1.2.1. Previo examen a la libertad de expresión

A la hora de analizar la eventual relevancia penal de esta clase de conductas no puede obviarse que, junto al bien jurídico protegido por el tipo penal que se pretende (dignidad de las instituciones cuestionadas), también se encuentra en juego uno de los valores y derechos fundamentales básicos de un estado democrático como es la libertad ideológica y de expresión (arts. 16.1 y 20.1 CE)8.

En estas condiciones, subraya la doctrina constitucional que resulta obligado realizar una cuidadosa ponderación entre los bienes jurídicos y derechos en liza9. Habrá que valorar si en el específico caso, atendiendo a las concretas circunstancias del supuesto sometido a análisis, se ha producido o no una extralimitación en el ejercicio de la libertad de expresión merecedora de un reproche penal, pues incluso "la superación de los ámbitos protegidos por las libertades ideológicas y de expresión no implica directamente la tipicidad de las conductas"10. Y ello porque la libertad de expresión (conectada con la libertad ideológica) tiene una dimensión institucional como garantía de una sociedad libre, plural y democrática11.

Si bien la legislación penal otorga una amplia protección a la buena fama y al honor de las personas, así como a la dignidad de las instituciones, mediante la tipificación de los delitos de injuria, calumnia y falta de respeto a las instituciones y autoridades, el reconocimiento constitucional de las libertades de expresión y de información ha modificado la forma de afrontar el enjuiciamiento de los delitos contra el honor en aquellos supuestos en los que la conducta haya sido realizada en ejercicio de dichas libertades, pues la dimensión constitucional del conflicto hace insuficiente el criterio subjetivo del animus iniuriandi que se utilizaba tradicionalmente por la jurisprudencia para el enjuiciamiento de este tipo de delitos12.

Ello supone el traslado del enjuiciamiento a un plano distinto de manera que el Juez penal debe examinar en aquellos casos en los que se haya alegado el ejercicio legítimo de los derechos del art. 20.1 a) y d) CE, como cuestión previa a la aplicación del pertinente tipo penal a los hechos declarados probados, si estos no han de encuadrarse dentro de ese alegado ejercicio de los derechos fundamentales protegidos en el citado precepto constitucional, ya que, de ser así, la acción penal no podría prosperar puesto que los derechos del art. 20.1 a) y d) CE operarían como causas excluyentes de la antijuridicidad de esa conducta13. El órgano judicial ha de valorar, pues, como cuestión previa a la aplicación del tipo penal y atendiendo a las circunstancias concurrentes en el caso concreto si la conducta enjuiciada constituye un ejercicio lícito del derecho fundamental a la libertad de expresión y, en consecuencia, se excusa por el valor predominante de la libertad de expresión14.

Los hechos probados no pueden configurar actos de ejercicio de un derecho fundamental y conductas constitutivas de un delito conjuntamente15 Por ello, no resulta onstitucionalmente admisible la ausencia de ese examen previo al que está obligado el Juez penal o su realización sin incluir la conexión de los comportamientos enjuiciados con el contenido de los derechos fundamentales y de las libertades públicas16, lo que constituye una vulneración de los derechos fundamentales que no se han valorado17.

1.3. Tipo objetivo

1.4. Limitación a conductas de cualificada gravedad

El artículo 504.2 CP dispone que “los que injuriaren o amenazaren gravemente”, habiendo establecido la jurisprudencia del Tribunal Supremo que el tipo de injurias, exige la concurrencia de tres requisitos o elementos básicos29: a) la existencia de expresiones realizadas con propósito de lesionar la honra; b) el crédito o aprecio de las personas; la intención dolosa de causar con ello un ataque a la dignidad ajena; y, c) la que se analizará en el presente epígrafe, una valoración determinante de la magnitud de la ofensa, que sirve de medida para graduarla punitivamente.

El TEDH ha señalado que preceptos como el descrito deben ser objeto de una interpretación muy restrictiva pues, tal y como se recoge en su jurisprudencia, “si bien es totalmente legítimo que las instituciones del Estado estén protegidas por las autoridades competentes en su calidad de garantes del orden público institucional, la posición dominante que estas Instituciones ocupan obliga a las autoridades a demostrar contención en el uso de la vía penal”30.

