1. Introducción

La reducción del abandono escolar temprano constituye un elemento fundamental en la mejora del capital humano y las tasas de empleo juvenil en España (Úbeda et al., 2020; IVIE, 2011; Pérez y Uriel, 2019). Esto resulta más relevante en un contexto donde la precariedad laboral y la exclusión social son riesgos potenciales. Un empleo de calidad constituye un elemento fundamental para mejorar el desarrollo socioeconómico personal y para prevenir la exclusión social, siendo especialmente importante para las personas jóvenes y otros grupos como inmigrantes y personas con bajo nivel educativo.

La precariedad laboral se deriva de los cambios que se produjeron en las relaciones de producción y en la forma de acumulación de capital. Constituye un obstáculo en la calidad del empleo y se asocia, entre otros, con la falta de seguridad en el empleo, la pérdida de estatus o la falta de garantías de empleo como medio de vida (Blanco y Julián, 2019; Symeonaki et al., 2019), implicando que el acceder a un empleo no evite la pobreza. Por lo tanto, la precariedad resulta una dimensión relacionada con los estándares de empleo que repercute en la calidad de vida de la población (Rivas, 2016; Lozano y Rentería, 2019). Las personas jóvenes que comienzan sus carreras laborales en trabajos precarios pueden tener dificultades para acceder a trabajos de calidad en el futuro, lo que limita su desarrollo profesional y sus oportunidades de crecimiento económico y social (Standing, 2011; Rivas, 2016). También pueden afrontar dificultades para acceder a servicios sociales y de salud, lo que puede contribuir a su exclusión social (Pérez y Uriel, 2016; Fundación Fuhen, 2023).

A pesar de la importancia de la problemática, la cuantificación y diagnóstico del empleo precario genera ciertos retos. Su medición tiende a basarse en indicadores no integrados e indirectos, lo que plantea problemas importantes en cuanto a la validez de los resultados obtenidos (Olsthoorn, 2014; Symeonaki et al., 2019). Esta situación dificulta las comparaciones entre los estudios realizados y lleva a que los resultados sean ambiguos.

Este artículo tiene como objetivo principal examinar la calidad del empleo en la inserción laboral juvenil en Galicia en función del origen socioeconómico. Este objetivo se concreta en dos específicos: primero, analizar la precariedad laboral en Galicia en función del origen socioeconómico y, segundo, proponer un indicador sintético que mide la exposición a la precariedad. En cuanto al primer objetivo específico, permite estudiar cómo influyen las características personales, familiares y educativas en la calidad de sus empleos en el momento de la inserción laboral. Este análisis pone de relieve qué factores contribuyen a la precariedad laboral y la exclusión social. En cuanto al segundo, se aproxima de forma sintética las dimensiones que determinan la precariedad laboral desde una perspectiva amplia.

Las principales contribuciones de este trabajo se refieren a tres aspectos. En primer lugar, se analiza la precariedad laboral en un contexto regional determinado, como es el caso de Galicia, frente a los estudios de comparaciones internacionales. En segundo lugar, se estudia cómo se relaciona la precariedad en la inserción laboral con el origen socioeconómico de la juventud no universitaria. Esto permite abordar el inicio de la etapa en el mercado laboral en clave de movilidad intergeneracional de un grupo más vulnerable que no ha accedido a estudios universitarios. En tercer lugar, se muestra como la formación profesional puede disminuir la exposición a la precariedad laboral, especialmente los grados superiores.

La estructura de este trabajo consta de cuatro apartados además de la presente introducción. Inicialmente se realiza la revisión de literatura en la que se aborda la definición y dimensiones de la precariedad laboral. A continuación, se presenta la base de datos empleada y la información relevante para aproximar el fenómeno de la precariedad laboral. El tercer apartado estima un estudio econométrico que evalúa como influyen los factores socioeconómicos y educativos sobre el riesgo de precariedad laboral. En último lugar, se aborda una discusión y las conclusiones en relación con los resultados.

