El Laboratorio 717 de Participación e Innovación Democrática en Andalucía ilustra de manera eficaz cómo la colaboración entre instituciones académicas y gubernamentales puede promover la participación ciudadana y la innovación en el ámbito de la democracia. La Ley de Participación Ciudadana de Andalucía, promulgada en 2017, fue pionera al establecer un marco normativo que impulsara la implicación activa de los ciudadanos en asuntos públicos, ya sea de manera presencial o a través de plataformas digitales.
El Laboratorio 717, nacido de la colaboración entre la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía, representa una iniciativa innovadora para fortalecer la participación ciudadana y fomentar la innovación en la esfera democrática. Este laboratorio se erige como un espacio dedicado a la reflexión, experimentación y debate sobre la participación, capitalizando la experiencia académica y la cooperación interinstitucional para reforzar la implementación de la ley y explorar nuevas posibilidades a futuro. Esta colaboración entre instituciones es un ejemplo destacado de cómo las universidades pueden desempeñar un rol crucial en la promoción de la innovación pública y la participación de la ciudadanía, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia y al fomento de un ambiente de innovación democrática a nivel regional y más allá.
La Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía constituye la primera ley de participación ciudadana en esta Comunidad Autónoma española, la más poblada de todas con cerca de 9 millones de habitantes, con un peculiar marco legal, basado en el Artículo 151 de la Constitución española, lo que le confiere un papel único en el país. El carácter descentralizado del Estado español hace que, si bien la participación es un mandato recogido en diversos niveles normativos, no exista como tal una legislación específica a nivel nacional, siendo las regiones las que han desarrollado leyes con diverso grado de profundidad. Si bien la ley andaluza no es de las primeras, recoge de forma sistemática diversos tipos de procedimientos participativos y formas de desarrollarlos tanto en el ámbito presencial como digital. Dicha Ley establece tanto medidas de sensibilización y difusión como de formación, tanto a nivel institucional como ciudadano. Es en este contexto donde se establece una colaboración entre instituciones públicas, en este caso la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada, para crear, a instancias de esta última, un Laboratorio que funcionara como una plataforma de reflexión, innovación, experimentación y debate en torno a la participación y la innovación ciudadana. Surge así el Laboratorio 717 de Participación e Innovación Democrática de Andalucía (https://laboratorio717.org/). Creado en 2019, se encuentra en fase de consolidación a través de un convenio entre instituciones, que alimenta acciones de formación, investigación y concienciación contribuyendo a desarrollar dicha Ley de Participación Ciudadana, así como desde un enfoque de innovación y conocimiento, a diseñar y reflexionar sobre posibilidades de desarrollo de esta en el futuro. El Laboratorio 717 pretende contribuir a crear un ecosistema de innovación democrática y cultura participativa con actores clave, tanto dentro como fuera de Andalucía, dialogando con otras Comunidades Autónomas y con iniciativas en otros países del ámbito latinoamericano en particular.
Este caso permite abordar la colaboración interinstitucional, entre universidad y gobierno, con el fin de transferir conocimiento y complementar las acciones de participación en la región. Este tipo de iniciativas se enmarcan en el papel que las universidades pueden desempeñar en la promoción de la innovación pública a través de su colaboración con los organismos de gobierno. Nuestro caso analiza tanto la iniciativa como su alcance, así como las claves para la construcción de este tipo de colaboraciones.
La democracia, como forma de gobierno en la que el poder reside en el pueblo, ha sido objeto de profundos análisis por influyentes teóricos de la ciencia política a lo largo de la historia. En la ciencia política contemporánea, diversos teóricos han continuado enriqueciendo la discusión sobre la democracia. Uno de los autores más influyentes, Robert Dahl (1971), conocido por su concepto de la "poliarquía", que se desarrolló en su obra "Poliarquía: Participación y Oposición". Dahl argumenta que la democracia no se limita a la elección de líderes, sino que implica una amplia participación ciudadana, la igualdad en la influencia política y la existencia de instituciones democráticas. Su enfoque destacó la importancia de los procesos políticos y la competencia partidaria como elementos esenciales de la democracia.
