2.1. Profesiones femeninas en los roles [las listas] de las sisas de 1567 y 1617

Aportamos ahora información nueva y sistemática sobre las actividades laborales de las mujeres de Coimbra a partir del manejo de los roles de las sisas de 1567 y 1617 organizados por António de Oliveira (2016, vol. 3, pp. 1015-1019, y pp. 1024-1029)4. No obstante, esta valiosa documentación no abarca a la totalidad del universo laboral, toda vez que no incluye a las criadas/os, además, en las listas publicadas hay casos que solo se dice «vende x» o «vende no sítio x», por lo que es imposible saber si son mujeres u hombres, y cuando las profesiones son ejercidas por los dos miembros del matrimonio, solo figura la del marido.

Según esta fuente, solo del 9% al 12% de estos contribuyentes eran mujeres, pero sus ocupaciones están en gran medida ocultas, de ahí que estos porcentajes sean muy inferiores, por ejemplo, a los que resultan de las listas de profesiones de Lisboa aportadas por Cristóvão Rodrigues de Oliveira en 1551 y João Brandão en 1552, un 37% y 44% respectivamente (Polónia, 2009, p. 7). A pesar de esa ocultación, el peso de las mujeres en el comercio de Coimbra en las dos series se acerca a un tercio.

Como ya se había comprobado en otros lugares y en la Coimbra de años posteriores, es en esta actividad donde ellas destacaron más. Es muy probable que el número de mujeres implicadas en la actividad comercial superase al registrado en otras profesiones, pero también las fuentes les dan más protagonismo en esas ocupaciones por la facilidad y hábito de ejercerlas a título individual, sin asociación con los maridos. En los obrajes mantenidos por marido y mujer, solo aparece el nombre de los hombres. Se constata además lo que era de esperar: la completa ausencia en esta fuente del trabajo femenino en el sector de los transportes.

En la tabla 2 solo constan los oficios en los que se encuentran mujeres. O, dicho de otra forma, las profesiones en que hombres y mujeres concurrían, salvo las «amas» y parteras, funciones que ellos no ejercían por impedimentos culturales. Las proporciones resultantes de este cuadro son, por lo tanto, distintas de las de la tabla 1. Las mujeres no son aquí la mayoría de los comerciantes de Coimbra, como vimos, pero si se consideran solo las actividades en las que no estaban excluidas, en 1617 llegaron a representar el 51% de ellas. Son varias las ocupaciones mayoritariamente femeninas, sobresaliendo las panaderas, que lo eran casi en exclusividad; las vendedeiras, que rondan el 80% de esta profesión; y las vendeiras o taberneras, cerca de dos tercios —considerando solo las ocupaciones que presentan datos numéricos con algún significado—. Las tenderas, con el 32% en 1617, también deben destacarse, así como la presencia de una «tratanta» o mujer de negocios en 1667. Las tejedoras, en contrapartida, son superadas por los hombres. Es extraña, y quizá irreal, la disminución de sastras en ese intervalo de cincuenta años, aunque se incluyen ahora a las costureras. Pero las mayores variaciones en número se registran en las tenderas y vendeiras, que crecen el 20% y el 18% en cada caso. Adviértase, además, la existencia de hortelanos de ambos sexos en la ciudad.

Se ha escrito que en el Portugal de la edad moderna «the retail business world was heavily segregated by sex» (Abreu-Ferreira, 2001, p. 62). En efecto, lo estaba en los oficios organizados en gremios que excluían a las mujeres, pero, como veremos, no todos lo hacían y cuando así sucedió, se produjo en momentos diferentes entre las distintas ciudades. Sí había un predominio evidente de mujeres fue, en especial, entre las panaderas —a veces casi eran la totalidad del oficio— y las vendedoras, pero no había exclusiones. Y si la contribución conimbricense de 1610-1613 no menciona a las mujeres entre los «tailors, jewelers, booksellers, shoemakers, turners, merchants, barbers, surgeons, carpenters, apothecaries, painters - to name a few» (Abreu-Ferreira, 2002, p. 874), esto no significa que no existiesen, aunque fuesen pocas, salvo las sastras. En la tabla 2 constan alfaiatas (sastras), costureras y una «mercadora» (tratanta). En 1579 y 1580 la documentación de Coimbra revela la existencia de una «mercadora», Maria Gomes, que movilizaba importantes capitales y en 1634 de otra, Antónia Ribeira, que no se quedaba atrás (Oliveira, 2016, vol. 2, p. 723). Más adelante se mencionan cirujanas de los siglos XVI a XVIII y, en este último, «barbeiras», aunque en realidad eran sangradoras. Finalmente, en 1805, el 83% de los hombres y mujeres de Coimbra con actividad comercial ejercían la misma profesión.

Como se subrayó, los roles de sisas no ofrecen el número de criadas, tal vez el oficio que ocupaba a más mujeres. Están ausentes, pues, todas las domésticas particulares, así como las sirvientas que prestaban servicios en colegios, hospitales y otras instituciones. Las amas de leche, también omitidas, seguramente eran pocas, por cuanto las familias preferían enviar a sus hijos al campo y los expósitos estaban lejos de alcanzar cifras importantes. Cuando eso sucedió, a partir de finales del siglo XVIII, las nodrizas residentes en la ciudad se mantuvieron en cifras poco relevantes (Lopes, 2015, pp. 1783-1786). Ausentes también están las hilanderas, pero esta actividad casi nunca era considerada un oficio, sino una función femenina compatible con otros trabajos, al igual a como sucedía en otros territorios peninsulares, caso de Galicia (Rial García, 2009, p. 93).