2. Conceptualizando la precariedad laboral: un enfoque multidimensional a través de la literatura

El concepto de precariedad presenta un carácter multidimensional y, a pesar de no existir una definición única sobre el concepto (García-Pérez et al., 2020; Quintana et al., 2020), en la literatura analizada se encuentran ciertos aspectos comunes. La precariedad laboral resulta de los profundos cambios producidos en los mercados de trabajo en las relaciones de producción y en la forma de acumulación del capital.

Rodgers y Rodgers (1989) definen el empleo precario como una situación en la que el empleo no proporciona a los empleados la seguridad de un nivel mínimo de vida decente. En la misma línea, se encuentran definiciones como las de Sánchez et al. (2013) o la de Blanco y Julián (2019), que consideran la precariedad como la falta de protección, inseguridad, vulnerabilidad económica o social e inestabilidad. Úbeda et al. (2020) se refieren a la precariedad como la ausencia de ocupación, la flexibilidad, la temporalidad, la eventualidad, los bajos salarios y la falta de control en el trabajo que no permiten consolidar un nivel de ingresos y una estabilidad suficientes para articular un futuro y una vida digna. Por ello, la precariedad no describe una circunstancia temporal. El aspecto común que encontramos en estas definiciones es el tratamiento de la precariedad como la “ausencia de”, indicando que existen insuficientes mecanismos de protección para los que participan en el mercado laboral. Algunas definiciones más simples de precariedad laboral tienen que ver con la “falta de” seguridad en el empleo o la consideración de tener o no tener estatus, como la aportada por Paugam (1996).

Un segundo grupo de definiciones, aunque estrechamente relacionados con la perspectiva de la “falta” o “ausencia de”, son las que comparten el término continuidad. Así, Lozano y Rentería (2019) definen el trabajo precario como una construcción multidimensional en la que se incluye el nivel de incertidumbre sobre la continuidad del empleo, el escaso control individual sobre las horas o condiciones de trabajo, el bajo nivel de protección contra el desempleo o discriminación y la vulnerabilidad económica. La idea de la clase precaria de Standing (2011) también podría insertarse en la falta de identidad en torno a un empleo seguro. Asimismo, Symeonaki et al. (2019) definen la inseguridad laboral como la preocupación general de los empleados en lo que respecta a la continuidad en la empresa y a sus características valorables en el futuro. En este caso, la continuidad tiene relación con las dificultades derivadas de las contingencias e intermitencias (empleo/desempleo) que se producen en los mercados laborales. Puede considerarse que está relacionado con el primer grupo de definiciones, pues representan una falta de garantía de mantenimiento del empleo.

El primer grupo de definiciones resulta más estricto, ya que pone el foco en que no existe un elemento (seguridad, estatus, etc.); mientras que en el segundo grupo se pone de relieve la continuidad de los derechos o del empleo señalando que estos existen en algún momento concreto de un período determinado.

Sin embargo, la inseguridad laboral puede ser percibida como una experiencia subjetiva u objetiva. Según Symeonaki et al. (2019), desde una perspectiva sociológica y psicológica, la experiencia subjetiva puede discernir ante dos situaciones objetivas idénticas. Las percepciones subjetivas se articulan a su vez en dos componentes: la cognitiva, que se refiere a que la persona estima que perderá el trabajo en el futuro; y la afectiva, en la que influye el miedo, preocupación o ansiedad de pérdida de empleo. Las implicaciones de la concepción subjetiva no tienen por qué coincidir con los resultados basados en la perspectiva objetiva.

