3.1. Introducción

Uno de los problemas que presenta el delito de abandono del lugar del accidente es la dificultad para concretar un bien jurídico con entidad suficiente para ser protegido por el Derecho penal45. La rotundidad con la que la mayor parte de los representantes de los partidos políticos defendió durante la tramitación parlamentaria de la LO 2/2019, de 1 de marzo, la necesidad de esta figura delictiva choca con la imprecisión que muestran al acotar el bien jurídico por ella protegido. Y así, dando palos de ciego, se alude al «fin de defender y proteger mejor la vida, la dignidad y los derechos de todos»46, a «proteger mejor la vida, la dignidad y los bienes jurídicos primarios»47, a «la falta de solidaridad con las víctimas por parte de quienes causan estos accidentes»48, a que «el auxilio debería ser un bien jurídico protegible, ya que la dignidad moral de la persona no se debe tratar como un objeto al que se puede abandonar sin saber el estado en el que ha quedado»49, o se considera que en el art. 382 bis CP se castiga «la maldad intrínseca en el abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que puede estar lesionado o fallecido»50, un «acto de mala fe por el riesgo que para la víctima y el resto de conductores supone que se abandone a una persona en medio de la carretera», un acto «malvado [...] crueldad en sí misma»51 o «una especial maldad [...] una especial cobardía [...] que merece reproche penal»52. El legislador, consciente a pesar de todo de la dificultad de concretar un bien jurídico digno de protección, quiso compendiar esta retahíla de vaguedades en el mismo preámbulo de la LO 2/2019, de 1 de marzo: «lo que se quiere sancionar en este caso es la maldad intrínseca en el abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido, la falta de solidaridad con las víctimas, penalmente relevante por la implicación directa en el accidente previo al abandono, y las legítimas expectativas de los peatones, ciclistas o conductores de cualquier vehículo a motor o ciclomotor, de ser atendidos en caso de accidente de tráfico»53.

Como viene ocurriendo en los últimos años con lamentable frecuencia, los notables desatinos del legislador penal tienen que ser lidiados por una doctrina agotada y cada vez más ninguneada. Que el castigo de la «maldad intrínseca» de una persona, como expone el preámbulo de la LO 2/2019, de 1 de marzo, no puede ser el fin de ningún delito en un Estado de Derecho, apenas merece un comentario54. Estaríamos deslizándonos, si así fuese, hacia un rechazable Derecho penal de autor55. La doctrina ha sido muy crítica con esta equivocada idea56. Como nos recuerda Escudero García-Calderón «no puede ser que lo que pretenda castigar el legislador sea la maldad intrínseca del conductor, puesto que ello presupone la realización de un juicio moral completamente alejado de la idea de bien jurídico y que recuerda, por cierto, a la introducción de este delito en el Código penal alemán en la época del Nacionalsocialismo cuando Roland Freisler, el temible juez que acabaría presidiendo el denominado Tribunal del Pueblo (Volksgerichtshof), instaba a los tribunales a castigar estas fugas del lugar del accidente que, a su juicio, denotaban “cobardía y maldad”»57. Rechazada, pues, mayoritariamente esta forma de concebir el delito de abandono del lugar del accidente, los autores que han analizado esta figura delictiva, aunque escépticos de su verdadera necesidad, han tratado de encontrar un bien jurídico compatible con un derecho penal moderno que facilite, a la vez, la interpretación de los elementos típicos de esta figura y la reduzca a unos límites tolerables. Y en este empeño, un autorizado sector de la doctrina ha visto en la Administración de Justicia el posible objeto de protección del delito en estudio.

3.2. La Administración de Justicia

En 1973, cuando en España no existía propiamente un delito de abandono del lugar del accidente, escribía Rodríguez Mourullo que «en el delito de fuga que atenta primordialmente contra la Administración de Justicia, resulta, como es lógico, indiferente la eficacia o ineficacia del auxilio omitido. Lo que se castiga es que el causante del accidente se aleje del lugar imposibilitando las identificaciones y comprobaciones inmediatas por parte de la policía judicial, con independencia de la entidad de los daños y los riesgos derivados del siniestro. En definitiva, la punibilidad del delito de fuga —en las legislaciones que, a diferencia de la nuestra, lo prevén— supone una excepción a la regla de la impunidad del autofavorecimiento, que se justifica por la necesidad de dispensar una más rigurosa tutela a cuantos están expuestos a los peligros de la circulación»58. Esta idea sostenida hace cinco décadas, años antes de entrar en vigor nuestra vigente Constitución, ha sido recuperada modernamente para explicar el delito contenido en el art. 382 bis CP. Castro Moreno defiende que lo que se sanciona en este precepto «es la no colaboración del sujeto que ha provocado el accidente en su identificación y en el esclarecimiento de los hechos. Se trata, por tanto, de un claro delito contra la Administración de Justicia, que sanciona el encubrimiento, mediante su fuga, del presunto responsable del hecho a investigar [...] Con todo ello, lo que queda claro es que el nuevo delito ahora incorporado al Código Penal por la reforma de 2019, sí es un delito de fuga en el sentido más estricto de la expresión. Y que, por tanto, debería ubicarse entre los delitos contra la Administración de Justicia a los que pertenece al responder a la conveniencia de asegurar la imposición de las responsabilidades penales y civiles que pudieran corresponder al causante del accidente que abandona el lugar de los hechos sin identificarse debidamente»59. En un sentido similar, mantiene Sánchez Domingo que «la relación más directa del tipo penal de abandono del lugar del accidente es con los delitos contra la Administración de Justicia, justificado en el dato de que el sujeto, al abandonar el lugar del accidente sin facilitar su identificación ni la del vehículo, así como las circunstancias en las que se ha producido, a los agentes encargados de la investigación, está impidiendo con su actuar una colaboración deseable con la Administración de Justicia [...] el sujeto que previamente ha originado un accidente con resultado de muerte o lesiones debe permanecer en dicho lugar hasta la llegada de los agentes con el único objetivo de facilitar la función que deben realizar, aportando los datos necesarios para el esclarecimiento de los hechos necesarios para la investigación del accidente»60. También en la jurisprudencia puede verse esta forma de entender el delito de abandono del lugar del accidente. La STSJ de Cataluña 173/2022, de 10 de mayo (ECLI:ES:TSJCAT:2022:5707) señala en su fundamento de derecho segundo que aunque «el art. 382 bis esté ubicado bajo el Capítulo IV “De los delitos contra la seguridad vial” del Título XVII “De los delitos contra la seguridad colectiva”, se trata más bien de un delito contra la Administración de Justicia y el derecho a la reparación de la víctima, pues con su conducta el sujeto activo dificulta las labores de indagación de las circunstancias del siniestro y la posterior indemnización efectiva a favor de las víctimas directas o indirectas, es decir, un delito mediante el cual se eliminan datos históricos necesarios para la pureza de la prueba»61.

A pesar del notable esfuerzo argumental desarrollado por este sector de la doctrina y de la jurisprudencia, encaminado en buena parte a la necesaria delimitación del ámbito típico del delito de abandono del lugar del accidente, no compartimos la comprensión que hace de esta figura delictiva. Trataremos de explicar por qué.

Los autores que defienden la Administración de Justicia como bien jurídico protegido por el delito de abandono del lugar del accidente configuran esta figura delictiva necesariamente como un supuesto de autoencubrimiento punible62. Desde esta concepción, pues, se castiga al conductor que tras causar un accidente con uno o varios fallecidos o lesionados, huye del lugar de los hechos eludiendo así la investigación de la autoridad o de sus agentes y sustrayéndose a su busca o captura. En nuestro país, sin embargo, con carácter general, se asume por doctrina y jurisprudencia la idea de que el comportamiento del autor o partícipe de una infracción penal dirigido a eludir el castigo previsto por su comisión debe ser impune63. Se defiende, por tanto, aunque con excepciones64, la impunidad del autoencubrimiento. Esta es, por otro lado, la decisión político-criminal acogida por nuestro legislador en el art. 451 CP, que condiciona el castigo de las conductas en él tipificadas a que el sujeto no haya intervenido en el delito previo —delito encubierto— ni como autor —término que acoge aquí también a inductores y cooperadores necesarios65— ni como cómplice. Con independencia de la concreta naturaleza que se ha otorgado a esta cláusula de la ausencia de intervención en el hecho previo como autor o cómplice66, el fundamento de la impunidad del autoencubrimiento en los supuestos 2.º y 3.º del art. 451 CP se ha hecho descansar en la idea de la inexigibilidad de otra conducta. «Resulta de todo punto de vista lógico —sostuvo Gómez Pavón en su monografía sobre el encubrimiento anterior al Código penal de 1995— el no sancionar al autor de hechos tendentes a evitar su localización, captura o descubrimiento, así como la del hecho ejecutado; lo contrario sería establecer una obligación legalmente contraria a cualquier naturaleza humana, pues no puede exigirse al delincuente que se delate»67. Ya en vigor el vigente Código penal, García Pérez basa también la impunidad del autoencubrimiento de los supuestos 2.º y 3.º del art. 451 CP en la inexigibilidad de otra conducta. De acuerdo con este autor, «el riesgo de verse privado —se refiere al autoencubridor— de bienes esenciales debido a la acción de la Administración de Justicia crea una situación excepcional que hace que las condiciones de motivación se vean seriamente afectadas. En este sentido [...] su fundamento es similar al de la eximente de pena por el encubrimiento de personas vinculadas por ciertos vínculos de parentesco»68. Pues bien, si la idea de la inexigibilidad de otra conducta es válida y ampliamente aceptada en la doctrina como fundamento de la impunidad de buena parte de los supuestos de autoencubrimiento, surge de inmediato la pregunta de por qué en el delito de abandono del lugar del accidente, concebido por buena parte de la doctrina y un sector de la jurisprudencia como delito contra la Administración de Justicia, quiebra esta regla general comúnmente aceptada; qué elementos o circunstancias confluyen en este delito para que le sea exigible a su autor la no realización de comportamientos de autoencubrimiento, esto es, para que le sea exigible aquí lo que no le es exigible en la mayor parte de los supuestos. Ni en la tramitación parlamentaria de la LO 2/2019 ni en su preámbulo ni, por lo que alcanzamos a ver, en la doctrina que defiende esta concepción del delito, se ofrece una explicación satisfactoria al respecto69. No vemos razones, por tanto, que justifiquen aquí, de modo contrario a lo que ocurre generalmente en otros contextos, el castigo de la afectación de la Administración de Justicia a través de comportamientos de autoencubrimiento.

