En el cuarto tomo de sus Voyage, el marino y cronista William Dampier recoge una singular observación durante su paso por Canarias en 1698. Allí, menciona cómo Pedro de Ponte y Llarena, conde del Palmar, habría asegurado su nombramiento como capitán general del Archipiélago no solo gracias a sus servicios militares, sino mediante el obsequio de unas espléndidas joyas a la reina Mariana de Neoburgo (). Un gesto tan fastuoso como estratégico, que revela las complejas tramas de favores y méritos que articulaban los resortes del poder en la Monarquía Hispánica. Aquellas piedras preciosas, obtenidas durante su mandato como gobernador en Tierra Firme, representaban apenas un símbolo de los altísimos alicientes y posibilidades que ofrecían los puestos de gobierno en Indias. Sin embargo, lo que Dampier desconocía era que aquel puesto de capitán general le había resultado aún más oneroso: tras la llegada a Madrid de informes críticos sobre su gestión en la Gobernación de Panamá durante el periodo de 1681-1690, fue encarcelado en primera instancia, aunque logró obtener el indulto mediante el pago de la imponente suma de 47.000 pesos a la corona. A ello, sumó el valor de las joyas entregadas, incluidas en un pago adicional de 24.000 pesos, destinado específicamente a promoverse a la Capitanía General de Canarias (). Así concluía el accidentado periplo del conde del Palmar por las Indias, regresando a su tierra natal con el peso de la controversia sobre sus hombros, una sombra que lo perseguiría hasta el final de sus días.
Más allá del caso particular del conde del Palmar, su trayectoria marcó el inicio de una nueva etapa en la presencia política de los canarios en América, un fenómeno que, a pesar de su relevancia, ha sido escasamente investigado en su conjunto. La mayoría de los estudios sobre los isleños en América se centran en la emigración y en su impacto tanto en las islas como en el continente, con especial énfasis en su papel como colonos. Sin embargo, aunque el número de políticos canarios en América durante la última etapa del reinado de Carlos II y los primeros años de Felipe V era reducido en comparación con el de otras regiones peninsulares, no era precisamente residual. Su participación fue determinante en la transformación de la percepción que la monarquía tenía de los canarios y del propio Archipiélago. Este periodo resultó clave en la gestación de un cambio en la consideración estratégica de las islas, un proceso que culminaría, ya después de la Guerra de Sucesión española, con el reconocimiento implícito de Canarias como un territorio «metropolitano» dentro del nuevo entramado administrativo impulsado por los Borbones. Esta integración no debe entenderse únicamente desde una perspectiva político-administrativa tradicional, sino, sobre todo, desde una mirada social: se trató de una incorporación simbólica y práctica del Archipiélago al imaginario peninsular, que reflejaba una nueva forma de entender la relación entre Canarias y el resto de la monarquía.
Tomando como punto de partida el caso paradigmático del conde del Palmar, esta investigación no se limitará sólo a examinar su trayectoria en la administración y el ejército durante el reinado del último de los Austrias, también, y a partir de su figura, se planteará una mirada más amplia sobre la participación de otros canarios que, junto a él, comenzaron a integrarse activamente en el entramado imperial hispano en América durante el reinado de Carlos II. Por otro lado, se indagarán los motivos y las consecuencias de la inserción de Pedro Ponte y Llerena en los puestos de gobernación indianos, entendida esta como el inicio de una nueva etapa para los isleños, quienes paulatinamente fueron redefiniendo su papel dentro de la estructura política y social de la Monarquía Hispánica. Para ello, nuestro análisis se apoyará en el estudio de archivos estatales, con especial atención al Archivo General de Indias, que conserva una parte sustancial de la documentación relativa a las actividades de los canarios en el continente americano. Este fondo documental se revela fundamental para reconstruir sus trayectorias, explorar sus redes de influencia y comprender las estrategias con las que buscaron afirmarse en el amplio y complejo escenario de la monarquía.
La visión sobre la crisis de la Monarquía Hispánica durante el reinado de Carlos II ha experimentado una profunda transformación con el paso del tiempo. Inicialmente, predominó la interpretación de una decadencia absoluta del imperio, alimentada tanto por el mito borbónico de regeneración —según el cual la llegada de la nueva dinastía suponía un renacimiento en todos los aspectos— como por la serie de reveses militares que sufrió la monarquía de los Austrias de Madrid. Sin embargo, investigaciones más recientes han matizado esta imagen, sugiriendo que, si bien la crisis fue innegable, no significó un colapso irreversible. A partir de la década de 1680 se vislumbra un periodo de cierta recuperación económica y reconfiguración administrativa (), lo que invita a repensar este momento histórico no como un epílogo decadente, sino, más bien, como un tiempo de adaptación y resiliencia dentro de los límites del sistema imperial.
Algo similar puede observarse en la historiografía relativa a las Islas Canarias, donde gran parte de los estudios dedicados a los ciclos económicos vinculados al comercio del vino señalan el inicio de una crisis de las exportaciones a partir de la década de 1660 (; ). Sin embargo, resulta llamativo que dichos enfoques tiendan a desviar la atención del papel que desempeñaron las élites locales en la gestión de este comercio. Estos trabajos rara vez abordan, por ejemplo, el auge en la compraventa de títulos de nobleza o la notable capacidad de estas élites para proyectarse hacia América en un contexto donde, supuestamente, su principal fuente de ingresos se había visto severamente mermada. Durante los años del reinado de Carlos II, la periferia peninsular —por motivos ajenos a la política central— asumió un protagonismo económico que desplazó al centro (), y Canarias no fue una excepción dentro de este proceso.
Uno de los ejes centrales de la adaptación en el reinado de Carlos II fue la reconfiguración de las relaciones entre la corona y las ciudades, un proceso que transformó las dinámicas de representación política en el reino. La ausencia de convocatoria de las cortes de Castilla, cuyo papel se había reducido esencialmente a la aprobación de servicios fiscales, no supuso la desaparición de los canales de interlocución entre el monarca y sus súbditos. Por el contrario, se produjo un giro hacia una negociación más fragmentada y particularizada, en la que los regimientos urbanos asumieron un papel creciente en la gestión de los intereses locales (). Este modelo, basado en pactos específicos y en una red de lealtades descentralizadas, sustituyó en gran medida la acción colectiva de las instituciones tradicionales, consolidando un sistema de gobierno en el que la autoridad real se afirmaba a través de múltiples mediaciones territoriales.
En este contexto, Canarias comenzó a adquirir mayor relevancia para la corona. La sucesión de conflictos, la escasez de recursos y la pérdida de prestigio y territorios frente a la expansión de Luis XIV obligaron a replantear las estrategias imperiales. En este escenario, el archipiélago emergió como un enclave de creciente interés, no solo por su posición estratégica, sino también por el auge económico derivado del fructífero comercio vitícola durante el siglo XVII (). El incremento de las exportaciones de vino impulsó la economía local y reforzó la participación de Canarias en el comercio, despertando el interés de una corona cada vez más necesitada de recursos y fuentes de financiamiento.
