1.1. Las negociaciones por los límites en los Estados ibéricos

Movidas por la convicción y la necesidad de establecer fronteras lineales, continuas y precisas sobre sus respectivos dominios, las monarquías ilustradas española, portuguesa y francesa se embarcaron desde mediados del siglo XVIII en una serie de iniciativas y en la formalización de distintos tratados que, tanto en el ámbito colonial como en el europeo, les ayudasen a establecer los mecanismos de control idóneos para gobernar los territorios situados dentro de sus límites fronterizos (García Álvarez, 2019b, pp. 245-247). De este modo, y bajo nuevos presupuestos regalistas y laicos, se generalizó lo que Manuel Lucena denominó una «conciencia geográfica territorialista» que, dentro del nuevo escenario de relaciones internacionales que se había conformado, empleaba una «nueva lógica de organización territorial», la cual intentaba «articular un efectivo control social y político del espacio» apoyándose en el ejército y en un conocimiento preciso de dicho territorio (Lucena, 1996, p. 268). De hecho, durante las últimas décadas del Antiguo Régimen, el creciente interés por conocer, controlar y delimitar el ámbito territorial de los Estados posibilitó un cambio sustancial en los elementos sobre los cuales estos fundamentaban su soberanía. Los derechos históricos hereditarios que hasta entonces habían dictado la misma existencia de las fronteras internacionales fueron paulatinamente sustituidos por la concepción de «frontera natural»12 (Anderson, 1979, p. 34; Wallerstein, 2012, p. 38), en la cual el control y el conocimiento, así como la afirmación sobre el territorio y la población adquirieron una importancia capital para la legitimidad estatal (Cairo Carou y Godinho, 2013, pp. 23-54; Rodríguez Cancho, 1992, p. 20). Por este motivo, y como Sahlins demostró para el caso hispanofrancés, el interés por la definición y el mantenimiento de la soberanía territorial coincide en el tiempo con una nueva concepción del territorio; una concepción que pretendía sustituir al antiguo orden jurisdiccional (Shalins, 1989, p. 93).

Desde mediados del siglo XVIII, las monarquías española y portuguesa habían considerado los límites de sus reinos como un aspecto de primer orden en sus respectivas agendas diplomáticas y de gobierno (García Álvarez y Puente Lozano, 2023). Un proceso constatable especialmente en América, que, durante las últimas décadas del Antiguo Régimen, se convirtió en el laboratorio de la territorialidad ilustrada, aprovechando para ello la experiencia hispanofrancesa adquirida tras el Tratado de los Pirineos o la de las comisiones mixtas que a lo largo del siglo habían tratado de solucionar los conflictos en los Alduides (García Álvarez y Puyo, 2019). La firma del Tratado de Madrid, el 13 de enero de 1750, pretendía dar por terminadas las continuas disputas entre las mencionadas monarquías y sus súbditos, al fijar una línea de demarcación clara que dejase sin efecto lo contenido en la bula papal de Alejandro VI, los tratados de Tordesillas, Lisboa y Utrecht, así como el resto de elementos empleados para reivindicar las pretensiones de una y otra corte en América13. Pese a ello, estos objetivos se encontraron enseguida con una serie de contradicciones que propiciaron el fracaso de este intento en cuanto trataron de plasmarse sobre la realidad americana. Los gobiernos español y portugués advirtieron entonces que el proyecto había sido ideado desde sus respectivos centros, con un escaso conocimiento de los territorios sobre los que negociaban, situados en «unos payses tan distantes y poco conocidos de las dos cortes», a lo que se añadía, además, el hecho de que, en lugar de lograr controlar los conflictos entre los súbditos, el efecto de la consecución de dichos objetivos había sido más bien el contrario14, ya que desde 1752 había «dado y daría en lo futuro muchos y muy frecuentes motivos de controversias y contestaciones»15.

A pesar de su fracaso, el Tratado de Madrid significó el punto de partida para los cada vez más frecuentes intentos de delimitación de la frontera hispanoportuguesa. La necesidad de conocer, a partir de la experiencia empírica, los territorios en disputa que precisaban una demarcación queda bien patente en el artículo 15 del Tratado de San Ildefonso, firmado el 1 de octubre de 1777. Pero los límites que se insinuaban en su texto eran descripciones genéricas y, como el título del propio tratado anunciaba, preliminares, de tal modo que la falta de nociones exactas y el imperfecto conocimiento de los puntos en disputa exigía la creación de comisiones mixtas (integradas por una legación de cada reino), compuestas por diplomáticos (generalmente, por miembros de las embajadas o secretarías de Estado y los gobernadores u otras autoridades de sus provincias), y agentes técnicos (ingenieros militares y oficiales del Estado mayor). En dichas comisiones, los primeros, los diplomáticos, serían los encargados de las negociaciones de gabinete, orientando según los intereses de las respectivas cortes a los segundos, a los técnicos, en lo esencial de su labor. Por su parte, estos últimos debían reunirse en los territorios en discordia, examinar su distribución física y contrastarla con los documentos de derecho jurídico que pudiesen aportarse, en caso de que los hubiese, después de lo cual, plasmarían de manera conjunta las pretensiones de las partes en un mapa, para que el resto de negociaciones entre los gobiernos continuase gracias a un conocimiento los más exacto posible de aquello que se dirimía16. Y lo mismo se estipulaba también al respecto en el tratado firmado el año posterior, en 1778, sobre el comercio entre ambos Estados (Rodríguez Cancho, 2015, pp. 1279-1280).

