El decomiso de bienes procedentes del delito se ha convertido en nuestros días en
una de las herramientas más destacadas en manos del Estado para la persecución de
la criminalidad organizada. La pérdida de los bienes como consecuencia del delito
cometido se alza como un instrumento de prevención general que, sin duda alguna, hace
ahora reflexionar a ciertos delincuentes antes de afrontar su actividad ilícita; y
esa importancia alcanzada hoy por el decomiso deriva, con toda seguridad, de las importantes
reformas legislativas introducidas en nuestro ordenamiento jurídico por el legislador
en los últimos veinte años, entre ellas, de manera destacada, el proceso de decomiso
autónomo que los arts. 803 ter e y siguientes LECrim regulan desde el año 2015.
El proceso de decomiso autónomo nace de las exigencias de la DIR 2014/42/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los
instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea, que venían a exigir a
los estados miembros la articulación de cauces para la implementación de las diversas
modalidades de decomiso. Entre ellas, el decomiso autónomo, es decir, aquel que se
produce cuando habiendo existido un procedimiento penal como consecuencia de un delito
que pudiera dar lugar al decomiso de los bienes, no se hubiera dictado una sentencia
condenatoria como consecuencia de la fuga o enfermedad del responsable penal, lo que
nuestro legislador incluyó en el art. 127 ter CP.
A ese proceso, el de decomiso autónomo, es al que aparece dedicada la obra de Tomás
Farto Piay que he tenido la satisfacción y el gusto de leer y analizar. Pocos trabajos
presentan semejante nivel de minuciosidad y precisión en el análisis de la materia
que abordan, hasta un punto tal, que creo que no ha dejado de tratar aspecto alguno
relevante, no solo con relación al nuevo proceso de decomiso autónomo, sino también
respecto de la propia institución del decomiso. Además, la profusión de doctrina científica
citada y analizada permite en cada momento hacer una perfecta composición del estado
actual de discusión en relación con cada problema que analiza.
Comienza la obra profundizando en las razones de política criminal que han determinado
toda la evolución posterior de la institución del decomiso, pues, efectivamente, la
erradicación de toda posibilidad de obtener beneficios económicos derivados del ilícito
penal ha constituido el objetivo primordial de la comunidad internacional en su lucha
contra la criminalidad organizada en los últimos años. De esta manera, con el decomiso
penal de bienes se busca evitar el beneficio económico derivado de la actividad delictiva
haciendo efectiva la máxima de “que el delito no compense”.
Esa nueva política criminal de privación de activos de procedencia ilícita ha ido
desplazando a las penas como elemento básico de castigo, lo que ha tenido su progresiva
plasmación en nuestro ordenamiento jurídico como consecuencia de diversos instrumentos
normativos internacionales y supranacionales. Esta evolución ha tenido una especial
incidencia en el ámbito de la UE y su marco normativo, en el que el decomiso ha experimentado
un interesante desarrollo a través de diversos instrumentos jurídicos que culminan
con la DIR 2014/42/UE. Se acoge una nueva concepción del decomiso, potenciando sus
efectos y buscando la armonización normativa en el seno de la UE, siendo la transposición
a nuestro ordenamiento jurídico de esta directiva el antecedente inmediato de nuestra
regulación procesal y sustantiva de la institución.
Efectivamente, la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de los postulados
de la Directiva supuso una profunda reforma del decomiso en el CP, en particular,
respecto del alcance de sus diversas modalidades: el decomiso ampliado, tanto el ordinario
como el ampliado por reiteración delictiva, el decomiso de bienes de terceros y el
decomiso autónomo. Todas ellas son tratadas en profundidad y detalle por FARTO PIAY,
que aborda con acierto el alcance de las nuevas previsiones, sin dejar de profundizar
en sus aspectos más controvertidos, como es el referido al sistema de indicios o presunciones
legales que el legislador ha recogido para delimitar alguna de estas categorías y
la posible afección que con ello podría producirse de los derechos y garantías de
los sujetos pasivos.
Pero la esencia de esta obra radica en el exquisito análisis que en ella se hace del
proceso de decomiso autónomo, introducido por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia
penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, que vino a añadir un nuevo
Título III ter al Libro IV de la LECrim, cuyo Capítulo II, compuesto por los arts. 803 ter e a 803 ter u, disciplina este nuevo cauce procesal. Los instrumentos jurídicos sustantivos no
pueden resultar eficaces si no cuentan con los correspondientes procesos que permitan
materializarlos, preservando al mismo tiempo la seguridad jurídica con la garantía
del respeto a los derechos fundamentales del afectado. En este ámbito, por muy importante
que aparezca el fin perseguido, nunca puede darse primacía a la vertiente económica
de la recuperación de activos frente a las garantías del afectado, lo que ha tratado
de garantizar el nuevo procedimiento.
Nuestra LECrim configura el proceso de decomiso autónomo como un cauce procedimental
contradictorio idóneo para sustanciar la modalidad de decomiso que regula el art.
