1. Introducción

A principios de siglo había empadronados en España 100.282 extranjeros de 65 o más años1. Suponían el 1,5% del total de personas de la misma franja de edad residentes en el país y el 10,9% de los extranjeros oficialmente registrados. Dos décadas después, la cifra se ha más que triplicado. Ascendiendo a 343.898 en 20192, suponen también un mayor porcentaje de personas de la misma franja de edad: del 1,5% en el 2000 al 3,9%. Por otra parte, habiendo descendido la tasa respecto del total de extranjeros a 4,8% en 2015, ha subido dos puntos en los cuatro años siguientes (6,8% en 2019). Se constata de esta manera que, si bien es mayor el ritmo de envejecimiento de la población de nacionalidad española3, sobre todo por el componente mayoritariamente laboral de la inmigración, también está envejeciendo la población extranjera. Se trata, pues, de un fenómeno con proyección de futuro.

Más relevante desde el punto de vista politológico, los gerontoinmigrantes (en adelante, GI) de 65 y más años con derecho de voto suponen el 75% del total de residentes extranjeros del mismo grupo etario, 25 puntos más que los extranjeros mayores de edad con derecho de voto. Por otra parte, hay 123 municipios en los que igualan o superan el 25% de habitantes de su edad, y son 219 las localidades en que suponen el 15% como mínimo. Desde otro punto de vista, en 194 municipios estos GI suponen un mínimo del 5% de la población mayor de edad y con derecho de sufragio, esto es, del censo electoral potencial, siendo ese porcentaje el del umbral electoral legal en las elecciones municipales en España4. Son municipios, por tanto, en que su ejercicio del voto podría tener efecto en el resultado final y, así, en la conformación de las mayorías correspondientes. Al respecto, sin pensar en posibles coaliciones, en 216 municipios los GI mayores de 65 con derecho de voto superan el margen electoral de victoria, esto es, la diferencia en votos entre la primera y la segunda candidatura más votadas en las municipales de 2019 5 . Cualquiera que sea el criterio que tengamos en cuenta, los referidos suman un total de 331 municipios. La mayoría son valencianos (32%) o andaluces (23%), seguidos de los catalanes (13%) y los isleños, sean canarios (8%) o baleares (5%), esto es, de comunidades autonómas con línea de costa y clima suave.

Nos preguntamos en esta investigación por la participación política de los GI de retiro. En concreto, por los factores que explican o ayudan a entender, frente a la abstención, su ejercicio del derecho de sufragio. Gerontoinmigrantes son los residentes extranjeros retirados de la vida laboral por su edad (Echezarreta, 2005). Decimos de los GI en que centramos nuestra atención que son de retiro porque, a diferencia de otros (Amrith, 2018; King et al., 2017), con menor presencia en España, disfrutar de su condición de retirados es lo que explica su residencia en el extranjero. De ahí que haya habido autores que se han referido a ellos como migrantes “de estilo de vida” (Benson y O’Reilly, 2009; vide King et al., 2021, y Echezarreta, 2016). La mayoría son ciudadanos europeos de la Unión de 15 Estados miembros y destaca entre ellos la comunidad británica (Durán, 2022).

Las elecciones que nos sirven de caso de estudio son las últimas celebradas en España, en 2019. Utilizamos para ello datos demográficos (Padrón de habitantes) y electorales (Censo Electoral de Extranjeros Residentes en España, CERE), ambos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Del Ministerio del Interior hemos utilizado los resultados desagregados de las municipales de 2019. La investigación se apoya asimismo en la encuesta LER-Brex. Diseñada con intención de ser realizada durante la primavera de 2020, la pandemia de coronavirus (SARS-CoV-2 o covid-19) hizo recomendable posponerlo. Los meses de verano no son aconsejables para este tipo de técnicas de investigación6, tanto menos en esta ocasión7. Finalmente, la encuesta se realizó entre el 15 de septiembre y el 15 de diciembre de 2020. Todas las personas de la muestra son de nacionalidad extranjera y, con un mínimo de 55 o más años, están retiradas de la vida laboral. Todos son ciudadanos europeos; en concreto, de la Unión Europea de 15 Estados miembros8.