El objetivo de estas políticas no era proceder a una mera demarcación de los límites fronterizos mediante un conocimiento lo más exacto posible de sus condiciones geográficas. Al contrario, este era, más bien, un medio para garantizar un ejercicio del poder que se enmarcaba dentro de lo que Michel Foucault denominó en su día la «gubernamentalidad» y que, desde mediados del siglo XVIII, se había generalizado entre los Estados europeos; una gubernamentalidad en la que gobierno-población-economía política formaban una triada indisoluble (Foucault, 1981, pp. 24-26; Foucault, 2006, p. 17; Castro-Gómez, 2010, pp. 45-47). Estos presupuestos políticos quedan fielmente reflejados en el artículo decimosexto del Tratado Preliminar de Límites de 1777 y, como tendremos la ocasión de demostrar en las siguientes páginas, también están detrás de todas las órdenes y decisiones que se adoptaron en el marco de las negociaciones de límites. Por tanto, los comisionados, más allá de seguir las reglas que se establecían en dicho tratado, debían tener muy presente que «sus objetos en la demarcación de la línea divisoria deben ser la recíproca seguridad y perpetua paz de ambas naciones», además del «total exterminio del contrabando»17, que tanto interés había generado en las últimas décadas del XVIII (Melón Jiménez, 2009).

Sea como fuere, el restablecimiento de la normalidad diplomática entre los Estados ibéricos tras las firmas de la paz entre España y Portugal, en junio de 1801, y Portugal y Francia, en septiembre de ese mismo año, puso sobre la mesa la necesidad de proceder a un tratado definitivo de límites, como preveía el acuerdo de 1777. Así se lo hacía saber el 24 de marzo de 1803 Cipriano Ribeiro Freire, embajador de la corte de Lisboa en Madrid, al mencionado Pedro Ceballos, recordándole que, para conseguir la mutua seguridad de las posesiones de ambas coronas, debían cumplir fielmente con el espíritu del artículo decimoquinto del Tratado de San Ildefonso18. Es decir, debían acordar la creación de todas las comisiones que fuesen necesarias para proceder al examen de los terrenos en discordia. En consecuencia, se crearon varias comisiones destinadas a negociar las nuevas demarcaciones en América19, en especial en Luisiana y los territorios brasileños20. Asimismo, se crearon dos comisiones encargadas de negociar los límites ibéricos en territorio peninsular, las cuales, apenas han sido objeto de interés por parte de la historiografía especializada: una, destinada a suprimir el espacio indiviso que pervivía entre Extremadura, Andalucía y el Alentejo, la conocida como Dehesa de la Contienda; y otra, destinada a negociar una demarcación de límites precisa en la frontera que Galicia tenía con las provincias portuguesas de Entre Douro e Minho y Trás-os-Montes, objeto de nuestra investigación.

1.2. La conflictividad por los límites entre Galicia y Portugal

Durante el siglo XVIII, la frontera hispanoportuguesa fue un espacio marginal sobre el que las autoridades solo llegaron a tener un control relativo, a excepción de lo sucedido en algunas plazas militares, donde la presencia del Estado era efectiva (Melón Jiménez, 2010, p. 163). Esta circunstancia puede apreciarse en el territorio intermedio dispuesto entre Ourese y Trás-os-Montes y parte de Entre Douro e Minho, pues allí no se hallan más «dos mil varas de terreno regular» en las más de veinte leguas de recorrido de la frontera21. Un terreno que, en opinión de un administrador de rentas a mediados del siglo XVIII, era todo «camino sin caminos»22, lo cual favorecía la existencia de unos límites imprecisos en la raya seca, por lo que los habitantes de uno y otro lado de la misma entraban en disputa de manera recurrente (García Mañá, 2014, p. 61). Si bien es cierto que, y atendiendo a las relaciones entre ambos reinos, la frontera que separaba el norte de Portugal de Galicia no sufrió grandes cambios en su trazado desde la separación del reino portugués del de León en el siglo XII23, a pequeña escala sí que hubo pequeñas modificaciones y múltiples conflictos por ellas entre los habitantes de la zona.

Según lo indicado en las fuentes, en las últimas décadas del siglo XVIII y la primera del XIX, la frecuencia y envergadura de esos conflictos24 había llegado a provocar una situación insostenible. La ineficacia de las políticas de control y represión del contrabando impulsadas por Floridablanca, cuyo fracaso había propiciado la militarización del orden público (Melón Jiménez, 2009), junto a la incapacidad de los gobiernos portugués y español para contener los conflictos entre sus súbditos, habían contribuido poderosamente a la construcción de una imagen, de arquetipo brutalizado, del fronterizo25. En una descripción militar francesa de autoría anónima traducida al castellano en 1815, se describía a los portugueses rayanos como «valerosos y animados de un gran odio contra los castellanos»26. Una visión que también se proyectaba sobre los gallegos por parte de las autoridades portuguesas, a quienes el Superintendente Desembargador General de las aduanas de O Porto acusaba, en un informe fechado el 10 de noviembre de 1789, de causar una «grande consternação» entre los habitantes de Lindoso «pelos ataques frequentes praticados pelos referidos habitantes das aldeias vizinhas de Galiza»27. Más elocuente al respecto es, sin duda, la opinión de Antonio Herbella, encargado de emitir un informe razonado sobre la situación en la frontera luso-gallega en 1803, quien argüía que «a diferencia de toda la raya», en aquella zona del noroeste peninsular, los vecinos de uno y otro lado «se miran desde la cuna con un odio implacable», educados desde la infancia «con el deseo de la venganza», la cual «solicitan y nunca se hallan satisfechos»28.