127 ter CP. Desde el punto de vista sustantivo se busca posibilitar la expropiación a su
autor de los bienes procedentes del delito, a pesar de que no pueda ser juzgado y
condenado por ello al haber fallecido, encontrarse rebelde o incapacitado para comparecer
en el proceso. Desde la perspectiva procesal se establecen las reglas y pautas que
van a venir a garantizar que esa expropiación se lleve a cabo con el completo respeto
de los derechos fundamentales del afectado. Además, la regulación ha ampliado el ámbito
de aplicación de este nuevo proceso a los casos en los que el Ministerio Fiscal se
haya reservado la acción de decomiso en el proceso penal principal para su ejercicio
en este de decomiso autónomo.
Con una gran capacidad didáctica, la obra analiza la tramitación del proceso, su objeto,
su ámbito de aplicación y los diversos problemas que derivan de las previsiones en
materia de legitimación, exclusiva para el Ministerio Fiscal como parte activa. Se
trata de un proceso especialmente complejo, fundamentalmente, por el coctel de normas
procesales civiles y penales que el legislador ha previsto para el mismo, complejidad
que el autor simplifica con maestría gracias al detallado análisis de las diversas
vicisitudes que pueden plantearse a lo largo del mismo.
En cuanto a la tramitación, o procedimiento del proceso, arranca con una demanda,
precisando la ley sus requisitos y contenido necesario como escrito rector del proceso.
Admitida a trámite, emplazado el demandado y los terceros afectados por el decomiso,
la fijación inicial de postulados de esa demanda y su contestación desembocarán en
una vista oral, cuyo acto central será la práctica de la prueba.
El proceso de decomiso autónomo concluye con una sentencia declarativa que habrá de
pronunciarse sobre el decomiso solicitado, la determinación de los perjudicados y
fijación de las indemnizaciones procedentes. Regula el legislador la eficacia de cosa
juzgada de la misma, su interrelación con el proceso penal y la posibilidad de ulteriores
nuevos procesos de decomiso autónomo. De igual modo, se hace referencia a los medios
de impugnación y mecanismos de rescisión y de revisión de sentencia, remitiéndose
en este caso el legislador al régimen de recursos propio del orden procesal penal.
Además de todo lo anterior, existen también menciones a las medidas cautelares y previsiones
relativas a la ejecución de lo resuelto, con especial alusión al destino que habrá
de darse a los bienes y al producto de su realización.
El autor profundiza a lo largo de los siete capítulos que integran esta parte de su
obra en todos y cada uno de los aspectos teóricos y prácticos de este nuevo proceso;
y lo hace con maestría, planteando los problemas que pueden suscitarse y brindando
soluciones a los mismos. De esta manera, la competencia, la legitimación, los derechos
del demandado, las peculiaridades de la demanda y de la rebeldía, las medidas cautelares
o la práctica de la prueba, son analizados por FARTO PIAY de una manera tal, que permite
al lector comprender esta regulación de manera mucho más sencilla que la que brinda
la enrevesada regulación legal. La sentencia, los recursos que contra ella proceden,
su ejecución y el destino final de los bienes decomisados constituyen el colofón de
este proceso penal especial que, pese a su complejidad, se hace accesible a través
de esta brillante obra.
Desde un punto de vista crítico puede decirse que el proceso de decomiso autónomo
no ha sido diseñado con el rigor y precisión que hubiera sido deseable, lo que también
destaca con un plausible rigor FARTO PIAY, que habla de divergencia de regímenes,
remisiones incompletas, lagunas y disposiciones poco claras que generan problemas
de interpretación, lo que le lleva a demandar una profunda reforma del sistema.
No obstante el aparente caos normativo que preside este proceso, la indefinición del
legislador y las constantes remisiones a términos y normas procesales civiles, coincidimos
con el autor en la naturaleza penal de este proceso. Resultarán, en consecuencia,
de aplicación, las garantías y derechos propios del proceso penal, evitando con ello
la vulneración de derechos y garantías básicas de los sujetos pasivos.
En cualquier caso, no cabe duda que constituye un verdadero proceso, un instrumento
jurisdiccional del Estado que debe servir para obtener, tanto la protección de la
tutela jurídica de los derechos, como la materialización de la pretensión del decomiso.
Ello no quita que demandemos, con el autor de la obra que comentamos, el abordaje
de una reforma de su regulación que discipline el proceso desde su naturaleza penal,
con una normativa uniforme y coherente que facilite su interpretación y aplicación,
respetando al propio tiempo los principios rectores del proceso penal.
Todos estos aspectos aparecen recogidos y analizados en “El proceso de decomiso autónomo”,
de Tomás FARTO PIAY, cuya lectura recomiendo encarecidamente. Estamos ante un tratado
de referencia en esta materia cuya última línea, sin duda, aún no se ha escrito, pero,
para ello, tampoco albergo duda de que habrán de tomarse en consideración muchas de
las observaciones que, con acertada precisión, apunta este autor.