A pesar de que el cabildo de Tenerife, principal receptor de las solicitudes de donativos por parte de la corona, atravesaba por una situación financiera precaria a inicios del reinado de Carlos II —debido, en gran medida, a los elevados gastos en fortificaciones costeras y al pago de salarios a los soldados—, la institución contribuyó ampliamente a las arcas reales, aunque finalmente serían los vecinos de la isla quienes asumirían la carga económica de tales contribuciones (). De esta manera, se iniciaba una nueva etapa en la relación entre Canarias y la monarquía, caracterizada por una creciente regularidad en los pagos a la corona —no libres de tensiones internas— y la apertura de un nuevo escenario recurrente en el archipiélago: las levas.
Si bien la primera leva documentada en Canarias data de 1639, la frecuencia de estos reclutamientos fue relativamente baja hasta la década de 1660. A partir de entonces, se produjo un incremento significativo de levas de contingentes militares dirigidos a distintos destinos, como Flandes, América y Extremadura. Este aumento puede atribuirse, en parte, al agotamiento de los recursos humanos de Castilla, lo que llevó a la corona a buscar reclutas en las islas, aprovechando el crecimiento demográfico local. Asimismo, las élites canarias, enriquecidas por el auge del comercio vitivinícola, encontraron en esas levas una vía para el ascenso social, pues, como ha demostrado Antonio J. , a cambio de proporcionar soldados, obtenían mercedes y hábitos de órdenes militares. Este mecanismo de reclutamiento facilitó el rápido ascenso de las oligarquías canarias, especialmente de la tinerfeña, que se hizo con once títulos nobiliarios entre 1666 y 1686, en coincidencia con el periodo de mayor intensidad de las levas en el archipiélago ().
A partir de entonces comienza a observarse en esas elites una transición desde su participación en las levas hacia la ocupación de cargos institucionales en América. Aunque los primeros indicios de la crisis vitícola se sintieron en las islas a partir del último tercio del siglo XVII, dicha crisis no alcanza aún la intensidad que la caracterizará al inicio del XVIII. Aun así, las familias nobiliarias exploraron nuevas vías de enriquecimiento y prestigio social, recurriendo a la concesión de beneficios a la corona a cambio de nombramientos en América. Este intercambio facilitó la obtención de cargos por parte de los canarios en el Indias, destacando, aparte de otras gobernaciones, tres grandes capitanías generales obtenidas entre 1681 y 1701: la del conde del Palmar, en Tierra Firme (1681); la de Nicolás Ponte y Hoyo, en Venezuela (1699); y la de Pedro Benítez de Lugo, en Cuba (1701). Un factor común en las biografías de estos individuos fue el servicio previo que realizaron en los ejércitos de la monarquía en Europa, resultado de los reclutamientos realizados en su día en las islas. Este antecedente militar resultó determinante para su reconocimiento y acceso a cargos en Indias, confirmando que Canarias y sus habitantes, a pesar de estar a miles de kilómetros de la península, comenzaban a ser un espacio relevante en la política imperial de finales del siglo XVII.
Todo ello apunta a que Canarias desempeñó un papel fundamental en el sostenimiento de la Monarquía Católica, tanto por su posición estratégica —clave en la ruta hacia América y única excepción al monopolio de la Casa de Contratación— como por la constante circulación de personas y dinero que ello implicaba. Esta circulación convirtió al archipiélago en una pieza esencial en la construcción social del Imperio, favoreciendo la consolidación de diversos grupos «transnacionales» con intereses en su conservación. Entre esos grupos, los canarios jugaron un papel destacado, preocupados no solo por sus intereses comerciales, sino también por su influencia política y social. En el marco de las nuevas teorías sobre la monarquía policéntrica, Canarias no puede considerarse pues una mera periferia pasiva dentro de la Monarquía Hispánica. Lejos de ser un territorio subordinado que se limitaba a aceptar o rechazar las directrices de la corona, el archipiélago se configuró como un centro activo de toma de decisiones y articulación de estrategias imperiales, desempeñando un papel crucial en la configuración de una política global que trascendía el mero acatamiento de las órdenes llegadas de Madrid.
Pedro Ponte y Llarena descendía de una familia genovesa cuyo destino quedó entrelazado con la historia de Tenerife desde finales del siglo XV. Su antepasado, Cristóbal de Ponte, patricio de Génova, había apoyado financieramente a los Reyes Católicos y al adelantado Alonso Fernández de Lugo durante la conquista de la isla, lo que le valió la concesión de vastas propiedades de tierra y agua (; ). A partir de entonces, sus herederos se convirtieron en prósperos mercaderes, alcanzando su mayor esplendor con la figura de Cristóbal de Ponte y Román, padre del conde del Palmar, quien vería florecer su fortuna gracias al auge del comercio de vino y a la explotación de sus haciendas vitícolas en el norte de Tenerife.
Pedro de Ponte nació en 1624 en Garachico. Fue el segundo de los seis hijos nacidos del matrimonio entre Cristóbal de Ponte y Román e Isabel Ana de Llarena-Calderón. Su hermano mayor, Cristóbal de Ponte y Llarena, obtuvo en 1687 el título de marqués de la Quinta Roja y, a diferencia de Pedro, se mantuvo al frente del patrimonio familiar, afianzando su posición en la isla. Como era habitual entre las familias de la nobleza, se buscaron otras salidas vitales para los hijos varones que no estaban llamados a suceder en el mayorazgo con el fin de evitar que su sostenimiento resultase gravoso (). Diego y Francisco encontraron esa salida en la carrera militar, consolidando así una estrategia familiar que buscaba insertarse en el nuevo escenario político y militar que se abría con el reinado de Carlos II. Esta apuesta por el servicio a la monarquía no sólo les permitió obtener honores y cargos, sino que también fortaleció la posición de la familia Ponte dentro de las redes de poder de la época, asegurando oportunidades para sus miembros en un mundo donde el ascenso social y político dependía, en gran medida, del favor real, del dinero y del mérito en el campo de batalla. De hecho, Diego obtuvo el hábito de la orden de Calatrava tras participar en la leva de Extremadura de 1663, movilizada en el contexto de la Guerra de Restauración Portuguesa. Sirvió durante dieciséis años en los ejércitos de la Monarquía Hispánica, alcanzando el rango de maestre de campo, y su carrera le granjeó el cargo de gentilhombre de boca (), además de la corregiduría de Gran Canaria. En 1686, obtuvo incluso la «futura» del empleo de Capitán General de Puerto Rico, el cual asumiría cuando el puesto quedara vacante, aunque la muerte le arrebataría la posibilidad de ocuparlo. Por su parte, Francisco, distinguido con el hábito de la orden de Santiago, participó en la misma leva que su hermano, aunque su recorrido militar en Europa fue considerablemente más breve.
Dejando a un lado el papel de su familia, Pedro de Ponte inició su trayectoria como regidor de Tenerife hasta que en 1663 su destino cambió con la ya mencionada leva de Extremadura. Como capitán del tercio reclutado en las islas, emprendió una carrera militar acompañado de sus hermanos menores. Esta leva, considerada un éxito por la corona, se vio favorecida por la activa participación de las élites locales en el proceso de reclutamiento, ya que su preeminencia en la milicia les permitió reunir tropas con rapidez, siendo recompensadas con mercedes y hábitos de órdenes militares (). En este contexto, es probable que Pedro de Ponte recibiera el de la orden de Calatrava, comenzando así su ascenso social y militar.