Una imagen potenciada por la frustración de unas autoridades que habían visto cómo fracasaban sus políticas orientadas a regular y a controlar las prácticas comunitarias —que incluso podríamos tildar de contrahegemónicas— de las poblaciones fronterizas. Para dichas poblaciones, el conflicto formaba parte de un lenguaje interiorizado que afloraba cuando se trataba de defender sus intereses y, como recientemente ha demostrado David Martín Marcos (2023b, p. 1), en especial, los suscitados por los límites en toda Galicia (Castro Redondo, 2022, pp. 350-371).

Sin embargo, la visión de una sociedad tan conflictiva que se desprende de esas palabras, como también del contenido de muchos de los informes elaborados por ambas administraciones, saca a la luz una realidad que implícitamente denunciaban las poblaciones locales y que se halla en relación con la defensa de sus intereses comunitarios29. En este punto, la militarización del orden público se había extendido y horizontalizado hasta tal punto que era común encontrar partidas de paramilitares fronterizos armados campando por los alrededores de los límites de ambos Estados (Herzog, 2018, p. 281). Una situación que durante el año 1800, según alertaba el Procurador Síndico General de Trasportela al Capitán General de Galicia en vísperas de la guerra de las Naranjas, se había generalizado en toda la frontera galaicoportuguesa, donde era común ver a algunas de estas bandas apostadas en los caminos impidiendo el paso, lo que, en su opinión, suponía el claro presagio del inminente conflicto armado entre ambas monarquías30. Incluso era habitual que en el trascurso de sus actividades cotidianas los habitantes de uno y otro lado fuesen equipados con armas, en especial cuando dichas actividades se desarrollaban en las inmediaciones de los terrenos en disputa. De hecho, de los expedientes generados a raíz de los lances entre rayanos se deduce que, en la mayoría de las ocasiones, no solo eran los atacantes quienes portaban armas, sino también los que resultaban atacados.

El caso con el que abríamos este trabajo, acaecido en Santa Cruz de Terroso, perteneciente a la jurisdicción de Riós-Soutovermudo, cuando decenas de portugueses armados de las poblaciones vecinas cruzaron la línea imaginaria que los separaba de Galicia para liberar de la detención a uno de los suyos, evidencia la existencia de una práctica interiorizada de defensa de sus intereses comunitarios que horrorizaba a las autoridades. Más aún, cuando sabemos que no se trataba de un caso aislado, sino de algo repetido en el tiempo por los integrantes de las mismas comunidades. Muestra de ello es, por ejemplo, que el 11 de enero de 1789, José Bernardino Romero Figueroa, corregidor de Riós y comisionado para la persecución de ladrones y contrabandistas, alertaba al ministro Floridablanca de la presencia de «una gavilla de portugueses rayanos que, amotinados y armados, atropellando las leyes de ambas majestades con menosprecio de la nación española», había entrado en su jurisdicción con la intención de sacar de la cárcel a un reo portugués preso por llevar consigo una carga de sal de contrabando. Una práctica casi idéntica a la que años más tarde, en 1803, encontraremos en Santa Cruz de Terroso, visto que ahora, de madrugada, entre la una y las dos, decenas de portugueses armados se dirigieron a la cárcel de Riós, donde se abalanzaron sobre los guardias, a quienes ataron, para romper a continuación la puerta y llevarse al prisionero31. Ante este lance, por entonces poco novedoso, las autoridades gallegas recomendaron que, en adelante, los reos portugueses fuesen llevados a la cárcel de Monterrey, ubicada a mayor distancia de la frontera, lejos pues de la inseguridad y mala situación, «casi en despoblado», de la de Riós. Unas recomendaciones que, como sabemos, no fueron seguidas, pues esta sería el destino del ya mencionado Domingo dos Paulos catorce años después32.

Por su parte, el secretario de Estado de los Negocios Extranjeros portugués, Luís Pinto de Sousa Coutinho, tras recibir un aviso de las autoridades de Miranda do Douro sobre los conflictos protagonizados en 1789 por los habitantes gallegos de la frontera, concluía que: «a animozidade dos povos rayanos costuma frequentemente excitar, ou concorrendo huns com otros, ou repentinamente, conmovidos pelo seu inmediato interesse»33. En la reclamación destinada al gobierno español el 23 de agosto de 1791, Sousa Coutinho llamaba la atención sobre la existencia de un lenguaje interiorizado del conflicto en algunas de estas poblaciones fronterizas, el cual salía a la luz con relativa frecuencia en actos de defensa de sus particulares intereses, los que identificaba como una muestra de flaqueza y debilidad de la autoridad de los Estados español y portugués y sus respectivas instituciones. En esta ocasión, la corte de Lisboa reclamó a la española por un acto que había sido perpetrado por el corregidor gallego de Soutovermudo, quien, acompañado de los vecinos de Berrande, hizo entrega de un reo al juez ordinario de Lomba, un cuarto de legua dentro del territorio portugués. Al menos así era según la demarcación reputada por las autoridades lusas, pero no reconocida por las españolas.

