Recursos digitales de colaboración y de seguridad pública. Mejorando la autoprotección ciudadana

1. Introducción¹.

El anhelo de seguridad es una de las condiciones humanas más básicas, ligada íntimamente al instinto de supervivencia pero, también, al deseo de establecerse en unas circunstancias favorables para el desarrollo de la propia vida, en términos de calidad y de prosperidad. Lo contrario, la sensación -realista o no- de inseguridad, es un factor de sufrimiento para los individuos, exponencialmente multiplicado cuando es un sentimiento compartido por el conjunto de una sociedad; la persona ya no sufre tan solo por sí misma, sino también por sus seres queridos, su comunidad, incluso, en casos extremos, por el recuerdo de su linaje y por la existencia de su propia civilización y su cultura. Sumeria, maya, azteca, fenicia, etrusca o tracia -por citar algunos ejemplos- son identidades hoy en día disueltas en otras, como consecuencia de guerras, conquistas y colonizaciones, así como por las transformaciones propias de las sociedades, en ocasiones, impuestas por los gobernantes. No son pocas ni, en absoluto, desdeñables, por tanto, las amenazas que conlleva el concepto de inseguridad; siendo, por ello, vital la garantía de un nivel aceptable de seguridad para un disfrute mínimo de la propia existencia. En términos utilitaristas, a mayores niveles de seguridad conseguidos, las personas se encontrarán en condiciones de disfrutar en mayor medida de sus propias vidas, con las menores preocupaciones. Con tal lógica se establecen los pilares de los Estados de bienestar: defensa, policía, sanidad pública, educación pública, sistema de pensiones, bomberos, protección civil, servicios sociales y prestaciones… Y otra serie de servicios contratables para expandir dicha sensación de seguridad: seguros de vida, de hogar, de vehículos, de mascota, etc. La paz social se tambalea en los países en los que alguno de los servicios públicos esenciales no funciona.

La seguridad pública tiene un marcado carácter prestacional, teniendo que ser provista por el gobierno competente, a través de sus distintos niveles y organismos de administración, compuestos, principalmente, de funcionarios públicos (Aguado, 2007). El interés general de la seguridad pública obliga a que sea tratada como un deber ineludible del Estado, tanto si es democrático como si no lo es. En el caso de las democracias, esta responsabilidad viene reflejada en el texto constitucional de cada nación, otorgando, además, la legitimidad democrática al uso justificado de la fuerza y de la violencia, del que goza, prácticamente, en exclusiva. Como todo servicio público, es, indirectamente, una contraprestación: se ofrece mediante los recursos provistos por el erario. La propia riqueza de la población -y la distribución de esta- es la que determina el presupuesto que puede destinarse a las acciones de seguridad pública y los otros ámbitos de bienestar social que contribuyen a una mejor convivencia ciudadana. Como referencia, democracias avanzadas tales como Islandia, Nueva Zelanda, Portugal, Austria y Dinamarca se mantienen como los países más seguros del mundo en el informe de 2020 del Global Peace Index, mientras que autocracias y estados fallidos como Afganistán, Siria, Sudán del Sur, Yemen y Somalia continúan siendo los más inseguros². No es necesario indagar demasiado para toparse de lleno con la evidencia de que las democracias son sistemas de gobierno más eficaces a la hora de garantizar la seguridad pública, al facilitar que los conflictos sociales sean resueltos por los cauces institucionales y al minimizar las decisiones arbitrarias de los gobernantes, sometidos al control parlamentario, al judicial y al de la propia opinión pública plural.

Los gobiernos pueden actuar ante los asuntos públicos de dos modos: de forma proactiva o anticipativa, o de manera reactiva (Pastor Albaladejo, 2014: 23). La forma habitual de proceder, en cualquier país, desafortunadamente, es la reactiva: los gobiernos actúan sobre cuestiones que ya son percibidas por la población como problemas ante los que el gobierno debe actuar, en ocasiones, urgentemente. En el ámbito de la seguridad pública; inundaciones, nevadas, incendios, disturbios, epidemias o atentados terroristas son el tipo de acontecimientos que provocan que las administraciones actúen reactivamente ante lo que se les viene encima. El menor o mayor acierto de las respuestas dependerá, en gran medida, de la existencia de protocolos de actuación elaborados previamente y de la planificación de recursos de reserva destinados a cubrir este tipo de situaciones. Por su parte, las actuaciones políticas de carácter proactivo, podemos dividirlas en dos tipos, no excluyentes entre sí: las que se centran en la prevención de problemas y las que tienen por propósito la mejora del funcionamiento de los servicios públicos y la calidad de vida de la ciudadanía. Las políticas de gobierno abierto tienen un marcado carácter proactivo, facilitando que la propia sociedad civil participe en la detección de problemas y en la configuración de mejoras en el sistema público. En adelante -tras situarnos en contexto- analizaremos las características del gobierno abierto y su aplicación al ámbito de la seguridad pública, exponiendo algunos casos de iniciativas relevantes de diferentes lugares del mundo.