El cuestionario se facilitó en español, en inglés, en francés y en alemán. Constaba de 66 preguntas, distribuidas en siete bloques temáticos. Se distribuyó tanto en papel como en versión electrónica, para lo cual se usó la herramienta informática LimeSurvey. Los cuestionarios en papel se facilitaron en el Departamento de Extranjeros del Ayuntamiento de Mijas9, en la zona occidental de Málaga; en la asociación SOHA-Axarquía, que, con epicentro en el municipio de Alcaucín, tiene su radio de acción en la zona oriental de la misma provincia; en el Consulado Británico, estrechamente conectado al tejido asociativo de los británicos en Andalucía y las islas Canarias, y en el Hospital Regional Universitario de Málaga, con idea de acceder también a pacientes encamados. Dichas instituciones se encargaron, a su vez, de la distribución del cuestionario entre asociaciones de extranjeros; dadas las restricciones sanitarias, sobre todo en su versión electrónica.

La muestra obtenida (N=136) no es representativa, dado el método de recogida y las dificultades impuestas por las circunstancias pandémicas, que imposibilitaron aplicar criterios de estratificación o cuota. Suele ser una debilidad de estas investigaciones, covid-19 aparte, sobre todo por el subregistro administrativo de la población objeto de estudio (vide v.gr. Huete y Mantecón, 2013), si bien viene siendo al mismo tiempo una herramienta útil tanto para detectar dicho subregistro como para analizar sus causas (Lardiés y Rodríguez, 2016). Nuestra encuesta detecta un subregistro de empadronamiento del 12%, en sintonía con el 13% de la encuesta MIRES3i (Durán, 2012). La consistencia de los resultados ofrecidos por los estudios previos tenidos en cuenta conjuntamente y el análisis de nuestros datos, que procedemos a realizar, permite afirmar su validez.

2. Estado de la cuestión

La complejidad del envejecimiento de la población como fenómeno característico y relevante del cambio de siglo, pero sobre todo del XXI, incorpora entre sus múltiples dimensiones la dimensión política. El envejecimiento de la población no parece conllevar la emergencia de un nuevo actor político colectivo. Dicha constatación no le niega ni merma su capacidad de influencia política, siquiera sea por el crecimiento del peso relativo que suponen las personas mayores respecto al resto de cohortes de edad en todo proceso político, en los electorales en especial. La mejora de las condiciones de vida, en general, y de las sanitarias, en particular, hace de las nuevas generaciones de personas mayores un colectivo, desde un punto de vista politológico, que ya no es solo receptor de recursos públicos o destinatario de políticas públicas de bienestar. Las personas mayores no son menos ciudadanos porque sean más vulnerables ante la enfermedad o porque sean más susceptibles de ver sustancialmente mermada su autonomía personal. Gozan de los mismos derechos que los demás ciudadanos, y, de hecho, devienen más longevos y disfrutan de una autonomía física y una lucidez mental inéditas. Su retiro de la vida laboral no obliga al de la vida política, y tienen intereses y preocupaciones particulares que partidos y cargos públicos han de tener en consideración (Serrat et al., 2020; Nygård et al., 2015). Es por ello que también del envejecimiento activo, por el que abogan las instituciones internacionales, se reclama una dimensión política (Ares, 2018; Dionyssiotis, 2018).

A lo largo de las dos últimas décadas ha crecido el interés académico por la participación política de los mayores, normalmente por el cambio demográfico en las democracias consolidadas y por el crecimiento del electorado envejecido. Sabemos que la edad influye en el comportamiento político (Quintilier 2007; Franklin 2004) y que este trae causa de factores movilizadores. Goerres (2009), por ejemplo, ha observado que las redes sociales correlacionan con el voto entre las personas mayores, y Nygård y Jakobsson (2013b) han extendido la asociación a la mayoría de las formas de participación política10. Así es, ciertamente, sin desestimar las diferencias que introducen peculiaridades nacionales como las relativas a la cultura política o a las características, desarrollo y confianza en los servicios públicos del bienestar, de salud en particular (Nygård y Jakobsson, 2013a), de la misma manera que influyen factores individuales como el poder adquisitivo o nivel de renta (Nygård y Jakobsson, 2013b). Goerres (2009) ha comprobado, asimismo, que son potentes predictores del ejercicio del voto un buen estado de salud, una residencia prolongada, vivir en pareja y experimentar un fuerte sentido del deber cívico. Cabe añadir que la generación política es un factor que matiza el componente etario de la participación política de las personas mayores. Riley (1985) ya apuntó hace unas décadas que la variable edad incide en función de las características de su cohorte, que va más allá de los cambios derivados del proceso de envejecimiento (vide item Goerres y Vanhuysse, 2011; Goerres, 2007)11.