La Democracia no solo se trata de votar en elecciones, sino de empoderar a los individuos para que ejerzan su libertad y tomen decisiones informadas en su vida cotidiana. La democracia no solo se mide por la existencia de elecciones, sino por la capacidad de las personas para influir en sus vidas y en la sociedad en general. Los enfoques de autores contemporáneos como Dahl han ampliado la comprensión de la democracia, destacando la importancia de la participación activa en el contexto democrático. Esta evolución de conceptos que superan la democracia representativa nos lleva al concepto de participación ciudadana.
La participación ciudadana es un elemento fundamental en la democracia y la toma de decisiones políticas. Permite que los ciudadanos se involucren activamente en el proceso político y ejerzan su influencia en la formulación de políticas públicas. Algunas formas comunes de participación ciudadana incluyen votar en elecciones, participar en protestas, colaborar en procesos de consulta pública y contribuir a iniciativas de innovación cívica. formula tres funciones de la participación ciudadana: otorgar legitimidad al gobierno; promover una cultura democrática; hacer más eficaces la decisión y la gestión públicas. En contraposición, los métodos convencionales como son la votación y la representación electoral descargan la toma de decisiones en terceros dependiendo la ciudadanía hasta hace algunas décadas de la huelga, la protesta o las manifestaciones como único intento de influencia en la toma de decisiones públicas. La participación ciudadana no solo fortalece la legitimidad de las instituciones democráticas, sino que también asegura que las políticas y acciones gubernamentales sean más representativas de las necesidades y deseos de la sociedad.
Participación e innovación pública están intrínsecamente relacionadas en la búsqueda de una gobernanza efectiva y participativa. En el contexto democrático, la innovación pública se convierte en una herramienta fundamental para mejorar la participación ciudadana y la toma de decisiones. La participación implica la voz de la ciudadanía en la toma de decisiones, y la innovación pública facilita este proceso al proporcionar plataformas y enfoques que permiten a los ciudadanos participar activamente en la formulación de políticas y en la resolución de problemas públicos. Desde la creación de aplicaciones cívicas hasta la implementación de consultas ciudadanas en línea, la innovación pública amplía las oportunidades de involucramiento de los ciudadanos, lo que es esencial para fortalecer la legitimidad y la representatividad de la democracia.
Con innovación pública nos referimos a los procesos, productos o servicios, nuevos o mejorados para responder a desafíos sociales colectivos, incrementando la productividad del sector, la apertura democrática de sus instituciones, la producción de políticas públicas más pertinentes y eficientes, y una mayor satisfacción ciudadana ().
Los cambios en la gestión pública en las últimas décadas nos han hecho pasar de la Administración Pública Tradicional de organización vertical sin intención de cambio y nada orientada al usuario para evolucionar hacia una Nueva Gestión Pública, donde se consiguió una mejora de la eficiencia y eficacia de los procesos y un tímido impulso de las TICs.
Actualmente, en medio de una crisis de desafección de los regímenes democráticos en toda Europa, con crisis económicas, climáticas o territoriales nos encontramos en un periodo de transformación de los servicios públicos. Como señala a partir de las elecciones de la crisis económica de 2008 los efectos de la desafección se señalan de distintas maneras traduciéndose en una desafección creciente en el año 2012, con una desconfianza afianzada en las instituciones. señalan los peligros de esta desafección pudiendo alimentar la polarización política y el apoyo a movimientos populistas, lo que socava la cohesión social y debilita las normas democráticas.
En este contexto, los gobiernos dan pasos hacia una Gobernanza Pública Inteligente. Este nuevo modelo pone de relieve la colaboración e innovación, y aprovecha los saberes y el conocimiento, tejiendo redes entre la ciudadanía y la administración.