Integrado como capitán en el tercio de Cristóbal del Hoyo, Pedro de Ponte zarpó desde Santa Cruz de Tenerife con 660 hombres rumbo a Cádiz, para luego dirigirse a Extremadura. Ante la escasa experiencia en combate de la tropa isleña, se decidió distribuirlos por distintos presidios con el fin de que adquiriesen veteranía. Sin embargo, las deserciones frecuentes y la baja calidad de parte del contingente forzaron su reforma en 1664 (). A pesar de ello, Pedro de Ponte comenzó a destacar en los enfrentamientos con las tropas portuguesas. Su valor quedó patente en episodios como la toma de Évora o la retirada de Estremoz, donde luchó junto a don Juan José de Austria, quien elogió su comportamiento. Ya como sargento mayor reformado, volvió a distinguirse en la campaña de Montes Claros al servicio de Juan Barbosa, consolidando así cierta reputación en las filas del ejército de la monarquía e integrándose, al mismo tiempo, en redes clientelares que serían determinantes para su ascenso, tanto social como militar.
Todo ello le valió a Pedro de Ponte para regresar a Tenerife con un nuevo cometido: organizar la leva a Flandes de 1668, además de reclutar y costear un centenar de hombres. Sin embargo, el mayor desembolso económico —un total de 223.793 reales— fue asumido por Juan de Mesa y Ayala, quien esperaba obtener, a cambio, el título de marqués de Torrehermosa para su hijo (). Gracias a su implicación directa en esta leva, a Pedro de Ponte se le concedió el grado de maestre de campo. Finalmente, se enviaron a Flandes un total de 571 soldados repartidos en once compañías, que zarparon del puerto de Santa Cruz de Tenerife el 24 de octubre de 1668 a bordo de dos navíos, uno de bandera inglesa y otro holandesa ()
Otros canarios comenzaron asimismo a articular sus propias redes clientelares a partir de las levas organizadas en el archipiélago, las cuales resultarían decisivas para su proyección dentro del entramado político de la monarquía. Tal es el caso de la familia del marqués de Celada, cuya cercanía con el almirante de Castilla habría propiciado la adhesión de uno de sus hijos a la causa del archiduque Carlos (). También destaca la figura de Alonso de Nava y Grimón, II marqués de Villanueva del Prado, cuyas sólidas alianzas cortesanas —producto de una cuidadosa estrategia matrimonial desarrollada por sus antepasados— permitieron que su hijo Tomás fuese nombrado menino de la reina y, en 1693, que accediese al cargo de gentilhombre de cámara de Carlos II (). Por lo tanto, más que una integración lineal o uniforme, estos casos revelan que las familias de la élite canaria —especialmente la tinerfeña, sobre la que contamos con mayor documentación— activaron diversas estrategias complementarias para ascender dentro del sistema cortesano: desde las alianzas matrimoniales y el compromiso político, hasta el desempeño en la administración y el servicio militar. Estas trayectorias individuales y familiares no solo nos permiten observar un proceso progresivo de inserción en las estructuras políticas, administrativas y militares de la Monarquía Hispánica, sino que también invitan a pensar en la temprana configuración de un fenómeno más amplio: el protagonismo creciente de ciertas elites periféricas en el entramado imperial, en línea con lo que ya se ha documentado para otros contextos, como el navarro y vasco ().
En este sentido, lejos de actuar como simples receptores pasivos de las decisiones emanadas desde la corte, los actores insulares desempeñaron un papel activo —aunque aún desigual y condicionado— en la sostenibilidad del proyecto imperial durante los últimos años de los Austrias. Su participación no debe entenderse como una anomalía y sí como una manifestación más de la lógica policéntrica que, en diversos grados, caracterizó el funcionamiento de la monarquía. A través de su inserción en estas dinámicas, las elites del archipiélago no solo buscaron el prestigio y la promoción individual o familiar, también contribuyeron, de manera significativa, al mantenimiento del orden imperial.
Siguiendo el recorrido de Pedro de Ponte, tras servir en Extremadura, pasó a Flandes con dicho tercio, donde parece ser que tuvo sus mayores logros militares. Al menos así se desprende de los memoriales de servicio que él mismo dirigió al rey, en los cuales desplegaba una narrativa de hechos heroicos y hazañas militares, reproducida en la memoria familiar y transmitida por Viera y Clavijo —quien consultó esta documentación— en su Historia de Canarias. En palabras de este ilustrado:
Su valor le llevó a los estados de Flandes, en donde corriendo por los grados de sargento mayor, maestre de campo y sargento mayor de batalla, ejecutó proezas. Entra en Francia por el país de Saint-Tere; echa un puente sobre el Soma; quema 60 villajes de la ribera opuesta y se retira a Cambray con las tropas de su cargo a la vista del enemigo. Sitiada la misma Cambray y atacado don Pedro de Ponte en una salida de la plaza, no dudó pasar a nado a la otra parte del Escalda, con desprecio del propio riesgo. Hallándose en Brujas sin guarnición, supo burlar al enemigo y meterse dentro con su tercio. Siendo gobernador de Gante, se portó con tan universal aplauso de los militares y burguesía, que el duque de Villa Hermosa, gobernador de Flandes, representó al rey en varias cartas el raro mérito y valor con que por 32 años se había sacrificado, con detrimento de su hacienda, hasta emprender largas navegaciones y viajes, por lo que era digno de cualquiera gracia y honor ().
Pedro de Ponte pasó más de doce años al servicio de los ejércitos de Carlos II en Flandes, donde llegó a ser el segundo en antigüedad entre los militares que cumplían servicio en aquel destino. Este, quedó reflejado en una hoja de servicios que le granjeó el respaldo de sus superiores, muchos de los cuales gozaban de posiciones influyentes en la corte. Entre ellos destacan figuras como don Juan José de Austria o el duque de Villahermosa, quien llegó a dirigir una carta al conde de Medellín, presidente del Consejo de Indias, en la que recomendaba su nombramiento para un cargo en América.
El salto hacia una gobernación constituía pues un paso lógico en su trayectoria. Tras largos años de servicio en los frentes europeos, una capitanía general en América no solo se presentaba como una recompensa natural a sus méritos, sino también como una oportunidad sumamente lucrativa, donde los beneficios derivados del cargo podían traducirse en una mayor influencia para él y su círculo más cercano. A pesar de figurar en segunda posición —por detrás del maestre de campo Rodrigo Godínez Brochero— en la terna elaborada por el Consejo de Indias y remitida al rey fue finalmente nombrado por Carlos II, en agosto del año 1681, como Capitán General de Tierra Firme. Cabe suponer que el acceso a este puesto pudo haberse dado a través del mecanismo del «beneficio», una de las principales vías para obtener cargos en las Indias. Este sistema consistía en la entrega de una suma determinada a la Real Hacienda a cambio del nombramiento para ejercer un cargo por un tiempo estipulado, sin que ello implicase la adquisición patrimonial del mismo, diferenciándose así de la simple venta de oficios ().
Es probable que el contexto específico que atravesaba el istmo panameño en aquel entonces inclinara la balanza a su favor: los ataques de piratas y corsarios habían desestabilizado seriamente la región, siendo especialmente recordado el asalto de Henry Morgan, acaecido apenas trece años antes. Ante una situación militar tan delicada, la elección de un veterano de guerra de dilatada experiencia, como Pedro de Ponte, pudo responder a la necesidad urgente de restablecer el orden y reforzar la defensa de este enclave, aunque también se supone que influyeron las recomendaciones de sus superiores en el ejército, los cuales tenían nexos en el núcleo cortesano.