2. La seguridad pública, y sus amenazas, en el contexto global.

Desde la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, con casi tres mil víctimas mortales civiles³, la sociedad internacional -como conjunto- no ha disfrutado plenamente de paz ni de tranquilidad. A los países y regiones anclados en el conflicto autóctono permanente, se unían todos los demás, especialmente los más ricos y poderosos, situados en el punto de mira de un nuevo tipo de horror cuya finalidad es hacer que cualquier persona, y en cualquier punto del globo, se sienta insegura, desprotegida frente a una amenaza invisible que ni siquiera establece relación previa alguna con sus víctimas. Años después de aquel acto de presentación de Al Qaeda, en 2014, una nueva organización yihadista se autoproclama como Estado Islámico, perpetrando y difundiendo ejecuciones en tiempo real y realizando atentados brutales como los de Charlie Hedbo (enero de 2015), el avión explotado en el espacio aéreo de Egipto (octubre de 2015), Beirut (noviembre de 2015), la sala Bataclan y otros puntos de París (noviembre de 2015), Bruselas (marzo de 2016), Niza (julio de 2016), Kabul (julio de 2016), Berlín (diciembre de 2016), Estambul (enero de 2017) o Mánchester (mayo de 2017), todos ellos con decenas o centenares de víctimas mortales, entre otras muchas atrocidades. El debilitamiento del Estado Islámico o DAESH en los últimos años tras la pérdida de la totalidad del territorio ocupado, en marzo de 2019, y la inmolación de su líder Abu Bakr al-Baghdadi, siete meses después, puede estar favoreciendo una reorganización de Al Qaeda, que desde el abatimiento de Osama bin Laden, en mayo de 2011, ha permanecido en segundo plano. Tampoco puede descartarse que ambas organizaciones terroristas cooperen y se alíen en un futuro (Reinares, 2019), por lo que no hay motivos para perder de vista los focos de radicalización (Paredes, 2020).

Por otro lado, a partir de los ataques de Anders Breivik el 22 de julio de 2011 en Oslo y la isla de Utøya, con un saldo total de 77 víctimas mortales, existe una preocupación creciente por un nuevo tipo de terrorismo de extrema derecha y supremacista blanco. Según datos de Institute for Economics & Peace (2020), los ataques terroristas de extrema derecha se han incrementado un 250% entre 2014 y 2019 y las víctimas de estos ataques han crecido más de un 700% en ese mismo periodo. Del total de 108 muertes a causa del terrorismo en 2019 en Occidente, 89 de ellas fueron a causa del terrorismo de derecha radical. A dicha estadística han contribuido notablemente los atentados a dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, a manos de otro lobo solitario, Brenton Tarrant, quien retransmitió en directo a través de Facebook su recorrido para asesinar hasta un total de 51 personas musulmanas.

A los anteriores, han de sumarse los crímenes que no tienen una motivación política o religiosa como causa principal, que están más bien relacionados con patologías y venganzas de carácter personal e inadaptaciones a la sociedad, pero con una naturaleza muy similar a la del terrorismo. Entre ellos, los más preocupantes, los sucedidos en centros educativos. El paradigma de esta especie de terrorismo apolítico se podría considerar la masacre del instituto Columbine, Estado de Colorado, en 1999, sin dejar de ser uno entre tantos casos de crímenes cometidos en centros educativos, tanto previos como posteriores (Henry, 2009). Otra expresión de este tipo de horror la hallamos en el tiroteo de las Vegas de 2017, protagonizado por un contable estadounidense de 64 años, quien disparó contra los asistentes a un concierto desde la habitación de su hotel, dando muerte a 58 personas e hiriendo de bala a varios centenares. Estos crímenes ponen sobre la mesa discusiones como la falta de control sobre personas con conductas gravemente desviadas o el fácil acceso a armamento en algunos países.

El «belicismo moderado» o «pacifismo moderado», basado en la teoría del bellum iustum y la práctica del ius belli (Bobbio, 2005: 605), sería el posicionamiento común de las sociedades democráticas contemporáneas y de organizaciones internacionales como la ONU, la Unión Europea o la OTAN, en cuanto a la deseabilidad del conflicto armado se refiere. Las sociedades coinciden en el deseo de la paz, sin embargo, asumen la inevitabilidad de la violencia, incluso como instrumento para alcanzar el orden y la estabilidad. Como muestra de ello, el 10 de diciembre de 2009, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el discurso de agradecimiento por su distinción con el Premio Nobel de la Paz, pronunció en 44 ocasiones la palabra «guerra»⁴ frente a las 31 ocasiones en las que pronunció la palabra «paz». Fruto de guerras, guerrillas y de la opresión impuesta por el crimen organizado, en grandes regiones del planeta, se originan importantes caudales migratorios que generan preocupación en los países receptores e inestabilidad en las zonas de tránsito y en las fronteras. Tanto la crisis migratoria del Mediterráneo, o «crisis de los refugiados», como la corriente migratoria de Centroamérica y México hacia Estados Unidos demuestran que la inseguridad no se puede mantener aislada, es contagiosa, y, además, plantea importantes debates humanitarios. En relación con los flujos migratorios, no nos podemos olvidar de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral como otro de los grandes problemas que afrontan las administraciones (Lucea, 2015; García Lozano, 2018; Moreno, 2018). Ni tampoco podemos dejar de lado el tráfico de drogas y de armas de fuego como otras graves amenazas transnacionales a la seguridad pública (Williams y Black, 1994).

