muestra de la fórmula aplicada por el rey para conseguir sus objetivos sin implicarse en las acciones que debían de ponerse en práctica para alcanzarlos. Así pues, a priori, todo parecía indicar que don Pedro era un ministro rebelde. Pero, si hubiese sido así, ¿qué impedía a Felipe III cesarlo? La relación de Osuna y Uceda podía ser muy cercana, pero el rey ya había demostrado en el pasado que no era transigente con las faltas cometidas por los servidores de sus validos. Conforme a esto, que no despachase a Osuna se debía a la necesidad de emplear los arbitrios de la Cruzada para el sustento de las galeras sicilianas, las cuales habían sido usadas en distintas acciones militares, algunas de ellas secretas, como la acometida contra las islas Querquenes en el verano de 1611 (). En este sentido, la documentación manejada pone de manifiesto la conciliación existente entre la forma de proceder del virrey y las políticas seguidas por Felipe III. En última instancia, con ellas, el soberano buscaba aumentar su reputación en el Mediterráneo y presentarse como el adalid de la Cruzada contra los infieles ().
Es más, solo así se entiende que Osuna volviese a informar a finales de 1611 de que había usado ese dinero para reparar la escuadra siciliana. Antonio de Aróstegui, secretario del Consejo de Estado, solicitó al Comisario General que informase sobre cómo se administraban los ingresos de la Cruzada en Sicilia. La cuestión terminó en el Consejo de Estado, que no condenó los actos de Osuna a pesar de los escrúpulos morales implícitos en ellos. La postura de Juan de Idiáquez, decano de este consejo y tacitista reconocido, resume lo que probablemente sería el parecer del monarca. Argumentó que ese uso le parecía correcto si lo permitían los breves papales y, en caso contrario, se debía pedir al mencionado comisario que argumentase su posición. El Consejo de la Cruzada también recordó al rey los problemas que podían derivarse de todo ello, tanto a nivel hacendístico como «para la seguridad de la conciencia». Felipe III no contestó a esta última consulta, por lo que un mes después el Consejo de la Cruzada se la volvió a remitir. Esta ralentización en la toma de decisiones fue advertida también por Lorenzo de Aguirre, secretario del Consejo de Italia, quien indicó a Aróstegui que el rey no había respondido todavía a la consulta que su organismo había realizado sobre el particular. El soberano actuaba pues según los consejos de Lipsio, quien en 1595 había escrito a Esteban de Ibarra, secretario de Guerra de Felipe II, sobre la conveniencia de la lentitud en la toma de decisiones por el príncipe, sin que esta pudiese ser entendida como «un aspecto de indolencia o de temor» por su parte ().
Felipe III no dudó en mostrar contrición en la resolución de la consulta del Consejo de Estado, al indicar que se mandase a Osuna no usar ese dinero para las galeras. Una actitud que se hacía eco de un tipo de disimulación marcado por ese providencialismo que permitía la intervención política del soberano (). Era imposible que el rey pudiese aprobar lo hecho por Osuna, ya que, de hacerlo, su actuación se habría acercado a una Razón de Estado poco apropiada para un monarca católico. El secreto aplicado al asunto queda confirmado por el hecho de que Felipe III no castigó a Osuna por desoír sus mandatos. La razón de ello se encontraba en la necesidad de esos ingresos para sustentar el prestigio de la monarquía y alcanzar los objetivos marcados en el Mediterráneo e Italia.
Evidentemente, todo esto afectaba a la relación de Felipe III con Roma. No hay que olvidar que existía una cierta tradición conforme a la cual los monarcas españoles hacían un uso indebido de los ingresos de la Cruzada (). Por lo tanto, Felipe III continuaba con una costumbre firmemente asentada, si bien estableció una distancia clara con respecto al poder y a los intereses del papa Paulo V. No es casual que a la vez que sucedía lo apuntado en Sicilia, el rey prohibiese a sus servidores aceptar «gracias de Su Santidad, esperándolas de la Real y liberal mano de Vuestra Majestad». De esta forma, se pretendía evitar que el Papa pudiese ganar la voluntad de sus ministros y que estos se vinculasen por esta vía a un tipo de fraude que podía generar parcialidades en la administración. Felipe III era consciente de las veleidades inherentes al desempeño de la política, pero no estaba dispuesto a que sus servidores cayesen en estas demasías (). Una cosa era usar el tacitismo en política exterior y, otra bien distinta, que en lo interior se creasen lealtades diferenciadas o bandos que rompiesen la unidad de acción que este demandaba. De ahí su actitud frente al Papado, la cual afloró unos pocos meses antes con otro problema que involucraba directamente a Osuna. En agosto de 1611, todo hacía prever que iba producirse un ataque de la armada turca a Sicilia. El virrey pidió entonces a las galeras del Papado, así como a las de Génova, Florencia y Malta, que le ayudasen a defender la isla. La pugna y las diferencias que sobre el particular mantuvo con el general de la armada papal fueron bastante relevantes, al punto de que Osuna escribió al conde de Castro, embajador en Roma, para relatarle lo acontecido. En su misiva le advirtió de que el desacuerdo del general ejemplificaba el alejamiento de Paulo V respecto a las posiciones de la monarquía. Aunque más allá de esto, lo cierto es que había sido el propio Felipe III quien había introducido el conflicto en la península a través de Osuna —lo que, en ocasiones, se ha confundido con un ejercicio autónomo del poder por parte del virrey—, debido, básicamente, a los enormes réditos que le brindaba a la hora de preservar la «quietud» en la zona.