El tercer grupo de definiciones considera que el empleo precario supone un deterioro directo o indirecto de todas las condiciones de trabajo, en la línea de Gutiérrez-Barbarrusa (2016). En otras palabras, los empleos precarios se caracterizarían por salarios más bajos, peores condiciones contractuales y un mayor riesgo de prácticas abusivas por parte de las empresas. Vladislavovna y Posukhova (2016) definen la precariedad laboral como la deformación y crisis de las relaciones sociales y laborales. Un aspecto interesante de esta definición se refiere a que el foco no está ubicado sólo en las relaciones laborales, sino que la parte social constituye un pilar necesario en el análisis. Además, determinan que existen diferentes formas de relaciones laborales en las que confluyen el trabajo con contrato de duración determinada, el empleo a tiempo parcial, el trabajo ocasional y casual, el empleo por cuenta propia o el empleo en la economía informal o sumergida. Con el proceso de precarización, aparece un elevado grupo de empleados ocupados de forma prolongada en un trabajo temporal injustificado, debido al incumplimiento de derechos sociales y laborales y la vulnerabilidad e inseguridad de su estrato social. Desde este punto de vista, la precariedad se asocia a las situaciones laborales que no proporcionan al trabajador un nivel adecuado de bienestar y seguridad actual y futura. Conviene señalar que esta perspectiva es dinámica, ya que el deterioro sucede a una situación no perjudicial precedente.

Otro grupo de trabajos abordan la precariedad como un estado de posible contingencia, de riesgo o de vulnerabilidad. Estas definiciones están estrechamente vinculadas a la falta de seguridad, pero esta amenaza deriva de la vulnerabilidad del grupo. Para Olsthoorn (2014), la precariedad es una amenaza de inseguridad en el empleo cuando los trabajadores cuentan con pocos medios para mantenerse más allá del salario que ganan, ocupan un puesto de trabajo que proporciona un salario bajo, hay poca seguridad laboral y el trabajo ofrece un acceso limitado a los derechos que proporcionan seguridad en el nivel de ingresos. Bazillier et al. (2016) relacionan la precariedad con el concepto de vulnerabilidad y el riesgo de pobreza. La vulnerabilidad puede definirse en términos de la dificultad que tienen los individuos para gestionar los riesgos o afrontar las pérdidas y los costes asociados a la ocurrencia de eventos o situaciones de riesgo. A su vez, el riesgo está relacionado con la probabilidad de que los individuos se vean expuestos a un trato adverso, mientras que la capacidad se considera relacionada con su habilidad para protegerse de ese riesgo.

Además, otras definiciones, como la de García-Pérez et al. (2020), conciben la precariedad laboral como una construcción multidimensional que refleja la insatisfacción laboral de los trabajadores. La clase trabajadora precaria se enfrenta a las deficiencias en las múltiples dimensiones objetivas de sus puestos de trabajo que se materializan en condiciones laborales deficientes. En este caso, se trata de una definición estática desde el punto de vista del tiempo y tiene una componente más psicológica, al abordar la precariedad como una percepción (Lübke y Erlinghagen, 2014).

3. Metodología: indicadores del empleo precario e indicador de exposición a la precariedad laboral

En este apartado se presenta la metodología seguida para medir distintas dimensiones de la precariedad en base a la Encuesta de Transición Educativo-Formativa e Inserción Laboral (ETEFIL). El objetivo es proporcionar una primera aproximación a la precariedad y analizar en qué medida se relaciona con factores socioeconómicos de origen. Para ello, se seleccionan indicadores que cuantifican dichas dimensiones según la literatura. El estudio se centra en la juventud con estudios no universitarios, debido a que las condiciones de acceso al empleo pueden presentar ciertos obstáculos en un contexto laboral de mayor demanda de formación. Se comprende que la contingencia del desempleo es una situación precaria y de vulnerabilidad económica individual. Además, en el momento de inserción laboral es posible que las personas no tengan asegurados derechos sociales como la percepción de subsidios de desempleo. Por lo tanto, a pesar de que se entienda la relevancia de la posible vulnerabilidad económica y social y de los riesgos de exclusión social de este grupo, el análisis se limita principalmente a las personas ocupadas.