Hay amenazas a la seguridad que, pese a ser más habituales, no son en absoluto menos importantes. La violencia de género -se reconozca o no como tal- continúa siendo un gravísimo problema global. Al menos el 35% de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja íntima o violencia sexual por parte de una persona distinta de su pareja, según datos de la Organización Mundial de la Salud (2013) y, de las 87.000 mujeres asesinadas intencionadamente en 2017, en todo el mundo, más de la mitad murieron a manos de sus familiares o parejas íntimas, y más de un tercio de ellas lo hicieron a manos de su pareja íntima o de una pareja anterior, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2019). La violencia sobre la mujer también ha limitado su acceso a la representación pública, agravándose la desigualdad de género y favoreciendo la corrupción del sistema político (Norris, 2019; Restrepo, 2020).

No podemos dejar de plantearnos que el hecho de que las grietas en la integridad del funcionamiento policial causan más división social y más problemas de seguridad. Así sucede en algunos estados norteamericanos, desde los que se han alimentado importantes tensiones para el conjunto de la sociedad estadounidense, así como el avivamiento de la cuestión racial como clivaje político. Los casos de brutalidad policial extrema contra ciudadanos de color, y la ausencia o la escasez de condena a algunos de los agentes implicados, valieron en 2013 la aparición del movimiento Black Lives Matters (Faust et al., 2020). La indignación por las muertes y algunas sentencias exculpatorias han provocado importantes disturbios en diferentes puntos del país, tales como los tumultos urbanos a raíz de la muerte de George Floyd, a finales de mayo de 2020, que, a su vez, provocaron nuevas muertes entre los manifestantes y numerosos destrozos materiales. La actuación policial ha sido foco de la discusión internacional, entre otros casos, en el referéndum ilegal de independencia de Cataluña, en 2017, y en las protestas a las varias oleadas de protesta de los «chalecos amarillos», en Francia, desde finales de 2018. Estos hechos nos demuestran la radical importancia de que las fuerzas policiales no solo sean eficientes, sino que se adapten a la realidad social en la que operan y su funcionamiento sea reflejo de esta, en términos de ejemplaridad pública.

Buena parte del esfuerzo policial y de los servicios de inteligencia gubernamentales se dirige, de forma creciente, a evitar la cibercriminalidad en sus múltiples formas, lo cual requiere de cada vez mayores esfuerzos interdisciplinares para el estudio y la persecución de este tipo de delitos tecnológicos (Payne y Hadzhidimova, 2020). Un par de semanas después de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020, el presidente derrotado, Donald Trump, cesaba al director de la agencia de ciberseguridad estadounidense, CISA, después de que este afirmara que el proceso electoral había sido el más seguro en la historia de EEUU. Esa afirmación perjudicaba el argumento sin base empírica de Trump de que las elecciones habían sido alteradas a favor del Partido Demócrata. Al aproximarse la fecha de toma de posesión del nuevo presidente, Joe Biden, el 6 de enero de 2021 se produjo un hecho sin precedentes en la historia norteamericana contemporánea: el asalto al Capitolio por parte de seguidores de Donald Trump con el deseo de invalidar el resultado electoral y permitir la permanencia de Trump en el poder. Trump y otras decenas de miles de cuentas vinculadas al movimiento de teoría conspirativa QAnon acabaron siendo bloqueados de plataformas como Twitter, Facebook y YouTube por aprovechar dichos canales de comunicación para alentar al odio y a la acción violenta. La rápida difusión de las noticias falsas y la profunda penetración de la posverdad en la comunicación común, en la institucional e, incluso, en la científica hacen necesarios nuevos parámetros críticos para evaluar la información que recibimos, especialmente cuando concierne a cuestiones de seguridad que requieren de indudables niveles de credibilidad (Aradau y Huysmans, 2019).

Por contrapartida, algunos procesos de paz han tenido éxito, como la desactivación -parcial- del IRA en Irlanda del Norte (2008), de las FARC en Colombia (2016) o de ETA en España (2018). No obstante, la violencia genera inercias hacia más violencia y, también, deja huellas que tardan un tiempo considerable en ser borradas; huellas que marcan el camino nuevamente al dolor si otros grupos deciden seguir los pasos de quienes previamente eligieron ese modo de vida, o se vieron envueltos en él. Tal es así que democracias con experiencias recientes de dictaduras militares presentan mayores tasas de homicidios que las democracias más longevas, puesto que -entre otros factores- heredan fuerzas policiales militarizadas (Frantz, 2019), unos cuerpos habituados al uso impune de la violencia y al protagonismo en la vida política y social. Los altos niveles de crímenes violentos, asimismo, auspician los sentimientos personales de inseguridad y debilitan los niveles de confianza en una sociedad, socavando la legitimidad de las instituciones democráticas (Karstedt y LaFree, 2006; Schedler, 2014). Así lo señalan estudios de opinión en los que se refleja que los ciudadanos que habitan en democracias con mayor criminalidad, como Guatemala, se muestran más receptivos a una forma de gobierno autoritaria (Seligson, 2003). En resumen, la experiencia demuestra que las naciones que no cuentan con una seguridad pública elevada y extendida a todos los sectores de la sociedad, de forma igualitaria, disponen de grandes espacios para que la violencia estalle, se retroalimente, se expanda y se vuelva estructural.