Aunque otros canarios habían desempeñado cargos en la administración indiana con anterioridad, el nombramiento de Pedro de Ponte fue, hasta ese momento, la designación de mayor relevancia que recibió un isleño en el seno del aparato de la Monarquía Hispánica en América. Su ascenso simbolizó un hito en la proyección política de las élites canarias y actuó como precedente directo para que, en los años siguientes, un número creciente de isleños emprendiera caminos similares. Hasta entonces, la presencia de naturales del archipiélago en puestos de gobernación había sido escasa y, en general, limitada a cargos de menor entidad y visibilidad dentro del engranaje virreinal.
Siguiendo la estela marcada por Pedro de Ponte —particularmente desde las levas insulares como vía de acceso a las Indias—, destaca el caso de Juan Fernández Franco de Medina, quien, tras ocho años de servicio en los ejércitos de Flandes, asumió la gobernación de Puerto Rico en 1695 (). Como parte de los compromisos adquiridos con su nombramiento, se ofreció a trasladar a veinte familias canarias a la isla, gesto que revela cómo los vínculos entre emigración, administración y servicio militar, participaban de una estrategia común entre los aspirantes a ocupar cargos en ultramar ().
No obstante, el servicio en los ejércitos europeos no fue la única vía disponible. Otros optaron por el «beneficio», ese mecanismo que, como ya se ha señalado, permitía el acceso a cargos temporales mediante el pago de una suma a la Real Hacienda. Gaspar del Hoyo Solórzano, por ejemplo, accedió a la gobernación de Nueva Andalucía, Cumaná, tras entregar 6.000 pesos a la Hacienda Real, sucediendo en el puesto a otro canario, Gaspar Mateo de Acosta, quien, a su vez, lo había obtenido mediante el pago de 8.000 pesos (). Estos casos ponen de manifiesto no sólo la creciente presencia de canarios en la administración indiana, sino también la variedad de estrategias empleadas para insertarse en las estructuras de poder americano.
Pedro de Ponte embarcó rumbo a Tierra Firme en 1681 investido con el grado de sargento general de batalla, acompañado por sus criados y un reducido séquito de oficiales de confianza que habrían de asistirle en el desempeño de su nueva misión al servicio de la Monarquía Hispánica. Su partida no solo marcaba un nuevo capítulo en su carrera militar y administrativa, sino que simbolizaba también la proyección de las élites isleñas hacia los territorios americanos, sentando las bases de la posición de los canarios dentro del engranaje imperial en uno de los momentos más delicados del reinado de Carlos II.
Antes de emprender su travesía hacia Panamá, Pedro de Ponte hizo escala en Tenerife, su isla natal. Es probable que allí se reencontrara con varios de sus hermanos y aprovechara la estancia para ultimar los preparativos vinculados a su nuevo destino. La misión que le aguardaba al otro lado del Atlántico no dejaba lugar a dudas: hacer frente a la amenaza constante de la piratería que asolaba las costas de Tierra Firme y asegurar, en nombre de la corona, el control y aprovechamiento de las riquezas que ofrecía aquella estratégica región americana. Lejos de limitarse a una mera cronología de los actos de Pedro de Ponte al frente de la gobernación de Panamá, este estudio se propone analizar en profundidad las vías que siguió el futuro conde del Palmar para su enriquecimiento personal y el de otros canarios bajo su amparo.
A su llegada al istmo, Pedro de Ponte asumió el gobierno en sustitución de José de Alzamora, quien había ejercido como gobernador interino por designación del virrey del Perú. Uno de los principales desafíos que tuvo que afrontar fue la consolidación de alianzas entre piratas y corsarios con los pueblos indígenas del Caribe y del Pacífico, así como con los negros cimarrones asentados en el Darién y en otras zonas del istmo de Panamá. La presencia de estos actores representaba una amenaza doble para los intereses de la Monarquía Hispánica: por un lado, los continuos saqueos y ataques a puertos y ciudades; por otro, su capacidad para atraer a indígenas y personas esclavizadas, convirtiéndolos en aliados frente a la corona. Esta situación debilitó de forma significativa el control y la soberanía española sobre sus territorios y poblaciones, y obligó a replantear las estrategias de colonización, especialmente en zonas estratégicas como el istmo de Panamá y el Darién ().
Entre finales de 1678 y 1679 se inició la explotación de las minas de oro del Darién, aunque esta actividad se vio pronto interrumpida por el estallido de una rebelión indígena que detuvo temporalmente la extracción. El control efectivo del territorio era fundamental para poder aprovechar la riqueza minera de la región, por lo que el asunto rápidamente involucró al gobernador. No obstante, en 1682, Pedro de Ponte informaba de la obtención de cantidades significativas de oro, fruto de una estrecha colaboración con los pueblos indígenas del área, lo cual apunta a una exitosa estrategia por parte de Ponte y sus aliados. Esta relación se sostenía en una dinámica de dependencia mutua: los indígenas suministraban alimentos y bastimentos a las cuadrillas de esclavos que trabajaban en las minas a cambio de productos europeos u otros bienes que los indígenas valoraban especialmente. Como ha destacado , la colaboración de la población indígena era esencial para el mantenimiento de la actividad minera. Al mismo tiempo, cualquier forma de maltrato hacia ellos era severamente castigada, hecho que sugiere la existencia de una política orientada a preservar esa alianza estratégica y a asegurar el abastecimiento necesario en una zona de difícil control.
Aunque en 1683 la explotación minera en el Darién continuaba en expansión, comenzaron a detectarse intercambios entre piratas y corsarios con las poblaciones indígenas de la zona, algo que generaba una creciente inseguridad territorial y abría una peligrosa vía de entrada para incursiones y saqueos. Al año siguiente, ante los rumores de una posible revuelta indígena y la llegada inminente de piratas por el Mar del Sur, se ordenó la retirada de las cuadrillas de esclavos que trabajaban en las minas. Sin embargo, la evacuación no se realizó con la celeridad necesaria y una expedición inglesa logró sorprender a los trabajadores causando importantes estragos. En 1685, por orden expresa de la corona, se instruyó a Pedro de Ponte el abandono definitivo de las minas del Darién, al considerar la monarquía que su actividad era el principal atractivo para los ataques enemigos en la región (). Además, se le encomendó desplazar y mantener a las poblaciones indígenas del Darién en las zonas montañosas e impedir cualquier contacto entre ellas y los piratas, con el objetivo de evitar que pudieran servirles como guías y aliados en sus incursiones.