El mismo año de este suceso, 1789, se había suscitado un lance por motivos similares, protagonizado también por los vecinos de Berrande, quienes junto a su juez y los habitantes de Tomonte y A Trabe, marcharon a la frontera y levantaron en virtud de la demarcación que reivindicaban los gallegos marcos divisorios que se ubicaban, según la demarcación reconocida por las autoridades portuguesas, un cuarto de legua en el interior de Portugal34. Pocos años después, el gobierno del vecino país seguía reclamando al español que los gallegos rayanos habían usurpado esas tierras, pertenecientes a Segirei, localidad de la provincia de Bragança, y que el párroco de Berrande se había adjudicado asimismo indebidamente los diezmos que pertenecían a la encomienda de Ramón del Edral, de la Orden del Cristo35. Ni siquiera entonces se solucionó la disputa, pues las autoridades españolas tenían una opinión bien distinta. Muestra de ella es que el informe emitido por la Comandancia de Ourense, concluía tildando las noticias lusas de ser «no solo vagas […], sino también muy equívocas»36.

Presumiblemente, la ocupación de tierras realizada por los rayanos gallegos se mantuvo durante poco más de una década, pues a finales de 1803, más de un centenar de habitantes de la localidad portuguesa de Lomba, guiados por su cura párroco, dos jueces y el procurador general, todos ellos armados con «escopetas, hachas y aradas», se internaron en el lugar de O Freixo, sito en la localidad ourensana de A Trabe, «a la distancia de un tiro de un fusil», destruyendo los marcos que señalaban la línea fronteriza, los mismos que se habían movido en 1789. A continuación, establecieron unos nuevos marcos mediante la colocación de cruces sobre grandes mojones de tierra que habían reunido, grabaron una cruz en un castaño cercano y colocaron una piedra para que sirviese de referencia «en señal de demarcación de límites». Los rayanos portugueses aprovecharon además su internada para destruir las viñas que allí tenían cultivadas los gallegos y, en un acto de «demostración de tomar posesión de aquel terreno», el párroco exaltó a sus fieles a pastorear esas tierras con las cabras que llevaban consigo. Según se recoge en el expediente levantado, en su retirada a Portugal, amenazaron con volver para quitar aún más tierras y enviar a los guardias a aprehender los ganados de los gallegos, «si no pagaban los diezmos correspondientes a aquel terreno»37.

Los casos mencionados son un buen ejemplo de la conflictividad que desde hacía décadas envolvía a los rayanos, portugueses y gallegos, por la posesión de los terrenos situados en los lindes que los separaban. Sin embargo, probablemente el caso más paradigmático y de más largo recorrido sea aquel que implicó a los portugueses de Lindoso y a los gallegos de Manín, Trasportela, Lodeiros, Entrimo, Lobios, Compostela y el resto de pequeñas aldeas ubicadas en las inmediaciones del monte de A Madalena, cuya posesión y aprovechamiento unos y otros se disputaban.

El ya mencionado Julián de Araújo, corregidor de Riós, tras su reunión con el juiz de fora de Monforte de Rio Livre, alertaba al también citado Pedro Ceballos, Primer Secretario de Estado y del Despacho, de la necesidad de fijar los límites no solo entre aquellos pueblos, sino «aun en toda la frontera»38. Encargado por orden de la Capitanía General de Galicia de reunir los antecedentes de las disputas habidas por los lindes en la frontera galaicoportuguesa, Araújo recopiló numerosos casos concernientes al monte de A Madalena, algunos de los cuales se remontaban a 177339. Sin embargo, las contiendas suscitadas en aquel punto de la raya se situaban mucho más atrás en el tiempo. En 1752, los vecinos del concejo luso de Lindoso elevaron un requerimiento para que el gobierno portugués interpelara al español por lo que entendían había sido una violación de su territorio perpetrada por más de medio centenar de moradores de las aldeas gallegas de Bao y Compostela. Estos, se habían adentrado armados y con sus ganados hasta el río Cabril, derribando y arrojando al río Limia un marco que servía como hito de demarcación según la línea reconocida por las autoridades lusas, aprehendiendo además varias cabezas de ganado y deteniendo a los vecinos de Lindoso que pretendían defenderlas40. Si bien los portugueses veían este hecho como una violación de su territorio, no es menos cierto que los gallegos disponían de motivos suficientes para argüir precisamente lo contrario, como ahora veremos, dado que la línea que reivindicaban pasaba por el mencionado río Cabril.

Pero tampoco cabría situar los orígenes de esta disputa en 1752, si no, y como las autoridades del vecino país reconocían, a finales del siglo XV, cuando el alcalde mayor de Lindoso vendió el ganado vacuno que desde «tiempo inmemorial» había pastado en el monte de A Madalena, cuya posterior ausencia, unida al abundante pasto de sus tierras, había favorecido la apropiación de dicho monte por los gallegos41. Al menos, este era el testimonio que en 1538 dieron algunos vecinos de Lindoso, mayores de 80 años, en el interrogatorio previo a la redacción del tumbo de demarcación que por iniciativa de la corona portuguesa se estaba realizando en toda la frontera con Galicia42. Este proceso finalizó con la colocación de marcos divisorios como los que en 1752 derribaron los rayanos gallegos, pues ni ellos ni las autoridades españolas reconocían la validez de ese documento por no tratarse de un acuerdo en el que participaran ambos reinos.