La literatura utiliza indicadores no integrados e indirectos de forma instrumental para comparar la precariedad entre grupos (estudios de clústeres y análisis factoriales) o bien para analizar su evolución a lo largo del tiempo. Varios trabajos, como el de Symeonaki et al. (2019) o Orfao et al. (2019) estudian la precariedad en la juventud. Este trabajo se centra en un grupo más específico de la juventud, que es el grupo de mayor vulnerabilidad educativa que no ha cursado estudios universitarios. Sin embargo, la comparación de los trabajos que abordan la cuantificación de la precariedad laboral se enfrenta a desafíos debido a la utilización de indicadores diversos, además de las variaciones en las condiciones productivas y laborales en diferentes economías, así como la aplicación de normativas laborales distintas.

La metodología utilizada sigue la misma línea que sugieren Blanco y Julián (2019), Lozano y Rentería (2019), Gutiérrez-Barbarrusa (2016), Lugilde et al. (2018) o Sabatini (2009). Estos trabajos proponen una serie de indicadores relacionados con aspectos de empleo y les proporcionan un valor que oscila entre 0 y 1 a cada una de las dimensiones analizadas. Dado que el indicador agrupa esencialmente variables discretas, revela información sobre la “cantidad” de situaciones precarias, y no sobre la “intensidad” de la precariedad (Orfao et al., 2021).

Este trabajo propone un indicador compuesto que aproxima la calidad del empleo, considerando la dimensión normativa y económica de la precariedad, así como la dimensión de los derechos de las personas trabajadoras. La construcción del indicador requiere señalar las distintas dimensiones, las variables de medición y un umbral a partir del cual cada empleo presenta riesgos de precariedad.

Por lo tanto, si $X_{ij}$ es la observación del empleo i en la dimensión j con i = 1, ..., N e j = 1, ..., D y $Z_j$ es el umbral de la dimensión j, entonces el empleo tiene riesgos de precariedad en la dimensión j en el caso de que $X_{ij}<Z_j$ . Si se trata de variables dicotómicas, el no cumplimiento de una dimensión conduce a que el empleo sea precario en esa dimensión. Un ejemplo de esto resulta de la dicotomía de que tener un contrato a tiempo parcial es lo contrario a tener un contrato a tiempo completo. Se considera $X_{ij}$ una observación de la dimensión j para el individuo i, donde j puede tener los valores del 1 al 5 (por las dimensiones de la precariedad).

Los criterios de valoración aplicados para establecer el umbral de una dimensión con riesgo de precariedad siguen los propuestos en la literatura (Lugilde et al., 2018; Lozano y Rentería, 2019). Los valores asignados en las relaciones contractuales son de 1 en el caso de tener un contrato temporal, becario o autónomo (Lozano y Rentería, 2019; Padrosa et al., 2021; Blanco y Julián, 2019). La jornada a tiempo parcial computa con el valor de 1, salvo que el promedio de la jornada sea voluntario, que computa con el valor de 0,5 (Quintana et al., 2020; Román-Sánchez y Sollova-Manenova, 2012). Los ingresos tienen el valor 1 si son inferiores a los 700 euros, 0,75 puntos en el caso de que sea inferior a los 1.000 euros y, 0,5 en el intervalo 1.000 y 1.499 (Olsthoorn, 2014). En el caso del análisis de las cotizaciones y las tasas de desempleo se utilizan cálculos adicionales. En lo que respecta a las cotizaciones, si la persona empleada está a tiempo parcial, la base de cotización se corrige aplicando un 0,5, como señala la Tesorería General de la Seguridad Social [TGSS] (Quintana et al., 2020). Si la cotización está por debajo de los 1.000 euros, la asignación es 1. Si la cotización está comprendida en el intervalo entre 1.000 y 1.500 euros, se le asigna un valor de 0.5. Con respecto a las tasas de desempleo, se elabora un indicador de especialización del desempleo de la actividad sobre la media de desempleo regional (Sabatini, 2009). Se define el desempleo del sector $X_i$ sobre $\overline{x}$ (media de desempleo regional). A aquellos sectores con un desempleo por encima de la media se les asigna el valor 1, y a los demás sectores un valor proporcional sobre la media del desempleo regional. El sector con más desempleo es el de hostelería, con una tasa de paro de un 13,89%, y un índice de especialización del desempleo que asciende a 1,18 puntos. El sector del comercio tiene una tasa de paro del 5,5% y su índice de especialización de desempleo equivale al 0,47. Por lo tanto, el valor de precariedad asignado es 0.47/1.18= 0,4. Cuanta más distancia hay respecto al sector con mayor desempleo (y más inseguro), la asignación de precariedad por desempleo irá descendiendo.