Escasean en estos roles las mujeres que actuaban en el área de la salud, porque las dos enfermeras del obispo no tendrían formación para curar o aplicar tratamientos, como sí ocurría con los/las enfermeros/as de los hospitales (Lopes, 2019). Se enumera solo una «cristaleira» —mujer que aplicaba enemas— y algunas parteras, profesionales que estaban certificadas por las autoridades de la salud a nivel nacional.

2.2. Mujeres en las corporaciones de oficios o con certificación forma de competencias

Los estudios y fuentes consultados permiten concluir que en Coimbra, en los siglos XVI y XVII, las mujeres eran oficialmente examinadas y obtenían carta de oficio en el seno de las corporaciones locales, por lo menos las sastras, «algebristas» («componedoras» de dislocaciones o huesos rotos), botoneras, cirujanas, guanteras, parteras, sederas, sombrereras, tejedoras y tintoreras, y, quizá, molineras, lo que ha sido casi que ignorado por la historiografía portuguesa. Los miembros de los gremios, incluyendo a los del sexo masculino, eran siempre y en toda Europa una minoría de la población urbana, ya que la entrada en estas profesiones cualificadas implicaba costes de aprendizaje que las hacían poco accesibles. En estas condiciones, cabe destacar que la existencia de mujeres con carta de oficio revela la inversión que las familias hacían en la formación de sus hijas. Sin embargo, para el siglo XVIII, solo hemos localizado como examinadas oficiales a parteras, cirujanas, tejedoras y «palmilhadeiras» (productoras de «palmilhas», el forro interior de los zapatos).

Destacados historiadoras e historiadores han defendido que a partir de finales de la edad media —a veces mitificada como una auténtica edad de oro—, la situación de las trabajadoras urbanas declinó en una progresión uniforme y lineal, aunque, en general, esa idea del declive se sustente solo sobre su exclusión de los gremios a partir de los siglos XV y XVI. Por diferentes motivos esa hipótesis se ha matizado. Así, en 1996, Cynthia Truant demostró la existencia y el funcionamiento de corporaciones femeninas en el París del siglo XVIII, subrayando, entre otros aspectos, las posibilidades que les abrieron a las mujeres y los inconvenientes que estas tenían para integrarse en las masculinas, donde perdían poder de decisión (Truant, 1996). En 2008, Clare Crowston destacó la creación, también en el siglo XVIII, de gremios femeninos en otras ciudades francesas y la admisión de mujeres en aquellos que hasta entonces les estaban vetados, lo que sucedió asimismo en la ciudad inglesa de York. Crowston, puso además el acento en lo que llamó creencias apriorísticas sobre el acceso de las mujeres a los gremios, el cual no siempre era ventajoso para ellas, ya que podía serles más atractivo producir fuera de sus rígidas normas y reglamentaciones (Crowston, 2008). Beatrice Zucca concluyó lo mismo al hablar de Turín, donde en 1754 una orden real concedió a las mujeres el derecho a acceder al grado de maestro y estableció la obligación a aceptar como aprendices a individuos de ambos os sexos (Zucca, 2013, p. 111). En un artículo posterior deconstruyó la imagen que se había creado sobre la vulnerabilidad de las viudas de los maestros de oficios, así como la incorrecta visión que a veces se perfila acerca de las mujeres en las sociedades de la Europa meridional (Zucca, 2015), algo a lo que, en nuestra opinión, contribuye el creciente desconocimiento de los idiomas romances, hecho científicamente negativo, pues solo favorece a la historiografía anglosajona.

También se ha argumentado que entre 1500 y 1800 en tres ciudades holandesas —Leyden, Rotterdam y Gouda—, la burocratización de los gobiernos municipales no implicó la exclusión de las mujeres, sino el aumento, diversificación y especialización de sus funciones. No obstante, en una amplia mayoría este aumento se refiere a trabajos humildes y tan mal remunerados que las obligaban a tener que recurrir a otros para poder vivir (Van der Heijden y Schmidt, 2010). Más recientemente, Elise Dermineur ha defendido que en el siglo XVIII «there were greater possibilities for women in the economic sphere, just before the advent of industrialization», y que en Francia «women in general, and widows in particular, did benefit from a change in legal norms in the second half of the eighteenth century» (respectivamente, Dermineur, 2018^b, p. 12; Dermineur, 2018_a, p. 273).