En una nota dirigida al conde de Aranda, el embajador de Portugal en Madrid opinaba en 1792 que la situación en aquel punto de la frontera era insostenible y que exigía de un acuerdo inminente entre las partes, pues las poblaciones de la zona llevaban más de veinte años viviendo en un «estado de verdadeira guerra»43. Una década después, en una súplica que los vecinos de San Salvador de Manín y Trasportela elevaron al obispo de Ourense, con el ánimo de que este intercediese por ellos y convenciese a las autoridades competentes para que delimitasen el monte a su favor, denunciaban, en sintonía con el comentario realizado por el mencionado embajador, vivir «como si estuvieran declaradas las guerras y turbadas las pazes, sufriendo las mayores inhumanidades»44. Razones para emitir semejantes opiniones no les faltaban al uno y a los otros, ya que los habitantes de ambos lados de la raya se habían visto envueltos repetidamente en disputas sangrientas por el uso y aprovechamiento del monte. Al respecto, en la mencionada súplica al obispo de Ourense, los gallegos acusaban a los moradores de Lindoso de disponer de un «copioso catálogo [de un listado] de gallegos culpados»45, en cuyas páginas figuraban los nombres de las potenciales víctimas que serían represaliadas por los portugueses en próximas acciones. Un testimonio similar ofrecía en 1803 la Cámara de Lindoso en su respuesta a la averiguación solicitada por el corregidor de la comarca tras una requisitoria del gobierno español, después de que se hubiesen producido nuevos y sangrientos enfrentamientos en la zona46.

Todos estos casos, junto a otros muchos, ponen de manifiesto la existencia de una conflictividad por los límites en la frontera galaicoportuguesa que tenía un largo recorrido y que había sido interiorizada por las comunidades rayanas como mecanismo de defensa o de reivindicación de sus intereses. Hecho que, como hemos apuntado, alarmaba poderosamente a ambos gobiernos, los cuales, como en otros ámbitos de actuación política, actuaban ahora movidos por una tendencia que pretendía que el Estado fuese principal agente mediador de esa conflictividad. Y es que, en estos primeros años del siglo XIX, las autoridades españolas y portuguesas estaban persuadidas del «importante negocio de demarcación de límites en la frontera del reyno de Galicia», el cual debía garantizar tanto «los derechos de la soberanía» como «la tranquilidad y propiedad de sus fieles vasallos»47.

Tras la remisión por parte de Ceballos a Godoy de los expedientes donde se recogían estos conflictos, el 13 de mayo de 1804, el Generalísimo de la Paz afirmó que, en vista de las continuas «contiendas sangrientas y discordias» y del grave perjuicio que estas provocaban a los vecinos de la jurisdicción de Trasportela y Santa Cruz de Terroso, debía procederse a «determinar y fixar los verdaderos límites entre los expresados territorios y en los demás parages de la frontera del reyno de Galicia en que existen semejantes diferencias»48.

5.1. Las reivindicaciones y las partes previas a la comisión Rifá-Costa Correa

Aunque los habitantes de Lindoso se habían visto envueltos en numerosos encuentros violentos con los gallegos rayanos de la zona desde hacía siglos, su cada vez mayor intensidad y frecuencia en las décadas anteriores a la organización de la comisión había llamado poderosamente la atención de las autoridades de España y Portugal. En su día, ambos Estados habían intentado acometer, motu proprio o de común acuerdo, la delimitación de este enclave. No obstante, los repetidos fracasos cosechados no habían hecho más que fomentar la rivalidad entre las poblaciones situadas a uno y otro lado de la frontera.

Si acudimos a algunas de las fuentes de la época donde se describe el terreno correspondiente al monte de A Madalena, y cuyo objeto no era dilucidar cuestión alguna sobre sus límites, se hace patente que las administraciones española y portuguesa tenían opiniones diferentes sobre el trazado de la frontera. Así, mientras que el Catastro de Ensenada reconocía como límite de la misma los ríos Cabril y Limia69, tal y como reivindicaban los gallegos, en las Memórias Paroquiais portuguesas, aunque no se describía con exactitud el trazado fronterizo, se identificaba como posesión lusa del concejo de Lindoso el río Cabril, las tierras del monte de A Madalena y la parroquia homónima que en ella se encontraba y a la que los portugueses acostumbraban a acudir en fechas señaladas70. Por los mismos años, en el pormenorizado reconocimiento de la frontera hispanoportuguesa encomendado a mediados del siglo XVIII al ingeniero militar catalán Antonio de Gaver, no se menciona este punto71, pero sí que aparece en cambio en la descripción de las fronteras, terrestres y marítimas, de Galicia elaborado por el erudito gallego José Cornide y Saavedra (1764), quien se hace eco de un trazado que coincidía con las reivindicaciones de los españoles72. Frente a él, el ingeniero portugués Custódio José Gomes de Vilas-Boas, en su Descrição topográfica das comarcas fronteiras da província do Minho (1800), remitida a la Real Sociedad Marítima de Lisboa, reconocía que en aquella parte del territorio los límites «não são bem determinados», pues «tem havido sobre isto pleitos, que ainda se não decidirão»73, si bien insistía en la reivindicación de los terrenos por los habitantes portugueses, la cual aparece en un mapa que había impreso de la provincia de Entre Douro e Minho, con motivo del proyecto de reforma de esas comarcas de 1790-1792 (Moreira, 2015, p. 60) (Mapa 1).