A pesar de controversias previas, y en contra de los deseos de la corona, las minas de oro fueron reabiertas en 1686, convirtiéndose en una lucrativa fuente de ingresos para Pedro de Ponte y Llarena, conde del Palmar. Lejos de prohibir la extracción del metal precioso —como le habían ordenado—, el capitán general participó activamente en su explotación. Implementó un peculiar sistema de tributo llamado «pajuela», que consistía en una porción variable de oro que los mineros debían entregar en unas fechas determinadas. La cantidad dependía del número de esclavos que cada dueño tuviera trabajando y, significativamente, de la «voluntad» del contribuyente, ya que no existía una tasa fija establecida (). Este sistema, al no ser recaudado directamente por Pedro de Ponte, permitía que gran parte del oro quedase en manos de sus intermediarios. Sin embargo, la «pajuela» no era su único negocio: el conde del Palmar mantenía una cuadrilla de más de 40 hombres destinados a la minería, además de ejercer un monopolio sobre el suministro de aguardiente, tabaco y otros bienes esenciales para el funcionamiento de las minas. Todas estas operaciones estaban bajo la dirección de su sobrino, Nicolás de Ponte, quien gestionaba la mano de obra esclava y el lucrativo comercio de provisiones (). Pese a todo, ese mismo año, concretamente el 22 de noviembre, y a pesar de la reapertura de las excavaciones contraviniendo las órdenes reales, recibía el título de conde del Palmar de manos de Carlos II ().
Otro de los aspectos clave de su gobernación en Tierra Firme —y uno de los ejes centrales de este estudio— fue el respaldo y la red de apoyos que logró consolidar en Panamá, sustentada, probablemente, sobre una estructura clientelar articulada a ambos lados del Atlántico. Esta red fue fundamental para facilitar su gestión al frente del gobierno. Junto a su ya mencionado sobrino, Nicolás de Ponte, el conde solicitó al rey la incorporación de oficiales procedentes de Flandes, alegando la escasez de mandos con experiencia militar en Tierra Firme. La petición fue aceptada por la corona, permitiendo así que otros militares, entre los que se encontraban los canarios Felipe de Béthencourt y Juan de Guisla, lo acompañasen en la administración de estos territorios. De hecho, el mencionado Juan de Guisla llegó a ocupar la alcaldía mayor de la villa de Los Santos. Esta política de promoción de isleños en cargos coloniales no fue un caso aislado, sino que se repitió con posterioridad, sobre todo en la gobernación de Venezuela, donde canarios como Nicolás Ponte y Hoyo o Marcos Béthencourt ocuparían cargos relevantes entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. Al respecto, resultan ilustrativas las palabras del gobernador Cañas hacia el final de su mandato, mientras aguardaba la llegada de Marcos Béthencourt: «son naturales de las islas de Canaria [...] la mitad de los moradores de aquella provincia [...] y con tal unión y conformidad que los unos y los otros se amparan y ocultan los delitos».
Este tipo de comportamientos muestra hasta qué punto los canarios supieron tejer redes de poder e influencia en el espacio americano, especialmente en territorios periféricos como Tierra Firme y Venezuela, sobre todo en este último, donde su presencia llegó a ser tan significativa como visible. Lejos de ser meros actores secundarios en el proceso colonial, los isleños aprovechaban las oportunidades que les brindaba la administración imperial para proyectar su ascenso social y consolidar posiciones de autoridad en ultramar. La constitución de redes clientelares con epicentro en Canarias y ramificaciones en América permitió no solo el afianzamiento de ciertos linajes, sino también el desarrollo de una identidad compartida que trascendía el ámbito local. La percepción del gobernador Cañas, aludiendo a la «unión y conformidad» de los isleños, sugiere una forma de cohesión social que invita a reflexionar sobre el modo en que las comunidades extrapeninsulares —como la canaria— se incorporaron a las estructuras imperiales como agentes activos, no subordinados, con capacidad de negociación, intervención e incluso influencia dentro del esquema monárquico. Más que una participación periférica en sentido estricto, su implicación revela la existencia de dinámicas complejas y recíprocas que desbordan las rigideces del modelo centro-periferia.
En lo que respecta a la defensa de Panamá —aspecto crucial durante la gobernación del conde del Palmar—, uno de los puntos más críticos fue el estado de las infraestructuras defensivas, en especial en Portobelo, considerado uno de los principales baluartes de la capitanía general por ser el puerto donde se recogía el quinto real y se organizaban los embarques rumbo a la metrópoli. Sin embargo, según los informes del ingeniero mayor Juan de Ledesma, sus fortificaciones no estaban siendo adecuadamente reparadas o reforzadas para así poder hacer frente a los ataques enemigos. En palabras del propio Ledesma: «Tres años hace que llegué a Puerto Belo y en la ocasión de galeones di cuenta a Vuestra Alteza del miserable estado de aquella obra tan desgraciada, y por todas las vías y ocasiones he notificado a Vuestra Alteza». El ingeniero denunciaba la escasez de soldados para guarnecer las plazas y la alarmante falta de recursos, sobre todo de pólvora y pertrechos. Según él, estas carencias, lejos de ser meramente logísticas, eran consecuencia directa de la política del conde del Palmar, quien, en un intento por reducir gastos, había limitado de manera significativa el envío de suministros y refuerzos a este enclave estratégico. En contraposición, durante el juicio de residencia, algunos testigos sí apuntaban a la búsqueda de esos recursos por parte del conde del Palmar para proteger dicho puerto, como también al pago regular a los soldados de los presidios.
A partir de 1683, distintos informes señalan una nueva vía de enriquecimiento ilícito del conde y su círculo más cercano: el contrabando de ropa y esclavos a través del Portobelo, vía Jamaica. La gravedad de esta práctica queda reflejada en la documentación enviada al Consejo de Indias, en la cual, comerciantes holandeses corroboraban la existencia de este comercio ilegal. En uno de esos informes se afirmaba que era «tan corriente el comercio de Jamaica con Portobelo, que llevan allí cuanto piden, como más particularmente consta por el contenido de los citados papeles». De este comercio ilícito, el conde del Palmar obtenía beneficios directos gracias a la adquisición de mercancías que luego revendía amparado por el monopolio que ejercía en la región del Darién, controlado por su sobrino. Este circuito comercial no solo le permitía capitalizar el flujo de mercancías introducidas clandestinamente a través de Portobelo, sino también abastecer de mano de obra a las minas bajo su supervisión con los esclavos que llegaban del mismo modo. En suma, el conde tejía una red de intereses personales sostenida sobre prácticas ilegales y estructuras clientelares, reforzando así su poder económico y político. La situación generó tal alarma en el Consejo de Indias, que en 1685 emitió un severo requerimiento a Pedro de Ponte, exigiendo el estricto cumplimiento de la ley y la inmediata suspensión de cualquier actividad comercial ilícita en los puertos sometidos a su jurisdicción.
A pesar de la abundancia de estudios sobre la corrupción en el Antiguo Régimen, la comunidad académica no ha llegado aún un consenso sobre cómo definir y abordar el fenómeno. Algunos autores han sostenido que en las sociedades del Antiguo Régimen la corrupción, como tal, no existía, al entender que se trata de un concepto anacrónico, inaplicable a marcos normativos y culturales distintos a los actuales. Por el contrario, se refiere a esta postura para discutirla y cuestionar su validez. En esta línea, en los últimos años ha ido ganando fuerza una crítica a la misma, en especial en lo relativo a la confusión existente entre las prácticas de patronazgo, propias del sistema político del periodo, y comportamientos que podrían calificarse como corruptos, trazando de este modo una línea más clara entre ambas esferas, lo que ha permitido un análisis más matizado de los abusos de poder en el periodo moderno ().