No hay duda de que a lo largo de la edad moderna la tendencia general fue apartar a las mujeres de la mayoría de los gremios y, por tanto, de obtener la certificación formal de su habilitación profesional, lo que las hacía incapaces de competir con los hombres que ejercían el mismo oficio. Pero la dimensión, la cronología, el ritmo y las consecuencias de ese cierre variaron en el espacio europeo. Serrana Rial y Ofelia Rey detectaron ese proceso en Santiago de Compostela. Se inició a mediados del siglo XV, pero sobre todo fue entre 1580 y 1620 cuando «casi la mitad de los gremios compostelanos [...] endurecieron sus estatutos dejando fuera de muchos oficios a las mujeres» (Rey Castelao y Rial García, 2010, p. 113). Esto se comprueba también en Coimbra, pero más tarde. En esta ciudad hubo en el siglo XVII mujeres examinadoras en los oficios de botonería, sastrería y tintorería que «aprovavam ou reprovavam [...] os próprios homens que se apresentavam a exame» (Oliveira, 2016, vol. 2, pp. 483, 515-516, 526). Bernarda Vargas, tintorera, viuda que ejerció el oficio más de veinte años, requirió a la cámara municipal ser nombrada jueza del mismo por no haber en la ciudad nadie más competente que ella (Oliveira, 2016, vol. 2, p. 483). De hecho, sería ratificada en el cargo en enero de 1620 para ejercer en Coimbra y su término «nas obras tocantes a este ofício assim de panos como de sedas e retroses, podendo examinar e aprovar todos os oficiais tintureiros e do exame passar seus passes para por eles se lhes mandar passar sua carta de examinação» ( Indices e summarios, 1867, p. 207).

En el siglo XVIII no aparece ninguna artesana en los cargos corporativos de la ciudad, pero en esa centuria, en Penela, cerca de Coimbra, y en Loulé, localidad sita en el Algarve, todavía había juezas de las tejedoras, mientras que en Sines, situada en la costa alentejana, en fecha tan tardía como 1814, una casada fue nombrada jueza del oficio de tendera por la câmara municipal (Mata, 2014, p. 103; Fonseca, 2020, p. 31; Patrício, s.d., p. 4). Aunque estuvieran apartadas de las funciones de responsabilidad en las corporaciones, e incluso de la posibilidad de obtener las certificaciones formales, esto no impidió que algunas artesanas prosperasen. Bernarda Vargas no fue la única tintorera importante. Casi doscientos años después, en 1808, cuando los «oficiais de porta aberta» y los detentadores de «lugares de venda nas praças públicas e fora delas» fueron gravados con una contribución impuesta por los ocupantes franceses, la tintorera Maria Bárbara fue la quinta mayor contribuyente entre las 1.805 personas que fueron gravadas con ella en todo el municipio de Coimbra, pagando 600 réis cuando la media era de 227 (Lopes, 2015, p. 1778).

En 1623 el oficio de tejer era ejercido en Coimbra por ambos sexos, con un claro predominio de las mujeres, a quienes se dieron el 60% de las cartas de examen, pero en el área rural del concejo la proporción se invertía, al haber en él un 55% de hombres (Oliveira, 2016, vol. 2, p. 542). Si a mediados del siglo XVIII en Galicia las casi seis mil tejedoras, rurales sobre todo, eran «artesanas independientes, propietarias de su propio medio de producción, el telar, y […] trabajaban al margen de la organización gremial», en la región de Coimbra seguían integradas en esas fechas en el sistema corporativo (Rial García, 2009, p. 93). Hasta 1751, iban «de desvairadas partes» a esa ciudad a hacer el examen en presencia del juez del oficio. Es más, ese año la câmara municipal las eximió del mismo, ya que venían de muy lejos a hacer el examen ante «pessoas do sexo masculino»,

Pero no por ello perdieron la certificación oficial. A partir de entonces, al terminar su aprendizaje recibían una acreditación del juez de su concejo, una vez pasada la supervisión de la maestra que las había enseñado y aprobado. Después, el escribano de la comarca les daba la carta de examen (Lopes, 2015, p. 1775-1776). Mucho más tarde, en 1808, fueron anotadas en el rol del concejo de Coimbra para el pago del tributo impuesto por Junot, donde se anotaron 400 tejedoras propietarias de su taller, el 68% de estos eran de mujeres, pero ya no había tejedoras en la ciudad (Lopes, 2015, p. 1778).

La ley imponía a las parteras y a todos los profesionales de la salud —salvo a los médicos, únicos formados por la universidad— la certificación profesional del cirujano mayor del reino (Carneiro, 2003, pp. 90-99), y así se hizo con Isabel Rodrigues, de Coimbra, en 1642 (Oliveira, 2016, vol. 2, p. 515). Pero la documentación de la ciudad es poco esclarecedora sobre las parteras —obviamente ausentes de los libros de juramento de oficios—, ya que en los roles de sisas solo aparece una en 1567 y tres en 1617, como ya vimos, cifras que contrastan con las veinticinco de Lisboa enumeradas en 1554 por Cristóvão Rodrigues de Oliveira, y, aunque mucho más tarde, con las treinta y cuatro que prestaron juramento en Évora entre 1750 y 1820 (Reis, 2001, p. 211; Fonseca, 2020, p. 68). Sabemos, no obstante, que de 1802 a 1814 dieciséis parteras de Coimbra llevaron recién nacidos a la roda —al torno— de la Misericordia y que, entre ellas, hubo dos que solo expusieron una criatura, mientras que Jacinta y Catarina de Jesus entregaron, cada una de ellas, respectivamente, 323 y 389 niños y niñas (Lopes, 2000, vol 1, p. 291).