La consideración del abandono del lugar del accidente como delito contra la Administración de Justicia no solo quiebra la regla general de impunidad del autoencubrimiento, sino que introduce desajustes sistemáticos con la regulación del delito de encubrimiento en los artículos 451 y siguientes del Código penal.

El delito de encubrimiento, según establece el párrafo primero del art. 451 CP, exige como presupuesto la comisión de un delito —«con conocimiento de la comisión de un delito»—, que la doctrina ha interpretado, en consideración a la cláusula del art. 453 CP, como hecho típico y antijurídico70. La previa comisión de un hecho típico y antijurídico es, por tanto, un elemento objetivo del tipo del delito de encubrimiento del art. 451 CP71. Sin embargo, en el delito contenido en el art. 382 bis CP, la muerte o lesiones causadas por el conductor de un vehículo de motor o ciclomotor que posteriormente abandona el lugar de los hechos han podido ser ocasionadas de manera fortuita (apartado 3), por lo que, en rigor, se estaría castigando el autoencubrimiento de un hecho que ni siquiera es típico. Esto pone ya de manifiesto que, al menos en estos casos, sea altamente cuestionable la producción de una afectación relevante de la Administración de Justicia7273.

La aludida falta de armonía también se evidencia en la penalidad prevista en el art. 382 bis CP. Si bien el art. 451 CP castiga las conductas de encubrimiento con la pena de prisión de seis meses a tres años, en ningún caso, tal como establece el art. 452 CP, podrá imponerse pena privativa de libertad que exceda de la señalada al delito encubierto. Y si este estuviera castigado con pena de otra naturaleza, este último precepto determina que la pena privativa de libertad sea sustituida por la de multa de seis a veinticuatro meses, salvo que el delito encubierto tenga asignada pena igual o inferior a esta, en cuyo caso se impondrá al culpable la pena de este delito en su mitad inferior. Esta limitación de pena, coherente con el principio de proporcionalidad, no existe en el art. 382 bis CP. Salvo en los casos en los que el delito previo causado por el conductor es un homicidio por imprudencia grave, en los restantes supuestos la pena prevista para el delito de abandono del lugar del accidente supera con creces las penas de las infracciones encubiertas, y esto cuando existe un delito previo, porque es posible que la muerte o las lesiones se hayan producido de manera fortuita, en cuyo caso, como ya hemos advertido, se estarían castigando con penas de tres a seis meses de prisión y privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores de seis meses a dos años encubrimientos de hechos atípicos. Conviene recordar aquí la opinión de García Pérez para justificar las restricciones a la pena establecidas por el art. 452 CP: «Es razonable sostener que la trascendencia del hecho delictivo repercute sobre la gravedad de los ataques a la Administración de Justicia. La entidad de la agresión a la función jurisdiccional que pretende impedir la solución del conflicto derivado de la infracción penal no debe tener más relevancia que éste»74.

Finalmente, el castigo del abandono del lugar del accidente como un supuesto de autoencubrimiento no se ajusta bien con la eximente de encubrimiento en favor de parientes u otras personas allegadas contenida en el art. 454 CP. Con razón mantiene Gili Pascual que, desde un punto de vista estrictamente sistemático, una sanción autónoma del autoencubrimiento «debería implicar, en coherencia y a fortiori, la eliminación de la exención de pena prevista hoy (como siempre) para supuestos de parentesco (actual art. 454 CP»75. Desde este punto de vista, no resulta sencillo explicar por qué se castiga al conductor de un vehículo de motor que, con su huida, tras causar la muerte imprudente de un ciclista, trata de sustraerse a la acción de la justicia (art. 382 bis CP), y, por el contrario, se deja impune, por aplicación de la eximente contenida en el art. 454 CP, a su cónyuge o a cualquier otra persona enumerada en este precepto que con posterioridad al hecho lo ayuda a evitar caer en manos de la Administración de Justicia ocultando primero y reparando después el vehículo de motor siniestrado. Parece lógico pensar que si el encubridor pariente ve afectado su proceso de motivación por la norma debido al riesgo que corre su allegado de sufrir afecciones en bienes esenciales derivadas de la acción de la Administración de Justicia76, con mayor razón resultará afectado el proceso de motivación por la norma de la persona que corre el riesgo de sufrir tales afecciones.

La consideración del abandono del lugar del accidente como un delito contra la Administración de Justicia plantea también problemas en relación con el derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable contenido en el art. 24.2 CE7778. Así ha sido reconocido, incluso, por algún autor que defiende la postura que estamos ahora examinando. Es el caso de Castro Moreno, para quien el delito contenido en el art. 382 bis CP «supone una flagrante lesión del derecho constitucional de defensa (artículo 24 CE) [...] que indudablemente incluye el derecho a no colaborar en el descubrimiento del hecho cometido ni en la identificación del propio responsable, que es lo que sanciona el nuevo delito»79. Debemos ahora detenernos en esta problemática, porque de ser cierta la crítica de este autor, habría que colegir que la interpretación del abandono del lugar del accidente como un delito contra la Administración de Justicia es contraria a nuestra Constitución.

El Tribunal Constitucional español otorga al derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable del art. 24.2 CE un contenido muy limitado, como se infiere claramente del análisis de las sentencias de este tribunal que han resuelto cuestiones de inconstitucionalidad planteadas respecto al primigenio art. 380 CP —que amenazaba con pena de prisión al conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negaba a someterse a las pruebas legalmente establecidas para comprobar su tasa de alcoholemia y la presencia en su organismo de otras drogas— (actual art. 383 CP, aunque reformado) y al art. 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial —que sancionaba al titular de un vehículo que, debidamente requerido para ello, no identificaba al conductor responsable de la infracción cometida con ese vehículo—8081.

En relación con el art. 380 del texto original del Código penal de 1995, las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas estimaban la posibilidad de que este precepto fuera contrario al derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable, debido a que compelía a una persona mediante la amenaza de una pena a proporcionar elementos de prueba que podían ser decisivos para fundamentar su propia condena. El TC consideró que no había vulneración del art. 24.2 CE. Según la STC 161/1997, de 2 de octubre, «el deber de someterse al control de alcoholemia no puede considerarse contrario al derecho a no declarar, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, pues no se obliga al detectado a emitir una declaración que exteriorice un contenido, admitiendo su culpabilidad, sino a tolerar que se le haga objeto de una especial modalidad de pericia, exigiéndole una colaboración no equiparable a la declaración comprendida en el ámbito de los derechos proclamados en los arts. 17.3 y 24.2 de la Constitución. [...] la realización de una prueba de alcoholemia no entraña exigencia alguna de declaración autoincriminatoria del afectado, y sí sólo la verificación de una pericia técnica de resultado incierto y que no exorbita, en sí, las funciones propias de quienes tienen como deber la preservación de la seguridad del tránsito —(FJ 4)82—. [...] las pruebas para la comprobación de la conducción bajo la influencia del alcohol o de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, y, entre ellas, las de espiración de aire a través de un alcoholímetro, no constituyen en rigor una declaración o testimonio, por lo que no pueden suponer vulneración alguna de los derechos a no declarar, a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable. Tampoco menoscaban per se el derecho a la presunción de inocencia por inversión de la carga material de la prueba. Las pruebas de detección discutidas, ya consistan en la espiración de aire, ya en la extracción de sangre, en el análisis de orina o en un examen médico, no constituyen actuaciones encaminadas a obtener del sujeto el reconocimiento de determinados hechos o su interpretación o valoración de los mismos, sino simples pericias de resultado incierto que, con independencia de que su mecánica concreta no requiera sólo un comportamiento exclusivamente pasivo, no pueden catalogarse como obligaciones de autoincriminarse, es decir, como aportaciones o contribuciones del sujeto que sostengan o puedan sostener directamente, en el sentido antes dicho, su propia imputación penal o administrativa —FJ 7—». Ormazabal Sánchez ha sintetizado la doctrina del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión del siguiente modo: «el art. 24.2 CE asegura a los ciudadanos completa impunidad para no declarar, es decir, manifestar o confesar directamente su culpa o revelar, de palabra, informaciones que puedan contribuir a su condena, pero el derecho a no declarar contra sí mismos ni a confesarse culpables no confiere prerrogativa alguna a no sufrir consecuencias adversas o sancionatorias por el hecho de negar su colaboración con la autoridad para someterse a ciertas pericias o a exhibir documentos. El derecho que nos ocupa, pues, parece concebirse por el TC en un sentido estrictamente testimonial o declarativo, es decir, como una suerte de libertad o impunidad para rehusar colaborar de palabra a la propia condena»83.