No sólo es necesario que la injuria sea tenida en concepto público por grave (art. 208 CP), sino que además la expresión empleada ha de tener la suficiente virtualidad para generar en el caso concreto ese efecto lesivo de la dignidad que afecte a la institución pues salvo que concurran determinados contextos comunicativos especialmente graves y de gran repercusión pública, las expresiones o imprecaciones proferidas por particulares carecen de capacidad para afectar a la dignidad de las instituciones31. Se entiende por la jurisprudencia del TEDH que uno de esos supuestos sería un contexto(s) muy delicado(s) de tensión, conflicto armado y lucha contra el terrorismo o disturbios mortales en las cárceles32, contexto que no concurre en los hechos que traen causa del presente estudio. Considera dicho Tribunal que al ser parte de las fuerzas de seguridad del Estado, la policía debe mostrar un grado particularmente alto de tolerancia al discurso ofensivo, a menos que ese discurso inflamatorio provoque inminentes acciones ilegales con respecto a su personal exponiéndolos a un riesgo real de violencia física, como podría ocurrir en un contexto muy delicado de tensión, conflicto armado y lucha contra el terrorismo o disturbios mortales en las cárceles, en cuyo caso la intervención estaría justificada33.

El TEDH, en la Savva Terentyevc. Rusia, de 28.8.2018 sí observa que el texto enjuiciado está enmarcado en palabras muy fuertes. En particular, su primera parte se refiere a los agentes de policía como “polis” y ampliamente usa términos vulgares, despectivos e injuriosos, etiquetándolos a todos de “cortos de luces y matones”, y de “los más tontos y menos educados representantes del mundo animal”. La segunda parte del texto expresa un deseo de ver una ceremonia de aniquilación de “polis infieles” por fuego en hornos “como (aquellos) de Auschwithz”, con el objetivo de “limpiar la sociedad de (la) inmundicia de polis matones”. No obstante, estima que dicho comentario, integrado como parte de un debate, muestra su desaprobación emocional y rechazo a lo que consideró abuso de autoridad por parte de la policía transmitiendo su escéptico y sarcástico punto de vista sobre los estándares morales y éticos del personal de la policía rusa. Visto desde esa perspectiva, las declaraciones en cuestión pueden ser entendidas como una crítica mordaz hacia el estado actual de las cosas en la policía rusa y, en particular, la falta de rigor en la selección de su personal. Y, siendo así, el TEDH reitera que los funcionarios que actúan a título oficial están sujetos a límites de aceptación de la crítica más amplios que los ciudadanos corrientes34, más aún cuando tales críticas conciernen a toda una institución pública.

El TEDH fija además que la policía -un organismo público que se encarga de hacer cumplir la ley-, rara vez puede ser descrito como una minoría desprotegida o como un grupo que tiene una historia de opresión y de desigualdad, o que se enfrenta a prejuicios profundamente arraigados, hostilidad y discriminación, o que es vulnerable por alguna razón que precise de una mayor protección por los ataques cometidos por insultos, burlas o calumnias. Concluye el TEDH que no hay indicio alguno de que el comentario del demandante fuera publicado en un contexto social o políticamente sensible, o que la situación de la seguridad general en la región fuera tensa, o que hubiera enfrentamientos, antidisturbios, o motines contra la policía, o que existiera una atmósfera de hostilidad y odio contra la policía, o ninguna otra particular circunstancia en la que las declaraciones impugnadas fueran susceptibles de provocar inminentes acciones ilegales con respecto a los agentes de policía y que los expusieran a una amenaza real de violencia física.