Otras mujeres ejercían en Coimbra actividades curativas con licencia de las autoridades sanitarias. En 1525, Catarina Fernandes fue autorizada a «curar de boubas e chagas» y, en 1548, Isabel Velha lo fue para ejercer la cirugía. Por su parte, Ana Marques, residente en Ceira, un pueblo cercano, donde no había «físico letrado e examinado», obtuvo carta regia en 1615 para poder «aplicar e usar dos remédios», como ella había solicitado (Oliveira, 2016, vol. 2, p. 515). En 1647, el cirujano mayor dio carta de «algebrista» a Margarida de Campos, «para en todo o reino exercer o dito ofício, em que fora examinada por um médico e dois cirurgiões de Coimbra» ( Indices e summarios, 1867, p. 232). Es posible que desempeñase esa actividad de forma itinerante, tal y como lo hacían otras (Capelão, Giesteira e Polónia, 2015, pp. 87-89).

En 1779, fue encarcelada en Coimbra, por orden del juez comisario del cirujano mayor, una barbera que ejercía en una feligresía próxima (Lopes, 2000, vol. 1, p. 559). Había sido ese juez quien había ordenado su detención y ella, seguramente, era una sangradora, pues, como se sabe, barbero y sangrador podían ser sinónimos. A finales de siglo, una de las pacientes de los Hospitales de la Universidad era también una «barbeira» (Lopes, 2000, vol. 1, p. 758). Al menos en 1783 y 1819, la Misericordia de Coimbra confió a mujeres la cura de sus enfermos de tiña: en 1783 a Isabel Maria, una viuda que cobraba a la Santa Casa 1.200 réis por cada paciente, ganando ese año 13.200 por haber curado a once personas, y en 1819 también fue una mujer de la ciudad quien se comprometió a curar a una tiñosa por 1.600 réis (Lopes, 2000, vol. 2, p. 50). Finalmente, en una fecha tardía como 1779, cuando era de esperar que las mujeres estuviesen ya apartadas de la cirugía, en los Hospitales de la Universidad trabajaba una enfermera que había aprendido en él este arte, el coste de la formación le fue descontado de su salario (Lopes, 2000, vol. 1, p. 649).

2.3. Bajo el control de la câmara municipal

Para fabricar y/o vender bienes al público era necesario prestar el juramento de servir bien y dar una fianza, aunque esta no se exigiese a todas las profesiones, variando su montante a lo largo del tiempo. En el siglo XVI, la demanda de la fianza podía extenderse a «vendedeiras», horneras y «adelas», que no tenían taller ni eran artífices. En cuanto a los juramentos, estos se renovaban anualmente en el mes de enero, pero esta obligación tampoco se aplicó siempre, limitándose a quienes se iniciaban en el negocio, como se decidió en 1609 con las panaderas y hortelanas, además de con otras varias ocupaciones enunciadas en masculino. Los juramentos de los otros profesionales siguieron siendo anuales hasta 1622, cuando el corregidor de la comarca consideró excesiva esta práctica, ordenando que se pasase a jurar una sola vez en la vida (Oliveira, 2016, vol. 2, pp. 486-488). No obstante, estos juramentos anuales fueron a veces retomados y cuando se conservan los registros de los mismos son una fuente importante para el estudio que aquí intentamos.

Entre los suministradores de bienes a la ciudad estaban los llamados «obrigados», que juraban tener siempre disponibles al público productos en cantidad y calidad necesarias. La imposición municipal, que buscaba asegurar el adecuado abastecimiento de la urbe, se aplicaba a quienes vendían aquellos productos fundamentales que no estaban sometidos al régimen de monopolio concedido por la cámara municipal por contrato, como era la carne y la sal o, con otro marco, la fabricación y venta de jabón5.

En 1623 «pelo menos três mulheres de barqueiros obrigaram-se a vender vinho e outros produtos que poderiam ser transportados, com toda a verossimilhança, pelos consortes» (Oliveira, 2016, vol. 2, p. 910). De hecho, como Guilhermina Mota concluyó al referirse a los años 1660-1672, «o negócio de vinho a retalho parece ser familiar. São casais cerca 70% dos obrigados como 'vendeiros de vinho'» (Mota, 1986, p. 8).

Si el aceite, muy abundante en el municipio, era exportador del mismo, no precisaba de contratos de obligación ni reglamento específico —aunque la preponderancia de las mujeres se refleja en la conocida como Rua das Azeiteiras, que todavía existe hoy en la ciudad—, el abasto de pan, alimento base cuya producción demuestra haber sido insuficiente, era objeto de muchos cuidados. Así, las panaderas estaban siempre bajo escrutinio, y más todavía en períodos de escasez. Estas podían encargarse de todo el proceso de fabricación —preparar la masa y la cocción del pan— o dividirlo entre las amasadoras —también llamadas panaderas— y las horneras, que solo cocían la masa. Una actividad esta última que no confería a quienes la desempeñaban la cualificación de panadero/a, que era ejercida por ambos sexos, pero con prevalencia de los hombres, si es que la fuente usada se hace eco bien de la realidad de la época. Al respecto, el rol de las sisas de 1567 registra solo una hornera frente a diez horneros y en el de 1617 constan siete horneras, lo que es poco compatible con las diecisiete que en 1623 se obligaron con la cámara municipal. En cuanto a las panaderas, aunque con cifras distintas en ambas fuentes, estas son más coherentes: 31 en el registro de sisas de 1617 y 41 en los juramentos de 1623 (Oliveira, 2016, vol. 2, p. 750).