Excepción hecha de las personas mayores que padecen una fragilidad que se lo impide, lo cual relaciona la vejez y la participación política con el ciclo vital (Rosenstone y Hansen, 1993), suelen votar en mayor medida que el resto de las cohortes de edad, siendo la diferencia más acusada con los jóvenes. Así como aumenta el porcentaje que representan sobre censo electoral (por el envejecimiento de la población), no es nuevo que es mayor aún el que suponen respecto de quienes finalmente ejercen su derecho de sufragio (Turner et al., 2001). Binstock (2000) lo constató en EEUU también en relación con el paso previo de inscribirse en el censo electoral. Por el contrario, los mayores hacen menos uso de otras formas de participación política, no convencionales o no institucionales, esto es, aquellas que tienen lugar entre procesos electorales (Riesco, 2016; Melo y Stockemer, 2014; Kam, 2000). Eso no impide que se aprecien diferencias: en sintonía con otros estudios previos, Nygård et al. (2015) han constatado que el envío de cartas a políticos y cargos públicos y la participación en recogida de firmas y boicots es más frecuente que acciones más costosas como la participación en manifestaciones. Cabe señalar, asimismo, que la menor participación no convencional no implica una actitud menos favorable a la participación política en general (Ahmed-Mohamed, 2017).

La heterogeneidad del colectivo es tal en cuanto a su comportamiento electoral, que ni siquiera parecen ser conscientes de su capacidad de incidencia en la conformación de las cámaras de representación y de los ejecutivos subsiguientes. Al respecto, Turner et al. han observado que el hecho de que ni la eficacia externa ni la interna sean factores predictivos del voto sugiere que los mayores no se perciben a sí mismos como un “bloque de poder” que pueda marcar la diferencia en el resultado electoral (2001: 816). En línea con lo que apunta Ares (2018), probablemente se explique sobre todo por la seguridad que les proporciona el desarrollo del Estado del Bienestar; no verse sensiblemente amenazados y en bloque por ninguna opción política relevante facilita la dispersión ideológica del voto. En todo caso, sí que se aprecia que tienden a concentrarlo en mayor medida que los demás grupos de edad en partidos grandes y de gobierno, y que manifiestan proximidad a un partido político en más alta proporción que la población en su conjunto. Zubero (2018) ha constatado que, aun después de la transformación del sistema de partidos español que supusieron las elecciones generales de 2015 y 2016 (Llera et al., 2018), los mayores de 65 se muestran más satisfechos con el funcionamiento de la democracia, más confiados en el funcionamiento del Parlamento y de los partidos políticos, menos influidos por los sondeos preelectorales, más seguros de lo que iban a votar y más convencidos de que votar es un deber.

Si bien la implicación político-electoral de los GI, mayoritariamente comunitarios, es inferior a la de los residentes autóctonos, viene siendo superior a la del resto de extranjeros tanto de la misma franja de edad como del mismo grupo identitario o de nacionalidades, que a su vez es superior a la del resto de extranjeros con derecho de voto (Janoschka y Durán, 2013). En relación con las formas de participación no institucionales, algo más de dos tercios de una encuesta nacional hecha a jubilados europeos de 55 y más años de edad residentes en España están bastante o muy de acuerdo con la afirmación de que su participación política trae beneficios para el municipio en que residen (Durán, 2016b). Pero ni el interés manifestado por lo que sucede en su lugar de residencia ni la convicción de que participar políticamente le reportaría beneficios al lugar de retiro se traduce en una participación política mayor que la electoral, y aun los porcentajes de participación extrainstitucional oscilan entre el 5 y el 11%, dependiendo del tipo (idem). Según Huete y Mantecón, así es en gran medida por vivir en un “contexto generalizado de apatía sociopolítica” (2013: 236), en el cual la diversión y el relax serían la razón de ser de su residencia de retiro12. Vemos en el siguiente apartado en qué medida se mantienen estos y otros aspectos políticos del fenómeno gerontoinmigratorio, tan directamente afectado por la Gran Recesión, el Brexit y la pandemia de covid-19.

3. Perfil y compromiso cívico de los gerontoinmigrantes de retiro

Según indicábamos anteriormente, todas las personas de nuestra muestra son ciudadanos de la Unión Europea de 15 Estados miembros y están retirados de la vida laboral. El 63% son mujeres y el 37%, hombres. Casi la mitad residen en la localidad malagueña de Mijas, si bien de la misma provincia son 113 (16 municipios) y hay 17 encuestados de 11 municipios valencianos. Los británicos son la nacionalidad con más presencia (64%), como corresponde a su realidad demográfica en España. La cohorte más numerosa es la de 65 a 74 años (49%), seguida por la de GI menores de 65 (26%) y por la de quienes tienen 75 o más años (23%).