A este nivel, el juicio de residencia al conde del Palmar plantea importantes desafíos interpretativos. Como señala , basar la narrativa exclusivamente en la documentación que este genera supone asumir una mirada parcial, determinada por la perspectiva del instructor que condujo el proceso. De ahí que resulte imprescindible incorporar también la voz del propio conde y su defensa frente a las acusaciones, además de realizar un análisis crítico y cruzado de fuentes de terceros —oficiales, personales y testimoniales— que permita contrastar las versiones de unos y otros, complejizar el relato y evitar reduccionismos. En definitiva, un esfuerzo que nos ayude a captar las lógicas del poder, la lealtad y el interés que operaron en ese contexto.
Sin duda, el juicio de residencia al conde del Palmar estuvo salpicado, desde su comienzo, por una serie de sucesos que provocaron continuos retrasos e incidencias en su tramitación. En primer lugar, el encargado del proceso iniciado en 1690 fue Juan Garcés de los Fayos, oidor de la Audiencia de Santa Fe, quien, tras enfermar, se ausentó de Tierra Firme, siendo reemplazado por Fernando de la Rúa Agüero, oidor de la Audiencia de Panamá. Es importante señalar que el propio Garcés de los Fayos había sido sancionado en 1684 con una multa de 4.000 pesos por permitir la salida del conde del Palmar hacia la Península, ya que debía de haberlo detenido para que rindiese cuentas ante la justicia.
Entre los desafíos más notorios a los que se enfrentó Fernando de la Rúa durante su gestión, destacan las presiones ejercidas por Pedro José de Guzmán-Dávalos, marqués de la Mina, sucesor del conde del Palmar, a quien se señala por haber amedrentado a testigos clave en las investigaciones sobre las redes de comercio ilícito, así como por haber entorpecido la ejecución de diversas disposiciones que buscaban poner fin al juicio de residencia. El propio oidor encargado del caso señaló que el marqués actuaba «declarado en favor del Conde del Palmar, su antecesor y de otras personas ricas y de autoridad». Situación que evidencia tanto la connivencia entre las élites locales y las autoridades, como las dificultades institucionales que había para combatir la corrupción en un contexto de fuertes intereses particulares y en el que, además, se daría un franco corporativismo entre oficiales salientes y entrantes. A fin de cuentas, el conde del Palmar y el marqués de la Mina compartían trayectorias militares, aspecto este que reforzaba sus vínculos de solidaridad y protección mutua en el ejercicio del poder.
Los cargos presentados por Fernando de la Rúa fueron catorce acusaciones que iban desde el comercio ilícito con Jamaica hasta el otorgamiento de tratos de favor a familiares del conde, junto a la explotación de las minas de Darién y la percepción de tributos derivados de dicha actividad. Ante ellos, Pedro de Ponte articuló una defensa en la que cuestionaba la fiabilidad del proceso y lo acusaba de parcialidad. Alegaba que, «siendo muy digno de notar, que componiéndose la secreta de más de cien testigos que examinó por sí y sus subdelegados en toda la jurisdicción de aquel reino, solo hay siete u ocho testigos los que han depuesto, comunes y generales en todos los cargos». A su juicio, las acusaciones de algunos de esos testigos respondían más a enemistades personales generadas por su «buen gobierno» que, a hechos probados, sugiriendo que eran sus detractores quienes aprovechaban la residencia para vengarse. Acusaba, además, a Fernando de la Rúa de actuar con ensañamiento y de haber instruido el proceso mientras él, desde Madrid, no podía defenderse adecuadamente.
Tras largos interrogatorios y advertir la implicación de varios miembros de la audiencia en actividades ilícitas vinculadas al comercio ilegal llevado a cabo en los puertos del istmo de Panamá —especialmente desde Portobelo—, las primeras averiguaciones fueron remitidas al Consejo de Indias. Como resultado, el conde del Palmar fue encarcelado y se procedió al embargo de sus bienes. No obstante, con posterioridad se le concedió la libertad, después de otorgar las pertinentes fianzas, bajo la condición de no abandonar la villa y corte. En 1693, Fernando de La Rúa formuló los catorce cargos, que culminaron con una sentencia que obligaba al conde a pagar 116.579 pesos y 6 reales en compensación por los perjuicios causados a la Real Hacienda, debido a su enriquecimiento ilícito. Además de eso, se le inhabilitaba para el ejercicio de cargos políticos durante un periodo de cuatro años.
Es particularmente llamativo uno de los argumentos empleados por el conde en su defensa, cuando afirmaba que «generalmente en aquellas provincias, donde el cumplir con la obligación vale poco para salir bien de las residencias», haciendo así una crítica velada al sistema de justicia empleado para controlar la administración en los dominios americanos. En este sentido, sus palabras revelan que la integridad en el ejercicio del cargo no garantizaba, por si sola, una valoración justa al término del mandato, además de evidenciar la existencia de un cierto corporativismo entre los oficiales reales, a cuyo amparo apelaba, apoyándose en el precedente de residencias anteriores. Esta reflexión, lejos de ser algo aislado, respondía en realidad a una lógica muy extendida en el seno de la Monarquía Hispánica, donde los mencionados oficiales reales, más allá de ser ejecutores nominales de la voluntad regia, formaban un cuerpo dotado de identidad propia, en ocasiones más leal a sus intereses de grupo, que a los principios abstractos de justicia o buen gobierno que oficialmente debían encarnar (). La preservación de su posición, de su prestigio y de sus redes de apoyo se convertía pues en una prioridad, lo que a veces alimentaba dinámicas de protección mutua que debilitaban los mecanismos de control y favorecían la aparición de prácticas arbitrarias en los territorios ultramarinos. Aunque numerosos testigos declararon a favor del conde respecto a su diligencia en los asuntos de defensa, la documentación manejada al margen del juicio de residencia —en particular los informes del Consejo de Indias— no deja lugar a dudas sobre su implicación en actividades ilícitas. Este hecho sugiere que las autoridades metropolitanas estaban al corriente de sus prácticas, más allá de cualquier argumento que pudiese presentar en su descargo.
Frente al deterioro de su imagen en la corte y a la presión de las acusaciones vertidas en su contra, el conde del Palmar optó por acogerse a la vía de las denominadas «cédulas secretas». A través de ellas, el monarca concedía un cargo en régimen de «futura», lo que implicaba que el beneficiario no asumiría de inmediato sus funciones, sino que debía esperar a que se produjese la vacante correspondiente, manteniendo hasta ese momento en absoluto secreto la existencia del nombramiento (). Con el patrimonio acumulado durante su gobernación en Tierra Firme, el conde logró cerrar una hábil negociación gracias a la cual se le indultaba de todos los cargos del juicio de residencia y se le concedía el cargo de Capitán General de Canarias a cambio del desembolso de 71.000 pesos (). Una suma considerable, aunque muy inferior a la que Alejandro de la Rúa le había impuesto como multa de restitución a la Real Hacienda. Por otro lado, uno de los factores que favoreció al conde del Palmar fue la demora en la llegada de los autos completos de su juicio de residencia, en manos del marqués de la Mina, quien remitiría información parcial sobre el mencionado juicio de residencia a las autoridades. Aprovechando esta circunstancia, el conde apresuró el cierre de ese trato, de modo que, cuando los documentos completos finalmente arribaran —si es que lo hacían—, pudiera eximirse de la multa que le reclamaba el juez. Este procedimiento le permitió sortear, al menos de manera temporal, los efectos más inmediatos de su descrédito judicial y garantizó su reincorporación al circuito de cargos de la monarquía, merced a una combinación de recursos económicos, habilidad política y conocimiento de los entresijos de la administración.