Los gobiernos portugués y español habían mostrado en décadas pasadas su voluntad de arreglar en distintas ocasiones los límites dudosos que daban origen a las disputas de sus respectivos súbditos por el monte de A Madalena. El ya mencionado Antonio Herbella, encargado de emitir un informe razonado en 1803 sobre la conflictividad en la frontera galaicoportuguesa, tras inspeccionar los antecedentes y el terreno en cuestión, concluía, a la vista de ser «tan prolijas las noticias de quimeras, golpes, tiros, amenazas y hostilidades», que las autoridades españolas y portuguesas debían disciplinar —en sus propias palabras, «estrechar»— a sus súbditos rayanos con el «rigor más duro», y proponer una solución que no sería posible sin que «partiesen el uso del monte»74. Una solución esta que ya se había barajado unas décadas antes en la mesa negociadora de la Secretaría de Estado, la cual recomendaba al ministro Floridablanca que, para conseguir «apaciguar a unos y otros súbditos», debía llevarse a cabo una negociación con el vecino Portugal cuyo resultado final no atendiese a la posición maximalista que ambas cortes mantenían, sino que señalase una línea «mediante la qual ni a los gallegos se les adjudicase el uso de todo aquello que pretenden les pertenece, ni tampoco a los portugueses la extensión de terreno que quieren apropiarse»75.

Mapa 1Detalle del mapa levantado por Custódio de Vilas-Boas en el que representa como portuguesa la zona de A Madalena reivindicaba por los habitantes de Lindoso (1794) Fuente: Biblioteca Nacional de Portugal, Mapa da provincia d'Entre Douro e Minho... de par com as indicações Economico-Politicas tudo para servir à Regulação das Comarcas da mesma Provincia, e outros objectos de Utilidade Publica / por Custódio Jozé Gomes de Villas-Boas. Cota: D-94-R.

Un posicionamiento posibilista que jamás llegaría a ser adoptado por ninguna de las Secretarías de Estado que se sucedieron en la administración española, y que en aquel momento contradecía el informe objeto de discusión. En dicho informe76, los ingenieros militares José de Ulloa y Feliciano Míguez, comisionados por el Capitán General de Galicia, Pedro Martín Zermeño, a finales de mayo de 1779, indicaban ser «de suma importancia, para unos y para otros, que los límites se conserven en el río Cabril», aduciendo a motivos de seguridad y defensa de sus fronteras y para un mejor aquietamiento de los súbditos77. Frente a esto, las autoridades portuguesas nunca llegaron a considerar siquiera la posibilidad de partir el monte. Probablemente porque, más allá de los argumentos vinculados a la seguridad y defensa de sus fronteras, de la naturaleza del territorio o de las costumbres de sus súbditos, disponían de dos documentos de derecho jurídico que, al menos desde su perspectiva, demostraban la legitimidad de su soberanía sobre A Madalena.

5.2. ¿Fronteras «naturales» o fronteras de derecho jurídico? Razón, derecho y costumbre en las propuestas de delimitación

Ambos gobiernos se hallaban en posiciones de máximos ante la inminente reanudación de las conferencias entre sus comisionados. El invierno había dejado impracticable el terreno de A Madalena, por lo que sería imposible comenzar las reuniones en aquel lugar, de ahí que ambas delegaciones acordasen dedicar los primeros meses de 1807 a analizar y a preparar concienzudamente sus argumentaciones, a resguardo del frío y las nieves. Los comisionados portugueses se dirigieron enseguida a Viana do Castelo, sede del Governo das Armas de la provincia del Minho78, mientras que los españoles, obligados a mudarse de Verín por el cambio en los planes de negociación, sufrieron verdaderos problemas para conseguir una sede que reuniese las condiciones de salubridad pertinentes79. Y todo, hasta que fueron destinados a Vigo, población situada tres leguas más cerca de A Madalena que Verín, con mejores caminos, más víveres y los instrumentos necesarios para el levantamiento de un plano80.

Ya en sus nuevas residencias y ante la finalización del invierno, Costa Correa y Rifá planearon reanudar las conferencias el mes de abril81, aunque la llegada de los comisionados portugueses se retrasó hasta finales de mayo, momento en que convinieron celebrar todas las reuniones que fueran oportunas durante el verano. Así, a finales de junio de 1807, tras haber celebrado varias de estas reuniones previas, procedido a un inicial reconocimiento del terreno y puesto en común las pretensiones y los motivos que las fundamentaban, ambas delegaciones se encontraban más distanciadas que nunca. Sin apenas puntos de común acuerdo sobre los que hubiera una voluntad de ceder, los comisionados decidieron dejar por escrito sus propuestas para hacérselas llegar a sus respectivos gobiernos para que estos dirimieran y desatascaran las negociaciones por la vía diplomática. El primer paso en este sentido lo dieron los comisionados españoles, quienes enviaron el 27 de junio un informe al suyo, a la vez que entregaban a los comisionados portugueses una memoria razonada82, cuya respuesta oficial, junto a un plano donde se expresaban las líneas propuestas por ambas legaciones, demoró su llegada hasta el 14 de septiembre83. Conocemos la opinión de los comisionados españoles sobre la contrapropuesta lusa, porque en ella se contenía por escrito lo que discutido en las conferencias de junio. Por esta razón, Rifá y Otermín ya remitieran el 15 de julio a Pedro Ceballos un oficio respondiendo a los argumentos defendidos por los portugueses84. Por tanto, a pesar de no haberse conservado las actas de las conferencias, de estas memorias y contramemorias, es posible recomponer fielmente las propuestas de ambas legaciones.