Tres cuartos viven en España durante un mínimo de nueve meses, y son algo más los que residen entre tres y seis meses (13%) que entre seis y nueve (10%). Las diferencias no son tan acusadas respecto del tiempo que llevan viviendo en España durante más de tres meses: el 19% lo hace desde el año 2000 o con anterioridad, el 34% empezó a hacerlo a lo largo de la primera década del siglo y casi la mitad, el 45%, desde al menos 2011. La mayoría están casados o tienen pareja (72%) y viven con otra persona (71%), viviendo solos un 25%. Son personas con estudios, bien secundarios (43%) bien incluso universitarios (51,5%). En relación con los ingresos mensuales de la unidad familiar, la mayoría declara situarse en el intervalo entre 1.000 y 2.500 euros (47%), seguidos de quienes ingresan entre 2.500 y 5.000 (28%).

Propio de su condición de GI de retiro, el 75% ha fijado o simultanea su residencia en España por el clima, y el 80%, por la calidad de vida. Les siguen, a distancia, la atención sanitaria (11%), haberse jubilado trabajando en España y la gente y/o la cultura. El 75% dice haber tenido una salud buena o muy buena en el último año; de hecho, si el 37% ni siquiera había ido al médico en los últimos seis meses, el 34% solo había ido una vez, y el 88% de los encuestados no necesita ayuda de terceros para realizar actividades básicas u ordinarias13.

En correspondencia con el conjunto de datos aportados, el 96% expresa una satisfacción plena o alta con su decisión de haberse afincado en España. De manera asimismo concordante, el 84% no se ha planteado volver a su país. Preguntados por los inconvenientes de vivir en España como jubilados, la mayoría coincide en la burocracia (72%), seguida del idioma (42,5%) y de la lejanía de la familia (31%), junto con el Brexit (28%), que en el caso de los británicos se eleva al 41% 14. No obstante, si solo el 15,5% de los británicos se ha planteado volverse, apenas un cuarto de estos aduce el Brexit como razón.

Esto es, ni siquiera fenómenos tan extremos e inusitados como el Brexit o la pandemia han mermado la solidez de la gerontoinmigración de retiro ni la conexión entre esta y el envejecimiento activo. Es más: celebradas las elecciones municipales en pleno proceso de salida del RU de la UE, el porcentaje de personas que dicen haber votado en 2019 fue del 55% de la muestra (5,5 puntos más que en 2015)15. Como viene siendo habitual, la tasa es mayor entre los británicos (63%). Se confirma asimismo que las personas mayores votan en mayor medida que el resto de ciudadanos con derecho de voto, extranjeros en este caso: si bien ni el Ministerio del Interior ni la Oficina del Censo Electoral dsagregan los datos de participación por nacionalidad ni tramos de edad, sí que sabemos que la movilización electoral, medida por la inscripción en el CERE, es mayor entre los GI de 65 y más años (46%, extracomunitarios incluidos; 56% entre los comunitarios de la UE de 15 miembros) que entre los mayores de 55 (35,5%), que a su vez es mayor que en el conjunto del censo (15%)16.

Sin distinción de nacionalidad, concentraron su voto en el PP (31% del porcentaje válido)17, en Cs (25%) y en el PSOE (21%), seguidos a distancia por partidos locales (7%) y por partidos ecologistas (4%)18. En una escala ideológica de 0 a 10, el 28% se define de las posiciones 3 y 4, el 25% se autoubica en la posición 5 y el 22%, en las posiciones 6 y 7. En cuanto a su ideología, los mayores porcentajes de proximidad se dan en relación con el ecologismo (22,5%), la socialdemocracia (19%) y el liberalismo (18%), seguidos del feminismo (16%) y con el conservadurismo a mayor distancia (9%).

Frente al 16% que está de acuerdo con la afirmación de que no deberían participar en política en su lugar de residencia por no ser nativos, discrepa la mayoría (60%). De hecho, el 68% está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que su participación es beneficiosa para la localidad, y apenas un cuatro por ciento está en desacuerdo o muy en desacuerdo. En la práctica, la electoral es la única forma de participación política practicada por más de la mitad de los GI de retiro. No implica su ausencia de la politeia local, como tampoco un cambio sustantivo de patrón participativo no institucional entre su país y España: si el 85% votaban siempre o casi siempre en su país de procedencia, la mayoría no ejerce otros derechos de participación política en ninguno de los dos países, oscilando las tasas entre el 58% de quienes durante el año anterior a la encuesta (previo a la pandemia) no habían firmado un documento de protesta colectiva o el 63% de quienes no habían boicoteado un producto como consumidores y, en el otro extremo, el 84% de quienes no son militantes de ningún partido político o el 85% de quienes no habían participado en una manifestación.