Para ello, se vale: 1) del uso de plataformas digitales para la participación ciudadana y la colaboración. 2) del uso del conocimiento colaborativo externo. 3) de la definición de ciudadano como coproductor de servicios públicos junto a la administración economía colaborativa y creación de la noción de comunidad ().
La participación ciudadana no solo fortalece la legitimidad y la representatividad del sistema democrático, sino que también permite que los ciudadanos ejerzan sus derechos y deberes cívicos, contribuyendo así a la toma de decisiones que afectan sus vidas y comunidades (; ).
Estos nuevos modelos están produciendo un cambio de paradigma en las políticas teóricas y prácticas, así como en el paradigma de la democracia representativa como modelo de gestión de lo público. En este marco de gobierno abierto es donde se produce la nueva institucionalización de políticas y prácticas innovadoras, que nos llevan a participar, colaborar, co-producir y co-crear las políticas y servicios públicos.
Los laboratorios de innovación de políticas son nuevas estructuras emergentes en el rediseño de los servicios públicos. Según autores como estos laboratorios han existido en alguna forma durante un siglo, pero la extensión de los labs en el campo de las políticas se ha acelerado rápidamente desde 2010. La aparición de los laboratorios de innovación de políticas se ha asociado con varias tendencias que incluyen un creciente interés en la formulación de políticas basadas en pruebas y la búsqueda de prácticas de gobierno abierto, confianza y transparencia. Los factores contextuales, como la crisis económica, han presionado a las instituciones del sector público para que buscaran modelos de prestación de servicios públicos.
Los laboratorios de innovación de políticas se definen como espacios de colaboración transdisciplinarios donde profesionales de diferentes sectores conviven para crear un ámbito democrático maduro, trabajando en conjunto con el gobierno y otras partes interesadas clave. Según , estos laboratorios son espacios de experimentación social y política, compuestos por equipos de apoyo público y social, viendo la innovación desde un punto de vista sistémico y, por lo tanto, no debe operar solo sino ser parte de estructuras. Es decir, no están diseñadas para obtener resultados a corto plazo ni para buscar la reelección de sus representantes políticos e institucionales, sino para mejorar el bienestar de los ciudadanos a largo plazo, lo que se traduce en la nueva institucionalización de políticas y prácticas innovadoras.
Es importante destacar que, tanto en el sector público como en el privado, los laboratorios de innovación pueden ser heterogéneos en cuanto a sus actividades, escalas y estructuras organizativas, condición que puede resultar difícil para el análisis de la experiencia práctica pero como proponen Carstensen y Bason (2011) con características comunes:
1) su carácter social, articulando una pluralidad de participantes que desde la diversidad activen una inteligencia colectiva; 2) su carácter experimental, desarrollando procesos en los que el aprendizaje a partir de los errores constituye en sí unos de los principales resultados; 3) su carácter sistémico, proporcionando respuestas globales a partir del prototipado desde los concreto.
En los últimos años han surgido numerosos laboratorios partiendo tanto de iniciativas privadas como públicas en España siendo el referente indiscutible Medialab Prado (medialab-prado.es) un proyecto del ayuntamiento de Madrid fundado en 2000, se define como un «centro crítico dedicado a la producción cultural a través de la experimentación con las tecnologías digitales», situando «su investigación en la intersección entre arte, ciencia, tecnología y sociedad donde la interdisciplinariedad congrega a hackers, artistas, académicos, productores culturales, humanistas, científicos sociales y programadores que se reúnen para experimentar en el desarrollo de prototipos» ()
Otro ejemplo, nacido esta vez de un gobierno autonómico, ha sido el Laboratorio de Gobierno Abierto de Aragón (LAAB), que fomenta la participación ciudadana, la innovación abierta, el diseño social y el impulso de programas experimentales a través de proyectos basados en inteligencia colectiva, rendición de cuentas y transparencia, co-creación de servicios y políticas públicas (laaab.es).