Por lo que se refiere al art. 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, las cuestiones de inconstitucionalidad argumentaban que si el titular del vehículo de motor coincide, como ocurre en la mayor parte de los casos, con el conductor de ese vehículo en el momento de cometer la infracción, la revelación de la información a la que obliga este precepto conlleva aportar a la autoridad sancionadora elementos fundamentales sobre los que basar su propia condena, lo que puede entrar en contradicción con lo dispuesto en el art. 24.2 CE84. El Tribunal Constitucional estima que el precepto cuestionado tampoco vulnera el derecho fundamental a no declarar contra sí mismo consagrado en el artículo 24.2 CE. A pesar de reconocer que en este supuesto la amenaza de sanción va encaminada a obtener una declaración o manifestación de carácter testimonial, se niega a esta un contenido autoinculpatorio85. La STC 197/1995, de 21 de diciembre, determina que «[...] el artículo 72.3 de la LTSV no conmina al titular del vehículo a declarar sobre la supuesta infracción de tráfico, sino simplemente a comunicar a la Administración el nombre del conductor del vehículo, de modo que, aunque concurran en una misma persona las circunstancias de conductor y propietario del vehículo, a éste no se le impone el deber ni de efectuar declaración alguna sobre la infracción, ni de autoinculparse de la misma, sino únicamente el de comunicar la identidad de quien realizaba la conducción [...]. No cabe confundir [...] el cumplimiento de la obligación legal pública de colaborar en la identificación del conductor presuntamente responsable de una infracción, con la obligación de autoconfesar conductas sancionables, ya que con tal requerimiento no se compele al propietario del vehículo a emitir una declaración admitiendo su culpabilidad ni presumiendo responsabilidades ajenas, sino a exigir su colaboración, en razón a la titularidad de un objeto cuyo uso entraña un peligro potencial para la vida, salud e integridad de las personas, en la tarea inicial de identificación del conductor del vehículo en la fecha y hora en la que se formuló la denuncia» (FJ 8).

De cuanto llevamos dicho acerca del contenido que el Tribunal Constitucional dispensa al derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable del art. 24.2 CE, puede inferirse, con poco margen para el error, que de plantearse alguna cuestión de inconstitucionalidad sobre el art. 382 bis CP por su posible contradicción con este derecho fundamental, el Tribunal Constitucional la desestimaría86. Sin embargo, todavía no podemos dar el tema por zanjado.

En el seno del Tribunal Constitucional surgieron voces que discrepaban de la opinión mayoritaria expresada en las dos sentencias a las que hemos hecho referencia. En relación con la STC 161/1997, de 2 de octubre, el magistrado Ruiz Vadillo formuló un voto particular, al que se adhirió el magistrado García-Mon y González-Regueral, según el cual «obligar a una persona, bajo la amenaza de incurrir en un delito castigado con pena privativa de libertad, a someterse a las correspondientes pruebas de alcoholemia o de detección de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, que pueden llegar a la extracción de sangre para su posterior análisis clínico, representa en la práctica imponer al acusado [...] la carga de colaborar con la acusación para el descubrimiento de la verdad en términos incompatibles con la libertad del ejercicio del derecho de defensa [...]. La falta de “colaboración” en el descubrimiento de otros delitos, mucho más graves, y sin desconocer la significación del que se contempla en el art. 379, no se castiga, porque hacerlo, como ya he dicho, supone, ese es al menos mi punto de vista, exigir, de alguna manera, al acusado que colabore con la acusación, camino muy delicado y que puede conducir a consecuencias especialmente importantes y con unos posibles efectos expansivos no previstos ni, sin duda, deseados [...] En conclusión, mis discrepancias con la sentencia [...] pueden resumirse en el derecho a no autoacusarse, a no colaborar con la acusación en la localización y efectividad de las pruebas acusatorias, algo que el legislador penal no ha hecho nunca ni lo hace en el nuevo Código con esta sola excepción». Por su parte, el magistrado Gimeno Sendra formuló un voto particular a la STC 197/1995, de 21 de diciembre, al que se sumó el magistrado De Mendizábal y Allende. En él se sostenía que «el sujeto pasivo de este deber de identificación, según el tenor de las normas —se refiere al artículo 72.3 de la LTSV—, es el conductor “responsable de la infracción”, quien, si coincide con el sujeto activo de la obligación (el titular del vehículo), su cumplimiento ha de entrañar la exteriorización de una autoincriminación que, al efectuarse tras la comisión de un ilícito administrativo y en el seno de un procedimiento sancionador, debiera efectuarse con absoluto respeto al derecho fundamental “a no declarar contra sí mismo”, del artículo 24.2, norma fundamental esta última que, en los fundamentos jurídicos anteriores, hemos declarado plenamente aplicable en todo procedimiento sancionador. La conversión de esta obligación de identificar al autor responsable por la del conductor en el momento de cometer la infracción (y, ¿por qué no la del poseedor del arma en el momento de la comisión del delito?...), produce un quiebro en la sentencia (que debió haber sido estimatoria), tergiversa el objeto de la cuestión y legitima posibilidades legales imprevisibles, frente a los cuales hemos de exteriorizar nuestra respetuosa discrepancia».

Algunos de los razonamientos utilizados por el Tribunal Constitucional en defensa de su posición son difíciles de suscribir. Considerar que cuando concurren en una misma persona las circunstancias de conductor y propietario del vehículo, la obligación de este de identificar al conductor responsable de la infracción cometida con ese vehículo no supone imponerle «el deber ni de efectuar declaración alguna sobre la infracción, ni de autoinculparse de la misma, sino únicamente el de comunicar la identidad de quien realizaba la conducción» (STC 197/1995, de 21 de diciembre)87, o estimar que la obligación de someterse a una prueba de alcoholemia no entraña exigencia alguna de declaración autoincriminatoria del afectado «pues no se obliga al detectado a emitir una declaración que exteriorice un contenido, admitiendo su culpabilidad, sino a tolerar que se le haga objeto de una especial modalidad de pericia» (STC 161/1997, de 2 de octubre), son argumentos de una evidente artificiosidad e inconsistencia88. Constreñir el derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable contenido en el art. 24.2 CE a una mera prohibición de conminar al sujeto a una autoatribución expresa, verbal o escrita, de los hechos constitutivos del delito o de la infracción, sería poco menos que vaciarlo de contenido, y permitiría, como recelan los votos particulares a los que se ha hecho referencia más arriba, legitimar una legislación imprevisible y no deseada89. Facultaría, por ejemplo, a compeler bajo amenaza de pena al autor de cualquier delito a suministrar los instrumentos utilizados en su ejecución, por no suponer esto, todavía, una expresa autoconfesión de los hechos.

Debe otorgarse al derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable un más amplio contenido. Como sostiene Ormazabal Sánchez, la esencia de este derecho debe estar constituida por la idea de que nadie puede ser compelido a cooperar en su propia condena, sin importar la concreta clase de colaboración que se exija al sujeto. Señala este autor, con razón, que «el hecho de que se trate de una cooperación de carácter verbal o testimonial o, por el contrario, consista en entregar o facilitar datos u otra acción corporal [...] es del todo irrelevante. [...] en una correcta interpretación del derecho constitucionalizado en el art. 24.2 CE, es cualquier tipo de cooperación activa la conducta de cuya realización ha de quedar eximido el acusado sin padecer consecuencias adversas o experimentar género alguno de compulsión»90. Por ello, la configuración del delito de abandono del lugar del accidente como un delito contra la Administración de Justicia, en el que se sanciona la no colaboración del sujeto que ha provocado el accidente en su identificación y en el esclarecimiento de los hechos, en el que se compele bajo la amenaza de una pena a una cooperación con la Administración de Justicia que puede ser decisiva para fundamentar una condena, es, en nuestra opinión, una interpretación del art. 382 bis CP que afecta al derecho a no incriminarse del art. 24.2 CE91. Sin embargo, no toda afectación de este derecho tiene que ser necesariamente inconstitucional, pues el derecho a no incriminarse tampoco es un derecho absoluto e ilimitado, que prevalezca frente a cualquier otro derecho, sino un derecho susceptible de ser ponderado con otros bienes o derechos protegidos constitucionalmente con los que puede entrar en colisión92. Se trata, por tanto, de comprobar si el sacrificio del derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable que se produce con la interpretación del delito de abandono del lugar del accidente como un delito contra la Administración de Justicia, está o no justificado, en función de si tal derecho debe ceder o, por el contrario, prevalece frente a otros bienes o derechos con los que pueda colisionar. Para ello, resulta pertinente referirnos al delito de omisión del deber de socorro, con el que el delito contenido en el art. 382 bis CP guarda, como tendremos ocasión de ver más adelante, una estrecha vinculación.

Vigente el Código penal de 1973, Zugaldía Espinar se mostró crítico con el castigo de la omisión del deber de socorro en los casos en que el omitente causaba de forma imprudente la situación de peligro manifiesto y grave. La acción de socorro exigida en estos casos facilita el descubrimiento del delito imprudente previamente cometido, lo que constituye una errada excepción al principio de la impunidad del autoencubrimiento y una vulneración del derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable contenido en el art. 24.2 CE, que lleva a este autor a proponer que a los causantes por imprudencia del accidente ni siquiera se les aplique el tipo básico de la omisión del deber de socorro93. Más recientemente, ya en vigor el Código penal de 1995, Portilla Contreras, con argumentos similares, propone de lege ferenda que el desvalor de la omisión del deber de auxilio a la propia víctima imprudente sea absorbido por el delito correspondiente al resultado imprudentemente causado, tal y como ocurre cuando el delito previamente cometido es doloso94.

Como señalan estos autores, el cumplimiento del mandato implícito en el tipo agravado de omisión del deber de socorro del inciso segundo del art. 195.3 CP puede, sin duda, facilitar a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad su tarea de perseguir delitos. El socorro al que está obligado el sujeto que ha causado el accidente de forma imprudente conllevará en muchos casos su propia identificación, cuando no el acceso y control del instrumento del delito, lo que va a resultar determinante para poder fundamentar un castigo. En este sentido, se compele al sujeto a una actuación, la de socorrer, que en muchos casos va a facilitar el acopio de pruebas sobre las que basar su propia condena95. También aquí resulta afectado el derecho a no incriminarse del art. 24.2 CE, siempre que concibamos este derecho del modo más arriba indicado, con un contenido más amplio que el que le otorga el Tribunal Constitucional96. No obstante, en nuestra opinión, tal afectación no hace de la omisión del deber de socorro agravada un delito contrario a la Constitución.