Pocos cambios se perciben en la actitud de Osuna tras su asentamiento en Palermo, por lo que en 1612 volvió a advertir que solo podría mantener la armada si utilizaba el dinero de la Cruzada. Aunque la Secretaría de Estado omitió dar respuesta a esta carta, el virrey incidió sobre el mismo asunto poco después. En todo caso, no parece que sus excesos en este punto tuviesen demasiadas consecuencias, de ahí que no cejase en su intento, ni siquiera tras la aprobación de un nuevo servicio en el Parlamento de Sicilia. Osuna era plenamente consciente de que su mandato estaba siendo controvertido, lo que le llevó a recurrir a los validos en varias ocasiones para defenderse. En esta tesitura, era lógico que Lerma o Uceda, así como fray Luis de Aliaga, no se quisiesen «hacer autores» de los actos del virrey, una actitud por su parte que evidencia un claro conocimiento de la política instituida por Felipe III. Esta se fundamentaba en un tipo de «prudencia mezclada» que, alejada de lo virtuoso, hacía difícil unificar utilidad y honestidad. Por esta razón, ninguno de los personajes citados podía asumir que los actos del virrey concordaban con lo dispuesto desde Madrid. Así se explica que, a finales de 1612, Osuna se decidiese a escribir al rey para ensalzar las virtudes de su gobierno, pues, según creía, su proceder se inscribía en lo que se suponía era el bien para la Monarquía (). Después de reconocer los errores cometidos, destacaba en su misiva que su labor se había acercado más a la de un «ángel», ya que había castigado aquello que así lo demandaba, que a la de un «demonio», cuya sola presencia generaba temor. Un razonamiento que recuerda a los planteamientos de Justo Lipsio sobre la necesidad de no imponerse a los gobernados con «espanto» (). Felipe III había observado la capacidad de Osuna para introducir el conflicto en estos primeros momentos, pero se le debía reconducir para conservar la «quietud» en Italia.
La situación varió después de la primavera de 1612, cuando el rey dispuso que Osuna debía restringir sus actos a acciones más concretas. Además, le informó de su decisión de usar el dinero de la Cruzada únicamente para mantener la galera real y la patrona de la escuadra española. Un cambio en el soberano respecto a la utilización de este ingreso propiciado por lo ocurrido en el panorama italiano, donde, a comienzos de 1612, había aumentado mucho la tensión en el norte, sobre todo por la posición de Saboya frente a España. Una serie de acontecimientos que acabaron afectando al sistema de «quietud» implantado en Italia y que rompían los equilibrios existentes hasta entonces en la península (). En estas circunstancias, no estaba de más mantener en buen estado las principales galeras de la armada española. Un proceder que parece ser un antecedente de la directriz de 1614, en la cual se ordenaba a los virreyes que centrasen todos sus esfuerzos en apoyar al gobernador de Milán ().
En paralelo, Felipe III recurrió a otra fórmula para seguir presionando en el Mediterráneo, dado que transigió con una acción corsaria que no hacía necesario recurrir al dinero de la Cruzada. Cierto es que siempre se aludió a que esto no era moralmente conveniente, pero al final se aceptó esta acción como una solución lícita con la que asegurar los compromisos españoles en la zona. La posición del rey se adhería así al tacitismo, pues no estaba limitada de forma estricta por determinados aspectos confesionales (). Además, el Consejo de Estado refrendó todo el negocio en el verano de 1612, si bien, poco a poco, los consejeros fueron variando su posición hacia posturas cada vez más críticas con Osuna. Felipe III admitió el parecer de sus ministros para salvaguardar cualquier escrúpulo de conciencia y validó los actos del virrey. Es decir, puso en práctica una cierta «disimulación», al tiempo que deseaba aprovechar la actitud expeditiva de Osuna para potenciar una política más activa de España en el Mediterráneo, proteger los ingresos de la Cruzada y erigirse en una figura clave de la conservación de la «quietud» frente al «conflicto» que encarnaba el virrey.
A pesar de estas decisiones, Osuna continuó usando el dinero de la Cruzada y no acató los mandatos reales. Esto hizo que, a comienzos de 1613, Lerma encargase a Antonio de Aróstegui que escribiese a distintos ministros reales, entre los que se encontraba el virrey de Sicilia, para advertirles que no debían valerse del dinero correspondiente a la Cruzada, al Subsidio o al Excusado. Una actuación que revela que Felipe III era consciente de la utilización que sus servidores hacían de estos ingresos y de que omitían sus mandatos. En principio, no había razón para que el monarca no los cesase. Sin embargo, el realismo político se imponía, ya que estos recursos eran de una gran utilidad para el sustento de las más diferentes acciones gubernativas. En Sicilia, por ejemplo, Osuna empleaba estos fondos para mantener las galeras e intervenir en el Mediterráneo —aunque la voluntad real se inclinase por hacerlo preferentemente mediante el empleo del corso—, así como para mostrar a las potencias del norte de Italia, donde el dinamismo saboyano era preocupante, el poderío naval español. Por lo tanto, Felipe III tenía que permitir estas acciones, aun sabiendo que eran inadecuadas. De este modo, la constantia regia en materia de prudencia se enmascaraba mediante la inaceptable rebeldía de unos ministros demasiado autónomos. A esta forma de proceder se le impuso el máximo secreto, puesto que las materias que afectaban a Osuna no eran «para que corran tan públicamente, sino con Su Magestad y su Consejo».
La actitud del virrey obligó a que desde Madrid se le instara de nuevo a transferir lo que faltaba de la bula al tesorero de la Cruzada de Sicilia. Entre febrero y agosto de 1613, Lerma mencionó la cuestión en tres ocasiones, pero Osuna desoyó una vez más los mandatos regios. Sus incumplimientos eran una constante y solo encuentran explicación vinculados al tacitismo de Felipe III. En estas circunstancias, puede sorprender que en Italia se hablase de que en un futuro cercano Osuna iba a ocupar el cargo de virrey de Nápoles. En la misma línea, es llamativo que el soberano lo premiase con una ayuda de costa de 40.000 ducados y una merced de 6.000, lo que no parece precisamente un castigo por sus acciones. Obviamente, y más allá de la influencia de Uceda, todo esto solo tiene sentido al albur de la estrategia real diseñada para Italia y el Mediterráneo. A través de esta, Osuna permitía al soberano no ser percibido como el actor principal de una determinada política, tal y como indica su respuesta a una consulta sobre los desórdenes causados por la imposición de una nueva gabela en Mesina (; ). En ella, el rey subrayaba que don Pedro debía proceder «usando de tanto secreto que lo que aquí se dice que haga como de suyo y sin mostrar que tiene orden de acá no lo pueda nadie entender de otra parte». Resulta evidente que al actuar de este modo, los mandatos de Felipe III no explicitaban con claridad la totalidad de sus objetivos. Una ambigüedad lingüística que recuerda a la caracterización que Tácito hacía de Tiberio y que aludía a la tensión existente entre la política y la moral (; ). Todo ello se debía asumir y poner en práctica porque Osuna era un engranaje central en la recuperación de la política de «quietud» que el monarca deseaba, sobre todo tras la ruptura con Saboya.