El valor máximo que puede alcanzar el indicador propuesto de exposición a la precariedad es de 5 puntos. Si se alcanza una puntuación de 5 implica una situación de máxima precariedad en todas las dimensiones analizadas. Este valor explica un factor de riesgo o eventual situación de precariedad laboral. Una vez obtenido el indicador compuesto para cada uno de los individuos se analiza cuál es la relación que existe entre la exposición a la precariedad laboral con las condiciones personales, antecedentes del hogar y el nivel educativo alcanzado.

A continuación, se realiza un análisis bivariado donde se recoge la relación entre el indicador compuesto propuesto de exposición a la precariedad junto con circunstancias personales y de contexto socioeconómico. Las variables seleccionadas son el sexo, la nacionalidad, la asistencia a colegio público o privado, el nivel educativo de los progenitores y el propio nivel de educación alcanzado por la persona. La exposición a la precariedad se segmenta en cuatro cuartiles. Cuando el indicador de exposición a la precariedad supera los 3 puntos, se asigna un alto riesgo de exposición. La exposición media-alta a la precariedad se sitúa en el intervalo de entre 1,94 y 3; mientras que la exposición media-baja se corresponde con los valores de entre 0,94 y 1,94. Finalmente, los valores por debajo de 0,94 indican una exposición a la precariedad es baja.

Este análisis se complementa con un modelo econométrico de mínimos cuadrados ordinarios en que se relaciona cómo la exposición a la precariedad laboral se relaciona con el origen socioeconómico. Así, se pretende analizar qué relación existe entre: por un lado, los trabajos inseguros y los derechos limitados y, por otro lado, los empleados vulnerables. También permite estudiar cómo los antecedentes familiares y el logro educativo inciden sobre la vulnerabilidad en la inserción laboral.

4. Resultados

Este apartado presenta un análisis descriptivo del valor de los indicadores en la dimensión normativa y económica y en los derechos de las personas trabajadoras. Además, se profundiza en la relación que existe entre los indicadores de precariedad anteriormente presentados y las características personales de los jóvenes.

Los resultados se presentan agrupados conforme la revisión de literatura de las dimensiones de la precariedad y, concretamente, con la perspectiva adoptada por Olsthoorn (2014). El empleo precario resulta de la interacción de empleados vulnerables, derechos escasos y trabajos inseguros. Estos elementos también pueden definirse como dimensiones de la precariedad. El empleo precario existe cuando las personas empleadas vulnerables ocupan puestos de trabajo inseguros y tienen derechos insuficientes o escasos en el nivel institucional. Los trabajos inseguros se refieren a los elementos del trabajo que pueden convertir el empleo en precario y que están parcialmente incluidos en el contrato de trabajo. Por un lado, refleja la inseguridad de garantizar unos ingresos suficientes, relacionando el empleo precario con pobreza y privación. Por otro lado, la inseguridad podría referirse al hecho de que un individuo sea despedido de su trabajo. Los empleados vulnerables son trabajadores que pueden sufrir mucho las condiciones que ofrecen los empleos inseguros debido a su situación personal. Estos podrían ser aquellos que carezcan del nivel formativo necesario. Los derechos limitados son un elemento institucional y se caracterizan por la escasez de coberturas y diversos elementos de protección que los empleados pueden obtener de su relación laboral.