El delito de omisión del deber de socorro no protege la Administración de Justicia, aunque, como hemos visto, en alguna de sus modalidades, el cumplimiento del mandato implícito en el tipo contribuya a facilitar la labor de investigación de la policía. La finalidad de este delito es proteger, para unos de forma directa97, para otros mediatamente98, los bienes jurídicos personales de mayor importancia: vida, integridad física y salud, a los que un sector de la doctrina adiciona la libertad, libertad sexual e, incluso, la dignidad de la persona99. Cuando alguien causa de forma imprudente la situación típica de la omisión del deber de socorro, su derecho a no incriminarse debe ceder frente al derecho a la vida, integridad física, salud, etc., de la persona que se encuentra desamparada y en peligro manifiesto y grave. En estos casos, el sacrificio del derecho a no incriminarse está justificado por entrar en colisión con intereses claramente superiores. Nada de esto ocurre, por el contrario, en el delito de abandono del lugar del accidente concebido como un delito contra la Administración de Justicia. No hay aquí bienes jurídicos individuales que entren en colisión con el derecho del sujeto a no incriminarse, sino únicamente un conflicto entre este derecho y el interés del Estado en la persecución de los delitos. En este contexto, el derecho individual a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable no debería verse sacrificado en favor de un interés que, por lo demás, puede verse satisfecho igualmente a través de un potente aparato de persecución estatal sin necesidad de que el sujeto infractor tenga que colaborar. Por todo ello, creemos que la interpretación del abandono del lugar del accidente como un delito contra la Administración de Justicia puede ser contraria al art. 24.2 de nuestra Constitución.

3.3. Las legítimas expectativas resarcitorias de las víctimas y familiares

Un sector minoritario de la doctrina defiende, ya como complemento a otro bien jurídico, ya como único objeto de protección, las legítimas expectativas resarcitorias de las víctimas y familiares. Esta es la opinión de Escudero García-Calderón, para quien «el bien jurídico protegido en este delito únicamente puede ser la legítima expectativa resarcitoria de las víctimas y de sus familiares; más concretamente, el derecho a una indemnización civil que tienen las víctimas en caso de accidente con heridos, y los familiares en caso de accidente con víctimas mortales. Para que esa expectativa no se frustre se hace necesaria la conservación de las pruebas y, muy especialmente, la identificación de los partícipes en el accidente»100. Por su parte, Lanzarote Martínez sostiene que lo que se trata de proteger de forma preponderante en el delito de abandono del lugar del accidente son «las legítimas expectativas de las víctimas de un accidente de tráfico [...] de ser resarcidas de los perjuicios irrogados y el autor de éstos sancionado adecuadamente [...] aun cuando esto tenga como presupuesto la investigación que puede verse frustrada con la huida»101.

El art. 1.1, párrafo segundo, del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, modificado por el artículo único de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, dispone que en el caso de daños a las personas el conductor de un vehículo de motor quedará exonerado de esta responsabilidad «cuando pruebe que los daños fueron debidos a la culpa exclusiva del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo». Si lo que protege el delito de abandono del lugar del accidente es el derecho a que las víctimas sean indemnizadas civilmente, estos supuestos deberían quedar fuera del ámbito de protección del art. 382 bis CP, de tal manera que el abandono de la víctima fallecida, cuando el accidente se haya debido exclusivamente a su imprudencia, quedaría impune, lo que no parece que fuera la intención del legislador102. Por otro lado, si atendemos al principio de intervención mínima que rige en Derecho penal, no resulta fácil defender un bien jurídico de estas características103, y si se hace, habría que explicar, por ejemplo, por qué las legítimas expectativas resarcitorias de la víctima merecen protección cuando las lesiones o la muerte se causan de forma imprudente, y no cuando se producen de manera dolosa, o por qué se protege en el art. 382 bis CP el derecho de las víctimas a ser resarcidas únicamente cuando estas lo son en el ámbito de la siniestralidad vial, y quedan excluidos otros ámbitos de actividades igualmente peligrosas, cuando son precisamente las víctimas de accidentes ocasionados con vehículos de motor las que están especialmente amparadas por el Consorcio de Compensación de Seguros, al disponer el art. 11.1.a) del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, que corresponde a esta entidad pública «indemnizar a quienes hubieran sufrido daños en sus personas, por siniestros ocurridos en España, en aquellos casos en que el vehículo causante sea desconocido»104. Si hay un espacio de responsabilidad civil que no necesita de un reforzamiento penal, este es el de la siniestralidad vial105.

3.4. La solidaridad humana

Como ya se ha visto, el preámbulo de la LO 2/2019, de 1 de marzo, alude, entre aquello que se pretende sancionar con el delito de abandono del lugar del accidente, a «la falta de solidaridad con las víctimas, penalmente relevante por la implicación directa en el accidente previo al abandono». Esto ha dado pie a que un sector minoritario de la doctrina defienda, sin mucha convicción, la solidaridad humana como bien jurídico protegido por el delito del art. 382 bis CP106. En la misma línea, la STS 1/2023, de 18 de enero, FD primero (ECLI:ES:TS:2023:145) recuerda que el preámbulo de la LO 2/2019 «invoca, como razón de incriminación, la ruptura de los deberes de ciudadanía basados en el valor de la solidaridad, pretendiendo con ello “cubrir supuestos de difícil encaje en el delito de omisión del deber de socorro por faltar el elemento objetivo de la existencia de una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave”». La opinión mayoritaria, sin embargo, ha puesto en duda, con razón, que la solidaridad humana pueda ser el objeto de protección del delito de abandono del lugar del accidente107.

La pretensión de convertir la solidaridad humana en objeto de protección del derecho penal ha gozado de cierto arraigo en los ordenamientos jurídicos europeos. En España, la ley de 17 de julio de 1951, que, entre otras cosas, derogó el art. 583.7.º del Código penal de 1944 e introdujo en su nuevo art. 489 bis una regulación de la omisión del deber de socorro semejante a la actual, advertía en su preámbulo sobre la insuficiencia de la regulación previa «para salvaguardar el bien jurídico de la solidaridad humana, siempre de valía inestimable, y que en los tiempos actuales ha alcanzado relieve legislativo de alta importancia en las disposiciones protectoras y de auxilio dictadas por el Poder público [...] por lo que se hace preciso incorporar a su articulado como delitos y faltas las dos formas que pueden ofrecerse de omisión de socorro a personas en peligro y la relativa al deber incumplido de impedir determinados delitos contra las personas, coincidiendo así con la orientación señalada por la doctrina y las más modernas legislaciones extranjeras»108. Con esta vehemencia mostrada por la citada ley en apuntalar aquello que debía ser objeto de protección en estas figuras delictivas, no es de extrañar que la doctrina de la época defendiese, también con entusiasmo, la solidaridad humana como bien jurídico protegido por el delito de omisión del deber de socorro109. Sirva como exponente de esto que decimos Alamillo Canillas, para quien la solidaridad humana consistía «en un vínculo íntimo entre los hombres que les hace sentirse ligados entre sí y les faculta para exigirse ayuda y protección en determinados momentos. Y esto, que en un principio estuvo refugiado en el sagrado campo de la moral cristiana, ha cobrado hoy todo su vigor social, viniendo a constituir un verdadero bien jurídico exigible, imponible y, desde luego, protegible»110. Con el tiempo, este anhelo por proteger penalmente la solidaridad humana fue perdiendo brío. A este efecto de desapego ha contribuido, sin duda, el papel protagonista que se le otorgó al deber de solidaridad en algunos de los regímenes totalitarios del siglo XX. El nacionalsocialismo alemán introdujo un deber general de solidaridad activa, consecuencia del sometimiento del individuo a la consecución del fin primordial: la pervivencia de la comunidad111. Los intereses personales se supeditan al provecho de la comunidad. Esta se erige en «valor supremo conformador de la moral, la política y el Derecho [...]. Dada la trascendencia de la comunidad como valor esencial, anterior y superior a los individuos, la solidaridad se convertirá no en una virtud moral, sino asimismo en un deber público»112. Otro tanto ocurrió en el fascismo italiano. El art. 593 del Código penal de 1930 —Código Rocco— eliminó la cláusula contenida en el art. 389 del Código Zanardelli de 1889 que excluía de responsabilidad al omitente de socorro cuando existía un peligro considerable para su integridad física o su vida113. En los trabajos preparatorios de aquella regulación, se justificó la supresión de la citada cláusula en que esta «favorece en la práctica la inmoralidad, que no se corresponde con la más elemental concepción de la solidaridad humana, que es propia de nuestra civilización. Se impone el deber de prestar socorro aunque ello suponga el sacrificio de la propia integridad personal»114. Esta exacerbación del deber de solidaridad en estos regímenes totalitarios del siglo XX, como decimos, ha contribuido a que se haya ido abandonando paulatinamente la idea de que la solidaridad humana sea el único bien jurídico protegido en el delito de omisión del deber de socorro. Hoy en España, los autores que siguen mencionando la solidaridad humana al tratar el bien jurídico protegido en el delito de omisión del deber de socorro lo hacen conectándola a la seguridad de otros bienes jurídicos personales, como la vida, la integridad física o la salud115.

Si nos hemos detenido brevemente en la evolución del objeto de protección en el delito de omisión del deber de socorro es porque, como hemos visto, el preámbulo de la LO 2/2019, de 1 de marzo, al igual que hiciera la ley de 17 de julio de 1951, vuelve a colocar la solidaridad humana en el centro de la discusión. Solo que ahora, en relación con el delito de abandono del lugar del accidente, se pretende ir todavía más lejos, pues como señala cándidamente la STS 1/2023, de 18 de enero, FD primero (ECLI:ES:TS:2023:145), se persigue «cubrir supuestos de difícil encaje en el delito de omisión del deber de socorro por faltar el elemento objetivo de la existencia de una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave». A través de la solidaridad humana se pretende explicar, y justificar, el castigo de un comportamiento que queda extramuros del delito de omisión del deber de socorro por tratarse de víctimas que no se encuentran desamparadas o en peligro manifiesto y grave. Un deber de solidaridad tan desmesuradamente concebido es propio de Estados basados en postulados comunitaristas, en los que la solidaridad es una exigencia natural de la vida en sociedad, donde se priorizan los intereses de la colectividad en detrimento de la libertad y autonomía personales, y donde resulta más sencillo que acaben difuminándose las líneas que separan el derecho y la moral116. Por el contrario, en una sociedad como la nuestra, que tiene como valores centrales la libertad y la autonomía de los ciudadanos, la imposición penal de un deber de solidaridad de estas características no estaría legitimado por suponer una injerencia inaceptable en esos valores117. Solo encontraría una fundamentación viable cuando aquel esté supeditado a la existencia de determinadas situaciones de riesgo, esto es, cuando se encamina a la protección de bienes jurídicos individuales de particular importancia118. Rechazamos, por tanto, como hace la opinión mayoritaria, que la solidaridad humana sea el bien jurídico protegido por el delito de abandono del lugar del accidente119.