La gestión del dinero de la Cruzada no fue el único asunto que suscitó dudas sobre la licitud de la actividad del virrey, pues la administración de los sueldos del ejército también contribuyó a ello. La conflictiva relación de Osuna con Pedro de Echevarría, veedor general del ejército, explica muy bien la posición de Felipe III hacia lo que estaba sucediendo en Sicilia. A finales de 1613, el primero informaba al monarca de que había tenido una disputa con el mencionado Echevarría. La misiva fue enviada por medio de Aróstegui, pero no llegó al escritorio regio, así se indica en ella con un somero «no se dio esta carta». Dado que Uceda tramitaba los asuntos del virrey en Madrid, no sería extraño que Felipe III le hubiese pedido su intervención para evitar que el asunto saliese de la Secretaría y que, por lo tanto, fuese examinado en el Consejo de Estado. Sin embargo, esto no evitó que, en paralelo, Echevarría comenzase a enviar informes a Madrid sobre los desmanes hacendísticos de Osuna. A nivel historiográfico este es un tema bien conocido (), el cual condicionó la forma en que Felipe III percibía a su ministro. Es cierto que el conflicto con Saboya había abandonado la vía de la negociación y que la belicosidad ejercida desde Sicilia era de gran utilidad, pero las críticas llegadas a Madrid hicieron dudar al monarca sobre la intencionalidad de las actuaciones llevadas a cabo por el virrey. Algunos religiosos de la Compañía de Jesús, como, por ejemplo, Francisco Suárez, habían subrayado la necesidad de que cualquier acto moral, si no se deseaba que pasase o se interpretase como fingido, debía estar marcado por una intención recta (). Todo apunta a que Felipe III participaba de esta lógica, por lo que las actuaciones de Osuna debían inscribirse en ella. El problema era que los avisos de Echevarría alertaban de que la intención del virrey se basaba en la obtención de un beneficio personal, lo que era condenable.
Aunque siempre las tuvo presentes, el rey decidió mantener estas informaciones en un segundo plano ante la situación vivida en Italia. Desde comienzos de 1614, la tensión había aumentado en la zona y el soberano se adscribía ahora a una política marcada por el concepto de «conservación» (). Las noticias que llegaban del norte de Italia hacían necesaria la actuación del virrey, pero siempre circunscribiéndola a escaramuzas concretas. Si bien Felipe III y Uceda ratificaron lo que se hacía en el Mediterráneo, el Consejo de Estado fue bastante más crítico al respecto. En la reunión de marzo de 1614, ninguno de los consejeros aceptó las propuestas de Osuna. Es más, el V marqués de Villafranca expuso que solo generarían nuevos desembolsos y comprometerían el posible sosiego de Italia. Frente a esto, el virrey defendía cómo estaba gestionando el dinero de la Cruzada y señalaba que el ejercicio del corso le había acarreado únicamente gastos. Es evidente que Felipe III estaba preocupado por el uso de los ingresos de la Cruzada, lo que le llevó a revisar las bulas originales del papa Pío V sobre las tres gracias.
Como puede verse, el soberano ratificaba las acciones de Osuna de forma externa, pero en un ámbito más interior y privado buscaba cómo refrenarlo. Así, una vez más se pone de manifiesto su prudencia al tratar de guiar al virrey hacia intervenciones puntuales y siempre «sin hacer ruido», y evitar que se involucrase en otras que originaban escrúpulos y gastos, sobre todo porque la guerra con Saboya estaba consumiendo muchos de los recursos de la monarquía. En suma, Felipe III era un político avezado que deseaba restituir «la quietud» en Italia, eso sí, usando solo aquellos medios que el catolicismo consideraba lícitos moralmente (). Por esta razón, las «demasías» de Osuna tenían que reducirse ahora únicamente a unos actos muy específicos y medidos. Así lo expresó el soberano en una consulta realizada por el Consejo de Estado, al indicar que era necesario agradecerle sus servicios, pero que el virrey no debía hacer «más de lo que obligare la seguridad del, porque no reciba mucho daño con demasiadas prevenciones». En otras palabras, si su agresividad había sido sancionada con anterioridad, ahora las cosas habían tomado un nuevo rumbo. Tanto es así que, en septiembre de 1614, el Consejo de Estado criticó abiertamente a Osuna por no acatar los mandatos reales sobre la Cruzada. Es más, no tuvo problema alguno en destacar su nefasta gestión hacendística. Como en otras ocasiones, el monarca aceptó las recomendaciones de sus consejeros, pero dispuso que el virrey ejecutase todo lo relativo a la administración de la bula con «suavidad» para Sicilia. Es decir, le ofreció un cierto margen de maniobra al permitir que la estrategia real se desarrollase siguiendo los parámetros que Osuna estableciese junto al reino.
A pesar de ello, el virrey no cambió su forma de proceder y recordó al monarca que todo lo hacía «sin más artificio que cumplir con mi obligación». Mientras que los éxitos de Osuna se expandieron gracias a la actividad de las principales imprentas andaluzas (; ), el veedor Echevarría volvía a avisar a la corte de las negativas consecuencias que sus armadas tenían en la evolución política y militar de la zona. Esta carta llegó a la Secretaría de Estado, donde Juan de Ciriza anotó que para responderla convenientemente había que ver antes la consulta donde se daba licencia a Osuna para armar navíos en corso. El oficial mayor de la secretaría, Andrés de Losada y Prada, hizo un comentario muy interesante al respecto, ya que aludió a que «no [h]ay consulta en razón desto ni tal licencia se ha dado por esta vía, antes le está ordenado diversas veces que observe las órdenes dadas sobre que no envíen los virreyes bajeles en corso». Como se ha explicado, todo este asunto había pasado por el Consejo de Estado en 1612, por lo que esos comentarios parecen ocultar algo más. La posición de Ciriza cerca de Lerma y del rey nos permite plantear la posibilidad de que se buscase la manera de revisar la forma en que Osuna había ejercido el corso. Felipe III sospechaba que su intención al hacerlo no había sido recta, de ahí que mostrase la máxima prudencia y usase a sus secretarios para no tener que pedir directamente esta documentación. Los cambios en la posición real se fueron aclarando tras varias reuniones del Consejo de Estado de diciembre de 1614. En ellas, se concluyó finalmente que se debía recompensar a Osuna por sus presas y adquirir sus galeras y esclavos. De esta forma, se ofrecía la posibilidad de suspender el corso desplegado en Sicilia, algo que Felipe III refrendó de inmediato.