En este mismo sentido, el Tribunal Supremo se manifiesta respecto a unos tuits publicados tras la muerte de un ciudadano senegalés que cayó al suelo, requiriendo la ayuda de dos agentes de la Policía Municipal que se encontraban en dicho lugar en el ejercicio de sus funciones, los cuales procedieron a prestar inmediato auxilio a la persona desvanecida, comenzando maniobras de respiración cardiovascular, al tiempo que solicitaron la presencia de una ambulancia del Samur, por cuyos facultativos se continuaron las maniobras de reanimación. A pesar de tales intentos de reanimación, Teodosio, falleció35. Como reacción a dicho fallecimiento y con conocimiento de la causa natural del mismo, se divulgaron a través de Internet numerosos comentarios que relacionaban dicho fallecimiento con una acción provocada por agentes pertenecientes al Cuerpo de Policía Municipal y que a continuación se reproducen: "Rosana, Benigno... hoy Teodosio. Los "nadie" víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. El pecado de Teodosio ser negro, pobre y sin papeles. Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo"; "Ayer Lavapiés dio una lección de democracia clamando justicia. Una concentración pacífica rindió homenaje a # Teodosio y exigió el fin de las políticas migratorias racistas y xenófobas que priva de derechos a las migrantes. No más persecuciones policiales en nuestros barrios!"; o "El portavoz […] señala a Ley de Extranjería que persigue, acorrala, discrimina y estigmatiza a los manteros. Es la causa de la muerte de # Teodosio. Exigen el fin del hostigamiento policial". Si bien se imputa a la Policía Municipal la responsabilidad del fallecimiento de una persona, a partir del texto, y del contexto, de dichos mensajes, el Tribunal solo puede respaldar el punto de vista de la Audiencia Provincial -que dicta el sobreseimiento libre de la causa-, que también hace propio el Ministerio Público, respecto a que los hechos que se imputan la acusada no resultan constitutivos de delito. Dichas expresiones no constituyen, desde luego, tampoco a nuestro parecer, una grave injuria a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No entienden que, objetivamente y valorados en el contexto en el que se produjeron, constituyan injuria alguna. En cualquier caso, le resulta evidente que lo que expresan los mensajes referidos es la opinión que, al menos en ese momento, tenía la investigada. La ausencia de cualquier inaceptable imputación concreta de la muerte a ninguna persona o grupo; la inexistencia de insultos o expresiones ofensivas, clara y llanamente innecesarias para expresar la idea que trata de trasmitirse, conducen a concluir que las expresiones contenidas en los mensajes proferidos por la investigada permanecieron siempre dentro de los límites de la libertad de expresión no residiendo en ellas la gravedad suficiente para la constitución de delito.

Asimismo, por su parte, para la Audiencia Provincial de Barcelona, las expresiones "Fuera, fuerzas de ocupación", "Policías, hijos de puta" y "Bandera de mierda", carecen de la potencialidad ofensiva que exige la figura delictiva para colmar las exigencias de tipicidad. En especial, en un contexto sociopolítico muy concreto marcado por las pretensiones independentistas de una parte considerable de la población catalana y de sus representantes políticos, lo que significa que la valoración subyacente (las fuerzas policiales son fuerzas de ocupación", "no reconocemos la bandera española") forman parte de la crítica política sobre un asunto que puede indudablemente ser calificado de interés general36. Considera esta Audiencia que ninguna de las expresiones controvertidas ni de los actos realizados tiene la menor potencialidad ni virtualidad para afectar a una institución tan asentada y prestigiosa como la Guardia Civil. La "lesión de la dignidad" vinculada típicamente a la expresión injuriosa ha de constatarse como resultado objetivo vinculado con la emisión del discurso, desubjetivizándose para no confundirlo con el arbitrario concepto de ofensa. En fórmula gráfica cabría recordar que "no ofende quien quiere sino quien puede" o, desde otra perspectiva, que la CE no reconoce el derecho a no sentirse ofendido. No corresponde a los ciudadanos, colectivos o instituciones decidir hasta dónde llega la libertad de expresión de los demás. La expresión empleada ha de tener la suficiente virtualidad para generar en el caso concreto ese efecto lesivo de la dignidad37.