3.5. Toma de postura

No resulta sencillo encontrar una justificación atendible acerca de la necesidad político-criminal del delito contenido en el art. 382 bis CP. Como hemos visto, existen verdaderas dificultades para precisar, en relación con esta figura delictiva, un bien jurídico con entidad suficiente para ser protegido por el Derecho penal. Pero es una obviedad decir que el delito de abandono del lugar del accidente está vigente y, en consecuencia, hay que encontrarle un ámbito de aplicación, aunque los resultados que se obtengan no sean enteramente convincentes.

La reforma operada por la LO 2/2019, de 1 de marzo, es el colofón de una iniciativa legislativa popular que tuvo su origen en un suceso en el que un camionero, tras atropellar a un ciclista y causarle la muerte, abandonó el lugar del accidente120. Inicialmente se le imputó al conductor del camión un delito de homicidio y otro delito de omisión del deber de socorro, pero la causa fue finalmente archivada, pues el posible homicidio por imprudencia leve, como se sabe, se despenalizó por la LO 1/2015, de 30 de marzo, y, en cuanto al delito de omisión del deber de socorro, se consideró que no procedía su aplicación por inexistencia de una persona en peligro manifiesto y grave, al tratarse de una víctima ya fallecida en el momento del abandono121. Nos interesa ahora detenernos en esta última cuestión.

El párrafo segundo del art. 52 del Código penal de 1973 preveía la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley para el delito consumado «en los casos de imposibilidad de ejecución o de producción del delito». Con base en este precepto, la jurisprudencia de la época castigaba por tentativa imposible de omisión del deber de socorro los supuestos en los que se omitía el auxilio de una persona ya fallecida en la creencia errónea de hallarse todavía frente a alguien desamparado y en peligro manifiesto y grave122. Como muestra de esto que decimos, la STS 7084/1989, de 5 de diciembre (ECLI:ES:TS:1989:7084) aclaraba que «si la persona accidentada no sobrevive al siniestro, sino que de forma inmediata, al mismo instante del impacto, deja de existir a consecuencia de la gravedad de las lesiones padecidas, realmente no existe situación de desamparo en la misma ni, por consiguiente, exigencia de atendimiento y ayuda; el acto de socorro demandado por la norma ha de ser potencialmente apto para modificar o influir en el curso del acontecimiento, claudicando cuando las lesiones han provocado la muerte instantánea de la víctima. Es doctrina compartida la de que en tales casos puede configurarse la existencia de un delito imposible por ausencia de sujeto pasivo conforme a lo prevenido en el párrafo segundo del artículo 52 del Código Penal, y siempre que el hecho no quepa adscribirlo a la hipótesis del delito putativo. Si el agente se ausenta del lugar, omitiendo todo intento de auxilio creyendo encontrarse ante un hombre grave o moribundo, cuando realmente es ya cadáver, la tentativa imposible se define en todos sus caracteres; el sujeto activo yerra sobre uno de los elementos fácticos del tipo»123.

Con la entrada en vigor del Código penal de 1995, sin rastro ya de lo que había sido el contenido del párrafo segundo del art. 52 del Código penal anterior, la jurisprudencia comienza a dar a estos supuestos soluciones dispares. Hay sentencias que siguen castigando por tentativa de omisión del deber de socorro a quien abandona a la víctima ya fallecida creyendo que todavía se mantiene con vida. Es el caso, por ejemplo, de la SAP de León 399/1998, de 30 de marzo (ECLI:ES:APLE:1998:399): «La falta del elemento típico señalado —persona desamparada y en peligro manifiesto y grave— sólo significa que el delito no ha llegado a consumarse por una causa independiente de la voluntad del agente, cual es el fallecimiento instantáneo de la víctima, pero ello no puede significar que su conducta no merezca ser reprochable penalmente, y para ello no es necesario acudir a criterios morales, sino a hechos objetivos y plenamente demostrables. El acusado huye del lugar de autos, desconociendo el fallecimiento inmediato de la víctima, despreocupándose del accidente por él causado y temeroso de las consecuencias que le podía reportar lo acaecido, según él mismo confiesa, provocando su actuación una evidente alarma social y siendo también socialmente reprochable. Dicha conducta ha de calificarse jurídicamente como constitutiva de la figura del delito imposible o de la tentativa inidónea y que aparece penalmente sancionada en el artículo 52 párrafo segundo del anterior Código Penal y que castiga como tentativa los mencionados supuestos. Es cierto, y en ello se basa el recurso del Ministerio Fiscal, que el Código Penal actual no contiene un precepto que sancione tan explícitamente la tentativa inidónea o el delito imposible, sin embargo, ello no puede significar que, para el legislador de 1995, la conducta descrita deje de ser socialmente reprochable e impune, antes bien al contrario. Así cuando el artículo 62 del nuevo Código penaliza la tentativa, gradúa la sanción “atendiendo al peligro inherente al intento”, y es evidente, y la Sala así lo estima, que en el caso de autos, la peligrosidad que el acusado revela con su comportamiento es manifiesta en razón a todo lo expuesto»124. Pero, como decimos, tras la entrada en vigor del Código penal de 1995, comienzan a surgir resoluciones que defienden abiertamente la impunidad de estos supuestos125. Un ejemplo de esta corriente jurisprudencial es la SAP de Almería 848/2004, de 28 de junio (ECLI:ES:APAL:2004:848): «el vigente Código Penal de 1995 no regula la tentativa inidónea ni alude a ella, sino que, por el contrario, exige que el sujeto haya realizado “todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado”, según dispone el art. 16.1 con expresa referencia a la aptitud objetiva de los actos realizados en relación con el fin pretendido, al contrario de lo que ocurría bajo el imperio del anterior Código de 1973 [...], cuyo art. 52.2 regulaba específicamente como punible la tentativa inidónea. Esta novedosa regulación ha ido dando lugar al asentamiento de una homogénea jurisprudencia del Tribunal Supremo en el sentido de que la inidoneidad absoluta queda fuera del ámbito penal, como quedan fuera los delitos absolutamente imposibles por inexistencia de objeto, manteniéndose no obstante la punición de la inidoneidad relativa [...]. Ello, trasvasado al ámbito del delito de omisión del deber de socorro, supone que no será punible tal conducta cuando el sujeto pasivo del delito haya perdido la vida con anterioridad a la conducta omisiva del agente, ya que, en tal caso, el delito carecería manifiestamente de objeto [...]. En definitiva, cuanto se ha expuesto lleva a afirmar que la víctima del delito contra la vida falleció de inmediato, que por tanto su auxilio se revelaba ya como absolutamente imposible y que, por tanto, la conducta consistente en ausentarse sin tratar de ayudarle es atípica [...]». Esta última corriente jurisprudencial parece haberse consolidado en las SsTS 1159/2021, de 30 de marzo (ECLI:ES:TS:2021:1159) y 751/2022, de 24 de febrero (ECLI:ES:TS:2022:751)126. De acuerdo con la primera de estas sentencias, «el art. 195 del CP incluye en el tipo objetivo una situación de desamparo, un peligro grave y manifiesto que impone el deber de actuar omitido por el sujeto activo. Por tanto, la capacidad de recibir ese socorro es un elemento del tipo cuya ausencia hace imposible el juicio de subsunción [...]. El art.16 del CP ha redefinido la tentativa frente a su concepción más clásica, añadiendo la expresión “objetivamente” (“practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado”). Objetivamente quiere decir que el plan o actuación del autor, así como los medios utilizados, “objetivamente” considerados, son racionalmente aptos para ocasionar el resultado. Quedan fuera de la reacción punitiva [...] los supuestos de delitos imposibles stricto sensu por inexistencia absoluta de objeto, que carecen de adecuación típica (falta de tipo); es decir los casos que la doctrina jurisprudencial denominaba inidoneidad absoluta. En ninguno de estos casos los actos deberían objetivamente producir el resultado típico [...]. En el supuesto que centra nuestra atención, la muerte instantánea sufrida por la víctima y descrita como tal en el hecho probado, encierra una inidoneidad absoluta. No se puede socorrer a quien ya no es susceptible de ser socorrida. Y precisamente por ello no se puede castigar la omisión de una acción esperada cuando, de haberse realizado esa acción, en nada habría afectado a la indemnidad del bien jurídico protegido, sea éste la seguridad de la vida e integridad física, sea la solidaridad».

Tampoco la doctrina ofrece una misma solución a estos supuestos. Molina Fernández se muestra partidario de castigarlos por tentativa inidónea de omisión del deber de socorro, pues «parece indudable que en estos casos sí se da una peligrosidad ex ante, si la peligrosidad se entiende como lo hace la doctrina: juicio de pronóstico basado en los conocimientos del autor al realizar el hecho pero realizado por un observador objetivo que aporta los conocimientos del hombre medio en dicha situación»127. Frente a esta postura, un sector importante de nuestra doctrina defiende, con distintos razonamientos, la impunidad en estos casos128.

La fuerte resistencia en doctrina y, sobre todo, jurisprudencia a castigar por tentativa de omisión del deber de socorro a quien abandona a la víctima fallecida en la creencia de estar ante una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave, propició, como ya se ha dicho, la reforma llevada a cabo por la LO 2/2019, de 1 de marzo, más concretamente la introducción en nuestro Código penal del delito de abandono del lugar del accidente129. Esto, desde luego, no tiene necesariamente que condicionar la exégesis que se haga de la regulación de este delito en el art. 382 bis CP, pero sí es un indicador de las necesidades político-criminales que ha venido a cubrir esta infracción, y, por tanto, una guía que puede orientar su interpretación. Rechazados, por las razones ya expuestas, los bienes jurídicos hasta ahora analizados como objetos de protección del delito de abandono del lugar del accidente, vamos a tratar de ofrecer de aquí en adelante una posible interpretación de este delito.