Finalmente, no se puede dejar de mencionar la pandemia de Covid-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, como uno de los grandes puntos de inflexión de la Seguridad pública en siglo XXI. Además de la emergencia sanitaria y los millones de personas fallecidas, los gobiernos han tenido que gestionar la organización social mediante toques de queda, perímetros territoriales, controles policiales, limitación de las reuniones sociales, confinamientos domiciliarios y un masivo uso de la inteligencia de datos (big data) para observar y controlar a la población más que nunca. La situación de crisis ha sido abrazada por grupos antisistema y organizaciones criminales para avivar el descontento de ciertos sectores de la población contra las instituciones, utilizando la radicalización política en beneficio propio. Así lo ha alertado el secretario general de Interpol, Jürgen Stock, respecto a los grupos terroristas⁵: «los terroristas -como todos los criminales- han sacado provecho de la Covid-19 para hacer dinero, fortalecer sus bases y alimentar la división».

Como reflexión, no parece descabellado admitir que cualquier contribución que se pueda realizar por la mejora la seguridad pública, dentro de los límites de la legalidad y el respeto a la libertad de las personas, supondrá un éxito para la consolidación y supervivencia de las sociedades democráticas, plurales y de bienestar.

3. Buen gobierno, gobierno abierto e innovación pública.

La administración pública se encuentra desde hace décadas en transición desde un modelo de gestión antiguo y jerárquico hacia nuevas formas de utilización de los recursos públicos a partir de la filosofía del buen gobierno o la gobernanza (Aguilar, 1996; Stoker, 1998). En este sentido, el gobierno abierto, se caracteriza por una forma de funcionar, por parte de las administraciones públicas, más transparente, ética y accesible a la participación de la ciudadanía, la cual se convierte en protagonista de las políticas públicas, pudiendo influir de forma más directa en su elaboración y evaluación. El gobierno abierto tiene un aspecto tecnológico muy relevante puesto que, a través de la web, las redes sociales y las nuevas aplicaciones para los dispositivos móviles, la ciudadanía puede controlar mejor a los gobernantes y, también, contribuir de forma más fácil y directa a la toma de decisiones colectiva. Metafóricamente hablando, el gobierno abierto hace que, en algunas parcelas del ámbito público, se rompan las duras cadenas de mando de arriba a abajo y aparezcan, en su lugar, redes multilaterales y bidireccionales.

El objetivo principal del gobierno abierto es desarrollar y mejorar la gestión pública, llevándola a nuevos niveles de eficiencia y facilitando la contribución de los ciudadanos en la gobernanza, lo cual debe repercutir en un beneficio de la propia calidad de vida de estos, así como en la legitimidad de las instituciones públicas (García, 2014). La penetración de la tecnología en la administración es un factor clave para el éxito del Gobierno abierto. Por un lado, es fundamental la existencia de datos públicos abiertos (open data) para que la información sea transparente, pero, además, debe ser accesible, oportuna y estar puesta a disposición según una serie de principios que favorezcan la evaluación de las políticas públicas y la participación de toda la sociedad en la toma de decisiones -sin incurrir en prácticas perniciosas- tales como la gratuidad, la licencia libre y la confianza (García, 2014: 85). Esa participación social, no obstante, implica un cambio de actitud de la ciudadanía, del que ya se ha advertido:

«Ciertamente, la ciudadanía actual está dispuesta a participar e involucrarse en la defensa de políticas que afectan a lo que entienden como la vida que quieren vivir, pero, al tiempo, suelen centrarse en temas que están cerca de casa (close to home) y rechazan decisiones que, aunque beneficien a la comunidad, les perjudiquen directamente (not in my back yard). Y todo ello lo hacen de forma intermitente, en función, muchas veces, de la construcción mediática de problemas y opciones. (…) De ahí la necesidad de que el gobierno abierto fomente también virtud cívica y construya capital social si quiere cumplir sus promesas participativas.» (Villoria, 2012: 83).

Conseguir una alta participación ciudadana es una cuestión compleja, incluso cuando se cuentan con grandes cantidades de fondos públicos para promoverla (González Salcedo, 2017). Los tres pilares del Gobierno abierto -transparencia, participación y colaboración- están siendo continuamente redefinidos. Al tratarse de conceptos amplios y abstractos, son confundidos con frecuencia, especialmente, los dos últimos. Sin embargo, cada uno de estos pilares permite el diseño y el desarrollo de políticas públicas concretas (Gascó-Hernández, 2014; Ruvalcaba, 2019). La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) es, desde 2011, el organismo internacional de referencia en la supervisión de los compromisos derivados de la Declaración de Gobierno abierto por parte de las administraciones públicas adheridas, tanto estatales, regionales como locales⁶. En la primera edición de su Informe Global⁷, la Alianza señala que las políticas de gobierno abierto son necesarias para frenar las tendencias al autoritarismo de algunos gobiernos. La pertenencia a OGP supone un nivel añadido de rendición de cuentas, por eso su marca se ha convertido en una especie de sello internacional de calidad de los gobiernos; aquellos que incumplen los compromisos o actúan contra los principios de la Declaración son marcados como inactivos y pueden ser retirados de la alianza. La otra organización internacional que está dedicando una atención considerable al tema, incluso antes que la propia OGP, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE/OECD), la cual, también, ha impulsado, desde 2013, el Observatorio de la Innovación en el Sector Público (OPSI)⁸ y un buen número de publicaciones y estudios de caso sobre la materia⁹. Ambas organizaciones, OGP y OCDE, también cooperan entre sí, un ejemplo de ello es la publicación conjunta de la Guía Práctica de Comunicación del Gobierno abierto¹⁰.