La actitud del rey se hace más compleja al tratar de evaluar los motivos por los que mantenía a don Pedro en Italia. Felipe III valoraba su capacidad para finalizar el conflicto con Saboya y controlar el Mediterráneo. Sin embargo, este motivo permanecía en secreto, como lo demuestra que Lerma encomendase al Consejo de Estado analizar una carta cifrada del cardenal Borghese sobre la amenaza de un posible ataque de la armada turca. Los consejeros consideraron que era necesario atender el tema solo cuando terminase el conflicto de Lombardía, lo que demuestra que la postura de Felipe III respecto a Osuna era respetada por sus ministros. Esta consistía en atenuar el vigor de Osuna para abordar los problemas de Saboya y reactivarlo luego frente a los desafíos de la política mediterránea. Sin embargo, este planteamiento no era bien asumido por el virrey, que continuaba negándose a enviar el dinero de la Cruzada y se mostraba algo reacio a ejecutar las órdenes reales. No cabe duda de que la posición de Felipe III era claramente tacitista, lo que permite entender que ordenase a Lerma que este asunto se viese en el Consejo de Estado con «mucho secreto». Destreza, maña, silencio y secreto son términos que una y otra vez aparecen en la documentación consultada, lo que vuelve a sugerir que el monarca era un firme seguidor del concepto lipsiano de «prudencia mezclada».
A comienzos de 1615, Osuna fue avisado de que debía cesar toda actividad corsaria, lo que no aceptó de buen grado. Buscó entonces la intermediación de Lerma y Uceda y avisó al rey de los negativos efectos que esta decisión tendría en el Mediterráneo. Es más, sugirió que la actividad corsaria podía extenderse a Nápoles y Cerdeña, algo a lo que Felipe III no estaba dispuesto. Tampoco lo estaba el Consejo de Estado, que se mostró muy crítico con la propuesta y los actos de Osuna. Destacó en ello la posición del marqués de la Laguna, quien tiempo después sería corrompido por el virrey, al indicar que «no es de parecer que se reprehenda a ningún virrey, sino antes [que] cuando no obedecen los mandatos de Su Magestad al segundo que se les envía sería proveyéndoles el cargo». Es evidente que, frente a la posible influencia de Uceda, Felipe III permitía a este organismo actuar con libertad. De este modo, el consejo adoptaba la opción más ética, es decir, aquella que permitía exculpar al monarca de las acciones del virrey y proteger su autoridad y el bien público. Fue probablemente ante estos hechos que don Pedro decidió modificar su posición respecto al uso que venía haciendo del dinero de la Cruzada, al ordenar a los encargados sicilianos del Patrimonio que lo enviasen a la corte.
La situación de Osuna hizo que en marzo de 1615 solicitase al soberano que enviase a Sicilia a otro virrey en su lugar, al considerar que se veía imposibilitado para disponer todo en la mejor forma posible. Los ministros del Consejo de Estado no dudaron en aceptar su demanda y en recomendar a Felipe III que esta sería la mejor decisión que cabría tomar. Sin duda, esta sugerencia es cuanto menos llamativa, aunque mucho más lo fue la posición que mantuvieron apenas un mes después acerca de otros asuntos que afectaba a Osuna. Por aquel entonces, el consejo valoró las informaciones del virrey sobre una disputa de precedencias que había tenido en Mesina con el príncipe Manuel Filiberto de Saboya, Capitán General de la Mar. Aunque se aceptaron sus explicaciones, también se censuró su obstinación en no entregar algunos esclavos que remaban en sus galeras corsarias. Osuna intentó justificarse argumentando que la Real Hacienda le adeudaba todavía 120.000 escudos, pero el consejo interpretó que su conducta se podría reconducir con «palabras muy blandas, pues su celo muestra lo que desea acertar, como se ha visto agora en el cumplimiento de todo lo que se le ha ordenado». La ambivalencia de la que hacían gala los ministros reales en el tratamiento que daban a Osuna denota que actuaban con una cierta autonomía, pero también que eran muy comedidos. Esta actitud estaba en línea con el proceder político que mostraba al respecto el soberano, quien a su vez actuaba con notable prudencia y, en ciertos momentos, era algo ambiguo en sus resoluciones. De ahí que, en ocasiones, los consejeros indicasen que Osuna debía volver a la corte porque su desobediencia era inaceptable, mientras que, en otras, era presentado como un servidor ideal que debía ser tratado con «blandura». La aparente indeterminación y la ocultación política del rey se movía en un juego de claroscuros que no siempre era fácil de percibir por los actores cortesanos, de ahí que lo mejor fuese mostrarse cauto. El ejercicio de la prudencia llevaba a este tipo de situaciones aparentemente contradictorias, las cuales fueron asumidas por Felipe III desde la tensión ética propia del debate sobre los límites difusos de la Razón de Estado.
En los primeros meses de 1615, Felipe III decidió que era necesario indagar en profundidad sobre la intención última de los actos de Osuna. Algo que ya se había hecho previamente a esa fecha con el «recato y secreto» que imponía el tacitismo, pero que ahora aparecía como una necesidad ante la evolución seguida por los acontecimientos en Italia. Felipe III quería recuperar la «quietud» y las acciones de Osuna debían dirigirse a ello y no a empantanarse en enfrentamientos en el Mediterráneo. Por esta razón, se ordenó al virrey que elaborase una relación detallada de las presas que había obtenido gracias al ejercicio del corso, pues las dudas sobre su licitud eran numerosas. Asimismo, el rey escribió a Echevarría para que «me aviséis luego con secreto el intento que lleva el Duque en lo de las presas que tomaron y qué repartimientos piensa hacer dellas, pues conviene que esto se haga con mucha atención y consideración». Una vez más, Felipe III recurría al secreto como la herramienta que le permitiría indagar sobre los beneficios obtenidos por el virrey durante su gobierno de la isla. Máxime, cuando en la corte se había asentado la idea de que refrenar cualquier tipo de actividad corsaria era lo más apropiado, pues generaba un tipo de excesos y desmanes nocivos para los intereses de la monarquía. De ahí que la propuesta de Carlos Coloma, virrey de Mallorca, de levantar una pequeña armada corsaria para acabar con la piratería de Argel fuese rechazada de plano.