El art. 382 bis CP castiga expresamente determinadas tentativas de omisión del deber de socorro de las modalidades contenidas en el art. 195.3 CP. Tipifica aquel precepto supuestos de error inverso de tipo o también llamados errores de tipo al revés130: el autor supone erróneamente que concurren los elementos objetivos del tipo de una omisión del deber de socorro del art. 195.3 CP131. El sujeto activo del delito, que ha de ser un conductor de vehículo de motor o ciclomotor, y haber causado fortuita o imprudentemente la muerte o alguno de los resultados de lesiones de los artículos 147.1, 149 y 150 CP a una o varias personas, cree erróneamente, cuando abandona el lugar de los hechos, que deja tras de sí a una o varias personas desamparadas y en peligro manifiesto y grave. En concreto, la suposición errónea del autor puede consistir en que la víctima queda desamparada —cuando en realidad está siendo convenientemente atendida— o en que la víctima se encuentra en peligro manifiesto y grave —cuando esta circunstancia no se da objetivamente por no ser la lesión causada de entidad suficiente o haber fallecido la víctima—. Los supuestos en los que el sujeto conoce que la víctima de su comportamiento fortuito o imprudente no se encuentra desamparada o no es una persona en peligro manifiesto y grave —por ejemplo, por saber que ya está muerta— quedan, en nuestra opinión, extramuros del tipo del delito de abandono del lugar del accidente del art. 382 bis CP.

Esta exégesis del delito de abandono del lugar del accidente, que se irá precisando y completando al analizar algunos de los elementos de la figura delictiva, condiciona su objeto de protección. El bien jurídico protegido por este delito está supeditado al defendido en la omisión del deber de socorro. Es necesario, por ello, siquiera brevemente, detenernos en los principales posicionamientos actuales sobre esta cuestión.

Señala con razón Gómez Tomillo que en pocos delitos se encuentra una variedad tan amplia de posturas acerca del bien jurídico objeto de tutela como en el delito de omisión del deber de socorro132. Lejos de exponer aquí, de manera pormenorizada, la diversidad de posicionamientos ofrecidos por doctrina y jurisprudencia sobre esta cuestión a lo largo de la historia de este delito, vamos a referirnos a las posturas que en la actualidad se defienden de forma mayoritaria. Sintetizando el análisis, podemos decir que hoy existe un cierto consenso en considerar que la finalidad última del delito de omisión del deber de socorro es proteger los bienes jurídicos personales de mayor importancia. La diferencia fundamental entre posturas radica en si tal protección ha de hacerse de forma directa o de manera mediata, y en la determinación de cuáles son los bienes jurídicos personales que resultan afectados133.

Los defensores de una tutela mediata de bienes jurídicos personales anteponen a estos un bien jurídico directamente protegido: la solidaridad humana, para unos, y la seguridad, para otros. En opinión de García Albero lo injusto material del delito de omisión del deber de socorro «descansa en la infracción de un deber de solidaridad, deber que en ningún caso convierte al delito en formal por circunscribirse a situaciones de peligro para los bienes mencionados —vida, integridad física y libertad ambulatoria—. Éstos constituyen, propiamente, la “ratio” del precepto, que no el bien jurídico directamente tutelado por la norma, y sirven para concretar los presupuestos de dicho deber sujetando la solidaridad penalmente exigida a aquella que resulte, en el caso concreto, necesaria y posible para la salvaguarda de los mismos [...]»134. Para Molina Blázquez, en un posicionamiento hoy minoritario, «el injusto material de este delito descansa, de una parte, en la infracción de un deber de actuar impuesto por el legislador, y de otra, en la lesión del bien jurídico seguridad personal, bien jurídico creado por el propio legislador al elevar el valor ético-social “solidaridad” a la categoría de “deber de actuar cuando los bienes jurídicos personalísimos ajenos se hallen en peligro grave”. Desde esta perspectiva el delito de omisión de socorro se configura como un delito de lesión del bien jurídico seguridad personal, aunque naturalmente la ratio legis del mismo se fundamente en el peligro que para esos bienes jurídicos personalísimos supone la conducta de no socorrer a quien no puede ayudarse a sí mismo»135.

En la actualidad, sin embargo, parece prevalecer, con sólidos argumentos, la opinión de los que estiman que en el delito de omisión del deber de socorro se protegen directamente los bienes jurídicos personales de mayor importancia, aunque no existe acuerdo en este sector doctrinal acerca de qué bienes jurídicos de naturaleza personal son los tutelados por esta figura delictiva136. Un sector de la doctrina los limita a la vida e integridad personal137. Otros autores añaden a estos, la libertad ambulatoria138 y la libertad sexual139. Y, finalmente, otros incluyen también la dignidad de la persona140.

De estas dos corrientes doctrinales mayoritariamente defendidas en la actualidad en relación con el objeto de tutela de la omisión del deber de socorro, la que postula la protección directa de bienes jurídicos personales es la que nos parece más correcta. Si, como hemos defendido, el art. 382 bis CP castiga expresamente determinadas tentativas de omisión del deber de socorro de las modalidades contenidas en el art. 195.3 CP, el bien jurídico protegido por el delito de abandono del lugar del accidente debe estar condicionado por el tutelado por el delito de omisión del deber de socorro. Teniendo en cuenta que el contexto fáctico al que se refiere el art. 382 bis CP es el de los accidentes causados por conductores de vehículos de motor o ciclomotores, resulta razonable colegir que los bienes jurídicos personales protegidos por este precepto quedan limitados a la vida y a la integridad y salud personales.

Como ya hemos advertido más arriba, tampoco la interpretación que acabamos de ofrecer está exenta de problemas. Algunos nos dirán que proponemos una exégesis que hace del abandono del lugar del accidente un delito innecesario. Esto es cierto si se parte de la idea, que compartimos, de que el Código penal vigente no ofrece impedimento alguno para castigar por tentativa de omisión del deber de socorro a quien abandona a la víctima en la creencia errónea de estar ante una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave, siempre que, en un juicio ex ante, para un observador objetivo, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto cognoscibles por el hombre medio más las conocidas por el autor, la concurrencia de los elementos objetivos del tipo de la omisión del deber de socorro —en concreto, la existencia de una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave— aparezca como posible. Pero, como hemos visto, esta opinión no parece ser mayoritaria en la doctrina y es rechazada enérgicamente por la jurisprudencia más reciente, por lo que la interpretación propuesta puede colmar una laguna de punibilidad que surgió con el Código penal de 1995 y se ha consolidado en los últimos años.

Otro de los problemas con los que tropieza la interpretación del delito de abandono del lugar del accidente sugerida por nosotros es el desajuste penológico que se observa en algunos supuestos. Si, como creemos, el art. 382 bis CP castiga expresamente determinadas tentativas de omisión del deber de socorro de las modalidades contenidas en el art. 195.3 CP, las penas previstas por aquel deberían ser, por su menor injusto, inferiores a las dispuestas por este último. Es lo que ocurre cuando el accidente previo ha sido causado de manera fortuita: el art. 195.3 CP, primer inciso, prevé una pena de prisión de seis a dieciocho meses, y el art. 382 bis.3 CP, en consonancia con el menor injusto que toda tentativa tiene respecto del delito consumado, una pena de prisión de tres a seis meses, a la que se adiciona, eso sí, la privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores de seis meses a dos años. Sin embargo, el equilibrio penológico que se da en este supuesto no se observa cuando el accidente se causa de forma imprudente, pues en este caso la omisión del deber de socorro consumada del último inciso del art. 195.3 CP se castiga con prisión de seis meses a cuatro años, y la modalidad contenida en el art. 382 bis.2 CP, con la misma pena de prisión más la privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores de uno a cuatro años. El legislador aquí, no solo ha tratado de cubrir una laguna de punibilidad propiciada en buena medida por la jurisprudencia, sino que ha equiparado en gravedad, probablemente de forma irreflexiva, comportamientos con un contenido de injusto diferente. No obstante, este problema también se percibe en otras formas de entender el contenido del art. 382 bis CP diferentes a la nuestra141.

Finalmente, el desajuste penológico al que nos hemos referido también se aprecia si atendemos al objeto de tutela del delito de abandono del lugar del accidente (en nuestra opinión, la vida y la integridad y salud personales). Volviendo a la omisión del deber de socorro, si alguien deja de auxiliar, pudiendo hacerlo, a dos o más personas desamparadas y en peligro manifiesto y grave, comete un concurso —real o ideal, según los casos142— de tantos delitos de omisión del deber de socorro como víctimas haya dejado de socorrer143. Esta pluralidad de delitos ha de encontrar reflejo en la pena finalmente impuesta al sujeto activo, que será mayor que la que le correspondería si se hubiera dejado de socorrer a una sola persona. Pues bien, esta solución del todo correcta y coherente con la circunstancia de estar protegiéndose bienes jurídicos individuales, no puede alcanzarse, por imposición legal, en el delito de abandono del lugar del accidente. Y así, el conductor de un vehículo de motor que, tras causar un accidente, abandona a varias víctimas ya fallecidas creyendo que todavía se encuentran en peligro manifiesto y grave, comete un concurso de delitos de abandono del lugar del accidente, pero será castigado, como impone el art. 382 bis.1 CP, como autor de un único delito, Esto es, se abandone a una o a varias víctimas, la pena es la misma. Vuelve aquí el legislador a equiparar supuestos de una gravedad no equivalente.

Con todo, y a pesar de todas estas dificultades, creemos que la propuesta planteada ofrece una explicación convincente acerca de la razón de ser y el contenido del delito de abandono del lugar del accidente.