Lo cierto es que en Coimbra, como en general en todo el país, hasta el siglo XIX la confección del pan estaba garantizada en su inmensa mayoría solo por mujeres —se mantiene todavía en la ciudad la Rua das Padeiras—. Su relevancia social era tan grande que, por lo menos en las primeras décadas del siglo XVII, sus maridos tenían plaza en la «Casa dos Vinte e Quatro», una institución de artesanos que elegía a dos procuradores para las juntas municipales y que solo acogía a profesiones plebeyas «nobles». En 1609, los artesanos se quejaron al rey de que para las elecciones de los Vinte e Quatro eran escogidos individuos que no tenían dignidad para el cargo, refiriéndose a los «rendeiros» o arrendatarios de rentas, taberneros y hombres casados con panaderas. O sea, que quien se casaba con una panadera entraba en el mundo de los gremios, adquiriendo una honra que era transmitida a través de la esposa. Pero volviendo a la historia, como a los denunciados no se les reconoció dignidad suficiente para la representación de los Vinte e Quatro, el monarca dio la razón a los reclamantes, registrándose esta decisión en 1618 (Oliveira, 2016, vol. 1, p. 448).

¿Y qué pensar de lo que disponía en 1517 el regimiento sobre la procesión de Corpus Christi de Coimbra? Este desfile, que en Portugal era obligatorio y estaba a cargo de las cámaras municipales, se abría con los oficiales mecánicos que, en la ciudad, desfilaban por este orden: un primer grupo constituido por horneros, carboneros, tejeros, caleros y «lagareiros» (prensadores de aceite o de vino); las regateras, vendedoras de pescado y de fruta formaban el quinto grupo, a la par que los sastres, las sastras y tejedoras de telar bajo, que componían el octavo; los tejedores y tejedoras de telar alto eran el undécimo; y las panaderas, solas, el décimo octavo y último cuerpo, inmediatamente delante de la clerecía ( Titulo do Regimento, pp. 286-290). Es decir, el lugar preeminente de los oficios de la ciudad era atribuido a las panaderas y no a los artífices varones, entre los que se incluían libreros y boticarios, que iban en los grupos trece y catorce6.

Doscientos años después, en 1718, las panaderas eran tan conscientes de ser necesarias que, uniendo voluntades, hicieron una «huelga» que dejó a la ciudad en extrema escasez, «o que levou o município a aplicar-lhes sanções, proibindo-lhes o exercício da profissão e o de qualquer outra que precisasse de licença camarária» (Almeida, 1984, p. 328).

Fueron mujeres, por cierto, las hilanderas de Porto, que en Portugal dieron naturaleza en 1628 al «primeiro conflito laboral que conhecemos acompanhado de abandono de trabalho e com considerável envergadura» (Tengarrinha, 1981, p. 582). En 1718, como en Coimbra, también las panaderas de Lisboa, enojadas por las alteraciones de la reglamentación, dejaron de producir pan. Este conflicto, que solo se resolvió con la intervención real, saca a la luz la existencia de la modalidad laboral adoptada por las llamadas «panaderas particulares», mujeres que hacían pan en casa, pero que, considerándose «recolhidas» o más resguardadas, se negaban a tratar directamente con el público, entregándolo a las tenderas para que lo vendiesen. Al año siguiente, cuando la cámara municipal les ordenó que hiciesen pan de un determinado peso, volvieron a desobedecer y fueron llevadas presas (Oliveira, 1901, pp. 281, 341-343).

También en el ámbito del conflicto y de la capacidad reivindicativa de las artesanas está el caso de las encajeras del noroeste del país, acontecido en 1749. Viendo su actividad totalmente amenazada por una pragmática real contra el lujo, que prohibía el uso de los encajes que ellas fabricaban, y viendo, además, que sus peticiones no eran atendidas, estas artesanas, residentes en varias villas de las provincias de Minho y Douro Litoral, se reunieron y decidieron pagar el viaje de una de ellas a Lisboa, donde durante meses recorrió todas las instancias hasta conseguir que su reclamación llegase al Palacio Real (Cortesão, 1984, pp. 89-92). De Coimbra se conoce el caso de una pescadera que se instaló en el mercado de la ciudad impidiendo el paso a personas y carros. Al no acatar la orden de la cámara en su contra, se siguió un pleito con ella que llegó al tribunal de Relação do Porto en 1666-1667, cuya sentencia le fue favorable (Soares, 2001, p. 215). Nótese cómo estos ejemplos revelan «empowerment», es decir, la percepción que estas mujeres tenían de su capacidad para influir en decisiones superiores.