Gráfico 1
Principios de buenas prácticas en los procesos deliberativos para la toma de decisiones públicas


Fuente: OCDE (2020: 118).

El gobierno abierto proporciona una idea revisada de la innovación pública (Grandinetti, 2018). De acuerdo con Acevedo y Dassen (2016), entre los principales objetivos de la innovación en las administraciones podemos encontrar: 1) desarrollar innovaciones específicas; 2) promover un ambiente de innovación en la administración pública; 3) incorporar tecnología a la administración pública; 4) modernizar procesos de la administración pública; 5) nuevas formas de comunicación en la administración pública; 6) generar nuevos mecanismos de participación ciudadana y 7) abrir datos de la administración. Mientras que, entre las principales prácticas de los laboratorios de innovación se encontraría la realización de tests o pruebas piloto, implementar experimentos aleatorios, implementar metodologías de design thinking, hacer análisis de datos, desarrollar software y apps, incorporar ideas y formar redes dentro y fuera de la administración. Los laboratorios de innovación pública, o i-labs, se identifican como fuente transformación y creación de valor en el sector público (Criado et al., 2021). Para Mulgan (2007) la innovación pública supone alcanzar nuevas ideas que funcionan con relación a su capacidad para crear valor público. Por tanto, son ideas que son: nuevas, tenidas en cuenta y útiles.

Para que se produzca, pues, la innovación conocida como abierta -o colaborativa- es fundamental que se genere un clima de participación que facilite la creatividad y la colaboración de múltiples participantes en un proceso abierto a las contribuciones de políticos, técnicos, académicos, expertos, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y empresas. La práctica del ensayo y error debe estar concebida como metodología necesaria para el aprendizaje y la consecución de objetivos a largo plazo. La Innovación Pública Abierta supone el contagio de ideas entre sociedad y administración pública, en un proceso de creación y de aprendizaje conjunto en beneficio de lo global. Para ello, se requieren: gobiernos implicados, empleados públicos capaces y sociedades activas.

Quizás se pueda decir que el éxito del Gobierno abierto se alcanzará cuando lo llamemos simplemente «gobierno», siendo el estilo de gobernanza propio de cualquier democracia. Aunque, queda mucho camino por recorrer.

4. La aplicación del gobierno abierto a la seguridad pública.

¿Cómo puede el gobierno abierto mejorar la seguridad? Siendo concisos, podríamos decir que hace a las administraciones más eficientes. Esto es posible gracias a un mayor esfuerzo por parte del sector público y a una mayor colaboración público-privada en pro de un bien cuya naturaleza de interés común es difícilmente discutible. Uno de los pilares del Gobierno abierto es la prevención y la detección de la corrupción a través de la transparencia, considerada como el mejor «antídoto» anticorrupción (Jiménez Sánchez, 2020), lo cual repercute en una mejora en la calidad de la democracia (Diamond y Morlino, 2005; Crespo y Martínez, 2005) y, también, de la integridad de los procesos electorales (Garrido y Nohlen, 2019). No se debe descuidar la importancia de la seguridad jurídica -garantizada por la transparencia y accesibilidad del ordenamiento jurídico- aplicada a la propia política de seguridad pública y a las medidas de reconocimiento, protección y ayuda a las víctimas de los delitos (Aguilar Cárceles, 2017). Igualmente, la transparencia en los resultados promueve una mayor rendición de cuentas y competencia entre los departamentos que proveen un mismo servicio público, como, por ejemplo, los diferentes cuerpos policiales (Ballart, 1991).

Los canales de participación y comunicación directa, asimismo, mejoran la percepción de cercanía de la administración pública, ofreciendo mayor sensación de seguridad al ciudadano y evitando que emprendan acciones equivocadas, como la de desplazarse cuando se prevé un temporal. Los chatbox a través de aplicaciones como WhatsApp contribuyen a evitar colapsos de las líneas telefónicas y facilitan una atención más rápida a un mayor número de personas. La posibilidad de comunicación instantánea con las autoridades influye favorablemente en nuestra capacidad de autoprotección y en la protección de terceros.

Por otro lado, la colaboración de institutos de investigación, así como empresas y ciudadanos particulares, en la evaluación y propuestas de políticas públicas de seguridad, empuja a las administraciones públicas a un mayor dinamismo en la incorporación de sugerencias e innovaciones en sus departamentos. Los cambios se aceleran y se genera una complicidad entre unos y otros, quienes desean el éxito de las propuestas en busca de un merecido reconocimiento y agradecimiento social, aunque sea limitado a ciertos círculos especializados. Al igual, en tanto que las políticas públicas Gobierno abierto intervienen de forma proactiva en los focos de mayor interés social y pluralidad de intereses, no dejan espacio para que surjan conflictos que no estén canalizados de forma constructiva dentro del marco establecido por la propia política pública, favoreciendo la mediación democrática (Giménez Romero, 2020).

A continuación se exponen algunos casos prácticos de iniciativas de seguridad pública mediante políticas de gobierno abierto.