Otro supuesto ocurre durante la la celebración de un acto religioso en conmemoración de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil en Arteixo (A Coruña) ante la cual se manifestó otro grupo de personas, con pancartas y pasquines, para protestar por la falta de esclarecimiento de la muerte de Fernando al tener esta lugar en el cuartel de dicho cuerpo. Los panfletos recogían que la dilación de la investigación era "inadmisible", y provocaba "... nos familiares e na sociedade, en xeral, un absoluto desamparo e sensación de impunidade, sombra que planea a día de hoxe sobre a falta de garantías nas actuacións das Forzas de Seguridade do Estado, falta de vontade política no control dos excesos e vulneracións, e, por suposto, ausencia de xustiza social...". Terminaban los pasquines con las frases siguientes: "...xustiza para seus fillos/as...", esclarecimento das circunstancias das mortes!..., "... ¡que nunca máis un ser human sexa maltratado, humillado e asesinado nos centros do detención do Estado...","... non máis mortes baixo custodia...". Según el atestado de la Guardia Civil confeccionado para dar cuenta de las circunstancias de la protesta, algunos de los congregados portaban camisetas con la fotografía de Fernando y desplegaban pancartas con las frases "... non esquecemos 22-09-04, Fernando morto no cuartel da Guardia Civil de Arteixo...", y "... queremos saber cómo morreu Fernando nos calabozos da Guardia Civil de Arteixo...". Además, a la salida del acto religioso los concentrados corearon repetidamente expresiones del siguiente tenor: "... a Garda Civil tortura e asesina...", "... aquí se tortura como na dictadura...", y... non foi suicidado, que foi asesinado...". Entiendió la Audiencia Provincial de A Coruña38 que no toda lesión del derecho al honor, por sí sola, es constitutiva de delito. Así, en los supuestos de convergencia entre el derecho al honor y la libertad de expresión, el juicio ponderativo acerca de la existencia o no del delito trasciende al estricto juicio de tipicidad. La prevalencia de uno de aquellos derechos ha de proclamarse desde una perspectiva constitucional, desbordando incluso el preciso análisis de la tipicidad del hecho. Y es que, conforme al sistema de valores instaurado por nuestra Constitución, hay ocasiones en las que la libertad de expresión prevalece frente al honor afectado, amparándose en la causa de justificación que, con carácter general, establece el art. 20.7 CP, esto es, el ejercicio legítimo de un derecho. La justificación del hecho, con la consiguiente exclusión de la antijuricidad, es el resultado de la ponderación constitucional de los bienes en conflicto.

Ciertamente el tipo penal del art 504.2 CP puede adentrarse en la zona delicada de la sanción de opiniones, por deleznables que puedan ser consideradas, y, lo que es más delicado, pueden entrar en conflicto con derechos de rango constitucional como son los derechos de libertad de expresión reconocido en los art. 20 CE. En tal circunstancia, la labor judicial, como actividad individualizada que es en un riguroso análisis, caso por caso, habrá de examinar tanto las concretas frases o expresiones producidas así como la ocasión y el escenario en el que fueron pronunciadas y, en fin, todas las circunstancias concurrentes , para determinar si está dentro del ámbito del tipo penal o extramuros de él, sin olvidar que el principio favor libertatis debe jugar, necesariamente en los casos de duda, ante la naturaleza constitucional de los derechos de libertad de expresión que podrían quedar afectados por el tipo penal, derechos que constituyen una de las más acusadas señas de identidad de la Sociedad democrática39. Por tanto, pese a la posible imputación de torturas y asesinatos a la Guardia Civil, de nuevo debemos resaltar la necesidad de entidad suficiente en las declaraciones para injuriar, así como la valoración de la libertad de expresión. Cree la Audiencia de A Coruña que los comentarios descritos entran dentro de los límites del derecho constitucional mencionado no siendo suficientes dichas opiniones para constituir un delito de injurias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Finalmente, se debe resaltar lo concluido por la Audiencia Provincial de Pontevedra ante las siguientes expresiones denunciadas: "qué hijos de puta", "eses demos similares os trasnos que non sei que mal lle fixemos", "sinverguezas", " payasos, cobardes, sinvergüenzas", "agora fan o que saben, tocar os webos", "dous sopapos e listos", "so tocades o carallo, é o único que facedes joder o prójimo", "temos que buscar a forma de jodervos a vos ...”40. Recuerda la Audiencia que el art. 504.2 CP solamente castiga las injurias y amenazas dirigidas, entre otros, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, cuando esas injurias y amenazas tengan la consideración de graves, entendiendo que, en el caso concreto, no merecen esa calificación, fundamentalmente, de un lado, porque son expresiones pronunciadas dentro de chats privados entre ciudadanos, y, de otro lado, porque en el contexto en el que se profieren (saliendo de la época de confinamiento y con la todo el sector de la hostelería especialmente molesto por las restricciones) no tienen otro alcance o finalidad diferente a la de mostrar el malestar y el desacuerdo con el proceder de la Policía Local, controlando e imponiendo multas a los establecimientos que incumplían la normativa. Es verdad que el que no tengan la consideración de graves no significa que esas expresiones sean justificables y que no puedan y deban ser perseguidas, pero entendemos que esa persecución, en su caso, ha de quedar fuera del ámbito penal. Remarca, en este sentido, el hecho de que los límites permisibles de la crítica son más amplios si ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas, están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones que si se tratase de simples particulares sin proyección pública alguna, pues, en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública.