Según hemos visto, son comportamientos coherentes con lo habitual en las democracias consolidadas y entre las personas mayores, menos activas en formas de participación distintas de la electoral. Sin diferencias reseñables entre la actividad política en España y en su país de procedencia, las tasas en España oscilan entre el 22%, que han boicoteado determinados productos como consumidores, o el 21%, que han contribuido en una recogida de firmas, acciones que entrañan menos costes, y el 7,5%, que han participado en manifestaciones o formas similares de protesta, o el 6%, que han contactado con medios de comunicación para expresar su opinión. Cabe señalar, a este respecto, que, si bien son más los que se han dirigido a los medios de comunicación en su país que en España, ha ocurrido lo contrario en cuanto al contacto con políticos para expresar sus opiniones o dar a conocer sus reivindicaciones19.

Dada su relación con el capital social, la cultura política y la calidad de la democracia, se les preguntó también por su pertenencia a asociaciones u organizaciones distintas de los partidos políticos. Cualquiera que sea la naturaleza de la asociación, solo un 35% no pertenece a ninguna, siendo las que más GI congregan las de nacionales (42,5%), las culturales o religiosas (20%) y las ecologistas, animalistas o solidarias (13%).

Mayoritariamente dicen estar tan interesados por las cuestiones políticas de su país como por las de España20 y lo están aún más por las de su municipio español de residencia21. Con un 27% confiando algo en su Ayuntamiento de residencia, un 48% confía bastante o plenamente. Es un porcentaje 1,5 puntos superior al de la confianza que les merece el de procedencia. Mayores tasas de confianza expresan por la policía (54,5%) y, sobre todo, por la sanidad pública española (66%, que se eleva al 91% considerando también a quienes confían algo, un porcentaje éste superior en 10 puntos al de la sanidad de su país). Por el contrario, la desconfianza en el Gobierno y en la Administración pública españoles (31% en ambos casos) es mayor que la confianza en los mismos, si bien la desconfianza en el Gobierno propio es aún mayor: 44%, 53,5% entre los británicos.

Como cabía esperar por la dinámica de las democracias consolidadas durante las últimas décadas, la institución peor valorada son los partidos (66% de desconfianza en los españoles y 62% en los propios), seguida de los medios de comunicación: 51% de desconfianza en los españoles, inferior en cinco puntos a la que suscitan los propios. De nuevo, entre los británicos es mayor su desconfianza y aún mayor respecto de sus propios medios, solo superada por la desconfianza en los partidos políticos de ambos países.

Mientras el sistema judicial propio les merece confianza al 56% (63% entre los británicos), la tasa se reduce en relación con el español al 29% (28% entre los británicos). Podría explicarse por la conflictividad en torno a la cuestión inmobiliaria, en Andalucía, sobre todo. De hecho, como la corrupción local en las municipales de 2007 (Durán, 2013), la cuestión inmobiliaria ha sido un factor, no ya dinamizador y orientador del voto, sino incluso de la presentación exitosa de candidatos22.

2.764 candidatos aparentemente extranjeros23 se han incorporado a las listas presentadas en las elecciones municipales de 2019. 116, en posiciones de seguridad, esto es, en puestos susceptibles de conllevar su elección final (vide n.23). Así ocurrió en el caso de 38, todos concentrados en seis Comunidades: Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Islas Baleares y Canarias. La Gráfica 1 incluye también los seis candidatos aparentemente foráneos que resultaron elegidos ediles estando en posiciones próximas a las de seguridad. La mitad –un porcentaje inferior al de los comicios de 2011 (Durán, 2016a), previos a la posterior transformación del sistema de partidos– se presentaron por candidaturas del PP (12) o del PSOE (10).

Gráfica 1Posiciones de seguridad de los candidatos extranjeros electos (España, municipales'2019 vis-à-vis 2015)*  Fuente: Ministerio del Interior (datos electorales, en http://www.infoelectoral.interior.es/min/), Boletines Provinciales en que se publicaron las respectivas relaciones de candidaturas proclamadas a las elecciones locales de 2019 y webs de los ayuntamientos. Elaboración propia.

* Los puntos en la gráfica son la posición de seguridad de cada concejal extranjero. Resultan de la fórmula: (N ediles de la candidatura elegidos en 2015+en 2019) /2)-N posición del concejal extranjero en la lista por la que salió elegido.