4.1. La innovación colaborativa como herramienta de construcción de paz: el Laboratorio de Desarrollo Global.

La primera de las iniciativas de gobierno abierto en el ámbito de la seguridad la podríamos ubicar en la línea de acciones de soft power (Nye, 1990), o lo que es lo mismo, acciones de influencia política, mediante la diplomacia, para conseguir los objetivos del propio gobierno. El Laboratorio de Desarrollo Global de los Estados Unidos, perteneciente a la Agencia de Desarrollo Internacional del Gobierno de Estados Unidos (USAID), es un laboratorio de innovación pública especializado en el sector de la cooperación y el desarrollo con el fin de ayudar a terceros países en situaciones de pobreza y necesidad. Destaca la importancia de esta agencia dado que EE.UU. es el país que, tradicionalmente, aporta mayor cantidad total de recursos -en términos brutos, no así en proporción respecto al PIB- a la cooperación y al desarrollo¹¹. La ayuda humanitaria y al desarrollo económico -bien administrada¹²- no solo contribuye a pacificar las regiones más pobres del planeta, también suaviza los éxodos migratorios y la radicalización que generan crisis de seguridad tanto en el primer como en el tercer mundo.

El Laboratorio fue puesto en marcha en 2014 -2ª administración Obama- con el objetivo de aplicar ideas innovadoras a la lucha contra la pobreza extrema y cumplir con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible marcados por USAID para 2030, el cual practica un enfoque con cuatro aspectos: 1) abierto e inclusivo; 2) basado en la evidencia; 3) catalizador; y 4) ágil. Entre las acciones que realiza el Laboratorio de Desarrollo Global, podemos destacar las cinco siguientes:

1. - Development Innovation Ventures (DIV): proyectos de colaboración y financiación público-privada para trabajar conjuntamente en algún ámbito concreto. El primer proyecto de este tipo ha sido el The Village Enterprise Development Impact Bond (DIB) que está actuado a través de microempresas con familias en Kenya y en Uganda.

2. - Grand Challenges for Development: la definición de los grandes retos que deben ser prioritarios de solucionar en materia de lucha contra la pobreza y que requieren mayores esfuerzos de innovación.

3. - Global Innovation Fund (GIF): un fondo de inversión para financiar proyectos innovadores en el ámbito de la cooperación al desarrollo.

4. - LAUNCH: una red de colaboración en innovación entre organizaciones, universidades, líderes industriales y expertos para compartir ideas en la lucha contra los retos globales.

5. - The Global Innovation Exchange: un portal libre y colaborativo, promocionado por la agencia USAID, donde cualquiera puede aportar ideas o financiación a proyectos innovadores en materia de cooperación internacional al desarrollo.

En su corta trayectoria, ha conseguido avances importantes. El laboratorio goza de un sesgo positivo por parte de la sociedad civil, dado que su actividad se identifica fuertemente con mejoras que pueden repercutir en las personas que más lo necesitan. Casi el 80% de las personas que han participado en las actividades de innovación no habían trabajado previamente con la agencia, según sus propios datos. Tiene una gran cantidad de recursos económicos y una red de actores enorme. En cambio, el principal problema que puede experimentar este laboratorio es su carácter público en un país donde la agenda presidencial puede cambiar su sentido de un modo drástico de un presidente a otro; claramente, el viraje internacional de la administración Trump frente a la administración Obama es un buen ejemplo. Además del hecho de que el presupuesto que se destina tanto a la agencia como al propio laboratorio puede fluctuar según el mandatario, puede suponer también suponer que muchas de las innovaciones alcanzadas mediante el proceso creativo y de colaboración no se lleguen a poner en marcha si desde los niveles políticos no se confía en ellas o, simplemente, no se les concede importancia.

4.2. Colaboración policial y ciudadana para localizar a fugitivos y a desaparecidos: Europe’s Most Wanted Fugitives y CNDES.

La colaboración ciudadana es esencial para la detención de los criminales más peligrosos de Europa. La web Europe’s Most Wanted Fugitives ¹³, creada por Europol, el organismo de cooperación de los cuerpos policiales de la Unión Europea, publica fichas policiales de fugitivos peligrosos y permite que cualquier ciudadano con información sobre ellos pueda contactar -directamente, o mediante un formulario en la propia web- con el departamento de policía responsable de su búsqueda. Además, es muy frecuente que los cuerpos de seguridad de los Estados miembros de Europol difundan sus fotografías por redes sociales para mejorar la repercusión de la búsqueda y facilitar que participe más gente en su localización. Dichas fichas incluyen información como la altura, la fecha de nacimiento, el color de ojos, la nacionalidad, los idiomas hablados y las condenas pendientes de cumplir. También se ofrecen, en ocasiones, imágenes de otras características que puedan ayudar a la identificación de los fugitivos, tales como detalles de tatuajes o caligrafías. En algunos casos, cuando los fugitivos llevan mucho tiempo desaparecidos, también se publican los retratos robot que reflejan el paso de la edad en sus rostros y distintas opciones de pelo o cabello facial posibles. La mayoría de estos fugitivos son buscados por delitos de terrorismo, delitos con violencia extrema, delitos contra menores o por pertenencia a organización criminal.