Como puede apreciarse en el plano levantado por Costa Correa y Almeida el 14 de septiembre de 1807 (Mapa 2), elaborado siguiendo las órdenes dadas por Araújo de Azevedo el 24 de enero de 1807, para que, en caso de discordia en la obtención de una solución, se levantase una carta donde se recogiesen las pretensiones de las partes85, su gobierno reclamaba como legítimo un trazado que pasase por las cumbres de las sierras que componían el monte de A Madalena. De este modo, el aprovechamiento, uso y posesión de sus tierras sería para los vecinos de Lindoso, en sintonía con la demarcación descrita en el tumbo de 1538 y el apeo de la archidiócesis bracarense. Por su parte, los comisionados españoles, haciéndose eco también de las reclamaciones de los fronterizos gallegos, proponían un trazado diferente, marcado por el curso de los ríos Cabril y Limia.

Mapa 2Plano levantado por los comisionados portugueses en el que se expresa el trazado propuesto por ambas legaciones Fuente: AMNE, Limites com a Hespanha, cx. 1119, fl. 59.

El argumentario que incluían las respectivas propuestas empleaba la naturaleza y la razón como elemento justificativo. Mediante la primera, por ejemplo, se pretendía demostrar que el trazado defendido por cada delegación era el más idóneo: la naturaleza demostraba la validez de los documentos de derecho jurídico, el límite más adecuado para garantizar la defensa militar y fiscal de ambos Estados, incluso había favorecido el desarrollo y arraigo de algunos elementos vinculados a la costumbre. Desde esta óptica, los comisionados españoles afirmaban que «aquel que imparcialmente vea el terreno», no dudaría que «la naturaleza ha situado al monte de La Magdalena para ser poseído de los pueblos de Manín, Lodeiros y Compostela»86. Una naturaleza que, paradójicamente, había determinado, según los comisionados lusos, que la división entre los reinos cruzara por los picos de las sierras, pues «a natureza se impinhou em estabelecer huma divizória entre Portugal e Hespanha por huma escarnada serra, de huma altura tão considerável que por muitas partes hé inteiramente inaccessível, não oferecendo mais rotura que tão somente por onde passa o rio Limia, achando-se na dita comiada todos os puntos que citão todos os títulos»87. Desde esta perspectiva, fundamentada en la razón, la naturaleza había dictado una división entre los reinos, aunque la postura de ambas legaciones contradijese notoriamente el determinismo de la naturaleza, ya que una y otra sustentaban pretensiones bien diferentes.

Sin embargo, no existen fronteras naturales, todas son contingentes y, por tanto, artificiales. La naturaleza —o, mejor dicho, los accidentes naturales— han podido servir como condicionante, pero no como determinante (Nordman, 1998, p. 10; Melón Jiménez, 1999, pp. 21-27; Castro Redondo, 2019b, p. 90; Vicente Sánchez, 2023, p. 492; García Álvarez y Puente Lozano, 2017). Esto es una evidencia para cualquier estudioso de las fronteras, algo que, no obstante, no lo era tanto en estos primeros años del siglo XIX, cuando el determinismo de las fronteras naturales era invocado para legitimar pretensiones que, como puede verse en el caso que nos ocupa, tenían mucho de humanas y poco de «naturales». Por eso, alienarlas de su radical historicidad mediante un discurso y unos imaginarios que las «naturaliza» implica convertirlas en instrumento de la dominación88 que se desea perpetrar (Raffestin, 1993, p. 166). En este sentido, si bien la naturaleza había dictado el elemento sustancial al que cualquier geógrafo o ingeniero debía atender en sus trabajos —al menos desde Pierre de Marca89—, Óscar Jané ha demostrado que el discurso vinculado a la naturaleza era siempre descartado cuando existía un elemento de derecho jurídico reconocible como legítimo (Jané Checa, 2008, p. 112). Por este motivo, los principales argumentos de la legación portuguesa residían en la legitimidad de los documentos de la demarcación que presentaban, cuyas descripciones eran prácticamente idénticas, pero que las autoridades españolas no reconocían por «carecer de situación y concurrencia de las partes interesadas»90.

Frente a esto, Costa Correa contraargumentaba que el documento de 1538 no tenía ninguna necesidad de haber sido elaborado con la concurrencia de las autoridades españolas, porque se trataba de la puesta por escrito de una visita que anualmente debía hacerse a los límites de las comarcas portuguesas, y que esta ratificaba la antigua línea divisoria reconocida por los ancianos de Lindoso. Además, se preguntaba contrariado cómo podían los españoles deslegitimar la validez de estos documentos si ellos no disponían de ningún título, edificación u otro elemento que pudiera ser considerado probativo de derecho jurídico sobre el terreno que disputaban91. Ciertamente, la insistencia de la legación española en considerar ilegítimos los documentos presentados por los comisionados lusos, aunque en apariencia estuviera bien fundamentada, entraba en contradicción con los que tenían reservados para la negociación de los límites entre las jurisdicciones de Riós y Monforte de Rio Livre, los cuales era de una naturaleza casi idéntica a los utilizados por los portugueses para el monte de A Madalena, por tratarse de unos apeos realizados en 1582 y 158392; unos apeos que habrían sido utilizados como argumento principal si las negociaciones no se hubiesen truncado.