La inclusión de extranjeros en las listas es, cualesquiera otras razones, un reclamo electoral con el que dirigirse a los convecinos extranjeros con derecho de voto. Respecto de la medida en que la presencia de compatriotas u otras personas con las que identificarse por su perfil europeo y migratorio pueda afectar al sentido del voto, la opción más rechazada (nadie se decanta por ella) es la de un partido local con solo extranjeros en la lista de candidatos. Son, en todo caso, los partidos locales los que los GI dicen preferir como opción electoral, y ello con independencia de que les sea indiferente la composición nacional de las candidaturas (25%) o de que prefieran que haya candidatos extranjeros (22%). Siendo los partidos nacionales la siguiente opción, los prefieren tengan o no candidatos extranjeros (17%). Haber votado o no en 2019 carece de relación estadística con tales opciones24. No cabe deducir de ellas que la presencia de estos candidatos sea irrelevante, pero sí que no se trata de un votante potencial mayoritariamente comunitarista ni supremacista (Durán, 2016a). En el siguiente apartado abordamos las posibles explicaciones del ejercicio del derecho de sufragio por parte de este colectivo de residentes.

4. Factores explicativos de la participación electoral de los gerontoinmigrantes de retiro

Habiéndoles preguntado a quienes no votaron en las últimas municipales por los motivos para abstenerse, los mayores porcentajes se concentraron en el hecho de no saber a quién votar (el 16% lo consideró “muy importante”) y de no sentirse atraídos por ningún partido ni candidato (n=16, 12%). Motivos distintos, incluida la opción “Otros”, fueron considerados “muy importante” uno a uno por menos del 10% de los GI. En sintonía con su abstención electoral, la falta de respuesta a esta pregunta alcanzó, de media, el 69%.

La encuesta LER-Brex nos permite conocer con más detalle la medida en que distintos factores pueden influir o determinar el ejercicio del derecho de sufragio por parte de los GI de retiro. Por una parte, tenemos variables sociodemográficas: sexo, edad, nivel de estudios, estado civil, si viven solos, actividad laboral previa a la jubilación y situación laboral en que se encontraban al trasladarse o compartir su residencia con España. Por otra, variables relativas a su estancia en el lugar de retiro: cuántos meses residen en España y desde qué año; si mantienen una propiedad en su país de procedencia; cómo de satisfechos están con su vida en general y con la decisión de haberse trasladado a España en particular; qué inconvenientes le ven a haberlo hecho; cuál es su dominio del español, y cómo se identifican a sí mismos en tanto que tales residentes, si como turistas, inmigrantes, extranjeros, ciudadanos europeos, vecinos y/o expatriados. Un tercer grupo de variables lo conforman las relativas a su estado de salud y su grado de dependencia geriátrica, incluida su propia percepción de vulnerabilidad. Por último, están las variables de naturaleza política, asimismo enumeradas y descritas en el apartado anterior.

Dado que la variable dependiente es nominal (se trata de saber por qué votaron o no lo hicieron en las últimas municipales, de 2019, luego estamos ante una pregunta de respuesta sí/no), analizamos las posibles relaciones con las variables independientes mediante el test χ2 de independencia. Utilizamos el exacto de Fisher en caso de que un 20% o más de casillas presente frecuencias inferiores a 5. Hemos establecido el nivel de significación estadística en p < 0,05. La Tabla 1 recoge las relaciones estadísticamente significativas. Dada la relevancia cuantitativa de los británicos, figuran tanto los datos correspondientes al conjunto de encuestados como los específicos de esta nacionalidad.

Del conjunto de variables cruzadas con la explicada, solo ocho tienen relación estadística. Ninguna de ellas es de carácter sociodemográfico. Atendiendo a los niveles de estudio y de ingresos, por ejemplo, las tasas más bajas de participación electoral se dan entre quienes los tienen más bajos, pero las diferencias con los otros niveles resultan irrelevantes en términos estadísticos, y no hay diferencias entre los distintos tramos de edad. Del bloque de factores relativos a la estancia en el lugar de retiro, solo se demuestra significativa la relación, positiva, entre tener o no propiedad en el lugar de procedencia y haber votado o no en 2019. Carecer de la vinculación estructural con el propio país que implica tener una vivienda acentúa, pues, la relevancia que se le confiere al ejercicio del derecho de voto en el país en el que de hecho se reside.