Las pesquisas sobre el comportamiento del virrey en este tema no supusieron la adopción de ninguna medida drástica contra él. De momento, Felipe III volvió a recordarle que no debía enviar bajeles en corso. Sin embargo, las noticias que llegaban desde Sicilia hicieron que el Consejo de Estado se plantease la posibilidad de enviar a la isla a otro representante real. La respuesta del monarca al respecto fue bastante concisa, pero contundente: «está bien lo que parece y ya el Consejo tiene entendido las promociones de los cargos de Italia, con que cesa esto». En otras palabras, aunque las acciones de Osuna estaban evaluándose en la corte, Felipe III no modificó su proyecto para el cursus honorum de su ministro, al que acabó otorgando el virreinato de Nápoles. Este movimiento supuso el nombramiento del conde de Lemos como presidente del Consejo de Italia y de su hermano, el conde de Castro, como virrey de Sicilia. De este modo, se pretendía compensar la situación de los cargos italianos y templar a Osuna, pues Felipe III sospechaba que había usado los recursos de la corona para beneficiarse del corso, que era un negocio privado del que la Hacienda real solo obtenía un porcentaje de las presas. Ciertamente, puede parecer una contradicción que el rey nombrase a Osuna virrey de Nápoles y que, al mismo tiempo, considerase que podía estar cometiendo excesos hacendísticos. Pero no lo es tanto si todo se interpreta a la luz del tacitismo, el cual no ponía trabas morales para seguir valiéndose y sacando partido al dinamismo de Osuna mientras se realizaban investigaciones sobre su conducta en Sicilia. Además, no se debe perder de vista que en este momento la guerra con Saboya se había encaminado hacia una situación muy complicada. Por este motivo, enviar a Osuna a Nápoles y dejar al conde de Castro en Sicilia averiguando los desmanes del primero era una fórmula idónea, ya que el rey evitaba comprometerse con los actos llenos de «escrúpulos» de don Pedro, a la vez que propiciaba que este desplegase todas sus «virtudes» en Nápoles.
No parece que nada de esto afectase demasiado a Osuna, quien continuó empleando sus navíos corsarios, amén de recurrir a otros medios más artificiosos, por lo que, en el verano de 1615, aludió en una misiva a que había tenido que valerse de «estratajemas que en llegando a tocarlas con las manos, se deshacen». definía el término «estratagema» como un «ardid de guerra, engaño hecho en enemigo con astucia y maña». Es decir, acudir a un fraude mediano era más o menos aceptable, lo que no lo era tanto es que el virrey desoyese continuadamente los mandatos regios. El Consejo de Estado se mostró muy severo al respecto de ello y el confesor Aliaga llegó a declarar: «Y respecto de no guardar el virrey las órdenes que tiene, le parece que debería Vuestra Majestad acerca deste punto disponer tan apretadamente lo que convenga que pudiese parecer rigor, aunque entiende que ninguno llegaría a serlo en materia desta calidad». El padre dominico estaba acudiendo a un tipo de «disimulo» que Felipe III no aceptaba en sus consejos pero que, con bastante seguridad, hallaba sentido en los mandatos reales (). Aliaga había colaborado con Uceda en el nombramiento de Osuna como virrey de Nápoles, pues había «limpiado» ciertos escrúpulos de conciencia del soberano (). Sin embargo, en este voto mostraba una cara diferente, aquella que Felipe III necesitaba transmitir a sus órganos conciliares. No cabe duda de que el monarca tenía dudas sobre Osuna, pero también que no podía expresarlas abiertamente. El acceso de Aliaga a la conciencia de Felipe III le permitía en cambio expresarse en estos términos, pues ante la corte se debía demostrar una cierta contrición y, también, disimular la falta de dureza explícita contra Osuna tras la apariencia de un supuesto rigor. Por todo ello, Aliaga advirtió que no había castigo suficiente para don Pedro, lo que era una forma de obviar el problema dentro del consejo para seguir inquiriendo sobre todo ello de forma pausada. El ejercicio de la prudencia por parte del monarca permitía mantener al virrey sin hacerlo abiertamente, sino desde una posición que, de nuevo, significaba utilizar ese tipo de fingimiento que era amparado por el tacitismo ().
El monarca estaba aplicando los consejos de Tácito sobre la deslealtad que, con tanta habilidad, Eugenio de Narbona publicaría un tiempo después y que condensó bajo la idea de que para cualquier príncipe sería complejo oponerse «al mal ánimo oculto de criado o vasallo» (). Justo Lipsio también había señalado que la traición debía ser descubierta con prudencia, puesto que «la fuerza engendra ficciones y disfraces» (). Estas premisas teóricas se aprecian mejor al examinar el comportamiento de la Secretaría de Estado y del confesor Aliaga. Respecto de la primera, a finales de 1615, se ordenaba que los ministros encargados del Patrimonio de Sicilia informasen sobre la financiación de los navíos corsarios de Osuna. El secretario Aróstegui consideró que esto era algo «muy conveniente», lo que indica que el rey se valía de este organismo para adelantarse a posibles contratiempos futuros, es decir, para evitar que los delitos descubiertos escapasen a su control y se propagasen afectando al virrey y, por ende, a su autoridad y a la del valido Uceda. Lo mismo sucedió en febrero de 1616, cuando el Consejo de Estado hizo una consulta sobre la necesidad de inspeccionar cómo se había costeado el corso siciliano. Siguiendo al marqués de Velada, los consejeros atacaron con relativa dureza a Osuna y solo el confesor real emitió un voto individual. En él, señalaba que este debía cumplir las órdenes reales y que se debía hacer la correspondiente investigación —tal y como deseaba Felipe III—, pero también que «a cada uno se le entregue lo que le tocare» de las presas conseguidas en Levante. El soberano no respondió a esta consulta, pues no quería declararse de forma abierta en un caso tan complejo. Para ello ya había empleado a su confesor, quien, como se ha indicado, emitió un voto individual y mesurado, que contrasta con el ofrecido por el resto del consejo. El rey evitaba así que el caso de Osuna fuese llevado por la vía del rigor, dado que Lipsio recomendaba no castigar siempre con dureza «porque la severidad usada muy a menudo disminuye la autoridad» (). Este proceder es lo que explica la aparente inacción de Felipe III, quien maniobraba discretamente a través de la actuación llevada a cabo por la Secretaría de Estado y la persona de su confesor. No es extraño que Uceda no estuviese implicado directamente, ya que su excesiva parcialidad con Osuna y su falta de fineza le hacían en este caso inhábil.