La fiscalización por parte de las autoridades municipales de las panaderas y de las vendedoras de otros géneros alimenticios era continua, pero también lo era la constante resistencia de estas mujeres que, abierta o veladamente, subvertían las reglas. Como pusieron de relieve Anne Montenach y Deborah Simonton, «female agency often implied a combination of licit and illicit activities» (2013, p. 9). Al respecto, en 1598, la cámara municipal reprimía a las regateras que salían de la ciudad a interceptar las barcas para hacerse con las castañas que transportaban (Oliveira, 2016, vol. 2, p. 739), y en 1656, una vendedora acaparaba los víveres en el mercado central de la ciudad «para em seguida vender por muito maiores preços, utilizando nessa actividade sua mãe e criadas» (Soares, 2004, p. 72). Ante esto, el gobierno municipal siempre actuaba, pero las comerciantas persistían en estas prácticas lucrativas y, obviamente, prohibidas.

En 1751, se denunció a las «atravessadeiras [acaparadoras] das galinhas e mais aves de pena» para que de inmediato las pusieran en el mercado; en 1764, se amenazó a los vendedores y vendedoras que acaparaban legumbres con una multa de 600 réis o el ingreso en prisión de no hacer el pago; y al año siguiente se inspeccionaron las casas de las panaderas para saber cuánta harina guardaban y obligarlas «a amassar e porem o pão pronto ao povo e cidade» (Lopes, 2015, p. 1777). Como subrayó Sérgio Soares, a partir de mediados del siglo XVIII para la câmara municipal de Coimbra «o principal inimigo da economia urbana» ya no eran las «associações de mercadores-rendeiros-contratadores, tão denunciadas en seiscentos, mas as 'atravessadeiras' que vão aos caminhos, no arrabalde da cidade, comprar géneros [...] para os revenderem no mercado urbano» (Soares, 2001, p. 80). Desde nuestra perspectiva, interesa destacar el emprendimiento y la audacia de estas mujeres y las dimensiones de su acaparamiento, que la câmara consideraba como la mayor causa de los problemas económicos de la ciudad.

Era una lucha permanente. En los años 1768-1779, el 47,6% de las mujeres presas en la cárcel pública eran vendedoras y el 18,4% habían sido detenidas por orden de los jueces almotacenes (Lopes, 2000, vol. 1, pp. 545 y 559). En 1782, se afirmaba en la câmara que había abusos y desórdenes porque los jueces imponían unos precios, pero que después los alteraban instados por las pescaderas. Se impuso entonces una tabulación de precios para ayudar a la «nobre jurisdição dos juízes almotacés» y para que no fuesen engañados de nuevo por las «indómitas vendedeiras de peixe» (Lopes, 2015, p. 1776). El propio senado municipal consignaba en acta formal que las pescaderas eran indomables y engañaban a los jueces.

En enero de 1784, la cámara de Coimbra notificó a dieciocho panaderas, dos por feligresía, para que, en el plazo de tres horas, fuesen a firmar un documento en el que se obligaban a proveer a la ciudad de pan cocido abundante durante todo el año bajo pena de 1.000 réis de multa cada vez que el pueblo sintiese su falta. La obligación se formalizó en el Libro de Notas de la Câmara7. También en ese año, en diciembre, el «vereador» (concejal) por la Universidad8, Francisco Montanha, se ensañaba contra las vendedoras en oposición frontal a los jueces almotacenes, quienes apelaban a la tolerancia para con ellas en nombre de su pobreza, al tiempo que alegaban que «os julgadores sempre se devem inclinar para a piedade principalmente sendo o delito leve, quanto porque a maior parte dos delinquentes são pobres». Pero la comprensión de los jueces estaría contaminada por razones menos nobles, de creer las insinuaciones de Montanha, según el cual, las ilegalidades practicadas por «muitas destas [vendedoras] não eram castigadas por seus maus modos de viver com que captavam proteções», y que por este motivo el senado municipal ya había determinado que solo las mujeres de más de cincuenta años «e de probidade conhecida» pudiesen pedir licencia para la venta de gallinas y fruta. La propuesta del concejal fue contestada por ser atentatoria contra las leyes, la naturaleza, la libertad del comercio y la utilidad pública. Meses después, Francisco Montanha volvía a referirse a la «devassidão en que estão nesta terra e cidade os regatões e regateiras em matéria de travessias». Y al año siguiente propondría la prohibición del comercio de géneros a mujeres de mal vivir y la fiscalización de las tabernas para impedir el «grande mal das travessias» (Lopes, 2015, p. 1777).

Tal y como se concluyó al respecto de las mujeres del Recolhimento da Misericórdia y de las prostitutas detenidas por la Polícia Académica da Universidade (Lopes, 2005^a y 2020), la resistencia era tenaz y constante, violando las reglas y claras con tentativas al hacerlo de manipular las decisiones superiores (cf., entre otros, Mantecón, Torres e Truchuelo, 2020). Un comportamiento este al que James Scott (1985) denominó en su día «everyday forms of resistance».

2.4. Contratos de obligación por escritura notarial

Como se apuntó, para la venta al detalle, los profesionales hacían un juramento en la câmara municipal de la ciudad. Pero también podían ser controlados mediante escrituras realizadas por el notario de la mencionada câmara. Localizamos esos contratos de obligación impuestos en el siglo XVII a varias vendedoras y, mucho más tarde, solo a las panaderas. Así, en 1620, Maria Rodrigues, viuda, se obligaba a la venta del vino en la ciudad: dado que su venta al por menor requería el juramento de marido y mujer, quizás su condición de viuda haya sido el motivo para obligarla a firmar una escritura9.