A pesar del indulto, en 1698 el fiscal del Consejo de Indias reclamó al conde la suma de 256.168 pesos y 5 reales a favor de la Real Hacienda debido a que en su día se le había entregado una importante cantidad de dinero para la construcción de fortificaciones y, de ella, 184.088 pesos y 5 reales no pudieron ser justificados. Ante esto, el conde remitió al monarca un memorial donde solicitaba se desestimase la reclamación del fiscal amparándose en el indulto real que recientemente le había sido concedido. Sin embargo, el Consejo de Indias respaldó la petición del fiscal, considerando insuficientes los 47.000 pesos que el conde había aportado hasta entonces, al tiempo que argumentaba que el indulto no lo eximía de la deuda. En palabras del Consejo, la cédula de indulto «solo obra en cuanto a las penas pecuniarias y personales, de que no se le releva, en que ni se le debe, ni puede pretender derecho alguno por parte del fisco». Pese a ello, el conde del Palmar prosiguió con su cursus honorum ascendente, el cual culminó con la entrada en el Consejo Supremo de Guerra. Un nombramiento que parecía tener un carácter más honorífico que efectivo, pues no implicaba su participación activa en él como miembro de pleno derecho (). De hecho, conservó esa «plaza» incluso los años de su mandato en Canarias, algo que le otorgó un notable prestigio militar entre sus paisanos.
A su llegada a Tenerife, en mayo de 1697, el conde del Palmar asumió la difícil tarea de suceder a uno de los capitanes generales más influyentes que hasta entonces habían gobernado las islas: el conde de Eril. Este, durante su prolongado mandato, había tejido sólidos lazos clientelares con la nobleza canaria, destacando en este sentido su estrecha amistad con Cristóbal Lázaro Salazar y Frías, I conde del Valle de Salazar, quien, años más tarde, habría de seguirle en su adhesión al bando austracista durante la Guerra de Sucesión Española (). A diferencia de su predecesor, que supo mantener un delicado equilibrio en las frecuentes disputas mercantiles que se producían entre los intereses de los comerciantes ingleses y los de los isleños, el conde del Palmar optó por una política de abierto respaldo a sus paisanos. No obstante, consciente del delicado clima social, procuró no tensar en exceso la cuerda, evitando alentar la creciente anglofobia que ya se respiraba en Tenerife ().
Tal como refiere Viera y Clavijo, «la viva ansia de tomar dinero por todos los caminos posibles (costumbre que trajo de Panamá)» fue una de las principales causas de las frecuentes disputas del conde del Palmar con la comunidad inglesa en las islas (). El conde, intentando reproducir las prácticas de enriquecimiento ilícito que había practicado en Panamá, fracasó en su empeño, pues, a diferencia de lo que había sucedido en las tierras americanas, se encontró aquí con unas élites locales sólidas, que no toleraban sus excesos ni participaban, abiertamente, en ellos. Sus primeros enfrentamientos se produjeron con el conde del Valle de Salazar, aunque el más célebre fue, sin duda, el que protagonizó con su primo, el conde de Siete Fuentes. Tras ser destituido de su cargo de castellano, este último intentó dirigirse a la corte, siendo apresado en el intento. Aun así, logró escapar y presentarse en Madrid, donde denunció los abusos del capitán general de Canarias, obteniendo finalmente una sentencia favorable a sus intereses ().
Si bien, a través del gobernador Cañas hemos podido observar como a finales del siglo XVII los isleños que desempeñaban cargos en Indias parecían apoyarse mutuamente entre sí, hecho este que no supuso que en el archipiélago no se diesen frecuentes enfrentamientos entre los integrantes de la nobleza canaria. Estas rivalidades se circunscribían inicialmente al ámbito local, pero con el tiempo se extendieron a América. Un claro ejemplo de ello fue el conflicto entre Marcos Béthencourt, capitán general de Venezuela, y el alcalde visitador Antonio José Álvarez de Abreu. Incluso en la corte salieron a la luz estas tensiones, sin embargo, y pese a todo, estas no impidieron que formasen un grupo cohesionado (). En todo caso, estos enfrentamientos dificultaron que, con el paso de los años los canarios pudiesen acceder e integrarse mediante el paisanaje en los círculos de poder, algo que sí lograron otros colectivos de la periferia peninsular, como los vascos y navarros, quienes, tras la Guerra de Sucesión española, supieron posicionarse y sustituir a las élites tradicionales a través del despliegue de importantes redes clientelares, de amistad o familiares, y en las cuales ese paisanaje jugaba un papel fundamental ().
Durante su gobernación en Panamá, Pedro de Ponte parece haber optado por favorecer a sus allegados y familiares más cercanos. La ya mencionada identidad de oficial del rey —ese corporativismo antes citado— se manifestó también a lo largo de su mandato en Canarias, particularmente en su decidida defensa del corregidor de Gran Canaria y capitán de guerra, José de Ayala, al ponerse de su parte en la disputa de competencias que mantuvo con la Real Audiencia de Canarias (). En todo momento, el conde intervino para favorecer los intereses del corregidor, haciendo evidente su inclinación a proteger a aquellos que compartían su misma condición de militares y oficiales dentro del aparato administrativo real.
La figura del conde del Palmar adquiere especial relevancia en el momento de la muerte de Carlos II, concretamente al analizar la transición dinástica hacia Felipe de Anjou. Hasta ahora, la historiografía ha sostenido de forma prácticamente unánime que las órdenes oficiales para proclamar al nuevo monarca no llegaron a las islas, lo que habría llevado a las autoridades locales a actuar de manera autónoma y celebrar la proclamación sin esperar directrices desde Madrid, como se había acordado en el cabildo tinerfeño previa consulta a la Audiencia y al conde del Palmar. A pesar de este argumento, se constata que, las reales cédulas que comunicaban el fallecimiento del rey Carlos II, junto con las instrucciones para las exequias y la proclamación de Felipe de Anjou, fueron enviadas a todos los territorios de la Monarquía Hispánica, resultando significativo que tales ordenes llegaran a América el 6 de marzo de 1701 (), mientras que en Canarias no se ejecutaron los actos de proclamación hasta finales de julio del mismo año. El considerable desfase temporal entre la llegada de las órdenes a otras regiones y su ejecución en Canarias ha sido atribuido hasta ahora a un supuesto atraso en la recepción de los documentos (). No obstante, la evidencia disponible no permite descartar que las órdenes hubieran sido efectivamente recibidas, y que su no ejecución respondiera más a una decisión política que a un problema de comunicación. Desde esta perspectiva, el papel del conde del Palmar aparece bajo una nueva luz: ya no como un simple intermediario que no recibió las órdenes, sino como un actor consciente, que pudo haber optado por no hacerlas efectivas. Este planteamiento cobra fuerza si se considera el perfil político y administrativo del conde. Su historial, como se ha podido observar a lo largo de este trabajo, estaba marcado por prácticas de corrupción y comercio ilícito, tanto en su etapa anterior en Tierra Firme como en su gestión en Canarias. Estos antecedentes generaban una imagen de ambigüedad frente a la nueva dinastía, por lo que su destitución poco después de la proclamación —coincidiendo con la llegada del nuevo capitán general, Miguel González Otazu, quien en solo seis días organizó las celebraciones oficiales— refuerza la hipótesis de que su permanencia en el cargo podría representar un posible obstáculo para la implementación de la voluntad dinástica.