En cuanto a las variables explicativas relacionadas con la salud y la dependencia, solo aparece con capacidad predictiva las veces que ha ido al médico en los últimos seis meses. Atendiendo a los residuos corregidos, mientras quienes no han ido al médico tienden a no votar, tienden a hacerlo quienes han ido de tres a cinco veces. Dado que no resulta ser significativa la relación del estado de salud, como no lo es la de la capacidad geriátrica de realización de actividades ni la autopercepción de vulnerabilidad, y puesto que la relación estadística se aprecia entre los británicos, pero no en el conjunto de los GI con derecho de voto, cabe deducir que es el uso de los servicios sanitarios lo que en mayor medida ha movilizado el voto. Siendo la sanidad una de las principales preocupaciones de los GI británicos en el contexto de la desconexión de la UE, quienes más la usan resultan ser también quienes más útil o necesario han visto que es participar en la elección de representantes públicos. Los Ayuntamientos no tienen competencias sanitarias, pero son interlocutores institucionales con acceso a quienes sí las tienen, en los niveles autonómico y nacional, como tienen acceso a los partidos políticos que se presentan en los tres niveles de gobierno.

La mayoría de las variables predictoras de nuestra dependiente, aun siendo también pocas, son de carácter político. Tienen que ver, por una parte, con la confianza en las instituciones, no en las propias, sino en las del país de residencia en el extranjero, España en el caso que nos ocupa; en particular, con la confianza en su Gobierno y en su Administración pública en general. Dado que de nuevo se restringe esta asociación estadística a los británicos, es razonable pensar que se debe a la relevancia de tales instituciones en la gestión del Brexit, y es así que votan más quienes más confían, con claras diferencias entre quienes confían, cualquiera que sea su grado de confianza, y quienes no lo hacen en absoluto. Si bien no hay relación estadística entre votar y la confianza que merezca el sistema judicial español, mientras el porcentaje de voto entre los británicos supera el 82% cualquiera que sea el nivel de confianza25, entre quienes no confían en absoluto (n=10) desciende al 60%.

Por otra parte, aparece con relación estadística significativa el interés político, sea por cuestiones relacionadas con la UE (tanto electores CERE en general como británicos en particular), con España (solo los británicos) o con el país de origen de los GI. Curiosamente, mientras el interés político de los británicos por España marca diferencias en cuanto a si votan o se abstienen, su ejercicio del derecho de sufragio es indiferente al interés por su país. Podría ser una manera indirecta de constatar que piensan que la satisfacción de sus intereses, al menos en un contexto tan crucial para sus vidas como el que se estaba transitando, está más en manos de las instituciones españolas que de las británicas. Ha sido esa una opinión frecuente en la cobertura de los medios de comunicación británicos en España durante el proceso de negociación del Brexit26. En el mismo sentido, si votaron el 80% de los británicos que confían plenamente en su Administración y el 100% de quienes lo hacen en su gobierno27, los porcentajes de votación en el extremo opuesto, entre quienes no confían en absoluto, fueron del 100% y del 92%, respectivamente.

En fin, se confirma que entre los GI también el capital social, entendido como activismo asociativo, se demuestra un buen predictor de la participación electoral. Aunque el grupo es extremadamente reducido y no cabe hacer extrapolaciones, llama la atención que el 75% de quienes solo fueron miembros de alguna asociación u organización en su país de origen (n=4) se abstuvieran en las elecciones municipales. Por el contrario, sí voto el 75% de quienes no tienen experiencia asociativa en ninguno de los dos países (n=68), un porcentaje, en todo caso, inferior al de quienes participan en ellas en ambos países (100%) o solo en el de retiro (94%), España en nuestro estudio.

Que el Brexit haya emergido como un factor dinamizador del voto no implica que hayan votado en mayor medida quienes lo ven como un inconveniente para vivir en España (v. supra n.15). Cabe precisar al respecto, por una parte, que el factor en sí mismo no tiene relación estadística significativa con el hecho de haber votado o no en las municipales de 2019; de ahí su ausencia de la Tabla 1. Por otra, si bien no media en algunas de las relaciones estadísticas observadas, sí que lo hace en otras: no media en la relación estadística entre la variable dependiente (haber votado o haberse abstenido) y tanto la frecuencia de uso de los servicios sanitarios como la confianza en el Gobierno español. Sí, en cambio, respecto de la confianza en la Administración española, mas no porque ver el Brexit como un inconveniente afecte al ejercicio del sufragio; ocurre que la confianza es relevante entre quienes no lo ven como un inconveniente28, de tal manera que, entre estas personas, solo se abstienen mayoritariamente (67%, n=2) quienes no confían en absoluto en la Administración pública española. Quiere ello decir que, viendo el Brexit como un inconveniente, la confianza que se tenga en la misma es indiferente en cuanto al ejercicio del derecho de voto, lo cual es una forma indirecta más de ver la relevancia del Brexit como dinamizador del voto. El mismo razonamiento cabe hacer de la mediación entre el voto y el interés por la UE29 y por España30.