Las «adelas», recordemos, las vendedoras de ropas usadas, también tenían que hacerlo, sin que bastase el juramento, ni siquiera presentando un fiador, tal vez por el recelo a que vendiesen ropa robada. En 1638 aparecen tres casos: Leonor Fernandes, Maria Antónia y su marido, «malgueiro» (alfarero), y la viuda Isabel Ferreira10. En 1643, Águeda Francisca, casada, presta obligación y fianza para el oficio de revendedora de ropa, ambas formalizadas por un documento notarial y, tres años después, lo hace una tal Maria João11. Finalmente, en la década de 1650, se encuentran escrituras con las mismas obligaciones impuestas a Francisca Lopes, viuda de un carpintero (1651), Maria Marques (1652), Maria João (1656) y Maria Marques, casada con un sastre (1659)12.

A finales del siglo XVIII también se impuso este pacto notarial a las panaderas. El hecho de que su actividad fuese indispensable, el alza de los precios de los cereales que entonces se vivía y el recelo a su rebeldía, fueron sin duda las razones de esa imposición. En 1783, la panadera Antónia de Almeida y sus hijas, Joaquina Rosa y Rosa Joaquina, asimismo panaderas y ambas alfabetizadas, se obligaban al suministro de pan de trigo a la ciudad, siendo fiador el marido y padre de las mujeres13.

Ya se ha comentado el acuerdo del regimiento municipal de 1784 que daba tres horas a dieciocho panaderas para firmar la obligación de que nunca faltasen con ese pan del que la ciudad carecía. Cuatro años después volvían a elaborarse dieciséis escrituras de obligación y fianza para ellas, en las que se comprometían al suministro diario del pan14. Estaban repartidas por toda la ciudad, la Alta y Baixa, y trece de ellas estaban casadas. Lo mismo se hizo con otras dos en 1795: Maria Teresa, casada, y Josefa da Costa, soltera15, siendo este el año en que por primera vez hubo hombres —dos— para firmar la obligación de panadero16. En 1796, se hicieron escrituras semejantes a Clara Maria, Bernarda Tenreira y Josefa Margarida, todas ellas casadas, y también a un varón, procediéndose de la misma manera en 1797 con Mariana Luísa de Lemos, soltera17.

En 1811, año terrible para Coimbra —repleta de refugiados de la guerra contra el francés, asolada por el cólera y con los precios de los cereales en valores nunca vistos (Lopes, 2000, vol. 1, pp. 688-692)—, dos panaderas fueron obligadas a la promesa de suministro diario de pan y a presentar fianza; una de ellas lo hizo con su marido, algo que nunca visto18. En enero del año siguiente, se procedió de la misma forma con cuatro panaderas —dos de ellas con sus maridos— y un panadero, apareciendo, en noviembre, otra innovación: la constitución de una sociedad por dos hombres que se comprometieron a suministrar pan de trigo y de maíz a la factoría portuguesa de Coimbra19. En 1813, se hicieron dos contratos de abasto diario de pan de trigo con dos matrimonios20; en 1814, ya solo hay hombres a título individual, pero dos, nada más21; en 1815, no se hicieron escrituras de este tipo; y el 25 de mayo de 1816, se hizo la última con la panadera Isabel da Rainha Santa, viuda, quien se obligó a proporcionar a diario pan a la ciudad22.

Después de esta fecha, 1816, las mujeres desaparecen de las Notas da Câmara Municipal. La ciudad continuó consumiendo pan y las panaderas haciéndolo, igual que siguió comiendo pescado, carne y legumbres, comprando tejidos, lozas y ropa vieja, pero quienes vendían estos productos se habían hecho invisibles. Prácticamente solo cuando se rebelan, las trabajadoras aparecen en las actas del regimiento, como sucedió en junio de 1827, año en que panaderas y panaderos rehusaron trabajar bajo los precios establecidos. La cámara municipal los forzó a vender por los valores tarifados bajo pena de prisión de veinte días y a hacer el pan a su costa (Lopes, 2015, p. 1777). Pero también en esa fecha hubo una mujer que se resistió, llegando a apelar a los tribunales superiores del reino. Una panadera de «pão de bolacha» obtuvo al mes siguiente una provisión del Desembargo do Paço para poder hacerlo y vender «sem estar sujeita à taxa da almotaçaria» y, en octubre, conseguía una nueva provisión del mismo tribunal que la autorizaba a fabricar también «pão ordinário juntamente com o de luxo e com os seus competentes preços, sendo o ordinário vendido em lugar separado» ( Indices e summarios, 1867, p. 281).

2.5. Mujeres comerciantas en 1805 y 1808

En 1805, la câmara municipal retomó la exigencia del juramento anual —en enero— de todos los comerciantes. Disponemos, por lo tanto, de una buena serie para este año, si bien en muchos casos solo se registra en ella que son vendedores/as, sin indicar de qué productos23. Considerando solo a aquellos que ejercían su actividad en la ciudad, se presentaron a declarar ante el escribano de la câmara un total de 480 personas (316 mujeres y 164 hombres). Esto significa que, a comienzos del siglo XIX, el 66% del comercio de Coimbra era ejercido por mujeres y en su nombre. Recuérdese que en 1647 se obtenía idéntica proporción, hay pues una significativa permanencia en el tiempo. No eran, ciertamente, las comerciantas más ricas de la ciudad, pero su superioridad numérica era aplastante.