Permitir la participación ciudadana en la detención de estos fugitivos ayuda a incrementar la sensación de seguridad construida por la propia ciudadanía, en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad, ante un tipo de criminalidad que genera gran alarma social por sus características. Además, con frecuencia, los cuerpos policiales ofrecen recompensas económicas –muy elevadas en algunos casos- a aquellos ciudadanos que aporten información que conduzca a la detención de los fugitivos. Cuando uno de estos fugitivos es capturado, la web sustituye la foto por una figura y un letrero indicativo: «Arrested». La web está disponible en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea, teniendo un uso muy sencillo. En Estados Unidos también encontramos un portal con características similares, dentro de la web del FBI¹⁴. Estos portales resultan de gran ayuda para la cooperación policial y ciudadana, sobre todo, teniendo en cuenta la gran movilidad transnacional de este tipo de criminales.

En cuanto a la localización de desparecidos, el Ministerio de Interior del gobierno español cuenta con el portal web de desaparecidos del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES)¹⁵, que cuenta con un funcionamiento muy similar al de los portales anteriores, solo que con fichas de personas desaparecidas, clasificadas por edad: niños, adultos y mayores. Los casos del portal están conectados al sistema informático de Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin Identificar (PDyRH) y, por otra parte, el CNDES permite que cualquier medio de comunicación, organismo público o entidad privada con capacidad de difusión se adhiera al sistema de alerta de menores desaparecidos, Amber, y al sistema Alerta Mayor Desaparecido, destinado a aquellos casos de adultos que sufren deterioros cognitivos, trastornos mentales, enfermedades neurodegenerativas, etc., y corren especial peligro, con el fin de facilitar la colaboración ciudadana en la localización de estas personas.

4.3. Comunicación directa con las fuerzas y cuerpos de seguridad: Alertcops y otras aplicaciones móviles policiales.

Los cuerpos policiales han comprendido la importancia de manejar las mismas herramientas tecnológicas que utilizan los ciudadanos y, también, los delincuentes. Alertcops es una aplicación móvil publicada, en 2014, por el Ministerio de Interior español para que los ciudadanos puedan contactar fácilmente con los cuerpos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. La aplicación permite avisar, con servicio de geolocalización, de desapariciones, agresiones, de violencia de género, de actos de vandalismo, de violencia escolar, de maltrato animal, ocupaciones ilegales de vivienda, delitos de odio o de situaciones de tensión social que puedan desencadenar violencia en los espacios públicos. La aplicación, instalada en cualquier smartphone, permite tanto llamar como escribirse por chat directamente con los cuerpos policiales en el caso de sufrir o presenciar alguno de los supuestos anteriores.

La función «Guardián» hace que un usuario pueda compartir su ubicación e intercambiar mensajes con hasta otras cinco personas de su confianza mientras realiza un trayecto que considera inseguro. Esta función está especialmente pensada para que menores de edad y mujeres puedan avisar en tiempo real de si sufren algún tipo de asalto mientras se encuentran solos, por ejemplo, caminando de noche, pero también es útil para montañistas y senderistas y, en general, cualquier persona que sienta que puede correr algún peligro durante un desplazamiento. Otra funcionalidad de la aplicación es el botón rojo de alerta SOS, el cual permite enviar un aviso inmediato a los guardianes con la ubicación y un audio de 10 segundos. El botón SOS ofrece protección reforzada para las víctimas de violencia de género y el personal sanitario que estén identificados en la app como tales, avisándose, en estos casos, de forma instantánea a las fuerzas policiales más cercanas.

Alertcops es un buen complemento al teléfono de emergencias 112 que, en según qué casos, ofrece algunas ventajas: la posibilidad de compartir directamente la geolocalización del dispositivo, la posibilidad de escribir en lugar de hablar en circunstancias en las que no se desea llamar la atención y un botón para personas sordas. En el ámbito de la seguridad vial, la Dirección General de Tráfico -también parte del Ministerio del Interior- lanzó, en 2020, la aplicación miDGT ¹⁶, la cual permite llevar el permiso de conducción y la documentación de los vehículos en formato electrónico, consultar su saldo de puntos del carnet, recibir notificaciones de la DGT, multas y avisos sobre la caducidad de la ITV. Mediante la app, los ciudadanos asimismo pueden notificar sus cambios de domicilio, comprobar la autenticidad de documentos de la DGT que cuenten con código QR o solicitar informes de vehículos. A esta aplicación, no obstante, aún le queda por explotar mucho potencial en cuanto al aviso a conductores sobre problemas de tráfico, a la comunicación de novedades en la normativa de circulación o la posible inclusión de un chat para la resolución de dudas de tráfico, normativa o sobre el funcionamiento de la propia aplicación.

En el caso norteamericano encontramos, con una naturaleza similar a la de Alertcops, la aplicación my FBI Dashboard¹⁷, aunque, previamente a esta, en 2011 puso en funcionamiento Child ID¹⁸, para facilitar la localización de niños desaparecidos. El FBI cuenta, además, con otras dos apps descargables, FBI Wanted, para colaborar en la búsqueda de los criminales más buscados, y FBI Bank Robbers, para ayudar a identificar y localizar a atracadores de bancos desconocidos.

4.4. Aplicaciones móviles frente a la pandemia de coronavirus.

La pandemia de Covid-19 ha puesto al límite a gran parte de los servicios públicos en todo el mundo. Frente a semejante crisis sanitaria, todo esfuerzo gubernamental ha sido necesario. El papel de los medios de comunicación y otros canales de información informales como WhatsApp y las redes sociales también ha sido fundamental en la percepción del riesgo por parte de la ciudadanía (Mora y Melero, 2021). La Alianza para el Gobierno Abierto publicó, en mayo de 2020, la Guía de gobierno abierto y coronavirus: Redes de seguridad social¹⁹, con el eslogan «respuesta abierta + recuperación abierta», y la intención de proveer de criterios unificados y ejemplos a los países socios sobre la aplicación de las políticas de Gobierno abierto a la gestión de la crisis sanitaria global.