Tradicionalmente, su cese se ha explicado por los pleitos iniciados en su contra por su primo, el conde de Siete Fuentes, en la corte madrileña (). Sin embargo, resulta cuestionable que un enfrentamiento familiar fuese motivo suficiente para su destitución en un momento de tal trascendencia política. Es más plausible interpretar su caída como una respuesta institucional a su falta de implicación activa en la proclamación de Felipe V y su largo historial de corrupción.
Con todo, el conde del Palmar asistió a los actos de proclamación de Felipe V y murió 4 años después en su ciudad natal, “acusado por sus conciudadanos, oscuro en medio de su país”, como décadas más tarde le recordaría .
El caso del conde del Palmar nos permite comprender las dinámicas de integración de los canarios dentro de la compleja estructura de la Monarquía Hispánica en el reinado de Carlos II. Este proceso de integración de las élites isleñas en las redes imperiales se articuló, básicamente, a través de mecanismos como la compra de títulos nobiliarios, la adquisición de cargos gubernativos y la participación en las levas militares. Aunque es posible que los primeros indicios de esta integración se remonten al siglo XVI, cuando Canarias accedió al comercio directo con América sin la mediación de la Casa de Contratación de Sevilla, este precedente, en sí mismo, no resultó decisivo. De hecho, durante este período, los canarios no lograron ocupar posiciones de relevancia ni en los territorios americanos ni en la Península Ibérica. Sería más adelante, a partir de finales del siglo XVII, cuando emergerían nuevas oportunidades, las cuales permitieron a ciertos individuos y familias insulares acceder a cargos significativos tanto en el ámbito peninsular como en el americano, configurando así dos vías diferenciadas —la carrera en la península y la «ruta americana»— que coexistieron como fórmulas de movilidad y promoción dentro del entramado imperial.
Sin lugar a duda, las élites canarias desempeñaron un papel activo en el sostenimiento de los territorios amenazados de la Monarquía Hispánica, contribuyendo con recursos financieros, la provisión de contingentes militares y la gestión administrativa de los territorios de ultramar y Europa. Al respecto, resulta particularmente ilustrativa la trayectoria militar y política del conde del Palmar, cuya carrera lo llevó a ocupar cargos de responsabilidad en espacios distantes, pero interconectados. Su caso evidencia cómo, en el contexto de una monarquía de estructura policéntrica y alcance global, las élites canarias lograron integrarse y participar en las dinámicas de poder que sostenían el entramado imperial.
La participación del conde del Palmar en las redes de poder de la Monarquía Hispánica no estuvo exenta de controversias. Si en un primer momento fue el peso económico lo que facilitó su acceso al hábito de la orden de Calatrava y al empleo de capitán, su destacada trayectoria militar fue la que le permitió alcanzar la gobernación de Panamá, consolidando de este modo su posición en el ámbito imperial. Una carrera política que posteriormente se orientó hacia las lógicas centradas en la búsqueda del lucro personal y familiar. Gracias a los beneficios obtenidos mediante el contrabando logró alcanzar el indulto por sus actividades ilícitas y acceder al cargo de capitán general de Canarias, siendo el único isleño en lograr este cargo en toda la historia del Antiguo Régimen. Un itinerario que muestra la compleja interacción entre la riqueza, el mérito militar y las redes de influencia en los procesos de ascenso dentro del aparato político-administrativo de la Monarquía. No en vano, tras su muerte, Viera y Clavijo lo retrataría con unas palabras que condensan toda la ambigüedad de su legado: «buen general de ejército y mal gobernador de provincia» (), sentencia que resume, en su brevedad, las luces y sombras que acompañaron la trayectoria del conde del Palmar en los vastos y complejos dominios de la Monarquía Hispánica.
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Breve relacion de los cargos que Don Fernando de la Riva Aguero, Oidor de la Real Audiencia de Santa Fè, hizo, y formò contra el Sargento General de Batalla Don Pedro de Ponte-Franca y Llarena [...] en la Residencia que le tomó del tiempo que exerciò los Puestos de Governador [...], Biblioteca Nacional de España, R/36377(2)
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[1] William Dampier fue un navegante inglés que desempeñó múltiples roles en el mar, desde corsario hasta bucanero. Sin embargo, su legado trasciende la «piratería», pues destacó también como escritor y botánico, registrando con meticulosidad sus observaciones e impresiones en una serie de relatos que dieron cuenta de sus exploraciones. A lo largo de su vida, logró circunnavegar el globo en tres ocasiones, convirtiéndose en una figura clave en la historia de la navegación inglesa.
[2] Para el estudio del conjunto de canarios que ocuparon cargos políticos en las Indias durante el periodo comprendido entre 1680 y 1700, se pueden consultar diversas investigaciones. Sin embargo, la mayoría de estos trabajos se presentan como índices recopilatorios y no profundizan en las razones por las cuales estos accedieron a esos cargos. Entre las principales referencias se encuentra la obra de Sanz Tapia (2000), quien analiza la presencia de canarios en la administración política americana y como estos se hicieron dichos cargos entre 1670 y 1700. También, el estudio de Analola Borges, donde se examina el papel de los canarios en las instituciones de América Central entre 1524 y 1720 ().
[3] En la abundante bibliografía sobre la emigración canaria a América, destacan los estudios de Manuel Hernández González, tanto en relación con la emigración en general como con el caso de Venezuela (, ). Asimismo, resulta fundamental la labor de Mariana Eugenia Monzón Perdomo, quien ha abordado esta temática desde una perspectiva de género, analizando la emigración de las mujeres canarias y sus matrimonios con americanos, así como los efectos de este proceso en las mujeres que permanecieron en Canarias (, ).
[4] Sobre la teoría de la monarquía policéntrica véase el libro de , un compendio de artículos que, en general, dan una nueva interpretación sobre las relaciones entre las diferentes regiones de la monarquía desde una perspectiva global.
[5] Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), OM-Expedientillos, n. 10908, OM-Caballeros Calatrava, Exp. 2073.
[11] Los marqueses de Villanueva del Prado estaban emparentados directamente con los marqueses de La Breña y los marqueses de Mejorada del Campo, miembros del Consejo de Guerra y de Estado respectivamente. Es más, se llegó a proyectar el matrimonio de Tomás de Nava con doña Manuela de Chaves Zúñiga, hija del II conde de la Calzada y de la duquesa de Peñaranda, lo que les habría permitido enlazar directamente con la grandeza de España, una alianza que se frustró por la prematura muerte del joven antes de la ceremonia ().
[21] Breve relacion de los cargos que Don Fernando de la Riva Aguero, Oidor de la Real Audiencia de Santa Fè, hizo, y formò contra el Sargento General de Batalla Don Pedro de Ponte-Franca y Llarena [...] en la Residencia que le tomó del tiempo que exerciò los Puestos de Governador [...], (en adelante BNE), R/36377(2).