La salida de Osuna de Sicilia se retrasó más de lo esperado, lo que lo no impidió que Felipe III buscase una solución al problema de la armada corsaria. Muchos ministros manifestaron el valor de sus navíos en la defensa de Sicilia, aunque desde otros sectores de la isla comenzó a criticarse abiertamente la gestión de don Pedro, al sentir que sus privilegios no habían sido respetados y que, en un momento de revisión e investigación, podían lograr su restitución. La situación parecía cada vez más compleja y el Consejo de Estado volvió a presionar al monarca para que arbitrase una forma de resolución inmediata. No obstante, Felipe III volvió a contemporizar y evitó tomar una decisión en firme: «Antes de resolver estas consultas [h]olgaré de saber si [h]ay algún ejemplar de [h]aber armado bajeles desta manera los virreyes y capitanes generales [...]. Y avíseme luego dello el Consejo y qué progresos ha hecho el Duque volviéndoseme esta consulta». No se puede dudar de la responsabilidad política del rey, que era muy consciente de hasta dónde podía llegar con su rigor en este caso. Prueba de ello es la decisión que adoptó pocos meses después, al reiterar, de nuevo a través de Aróstegui, que los virreyes de Italia no debían ejercer el corso. En ese momento, Osuna ya había abandonado Sicilia, por lo que el rey escribía al conde de Castro, que ocupaba su lugar, en el mismo sentido.
Las diferencias de tono que recoge la documentación en apenas unos meses tienen que ver también con la relación que Osuna mantenía con Uceda. Cualquier actuación severa contra el virrey podía ser interpretada como un menosprecio del monarca hacia el heredero del valimiento. De ahí que, sin haber llegado a entrar en Nápoles, Osuna avisase a Felipe III de que iba a mandar sus navíos a contrarrestar la presión que Venecia ejercía contra el archiduque Fernando de Austria. Un proceder que explica, en gran medida, los motivos de su nombramiento como virrey de Nápoles a pesar de lo acontecido en Sicilia. Todo ello muestra una vez más la prudencia de Felipe III, quien actuó siempre para «prevenir a las cosas venideras y que pueden suceder por la experiencia de las pasadas y presentes, de manera que con la prevención se quiten de por medio las causas que pueden producir malos efectos» ().
Los cambios ocurridos en 1616 en los puestos gubernativos de Italia no parecen justificarse a la luz de lo acontecido en Sicilia. Felipe III era consciente de los excesos de Osuna pero, aun así, le eligió para el desempeño de un cargo que suponía un ascenso en su cursus honorum. Este proceder tuvo origen en la estrecha vinculación de Felipe III con el tacitismo. Desde esta perspectiva, se explica entonces que ese nombramiento le permitiese «disimular» ante la corte que Uceda continuaba siendo el heredero del valimiento, pese a ser conocedor de sus escasas aptitudes. Algo que nos obliga a replantear la idea de que el nombramiento de Osuna como virrey de Nápoles fuese consecuencia directa de la influencia de Uceda. Es más, y aquí es donde la «astucia de la vulpeja» se percibe en la persona del rey, esa elección vino marcada por otros factores. El principal era asegurar el control del Mediterráneo y garantizar una presión sobre Venecia que facilitase el regreso a la política de «quietud» deseada por la monarquía. El norte de Italia vivía un momento de crisis, sobre todo tras el descrédito generado por la firma de la paz de Asti a manos del marqués de la Hinojosa, gobernador de Milán, en el verano de 1615. La preocupación del soberano era enorme, tanto, que escribió al Archivo de Simancas para pedir la documentación relativa al feudo de Asti y, sobre todo, las capitulaciones de la paz de Cateau-Cambrésis. En estas circunstancias, es evidente que consideró que la estancia de Osuna en Nápoles podía ser de gran utilidad, a pesar de que era un ministro altamente pasional. El uso de la «prudencia mezclada» implicaba la permisión de una serie de actos cercanos al fraude mediano, necesarios en todo caso para apagar el fuego de la guerra en Italia.
Felipe III demostró que era capaz de utilizar esta virtud —la «prudencia»— con una gran habilidad, distinguiendo lo útil de lo dañino (). Si el valor de Osuna residía en su capacidad para reavivar el conflicto, especialmente con Venecia, los aspectos más nocivos de su gobierno fueron investigados con cautela. Más aun, el rey permitió que las críticas del conde de Castro sobre la gestión hacendística de Osuna inundasen la corte. Las noticias parecían de tanta importancia que desde la Secretaría de Estado se recomendó pedir «relación al duque de Osuna del estado en que dejó lo de Sicilia y al conde de Castro del [estado] en que lo halló». Todo este asunto llegó a Madrid en los primeros meses de 1617, como Aróstegui avisó a Lerma, si bien este último pospuso cualquier decisión para más adelante y ordenó al primero no atenderlo «hasta que vuelva la respuesta de Sicilia». En otras palabras, Felipe III fomentaba la llegada de información sobre los desmanes de su virrey, puesto que esta le ofrecía la posibilidad de estar prevenido cara al futuro y de exhibir un rigor aparente. Por tanto, no debe resultar sorprendente que solicitase al conde de Castro que le enviase ejemplos de virreyes que hubiesen ejercido el corso en Sicilia. Una demanda que este aprovechó para mandar una relación muy crítica sobre Osuna, en la cual, sin embargo, se aludía también a la existencia de casos previos con comportamientos semejantes, si bien, al final de la misma, el mencionado conde aconsejaba abiertamente «que no es nada conveniente que los virreyes le hagan». Esta respuesta revela que, tras su llegada a Palermo, había podido comprobar la mala gestión de Osuna, a quien, pese a todo, no dudó en avisar con cierto deleite sobre las acusaciones que se vertían contra él. En cualquier caso, y ante esto, el soberano hacía gala de una prudencia de gran calado. Por un lado, ascendía a Osuna en el entramado político-administrativo de la Italia española, sabedor de que su dinamismo iba a permitirle tanto enmascarar sus verdaderos deseos tras la conducta del virrey como presionar a Saboya y Venecia. Por otro lado, sentaba las bases del futuro proceso contra Osuna por sus desórdenes y «demasías». Las pesquisas reales en este punto fueron canónicas, si se toman como referencia los postulados de Justo Lipsio sobre la traición.