4.1. Conducta típica

El art. 382 bis CP describe la conducta típica con el verbo abandonar —abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente—. La mayor parte de la doctrina considera que nos encontramos ante un delito de acción144. Es la opinión, entre muchos otros, de Castro Moreno, que, coherente con el bien jurídico que el autor juzga protegido en este delito —Administración de Justicia—, señala que el abandono es «aquel alejamiento físico que impida o perjudique el normal desarrollo de la investigación inicial, que pasa por la identificación de los sujetos que intervienen en el accidente y de las circunstancias que pudieron motivar el mismo»145. No obstante, aunque en posición muy minoritaria, no faltan autores que ven en el abandono del lugar del accidente del art. 382 bis CP un delito de omisión. Indica Escudero García-Calderón que «aunque únicamente se emplea el verbo abandonar, lo penalmente reprochable no es realmente establecer una separación espacial, sino establecerla sin haber posibilitado la identificación previamente [...]. Lo que castiga el legislador es el intento del conductor de evadirse de su responsabilidad civil, intento que se plasma en su fuga. Por tanto, el delito denominado “de abandono” bien podía haber sido el de la “omisión del deber de identificarse tras la causación de un accidente”, siendo el abandono la forma más fiable de constatar el dolo del sujeto [...]»146. Asimismo, García Amez concede al abandono del lugar del accidente la estructura de un delito de omisión propia. En opinión de este autor, en este delito se omiten dos comportamientos, por un lado, el deber de socorrer a la víctima del accidente de tráfico, deber este recogido en la legislación administrativa147, y por otro, el deber de permanecer en el lugar del accidente para esclarecer los hechos que han acontecido148.

Nuestra opinión sobre esta particular cuestión difiere también de la defendida por la doctrina mayoritaria, consecuencia obligada si se parte, como hacemos, de la idea de que el art. 382 bis CP eleva a la categoría de la tipicidad errores de tipo al revés sobre las modalidades de omisión del deber de socorro del art. 195.3 CP. En la base de lo injusto del delito de abandono del lugar del accidente se encuentra un comportamiento omisivo149. El conductor del vehículo de motor o ciclomotor, que ha causado fortuita o imprudentemente la muerte o alguno de los resultados de lesiones de los artículos 147.1, 149 y 150 CP a una o varias personas, no da principio a una actuación de socorro sobre quien o quienes supone, erróneamente, que se encuentra o encuentran en una situación de desamparo y de peligro manifiesto y grave. La esencia del contenido de lo injusto de este delito está constituida por un deber de comprobar o cerciorarse de las consecuencias del accidente150. Cumplido el mandato de comprobación de las circunstancias concretas en que se encuentra la víctima, y adquirido el conocimiento de no hallarse frente a una persona desamparada o en peligro manifiesto y grave, el abandono del lugar del accidente es un comportamiento atípico151.

El que hayamos considerado que la norma de determinación que subyace en el tipo del delito contenido en el art. 382 bis CP sea un mandato —el de comprobar las circunstancias concretas en que se encuentra la víctima—, parece entrar en contradicción con la utilización por el legislador de un verbo activo —abandonar— para describir el comportamiento típico de este delito. Pero la contradicción es solo aparente. Normalmente, en los delitos de omisión, el mandato de realizar una determinada y concreta acción implícito en el tipo conlleva al mismo tiempo la prohibición de ejecutar cualquier comportamiento activo que impida o dificulte cumplir con aquel mandato152. Se castiga, por tanto, la infracción del mandato sea cual sea el comportamiento realizado por el sujeto que haya imposibilitado su cumplimiento. Sin embargo, en el delito de abandono del lugar del accidente, la infracción del mandato consistente en comprobar el estado en que se encuentra la víctima tras el suceso solo es punible cuando el incumplimiento del deber tiene lugar por —o va acompañado de— la realización, no de cualquier comportamiento activo, sino exclusivamente de una concreta y determinada acción, la de abandonar o alejarse del lugar del accidente. Podemos decir entonces que en el delito del art. 382 bis CP se castiga la infracción de un mandato cuya contravención tiene lugar a través de la realización de una concreta acción: el abandono del lugar donde han ocurrido los hechos. Pero la esencia del contenido de lo injusto de este delito es, como ya hemos señalado, la infracción del deber de comprobar las circunstancias concretas en que se encuentra la víctima, por más que el legislador haya limitado el castigo de esta infracción a los supuestos en que la misma se deba a —o vaya acompañada de— la realización de una específica acción. La función que cumple la acción consistente en abandonar el lugar del accidente en el delito del art. 382 bis CP es, aparte de darle nombre, limitar el contenido de su injusto153. Por todo lo dicho, podemos considerar el abandono del lugar del accidente como un supuesto específico más que viene a integrar la categoría de los delitos de omisión por acción154.

4.2. La muerte o las lesiones de una o varias personas como consecuencia del accidente

La descripción contenida en el apartado 1 del art. 382 bis CP exige que el sujeto activo del delito, que ha de ser el conductor de un vehículo de motor o ciclomotor, haya causado como consecuencia de la conducción un accidente en el que fallecieren una o varias personas o en el que se les causare alguna de las lesiones a que se refieren los artículos 147.1, 149 y 150 CP155. La causación de un accidente derivado de la conducción de un vehículo de motor o ciclomotor por quien, posteriormente, abandona el lugar de los hechos conforma la situación típica de esta figura delictiva, esto es, la situación que hace surgir en el conductor del vehículo de motor o ciclomotor el deber de comprobar o cerciorarse de las circunstancias concretas en que se encuentra la víctima, deber este al que ya nos hemos referido. Debemos, sin embargo, aclarar si la exigencia de la producción de la muerte o de un resultado de lesiones de los artículos 147.1, 149 y 150 CP a una o varias personas, consecuencia del accidente, integra también la situación típica del delito de abandono del lugar del accidente.

Un amplio sector de la doctrina otorga la naturaleza de requisito típico a la muerte y a las lesiones derivadas del accidente, por lo que el autor, en el momento del abandono, tiene que conocer estos extremos. Es la opinión, entre otros, de Tamarit Sumalla, para quien «el dolo típico comprende ante todo el conocimiento por parte del sujeto activo de las circunstancias esenciales del “accidente”, que son básicamente dos: su intervención en la causación y que como consecuencia del mismo al menos una persona ha resultado fallecida o lesionada»156. Este planteamiento dogmático, defendido por buena parte de la doctrina, trae consigo la siguiente consecuencia: al conductor que abandona a la víctima fallecida en la creencia de estar ante una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave —supuesto este que bien podría tratarse del caso más arriba comentado que originó la introducción en nuestro Código penal del delito de abandono del lugar del accidente―, a quien doctrina y jurisprudencia hoy dominantes, como hemos visto, no castigan por tentativa de omisión del deber de socorro, tampoco podrían hacerlo por el delito de abandono del lugar del accidente, pues falta en el autor el necesario conocimiento (dolo) de abandonar a una persona fallecida. Faltaría aquí el tipo subjetivo de la figura157.

La muerte y el resultado de lesiones derivados del accidente a los que se refiere el apartado 1 del art. 382 bis CP no pueden ser, en la comprensión que hemos asignado a esta figura delictiva, parte integrante de la situación típica, esto es, elementos objetivos del tipo. Por lo que se refiere a la muerte de la víctima, la creencia errónea del sujeto activo de que concurren los elementos objetivos del tipo de una omisión del deber de socorro del art. 195.3 CP, fundamentalmente, la de dejar tras de sí a una o varias personas desamparadas y en peligro manifiesto y grave, —elemento subjetivo del tipo en nuestra interpretación del delito de abandono del lugar del accidente— es intrínsecamente incompatible con el necesario conocimiento de la muerte de la víctima si el fallecimiento de esta, consecuencia del accidente, fuera un elemento objetivo del tipo. En el caso de los resultados de lesiones de los artículos 147.1, 149 y 150 CP, no concurre tal incompatibilidad, pues la creencia errónea del sujeto activo de que la víctima se halla desamparada y en peligro manifiesto y grave es conciliable con el conocimiento de que la víctima del accidente ha sufrido uno de esos resultados. No obstante, si la muerte derivada del accidente no tiene —no puede tener— la naturaleza jurídica de un elemento objetivo del tipo, la lógica interna del precepto fundamenta la idea de rechazar asimismo tal naturaleza cuando la consecuencia del accidente no es la muerte de la víctima sino alguno de los resultados de lesiones de los artículos 147.1, 149 y 150 CP.

Rechazada la consideración de requisito típico a la muerte y al resultado de lesiones derivados del accidente, debemos precisar cuál es la naturaleza jurídica de estos elementos en el ámbito del delito de abandono del lugar del accidente. Y esta no es otra, en nuestra opinión, que la de condiciones objetivas de punibilidad158.

El tipo del delito de abandono del lugar del accidente queda completado cuando el conductor de un vehículo de motor o ciclomotor, que como consecuencia de su conducción ha causado un accidente, abandona el lugar de los hechos creyendo equivocadamente que deja tras de sí a una o varias personas desamparadas y en peligro manifiesto y grave. El tipo ejerce ya una evidente función limitadora, pues deja fuera de lo injusto penal los supuestos en los que el abandono es realizado por quien no ha causado el accidente o por quien, habiendo causado un accidente, no tiene lugar en el ámbito de la conducción de vehículos de motor o ciclomotores159. No basta, sin embargo, para que la conducta sea punible con que el conductor de un vehículo de motor o ciclomotor que ha causado un accidente abandone el lugar de los hechos en la creencia errónea de que la víctima del suceso queda desamparada y en peligro manifiesto y grave. Es necesario, además, que como consecuencia del accidente se produzca el fallecimiento o alguno de los resultados de lesiones comprendidos en los artículos 147.1, 149 y 150 CP de una o varias personas, circunstancias estas ajenas al tipo objetivo, y en consecuencia también al dolo, que restringen lo injusto culpable punible160.