5. Conclusiones

La gerontoinmigración aúna dos fenómenos complejos y relevantes: vejez y envejecimiento, por una parte, y migraciones internacionales vistas desde el país receptor, por otra. Se conjugan actores y factores que afectan, también, al proceso político. La evidencia empírica confirma que los GI, en tanto que población mayor y con independencia de su extranjería, tampoco se comportan como un actor político colectivo diferenciado, con intereses específicos de su edad. Como las personas mayores en las democracias consolidadas, sí que participan electoralmente en mayor medida que la media del electorado, y más aún que los menores de 55, al tiempo que su participación en acciones políticas no institucionales se da en mucha menor medida. Ello no implica, sean residentes autóctonos o foráneos, que desistan de ejercer sus derechos políticos de ciudadanía distintos del electoral ni que los ejerzan todos por igual.

Cabe destacar, asimismo, que también los GI, con capacidad potencial de afectar a la composición de las mayorías de gobierno municipal, tienden a concentrar su voto en los partidos grandes; en el caso de las elecciones locales españolas de 2019, incluyendo como segunda opción a Cs, entonces barajada como candidatura liberal y con capacidad de llegar a acuerdos de coalición tanto con el PP como, quizás en menor medida, con el PSOE. Estos dos partidos son, asimismo, los que mejor han capitalizado el atractivo de candidatos extranjeros en sus listas, en el sentido de que son los que más de esos candidatos han visto conseguir representación estando en posiciones de seguridad o próximas a ella. Aunque los GI votan en España en menor medida que lo hacían o lo hacen en sus países (en ellos, con derecho de sufragio también en las elecciones generales), es un dato complementario de interés que, así como mayoritariamente apoyan su participación en los procesos políticos locales, tienden a confiar o desconfiar de las instituciones sin grandes diferencias según sean éstas propias o del país de retiro. Al respecto, solo una salvedad hemos apuntado, en cuanto a la Justicia.

Junto con datos oficiales de ámbito nacional y desagregados a nivel local, hemos dispuesto de una encuesta. A los problemas metodológicos ya señalados en otros estudios se han unido en esta ocasión el adverso contexto de la pandemia de coronavirus. El reducido tamaño de la muestra no ha impedido abundar en el conocimiento de este grupo poblacional, con particular atención a su comportamiento político, y, sobre todo, hallar relaciones estadísticas significativas respecto de los factores que afectan al ejercicio del derecho de voto. En concreto, tener o no una vivienda a la que volver en su país de origen y usar o no los servicios sanitarios. Respecto de las variables de naturaleza política, la probabilidad de votar es mayor entre quienes tienen confianza en el Gobierno, en la Administración pública en general y, en menor medida, en el sistema judicial del país de residencia en el extranjero. El interés político por la UE y por el país de origen también permiten predecir la materialización del voto; en el caso de los británicos, según hemos visto en relación con el Brexit, también el interés político por España. Tanto entre los GI como entre las personas mayores en general, se confirma, asimismo, que el activismo asociativo tiene una relación inversa con el abstencionismo electoral.

Las diferencias halladas entre los británicos y el resto de GI han evidenciado la posible incidencia del Brexit en la decisión de votar o abstenerse por parte de esos nacionales. Se trata de un fenómeno relevante, pero coyuntural. El comportamiento electoral que tengan los británicos en el futuro es una incógnita, como lo es la propia evolución de su presencia en España en tanto que destacado lugar europeo de retiro. Futuras investigaciones habrán de atender a la medida en que las dinámicas políticas se puedan ver alteradas tanto por el peso relativo que acaben teniendo en el censo electoral como por su compromiso cívico con la politeia de residencia. Otro campo de estudio relevante será el relativo al comportamiento político, no de los GI de retiro en general o de los británicos en particular, sino de los GI que no son de retiro, fundamentalmente, los que alcanzan la edad de jubilación en el país extranjero donde han generado el derecho a la pensión. Nos referimos, entonces, en relación con España, a un grupo poblacional en el que la presencia de extracomunitarios y de ciudadanos de la Europa del Este viene creciendo significativamente en la franja de edad de mayores de 55 años. A ellos cabría añadir en las futuras investigaciones a los ascendientes mayores cuya residencia responde a la reagrupación familiar. Todo, en un contexto en el que, habiendo cambiado el sistema de partidos, no solo han conseguido representación institucional nuevas formaciones políticas a izquierda y derecha del PSOE, sino también una alternativa racista en general e islamófoba en particular a la derecha del PP.