La falta de títulos que reconociesen las pretensiones españolas y la continua ilegitimidad que Rifá y Otermín arrojaban sobre los documentos aportados por la legación portuguesa, hizo que estos apelaran a una negociación fundamentada en «razones científicas y combincentes que demuestren sin confusión ni dudas quál sea la división de ambos Estados, consiguiendo por ella una total separación al país que les proporcione una recíproca defensa»93. Siguiendo estos principios, la propuesta española encontraba en el «profundo e inaccesible barranco» que formaban las elevadas sierras entre los ríos Cabril y Limia la «más clara división» que serviría, por un lado, para proporcionar «la defensa recíproca de ambos reynos, y mayor al de Portugal», y por otro, para cortar —o al menos para poner coto a— la conflictividad cotidiana en la que se veían envueltos los súbditos de ambos reinos. En este punto, los españoles se inclinaban por la preferencia de una raya húmeda sobre una seca; mientras que la línea propuesta por la legación portuguesa, afirmaban, exigiría la colocación de hitos distanciados entre sí, creando de este modo un «sin número de marcos artificiales»94, que más que contener los conflictos los fomentaría, al facilitar «en los puntos vagos distancias largas que en todos tiempos perturbarán la paz de los pueblos fronterizos»95.

Por su parte, los comisionados portugueses, aunque coincidían en la necesidad de asegurar una recíproca defensa, argumentaban que los ríos serían muy ventajosos como división de ambos reinos si no cayesen del lado español alturas dominantes sobre Portugal. Esto les llevaba a insistir, por tanto, que en virtud de la recíproca defensa y atendiendo a los accidentes naturales que pudiesen servir de división, los picos de las sierras serían «respetáveis barreiras que parece produzir a natureza para cobrirem com igual vantagem a fronteira de dois Estados dos quaes com preferência se tem utilizado todos os geógrafos»96. De hecho, los comisionados lusos emplearon como argumento en contra de los ríos Cabril y Limia como frontera natural la experiencia de las contiendas bélicas que habían enfrentado a España y Portugal en décadas pasadas (1762 y 1801), cuando las tropas de este último país utilizaron el río Cabril para defender el castillo de Lindoso. Lo cual justificaban Costa Correa y Almeida por haberse tratado de guerras «puramente defensivas»97.

Un tercer nivel argumentativo, aunque de menor relevancia que los anteriores, fueron ciertos elementos vinculados a la costumbre. Así, por ejemplo, en este sentido los portugueses apelaban la propiedad y al uso de la ermita de Santa María da Madalena, donde anualmente celebraban misa y acudían los habitantes de Lindoso, o las explotaciones de viñedos y colmenas que disfrutaban algunos de sus habitantes en el monte. Frente a ello, los comisionados españoles argumentaban que la jurisdicción eclesiástica poco tenía que ver con la civil, pues como pasaba en Tourém, un párroco luso podía tener jurisdicción sobre almas en territorio español, o viceversa (Hernández Figueiredo, 2014, pp. 221 y ss.), y que las plantaciones y colmenas que se hallaban en el monte se debían al «carácter sencillo de estos fronterizos gallegos», que las habían tolerado «por la necesidad que siempre han tenido de surtirse de varios efectos y comestibles de Portugal»98. Una afirmación negada con vehemencia por Costa Correa y Almeida, quienes afirmaban que «o seu carácter ambicioso o contrário prova», acusando a los gallegos de haber sido los únicos iniciadores de todas «as sanguinolentas dezordens»99. Incluso, la naturaleza se integró como parte del orden argumentativo de la costumbre, visto que los comisionados españoles reivindicaban el uso aprehendido entre los habitantes de Manín, Lodeiros y Compostela de recomponer anualmente los caminos carreteros que se extendían desde A Madalena hasta el río Cabril100, frente a la imposibilidad que tenían los moradores de Lindoso, a quienes:

No obstante, las negociaciones para la delimitación de la frontera galaicoportuguesa se encontraban a mediados de septiembre de 1807 nuevamente estancadas ante el posicionamiento maximalista que mantenían ambas partes, sin el menor atisbo de que una de ellas cediese. Esto explica que, durante el mes de septiembre, las autoridades de rentas españolas, que proyectaban un nuevo reglamento para los partidos de Ourense y Tuy, no considerasen en ellos a ninguno de los puntos en disputa objeto de negociación con Portugal, ordenando a sus delegados que realizasen las partidas de las mencionadas rentas según los trazados reivindicados por el gobierno español102. Algo que puede observarse en los planos levantados por Juan de Quintana con este cometido, donde no se destaca ningún grado de provisionalidad —u otra mención sobre el estado de negociación— en los puntos abordados por la comisión de límites (Mapa 3).

Mapa 3Plano del partido de Ourense Fuente: ACEGCGE, ar.i-t.9-c.2_94.