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación
En el caso del Laboratorio 717 vemos una colaboración gobierno- universidad. Según los cambios experimentados por las universidades europeas, a raíz del proceso de Bolonia, han promovido la aparición de este tipo de centros de carácter más experimental. Las nuevas corrientes de transferencia de conocimiento, innovación e impacto social, han convertido a las universidades en agentes clave de cambio, involucrando la agenda pública entre sus prioridades de acción y el foco de sus investigaciones. Es el caso de Medialab UGR en la Universidad de Granada, de donde parte la iniciativa andaluza que relatamos en la comunicación.
Recorriendo las disposiciones de carácter general de nuestra comunidad andaluza, como el primer apartado del artículo 10 del Estatuto de Autonomía, recogen que la Comunidad Autónoma fomentará la calidad de la democracia facilitando la participación de todos los andaluces en la vida política, económica, cultural y social, mandato que debe regir la colaboración entre las Administraciones locales y la Junta en materia de participación. Otras disposiciones como el artículo 9.26 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía reconoce como competencia propia de los municipios andaluces el establecimiento y desarrollo de estructuras de participación ciudadana y del acceso a las nuevas tecnologías, pero, no es hasta la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía cuando se regula de manera concreta el derecho a la participación en la región.
La Ley establece en su artículo 9c la obligación por parte de la administración andaluza de “Establecer los medios pertinentes para la promoción del ejercicio efectivo del derecho a la participación ciudadana a través de tecnologías de la información y comunicación (TIC), especialmente a través de la configuración de espacios interactivos en sus sedes electrónicas, portales o páginas web, así como mediante la promoción de sistemas de votación y encuesta de carácter electrónico”.
Así pues, en este marco el objetivo del Laboratorio es contribuir al desarrollo de una sociedad andaluza crítica y participativa en el marco de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía, actuando como un espacio de innovación, experimentación, aprendizaje e investigación que proporcione soporte al desarrollo de los procesos participativos recogidos en la ley.
El Lab 717 es un proyecto desarrollado por la Dirección de Participación e Innovación de la Universidad de Granada y por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. La web recoge en un mapeado más de 150 procesos de participación llevados a cabo en Andalucía sirviendo como un repositorio de la memoria colectiva de la región, así como una oportunidad de registrar, incluir y difundir nuevos.
Cada proceso de participación detalla título, responsable del proceso, información, objetivos, temporalización y enlace a redes sociales o ampliación de la información. En la última actualización del convenio se incluyó, además, la relación de los procesos con los distintos Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, así como un apartado para destacar procesos con perspectiva de género.
La web permite el registro autónomo como agentes de la participación y la vinculación a los distintos procesos. Como agentes de la participación se pueden identificar colectivos, personas a título individual, así como consistorios. En la actualidad se encuentran registrados en la plataforma web todos los municipios de más de 10.000 habitantes de la comunidad autónoma andaluza.
Al margen de esta funcionalidad como repositorio, visibilización y registro. La web tiene una vertiente formativa e informativa. Para ello, podemos acceder a:
1) recursos. Incluyendo aplicaciones, tesis, recursos web y otros productos que pueden utilizarse para facilitar un proceso de participación. 2) metodologías participativas, este repositorio ofrece diferentes estrategias, técnicas y procedimientos para llevar a cabo sesiones participativas que permitan intercambiar conocimientos, analizar el entorno o producir ideas. 3) noticias y agenda, que mantiene la actualidad en la región de subvenciones, avances y otras novedades en materia de participación. 4) formación legislativa, que recoge una ley de lectura fácil, así como distintos vídeos y recursos que resumen y explican las tipologías de procesos participativos y la regulación que recoge la ley en materia de participación ciudadana.
Señalar, que esta alianza de instituciones no solo da como resultado la plataforma, también se desarrollan diversas líneas de formato y difusión de la participación ciudadana, entre las que se encuentran, su presentación en foros nacionales e internacionales, la producción científica o las actividades divulgativas.