1.5.1. Dolo directo y dolo eventual

Existe un acuerdo extendido en torno a la consideración de que el dolo genérico en las injurias puede presentarse bajo dos formas: dolo directo y dolo eventual. Un grupo de autores, entre los que encontramos a CARMONA SALGADO y OTERO GONZÁLEZ mantienen la falsedad como elemento del tipo objetivo de las injurias toda vez que el dolo debe abrazar los elementos del tipo objetivo. Desde la perspectiva de un honor real o merecido el tipo se nutriría de un elemento objetivo, la falsedad objetiva, y otro subjetivo, la actitud interna de falsedad subjetiva, por lo que la cláusula “conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”, reconducida a la categoría del dolo, sirve para acoger en distinto grado el elemento del tipo objetivo de la falsedad: dolo directo cuando el sujeto actúe con “conocimiento de la falsedad”, y dolo eventual cuando lo haga con “temerario desprecio hacia la verdad”.

Un segundo grupo de autores donde destacamos a MUÑOZ LORENTE apartan la falsedad del tipo objetivo de forma que el dolo no ha de alcanzar ningún grado de conocimiento de dicha falsedad. El tipo penal de la injuria no exige que el hecho imputado sea objetivamente falso, sino que la imputación se realice “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad” resultando típica la imputación de un hecho objetivamente verdadero pero hecha con “temerario desprecio hacia la verdad” en tanto la falsedad objetiva no es un elemento del tipo. Por otra parte, la consideración de la falsedad de lo imputado como elemento del tipo objetivo conduce a desajustes en la problemática del error en tanto, de ser así considerado, bastaría con que el injuriador alegara que no llegó a imaginar la posible falsedad del hecho, justificándose en la no consciencia de su falsedad aun cuando tal inconsciencia deviene de la ausencia de diligencia en la comprobación de la veracidad de la información; en tal caso, resultan de aplicación las reglas del error invencible de tipo que excluiría el dolo, deviniendo atípica la conducta, con una extensión intolerable de los supuestos de impunidad.

Derivado de ello, existe otra subdivisión de autores que creen que la falsedad objetiva no forma parte del tipo de las injurias y, en consecuencia, no atribuyen a la cláusula “temerario desprecio hacia la verdad” la función del dolo eventual como forma del dolo que abrazaría un eventual conocimiento de la falsedad de los hechos imputados. Así, autores como VIVES ANTÓN y MUÑOZ LORENTE sostienen que dicha cláusula sirve para referirse a los dos tipos de dolo, pero como un elemento subjetivo específico o adicional del tipo, que va más allá, que no se identifica con el dolo genérico ni tampoco con el animus iniuriandi y que exterioriza una actitud negativa del sujeto hacia la verdad de la información. Al otro lado, otro grupo de autores entre los que destacan LAURENZO COPELLO, BACIGALUPO ZAPATER y JAÉN VALLEJO sostienen la dualidad de las formas dolosas del tipo de las injurias rechazando, eso sí, el mero traspaso de la falsedad de las informaciones del tipo objetivo al tipo subjetivo prefiriendo trasladar la cláusula mencionada a la categoría dogmática de la antijuricidad. Proponen que esta cláusula solo tenga eficacia en el ámbito de las causas de justificación, como elementos de estas. Así, la veracidad subjetiva de la información, derivada de la diligente comprobación, sería uno de los elementos a considerar para apreciar favorablemente la concurrencia de la causa de justificación del ejercicio legítimo de un derecho (art. 20.7 CP).