Con todo, usando los registros nominales de la ya mencionada contribución extraordinaria de 1808, el número de profesionales del núcleo urbano se invierte: 174 mujeres sobre un total de 559 personas, el 31% ( Lançamento aos Offeciaes Mecanicos, 1988-89, pp. 121-166). Esta disparidad se explica fácilmente: en 1808 se incluyó a los artífices cualificados como dueños de sus tiendas, que eran la mayoría de los hombres gravados por el tributo, mientras que los vendedores, solo 17, representan apenas el 4,4% de los oficios masculinos. En contrapartida, las artesanas autónomas que gestionaban su propio negocio habían desaparecido de la ciudad, quedando solo dos coheteras, una botonera y una tintorera.

El sector alimentario es, de lejos, el más representado, el 77,8% de las mujeres de las que se registró su ramo de actividad, con un claro peso del vino, quizás algo sobrerrepresentado, aunque de su preponderancia no se duda. Estas características son comunes a muchas ciudades europeas y se ha demostrado también que en la cercana Galicia, en cuyas urbes predominaban las actividades femeninas que no requerían aprendizaje: después del servicio doméstico, las mujeres estaban muy presenten en el sector alimentario, el del pequeño comercio y en este de las bebidas alcohólicas (Rial García y Rey Castelao, 2008; Rey Castelao y Rial García, 2010, pp. 78-106). No obstante, apenas tres años después, en 1811, las conimbricenses que vendían vino escaparon a la tributación de Junot, cuya lista no incluye a vendedores o vendedoras de este género, ni siquiera a los taberneros/as. Es escaso el número de vendedoras de carne en 1805, incluso contando a las que mercadeaban gallinas, quizás por estar diluidas entre aquellas cuya mercancía no se declaró. Esta idea se refuerza en el listado de 1808, donde las vendedoras de carne, «pescado y carne», gallinas y menudencias de vaca y carnero reúnen al 31,4% de las mujeres contribuyentes en la ciudad. En realidad, esta cifra está distorsionada por el 25% de aquellas que juraron en 1805 y cuyo producto comercializado no consta. A pesar de esto, y dado que el 20% de los hombres están en el mismo caso, quedan claras las diferencias entre los sexos.

En los juramentos de 1805 hay diez profesiones de mujeres inexistentes entre los varones, las cuales engloban al 14,2% de las mujeres: panaderas y vendedoras de ropa usada, harina, fruta, legumbres, gallinas, carne, cal, carbón y vinagre. En la misma documentación solo aparecen cinco profesiones de hombres que no tienen mujeres y que ocupan al 22% de los profesionales: destacan diecinueve mercaderes que, sumados a los cinco negociantes, reúnen al 14,6% del sector masculino. Eran dedicaciones que, en principio, no se limitaban al comercio al por menor, al que las mujeres estaban circunscritas. ¿Pero era así? Recordemos a Sebastiana da Luz y a Bárbara, la tintorera que, solo tres años más tarde, era una de las mayores contribuyentes de todo el municipio de Coimbra. En la lista de 1805 juraron también diez vendedores de suelas, uno de sal y uno de llaves, materiales y objetos que las mujeres no negociaban en su propio nombre.

Por tanto, a la luz de la lista de 1805 —esto es, del registro de las personas que se movían en el ámbito comercial con nombre propio—, podemos afirmar que había en Coimbra quince actividades que ejercían solo uno de los dos sexos y que ocupaban al 16,9% de los que juraron. O podemos destacar también otra cara de la moneda, más significativa: sin contar con los asalariados, ausentes de esta fuente, 399 personas ejercían actividades comerciales «inclusivas», representando el 83,1% de todas las que fueron anotadas en Coimbra como actividad comercial.

Estamos lejos de sostener que las mujeres no eran discriminadas, subalternizadas y vulnerables, que lo eran, y mucho. Pero sabían moverse por los intersticios de la ley y las diversas constricciones de género, incluso argumentando con los mismos estereotipos que las fragilizaban (y, quizás, asimilándolos). Así se concluye del análisis de las 1.319 peticiones de auxilio que las mujeres pobres de Coimbra dirigieron a la Misericordia en 1769, 1785, 1813, 1817 y 1843 (Lopes, 2000, pp. 263-277, 468-472). En ellas, reproducían los ideales femeninos propuestos por las elites, solo que utilizándolos como un mecanismo de persuasión. Afirmaban portarse bien y ser temerosas de Dios; decían que si no trabajaban era porque no podían; no pedían ropa por vanidad, sino porque andaban indecentes y que querían poder frecuentar así, decentemente, la casa de Dios; etc. En completa sintonía con los discursos de la época sobre la pobreza y la caridad, argüían que la virtud debía ser premiada como derecho preferencial a la limosna. No obstante, lo que es muy revelador de lo que habían sido siempre sus vidas, las peticionarias rara vez invocaban la ausencia o la muerte del marido como razón de su pobreza, sino más bien su incapacidad personal para trabajar, por enfermedad o por vejez.