La conjunción de saberes en el contexto de la gobernanza moderna es un imperativo. A medida que las sociedades evolucionan, enfrentan desafíos cada vez más complejos y multifacéticos que requieren soluciones igualmente sofisticadas. Aquí, la colaboración entre la academia, los expertos y la ciudadanía se convierte en una piedra angular para la construcción de políticas efectivas. La investigación y la experiencia académica aportan una comprensión profunda de los problemas y las posibles soluciones, mientras que las experiencias y perspectivas de la ciudadanía enriquecen la toma de decisiones al agregar un componente de sentido común y una comprensión de las realidades cotidianas. Esta interacción entre conocimientos diversos es esencial para abordar problemas complejos, como la sostenibilidad ambiental, la atención médica, la educación y muchos otros.
Como ya hemos señalado, las democracias se enfrentan a una desafección política creciente, con la ciudadanía expresando frustración y desconfianza hacia las instituciones políticas. En este contexto, la innovación en la gobernanza es fundamental para revitalizar la democracia y restaurar la confianza. Los gobiernos deben adaptarse a las expectativas cambiantes de una sociedad más conectada e informada. Esto implica abrir nuevos canales de participación, adoptar enfoques más inteligentes y colaborativos, y permitir que los ciudadanos participen de manera continua en la toma de decisiones. La tecnología, en particular, ofrece herramientas valiosas para la participación ciudadana, desde plataformas de votación en línea hasta la recopilación de datos en tiempo real. Al facilitar la colaboración entre actores gubernamentales, académicos y ciudadanos, se puede desarrollar una gobernanza más ágil y receptiva.
La universidad, como fuente de conocimiento y como espacio de investigación y debate, desempeña un papel fundamental en este escenario. Al conectar la experiencia académica con los desafíos de la sociedad, las universidades pueden servir como puentes entre los expertos y la ciudadanía. Además, pueden ser incubadoras de innovación, donde se exploran y prueban nuevas ideas y enfoques para abordar cuestiones de gobernanza. La investigación académica sólida proporciona una base de evidencia para la toma de decisiones informadas, lo que es esencial para la formulación de políticas efectivas.
El Laboratorio 717 - Laboratorio de Participación e Innovación Democrática de Andalucía, como se menciona en el texto, ejemplifica cómo la colaboración entre la ciudadanía, las instituciones académicas y los gobiernos puede dar lugar a una estrategia innovadora para abordar la desafección política. Al aprovechar el conocimiento ciudadano y la investigación académica, este laboratorio promueve la participación activa en la administración de los asuntos públicos. Su enfoque no se limita a la regulación normativa o los canales formales, sino que abre una ventana para que los ciudadanos sean parte activa de los servicios públicos, superando las barreras de la democracia representativa. Es una muestra de cómo la colaboración entre diversos actores, incluidas las universidades, puede impulsar la innovación en la gobernanza y la participación ciudadana, lo que, a su vez, tiene el potencial de reavivar la confianza en la política y fomentar una democracia más vibrante y representativa.
En resumen, la conjunción de saberes, la innovación en la gobernanza y la colaboración con instituciones académicas son elementos esenciales para abordar los desafíos contemporáneos de las sociedades democráticas. Estos enfoques no solo permiten la resolución de problemas más efectiva, sino que también pueden ser el camino hacia una mayor participación ciudadana, una gobernanza más receptiva y la revitalización de la democracia en un mundo en constante cambio.
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ROMERO-FRÍAS, Esteban & Nicolás ROBINSON-GARCÍA (2017). Laboratorios sociales en Universidades: Innovación e impacto en Medialab UGR= Social Labs in Universities: Innovation and impact in Medialab UGR. Laboratorios sociales en Universidades: Innovación e impacto en Medialab UGR= Social Labs in Universities: Innovation and impact in Medialab UGR., 29-38.
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