1.5.2. Comisión imprudente o culposa

Si bien una postura doctrinal, defendida por TASENDE CALVO, señala que la cláusula aludida podría admitir los delitos contra el honor culposos en tanto el dolo debe alcanzar el conocimiento de estar realizando una acción consistente en imputar a otro un hecho deshonroso, como el resultado de efectiva lesión, la cláusula solo podría reconducirse a la culpa o a la imprudencia grave; se debe descartar dicha posibilidad en tanto el término “temerario” no debe identificarse con la culpa ni la negligencia. La temeridad es una posición subjetiva del individuo autónoma e intermedia entre la imagen cognitiva del riesgo (dolo) y la culpa o negligencia que captaría las acciones en que el autor se presenta la peligrosidad o riesgo objetivo para el bien jurídico, sin confirmación voluntaria de que el resultado tenga lugar. Faltaría el elemento volitivo del resultado, lo que alega la temeridad del dolo; pero tampoco podría encauzarse hacia la negligencia, toda vez que existe autoconciencia de la peligrosidad objetiva.

1.5.3. Animus iniuriandi

Frente a lo previamente expuesto, la realidad de los Tribunales, tal y como se adelantaba con anterioridad, es la consideración de la necesidad de darse un animus iniuriandi como elemento subjetivo distinto al dolo para la comisión del delito de injurias requiriendo la intención de dañar la dignidad de la institución.

Este elemento subjetivo del injusto o animus iniuriandi implica un ánimo tendencial de deshonrar, menospreciar y desacreditar, o en última instancia, la de perjudicar la reputación del agraviado, lo que configura esta infracción como esencialmente circunstancial. Así pues, por cuanto unas simples expresiones pueden ser injuriosas, o dejar de serlo, en un corto o más dilatado período de tiempo, o contemporáneamente, en atención a las circunstancias concurrentes, pues según la doctrina científica y jurisprudencial, este ilícito penal es eminentemente circunstancial, de suerte que para graduar su importancia y aún incluso, determinar su existencia, se hace necesario examinar no sólo el alcance y significación de las palabras, sino que habrá que tener muy en cuenta las circunstancias que concurren en el acto y en las personas, para poder inducir de ellas no sólo el propósito de deshonrar en el agente activo, sino la posibilidad de producir ese mismo efecto en el sujeto pasivo41.

El Tribunal Supremo42 desde antiguo, mantiene que las frases o acciones pueden ser objetivamente injuriosas, pero no necesariamente deben constituir delito, si se acredita que la intención del agente fue otro, como criticar, aconsejar, relatar, corregir, burlarse, o incluso defenderse.

Así, para la perfección del delito de injurias se precisa la concurrencia de los siguientes elementos: uno de carácter objetivo, comprensivo de las expresiones proferidas o acciones ejecutadas que lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación; y otro de índole subjetiva, acusadamente intencional, en cuanto que aquellas frases o actitudes han de responder al propósito especifico de ofender, vilipendiar, desacreditar, complejo y circunstancial vejar, menospreciar, escarnecer, etc., a la persona destinataria de ellas o a la que vienen referidas, "animus iniuriandi". La concurrencia de éste debe llevar al juzgador a rechazar que la conducta típica se haya llevado a cabo por otras motivaciones internas (animus criticandi o retrohendi o retorquendi). De este modo, muchas veces, las expresiones o acciones presuntamente injuriosas quedan desvirtuadas o enervadas, por faltar el elemento esencial o nuclear del delito: "deshonrar", por la apreciación de otros motivos o ánimos que las explican, como por ejemplo: defenderse, criticar, narrar, bromear, etc43.

El animus injuriandi, como todo elemento interno, debe inferirse del comportamiento y manifestaciones del autor, siendo uno de los medios inductivos el propio contenido e interpretación o frases que objetivamente se consideran deshonrosas por su significado literal, ya que ningún otro propósito cabría estimar44. Hay que estar no sólo al valor de las palabras o expresiones proferidas o acciones ejecutadas, sino también atender y estimar las circunstancias concurrentes en cada supuesto45.