4.3. La causación imprudente o fortuita del accidente

Los apartados 2 y 3 del art. 382 bis CP prevén penas diferentes para el autor del delito en función de si el accidente por él causado, y tras el cual abandona el lugar del suceso, lo ha sido de forma imprudente o fortuita. Dos son las cuestiones que debemos aclarar antes de poner el punto final a esta contribución: determinar qué ha de entenderse por accidente fortuito y por accidente imprudente, y precisar cuál es la naturaleza jurídica, en el marco del delito de abandono del lugar del accidente, del carácter imprudente o fortuito que ha de tener el comportamiento causante del accidente.

Generalmente se ha considerado causación fortuita la contribución causal a un hecho que no puede imputarse ni al dolo ni a la imprudencia del autor. En el ámbito del delito de omisión del deber de socorro, en el que, como se sabe, la causación fortuita de la situación de desamparo y de peligro manifiesto y grave de la víctima por parte del omitente da lugar a un tipo agravado, la doctrina se ha esforzado en buscar un criterio limitador que permita excluir de la agravación determinados comportamientos a pesar de haber contribuido causalmente a la producción del accidente161. La problemática no se presenta en iguales términos en el delito de abandono del lugar del accidente, pues el sujeto activo en este delito, a diferencia de en la omisión del deber de socorro, ha de ser el conductor de un vehículo de motor o ciclomotor, y el accidente debe producirse como consecuencia de la conducción, por lo que el tipo incorpora ya determinados límites que son un eco de los manejados por la doctrina en la exégesis del delito de omisión del deber de socorro. Así y todo, estas limitaciones típicas no nos exoneran de la tarea de decidir si es o no suficiente para poder aplicar el apartado 3 del art. 382 bis CP con la presencia de una mera relación de causalidad entre la conducción de un vehículo de motor o ciclomotor y el accidente producido.

Aunque la casuística es amplia, y la solución de alguno de los supuestos resulta, como veremos, controvertida, podemos manejar el concepto de riesgos típicos de una actividad permitida, utilizado por la doctrina en el ámbito del delito de omisión del deber de socorro162, siendo aquí la actividad permitida la conducción de vehículos de motor o ciclomotores. De este modo, nos encontraremos en la órbita del apartado 3 del art. 382 bis CP cuando el accidente causado por la conducción no imprudente del sujeto activo del delito se debe a un riesgo típico, inherente o connatural a la propia actividad consistente en conducir un vehículo de motor o ciclomotor. Compartimos la opinión de que son riesgos propios de la conducción los fallos mecánicos o de otra índole del vehículo de motor o ciclomotor, así como los derivados de un mal estado de las vías o de las condiciones meteorológicas adversas163. Más discutidos son los casos en los que el accidente tiene lugar por el comportamiento imprudente de la víctima. Dopico Gómez-Aller, en un sugestivo y riguroso análisis acerca de la imputación de sucesos lesivos a conductas lícitas en las omisiones de socorro tras accidente fortuito, ofrece distintas soluciones dependiendo de quién es la víctima cuyo comportamiento imprudente ha contribuido al accidente. Si se trata del conductor de otro vehículo, debe atribuirse el accidente, en su opinión, al conductor infractor (víctima), por lo que si el conductor que se ha comportado conforme a las normas de tráfico omite el socorro debido, realizará el tipo básico del delito de omisión del deber de socorro, y no el tipo agravado del primer inciso del apartado 3 del art. 195 CP. En caso de que la víctima imprudente sea un peatón, Dopico Gómez-Aller vuelve a introducir distinciones. Los atropellos a niños son para este autor riesgos típicos o inherentes a la conducción correcta de vehículos de motor o ciclomotores, por lo que la posterior omisión del deber de socorro realiza el tipo agravado del primer inciso del art. 195.3 CP164. Para el resto de peatones, el criterio decisivo es la gravedad de la imprudencia: en opinión de este autor quedan fuera de este último tipo delictivo los supuestos en los que el peatón ha sido atropellado por haber este infringido gravemente las reglas de interacción en el tráfico; mientras que considera un riesgo inherente a la conducción el atropello de peatones que han infringido de forma leve las reglas de tráfico, lo que dará lugar, en caso de que se omita el socorro, a la aplicación del tipo agravado165.

En el delito de omisión del deber de socorro, la exclusión de un peligro de lo que Dopico Gómez-Aller considera riesgos típicos de una actividad permitida, nos lleva a la no aplicación del tipo agravado contenido en el primer inciso del art. 195.3 CP, pero no a la impunidad de la conducta, pues queda abierta la posibilidad de aplicar la modalidad básica. Esto no ocurre en el delito de abandono del lugar del accidente, en el que la causación fortuita del accidente es el presupuesto mínimo para poder aplicar el art. 382 bis CP: si la producción del accidente ni siquiera es fortuita, y solo lo será para este autor cuando el riesgo generado es típico o inherente a la actividad permitida, la conducta será impune. Por eso las soluciones dadas en el marco del delito de omisión del deber de socorro no resultan tan satisfactorias cuando se trasladan al ámbito del delito de abandono del lugar del accidente. Por otro lado, aunque la casuística tratada por este autor es representativa de lo que ocurre en la vida cotidiana, nos intriga saber cómo habría resuelto los casos en los que la víctima imprudente es un peatón anciano o ebrio —¿del mismo modo que si es un niño?—, o un ciclista —¿igual que si es el conductor de un vehículo?―.

La conducción de vehículos de motor y ciclomotores ha sido y es una actividad de alto riesgo. La infinidad de interacciones que a diario mantienen conductores, ciclistas y peatones en un mismo espacio físico, la vía pública, no siempre en adecuadas condiciones, constituye un ambiente propicio para un sinnúmero de percances de mayor o menor consideración, la mayor parte de las veces motivado por la inobservancia de conductores, peatones y ciclistas de alguna de las muchas normas de circulación que regulan esta actividad. Hemos interiorizado, y hasta normalizado, el riesgo que supone hoy conducir un vehículo de motor o ciclomotor, y en esta asunción del riesgo admitimos también como connatural al tráfico vial que alguno de los participantes en este pueda comportarse de un modo imprudente. Este parece ser el trasfondo del art. 13.1 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, cuando obliga al conductor a «estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo», y lo compele al aproximarse a otros usuarios de la vía a «adoptar las precauciones necesarias para su seguridad, especialmente cuando se trate de niños, ancianos, personas ciegas o en general personas con discapacidad o con problemas de movilidad». Por ello, creemos que son riesgos típicos o connaturales a la conducción de vehículos de motor o ciclomotores los accidentes causados por el comportamiento imprudente de la víctima, sea esta otro conductor, un peatón o un ciclista166. Somos partidarios, por tanto, de aplicar el apartado 3 del art. 382 bis CP a los supuestos en los que la causación del accidente tiene lugar por la concurrencia de la conducción correcta del sujeto activo y de la imprudencia de la víctima167.

En cuanto a la causación imprudente del accidente (art. 382 bis.2 CP) en el que se ha provocado la muerte o alguno de los resultados de lesiones comprendidos en los artículos 147.1, 149 y 150 CP de una o varias personas, el supuesto abarca en nuestra opinión la imprudencia grave, la menos grave y la leve. El apartado 2 del art. 382 bis CP se refiere a los hechos que tuvieran su origen en una acción imprudente del conductor, sin más precisiones, expresión esta que acoge sin dificultad cualquier tipo de imprudencia168. Excluir la imprudencia leve del art. 382 bis CP nos lleva al contrasentido de castigar lo menos —casos en los que se causa el accidente de manera fortuita— y dejar impune lo más —cuando el accidente se ocasiona por imprudencia, aunque sea leve169—. Y equiparar, como hace algún autor170, la imprudencia leve al caso fortuito, para así castigar el supuesto con menor pena, resulta bienintencionado pero irrespetuoso con el tenor del precepto, pues se pretende que algo —la imprudencia leve— deje de ser lo que es —imprudencia— para convertirlo en algo que no es —caso fortuito—.

Finalmente, como ya se anticipó al inicio de este epígrafe, resulta necesario precisar cuál es la naturaleza jurídica del carácter imprudente o fortuito que ha de tener el comportamiento causante del accidente. Hemos defendido más arriba que la causación del accidente derivado de la conducción de un vehículo de motor o ciclomotor por quien, posteriormente, abandona el lugar de los hechos conforma la situación típica de esta figura delictiva, y como tal, debe ser conocida por el sujeto activo. La duda que surge es si el carácter imprudente o fortuito del comportamiento causante del accidente también forma parte del tipo objetivo, y, en consecuencia, tiene que ser abarcado por el dolo del autor.

En caso de considerar tal carácter, como creemos que ha de hacerse171, parte integrante del tipo objetivo —elemento normativo del tipo—, la mayor dificultad se presentará no tanto en el grado de conocimiento que habrá de exigir el dolo, que como sabemos no es preciso que implique una valoración o subsunción jurídicamente exacta172, siendo suficiente un conocimiento vulgar o profano de lo que ha de entenderse por causación fortuita o imprudente173, como en los probables supuestos de error. En efecto, al tratarse de dos modalidades que mantienen entre ellas una relación de exclusión, con elementos lógicamente incompatibles entre sí174, si el sujeto activo cree que la conducción que ha causado el accidente es correcta cuando en realidad se trata de una conducción imprudente, no podrá castigarse por la modalidad del apartado 2 del art. 382 bis CP por faltar el tipo subjetivo, ni tampoco por la modalidad contenida en su apartado 3, al menos en grado de consumación, porque faltaría un elemento objetivo del tipo —el carácter fortuito de la causación—. En el supuesto contrario, si el sujeto activo cree que su conducción ha sido imprudente cuando en rigor la causación del accidente ha sido de forma fortuita, no podrá castigarse por la modalidad del apartado 3 del art. 382 bis CP, esta vez por faltar su tipo subjetivo, ni por la del apartado 2, al menos consumada, por ausencia de uno de sus elementos objetivos —el carácter imprudente de la causación del accidente—. Estos problemas, que también se presentan en las modalidades agravadas de omisión del deber de socorro, podrían haberse evitado con una técnica legislativa más depurada175.