Los empleados vulnerables son analizados juntamente con los otros indicadores de trabajos inseguros y derechos escasos. En función del nivel de formación alcanzado y las condiciones socioeconómicas y demográficas, la incidencia de los indicadores de precariedad puede variar.

5. Conclusiones

El propósito de esta investigación es analizar cómo los niveles educativos no universitarios afectan a la calidad del empleo y la inserción laboral de los jóvenes en Galicia. Para ello, se utiliza la Encuesta de Transición Educativo-Formativa e Inserción Laboral y un modelo econométrico que permite examinar cómo las características personales, familiares y educativas influyen en un indicador sintético de calidad del empleo. Este indicador, que permite aproximar la exposición a la precariedad y la calidad del empleo, recoge las relaciones contractuales, los ingresos y las características laborales del sector.

Según la revisión de literatura, cuando confluyen trabajos inseguros con derechos limitados y las personas que los ocupan están en una situación de vulnerabilidad se incrementen las posibilidades de exclusión social. Así, las personas jóvenes entran en la categoría de empleadas vulnerables. Además, otro tipo de cuestiones como el género, la condición de inmigrante o el bajo nivel educativo pueden acrecentar los riesgos.

Los resultados del modelo destacan que tanto el sexo femenino como el menor nivel formativo tienen mayor incidencia en riesgo de exposición de precariedad laboral. La formación materna también incide positivamente en este resultado, cuestión de interés para abordar en investigaciones futuras. Algunas posibles explicaciones encontradas en la literatura encajan con la labor de las mujeres como fuente de protección social familiar. El hecho de acreditar un título de competencias básicas (ESO), frente a no conseguirlo no implica mayor tasa de actividad en el mercado laboral. Las consecuencias de ello son relevantes, ya que advierte sobre una necesidad que excede de las meras políticas sectoriales centradas en el abandono escolar.

Este trabajo presenta varias contribuciones, como abordar la precariedad laboral en un contexto regional, como es el caso de Galicia, en un grupo concreto que entraña mayores riesgos: por un lado, el factor juventud; por otro lado, el factor educativo, ya que se centra en aquella que no tiene estudios universitarios. La literatura centra su atención en comparaciones internacionales o en la clasificación por clústeres de los tipos de precariedad. No obstante, un ámbito menos explorado es cómo la precariedad puede tener relación con un entorno socioeconómico vulnerable de origen. Este trabajo aproxima la literatura sobre la calidad del empleo con la movilidad intergeneracional. Finalmente, se muestra como la formación profesional se articula como un mecanismo de protección frente a la precariedad laboral, especialmente los grados superiores.

Dado el carácter multidisciplinar de la precariedad resulta de interés el diseño y propuesta de políticas transversales, no solo centradas en mercado laboral, sino que han de complementarse con políticas educativas. Se necesita poner el foco en la transición entre la esfera educativa y laboral (Salvà-Mut et al., 2015; Lozano y Rentería, 2019), debido a que las malas condiciones de inserción podrían tener efectos perjudiciales que se dilaten en el tiempo (Rivas, 2016). El estudio concreto de Galicia resulta de interés porque presenta mejoras en los resultados educativos en los estándares nacionales. Por ello, la mejora de las condiciones del empleo y de la educación son pilares clave en su nivel desarrollo socioeconómico y competitividad.

Finalmente, se pone de relieve que la formación profesional y, en particular los grados superiores, puede desempeñar un papel fundamental en la reducción de la exposición a la precariedad laboral. En este sentido, este trabajo aporta a la literatura evidencia relevante para impulsar la formación profesional en Galicia, ya que esto podría atenuar los riesgos en el empleo y potenciar el capital humano. No obstante, se presentan grandes retos, debido a que una parte de la población que no posee el graduado escolar siendo este un requisito indispensable para el acceso a la formación profesional. Se requiere intervención activa y cooperación entre los centros educativos, el sector empresarial y las autoridades en materia educativa para diseñar una vía de incorporación alternativa para el retorno a la formación.