En suma, el análisis de aspectos concretos del gobierno virreinal del duque de Osuna en Sicilia desde la óptica del tacitismo se ha mostrado como una herramienta historiográfica de gran utilidad. Esta perspectiva ha permitido reinterpretar los hechos más ambiguos de la acción del virrey e integrarlos en la lógica gubernativa establecida en su día desde Madrid. Asimismo, ha contribuido a poner de relieve que Felipe III empleó de manera consciente los principios tacitistas durante su reinado, aspecto este que lo presenta como un monarca capaz de definir la estrategia internacional de la monarquía en un contexto político de gran complejidad y que lo aleja, por tanto, de esos otros enfoques historiográficos que tienden a presentarlo como un agente pasivo en la corte. Esto puede llevar a considerar que, tal vez, el comportamiento del soberano estuvo más influenciado por las enseñanzas de Lipsio de lo que se ha supuesto, aunque es algo sobre lo que es necesario seguir investigando. El uso de la Razón de Estado esclarece muchas de las situaciones que se produjeron en Sicilia, algunas de las cuales se habían atribuido únicamente al ascendiente del virrey o de los validos regios. Sin duda, Lerma y Uceda gozaron de una gran autoridad, pero no dejaron de ser servidores de Felipe III. De hecho, todo apunta a que este fue un gobernante que actuó desde el secreto impuesto a raíz del ascenso a la privanza de Lerma. La capacidad que demostró para ocultarse tras el valimiento es sintomática de su habilidad, así como de la eficacia de este sistema para servir de defensa de la autoridad regia (). Una imagen que en todo caso contradice a la expuesta en los discursos generados a comienzos del reinado de Felipe IV, cuando la necesidad del momento llevó a presentar a Felipe III como un monarca débil y engañado por sus validos. La posterior utilización de esa visión por la historiografía del siglo XIX muestra una continuidad que, si bien perdura en la actualidad, se ha podido superar en el curso de esta investigación.
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[1] Archivo General de Simancas (en adelante A.G.S.), Estado, leg. 999, El conde de Castro a Felipe III, 3 de diciembre de 1613, s.f.
[2] Colección de documentos inéditos para la Historia de España (en adelante CODOIN), tomo XLV. (). Madrid, Imprenta de la Viuda de Calero, p. 61. El duque de Osuna a Felipe III, 7 de marzo de 1614. La cursiva es nuestra.
[4] A.G.S., Estado, leg. 8797, El conde de Bruay al marqués de Villena, 22 de marzo de 1608, f. 91v.
[5] A.G.S., Estado, leg. 8798, Francisco de Quesada al marqués de Villena, 17 de octubre de 1609, ff. 64v-65r.
[11] A.G.S., Estado, leg. 1164, Antonio de Aróstegui a Martín de Córdoba, 2 de noviembre de 1611, f. 224r.
[12] A.G.S., Estado, leg. 1164, El duque de Osuna a Felipe III, 15 de julio de 1611, f. 162r. El Consejo de Italia aceptó el uso dado al dinero de la Cruzada: A.G.S., Estado, leg. 1164, 2 de noviembre de 1611, f. 226v.
[13] A.G.S., Comisaría General de la Cruzada (en adelante CRU), El Consejo de la Cruzada a Felipe III, 7 de julio de 1611, s.f.
[14] A.G.S., Estado, leg. 1164, Antonio de Aróstegui a Lorenzo de Aguirre, 13 de noviembre de 1611, f. 225r.
[15] A.G.S., Estado, leg. 1887, doc. 148, El Consejo de Estado a Felipe III, 28 de enero de 1612, s.f. La carta del rey en A.G.S., Estado, leg. 1887, doc. 171, Felipe III al duque de Osuna, 15 de marzo de 1612, s.f.
[17] A.G.S., Estado, leg. 1164, El duque de Osuna a Felipe III, 30 de agosto de 1611, ff. 194r-194v.
[21] Archivo Histórico Nacional (en adelante A.H.N.), Estado, leg. 2267, El Consejo de Italia a Felipe III, 27 de junio de 1612, s.f.
[23] A.G.S., Estado, leg. 8793, Pedro González de Dehesa al marqués de Villena, 8 de septiembre de 1612, f. 210r.
[26] A.G.S., Guerra y Marina, leg. 763, El Consejo de Guerra a Felipe III, 26 de junio de 1612, s.f.
[27] A.G.S., Estado, leg. 1887, doc. 153, El Consejo de Estado a Felipe III, 7 de julio de 1612, s.f. y leg. 1169, doc. 138, Felipe III al duque de Osuna, 17 de julio de 1612, s.f.
[29] A.G.S., Estado, leg. 1166, El duque de Lerma a Antonio de Aróstegui, 28 de febrero de 1613, f. 3r.
[31] A.G.S., Estado, leg. 1887, doc. 218, El duque de Lerma a Antonio de Aróstegui, 6 de mayo de 1613, s.f.
[33] A.G.S., Secretarías Provinciales, leg. 993, El Consejo de Italia a Felipe III, 13 de mayo de 1613, s.f.
[35] A.H.N., Consejos Suprimidos (en adelante Con.), leg. 49868, El duque de Osuna a Felipe III, 28 de noviembre de 1613, s.f.
[36] Las copias de las órdenes de Osuna que el veedor general mandó a Madrid en A.G.S., Estado, leg. 1888, docs. 91-467, 1614, s.f.
[37] A.G.S., Estado, leg. 1888, doc. 40, Felipe III al duque de Osuna, 17 de enero de 1614, s.f. y A.H.N., Con., leg. 49868, El duque de Uceda al duque de Osuna, 17 de enero de 1614, s.f.
[38] A.G.S., Estado, leg. 1168, doc. 172, El Consejo de Estado a Felipe III, 21 de marzo de 1614, s.f.
[41] A.G.S., Estado, leg. 1888, doc. 8, El Consejo de Estado a Felipe III, 28 de junio de 1614, s.f.
[42] A.G.S., Estado, leg. 1168, doc. 205, El Consejo de Estado a Felipe III, 30 de septiembre de 1614, s.f.
[43] A.G.S., Estado, leg. 1888, doc. 35, El Consejo de Estado a Felipe III, 30 de septiembre de 1614, s.f.
[45] A.G.S., Estado, leg. 1169, doc. 139, Pedro de Echevarría a Felipe III, 13 de noviembre de 1614, s.f. y doc. 136, Pedro de Echevarría a Felipe III, 13 de noviembre de 1614, s.f.
[46] A.G.S., Estado, leg. 1888, doc. 29, El Consejo de Estado a Felipe III, 11 de diciembre de 1614, s.f.
[47] A.G.S., Estado, leg. 1888, doc. 28, El Consejo de Estado a Felipe III, 11 de diciembre de 1614, s.f. El soberano escribió al duque de Osuna sobre esto unos días después: A.G.S., Estado, leg. 1888, doc. 89, Felipe III al duque de Osuna, 20 de diciembre de 1614, s.f.
[49] A.H.N., Con., leg. 49868, El duque de Osuna a Sebastián de Aguirre, 15 de enero de 1615, s.f. y A.G.S., Estado, leg. 1169, doc. 2, El duque de Osuna a Felipe III, 8 de febrero de 1615, s.f.
[50] A.G.S., Estado, leg. 1889, doc. 11, El Consejo de Estado a Felipe III, 14 de marzo de 1615, s.f.
[51] A.G.S., Estado, leg. 1169, doc. 119, El Patrimonio de Sicilia a Felipe III, 6 de febrero de 1615, s.f.
[53] A.G.S., Estado, leg. 1169, doc. 143, El Consejo de Estado a Felipe III, 7 de abril de 1615, s.f. Osuna ya había alertado del problema de sus esclavos en A.G.S., Estado, leg. 1169, doc. 9, El duque de Osuna a Felipe III, 15 de febrero de 1615, s.f.
[54] El cardenal Doria indicó que el rey le había mandado actuar así en el pasado: CODOIN, XLIV, p. 516. El cardenal Doria a Felipe III. 14 de septiembre de 1613.
[57] A.G.S., Estado, leg. 1889, doc. 36, Felipe III a Pedro de Echevarría, 11 de abril de 1615, s.f. La cursiva es nuestra.
[59] A.G.S., Estado, leg. 1889, doc. 43, Felipe III al duque de Osuna, 2 de mayo de 1615, s.f. y leg. 1889, doc. 50, Felipe III al duque de Osuna, 20 de mayo de 1615, s.f.
[60] A.G.S., Estado, leg. 1889, doc. 14, El Consejo de Estado a Felipe III, 19 de mayo de 1615, s.f.
[62] A.G.S., Estado, leg. 1169, doc. 193, Pedro de Echevarría a Felipe III, 22 de mayo de 1615, s.f. y doc. 69, El duque de Osuna a Felipe III, 8 de julio de 1615, s.f.
[64] A.G.S., Estado, leg. 1889, doc. 19, El Consejo de Estado a Felipe III, 20 de agosto de 1615, s.f.
[66] A.G.S., Estado, leg. 1169, doc. 224, Pedro de Echevarría a Antonio de Aróstegui, ca. diciembre de 1615, s.f., leg. 1889, doc. 69, Felipe III a los oficiales de las galeras de Sicilia, 14 de diciembre de 1615, s.f. y leg. 1889, doc. 71, Felipe III al duque de Osuna, 14 de diciembre de 1615, s.f.
[67] A.G.S., Estado, leg. 1891, doc. 10, El Consejo de Estado a Felipe III, 20 de febrero de 1616, s.f.
[68] Algunos detalles de este asunto en A.G.S., Estado, leg. 1109, El duque de Osuna a Felipe III, 9 de marzo de 1616, f. 96, leg. 1889, doc. 118, El Consejo de Estado a Felipe III, 21 de mayo de 1616, s.f. y leg. 1109, El duque de Osuna a Felipe III, 30 de agosto de 1616, f. 122.
[69] A.G.S., Estado, leg. 262, El conde de Elda a Antonio de Aróstegui, 10 de marzo de 1616, f. 170.
[71] A.G.S., Estado, leg. 1891, doc. 13, El Consejo de Estado a Felipe III, 29 de marzo de 1616, s.f. La cursiva es nuestra.
[72] A.G.S., Estado, leg. 1879, Antonio de Aróstegui a la Secretaría de Estado, 25 de junio de 1616, f. 379.
[74] CODOIN, XLV, p. 412. El duque de Osuna a Felipe III. 22 de julio de 1616. Las disputas de Osuna con la República de Venecia fueron uno de los elementos centrales de su gobierno en Nápoles (; ; ).
[76] A.G.S., Estado, leg. 1170, doc. 81, El conde de Castro a Antonio de Aróstegui, 18 de agosto de 1616, s.f.
[77] A.G.S., Estado, leg. 1170, doc. 101, El conde de Castro a Felipe III, 1 de noviembre de 1616, s.f.
[78] A.G.S., Estado, leg. 1891, doc. 3, Antonio de Aróstegui al duque de Lerma, 3 de marzo de 1617, s.f.
[79] A.G.S., Estado, leg. 1889, doc. 188, Felipe III al conde de Castro, 27 de octubre de 1616, s.f.