Una acción concreta muy extendida ha sido la difusión de aplicaciones oficiales para el rastreo de contagiados por Covid-19. El Ministerio de Sanidad alemán pidió, en junio de 2020, a todos sus ciudadanos que instalasen y pusieran en funcionamiento en sus dispositivos móviles la aplicación Corona-Warn-App. Previamente, el gobierno italiano había lanzado Immuni y el francés StopCovid. El gobierno español no podría poner en funcionamiento su aplicación, RadarCovid²⁰, hasta el mes de agosto. Todos estos sistemas móviles de rastreo de contagios de Covid-19 han planteado grandes cuestiones sobre el big data y los derechos de privacidad personal; aun así, los diferentes gobiernos han insistido en recomendar su utilización como medida necesaria de seguridad frente al coronavirus, asegurando que los datos personales serían tratados de forma anónima. El funcionamiento de los mismos es muy similar, en el caso de RadarCovid la aplicación destaca dos funcionalidades: 1) conocer si has estado en contacto en los últimos días con algún contagiado; 2) comunicar de forma anónima el diagnóstico positivo de uno mismo. Cuando una persona es detectada como positivo, tiene la posibilidad de comunicarlo a la app, de tal modo que esta rastrea todos los teléfonos que han estado cerca del teléfono de la persona contagiada durante los días anteriores y envía un aviso a esos teléfonos con instrucciones a seguir. La aplicación, para su funcionamiento, requiere que todos los usuarios mantengan activo el bluetooth. En enero de 2021, la app ofrecía unos resultados de más de 6.700.000 descargas y un total de 36.735 casos voluntariamente declarados. RadarCovid también comparte datos en red con sus semejantes de otros diez países europeos: Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Italia, Irlanda, Letonia, Países Bajos y Polonia.

El impacto real de estas aplicaciones en la lucha contra el coronavirus deberá evaluarse en su debido momento. El potencial es muy alto, pero la práctica ha demostrado ser problemática debido a factores como la brecha digital generacional, la falta de medios técnicos y/o económicos de parte de la población o la desconfianza hacia el gobierno por parte de sectores significativos de la población, unidos a los propios fallos de cualquier programa informático. Además, las aplicaciones de estas características requieren un nivel de compromiso y destreza muy altos por parte de los individuos: reciben la noticia de estar enfermos de una enfermedad potencialmente mortal y deben mantener la calma y recordar incluir el dato en el programa lo antes posible. Otras medidas más modestas, pero también de Gobierno abierto, como la resolución de dudas y suspicacias sobre la vacunación mediante un canal de WhatsApp, también anunciada por el gobierno español, quizás se demuestren más eficientes en términos de esfuerzo y resultados, en esta ocasión. Pero ello no invalidaría la idoneidad del intento de desarrollar soluciones innovadoras como la aplicación móvil de rastreo.

5. Conclusiones: pasos hacia una cultura de la protección ciudadana colaborativa.

No cabe esperar que las próximas décadas estén ausentes de guerras, conflictos o terrorismo. En los próximos años seguiremos viendo expresiones de violencia sofisticadas y otras rudimentarias, pero igualmente nocivas. A lo esperable, debemos sumar lo inesperable: catástrofes, pandemias y otro tipo de crisis en las que todavía no queremos ni pensar. En lo venidero, la seguridad como servicio público no puede más que adquirir relevancia, como una de las mayores fuentes de bienestar del ser humano, evolucionando del mismo modo que lo hacen las sociedades: mayor complejidad, dinamismo y tecnologización. La velocidad de los cambios también alimenta la intensidad de los conflictos en una sociedad (Dahrendorf, 1958), por lo que podemos vislumbrar una retroalimentación entre cambio social y conflicto sino se toman medidas de prevención acertadas. La política criminal debe continuar adaptándose para confrontar nuevos desafíos (Sanz Mulas, 2017).

Nosotros elegimos a los gobiernos para que solucionen nuestros mayores problemas, pero la Historia demuestra que los gobiernos son incapaces de conseguirlo por sí solos. El gobierno abierto, al hacernos partícipes del diseño, la gestión y la supervisión de los servicios institucionales, contribuye a que tengamos la seguridad pública que nos merecemos. Mantener y hacer prosperar la seguridad pública depende de nosotros mismos en tanto que evaluamos al gobierno y el rendimiento de las propias políticas de seguridad, ya no solo mediante la opinión pública (Pozuelo, 2013), sino de forma personal y directa. Un solo individuo, grupo o empresa, por desconocido que sea, puede conseguir impacto en el gobierno, sin necesidad de buscar el respaldo del resto de la sociedad. La apertura de las instituciones a la participación consolida su legitimidad democrática, más aún cuando se muestran interesadas en realizar una escucha activa.

Las políticas de gobierno abierto se muestran útiles tanto en casos de poder blando (comunicación, prevención, cooperación, concienciación…) como en casos de poder duro que requieren intervención inmediata y directa (persecución policial, identificación de criminales, denuncia de delitos, rescates, etc.). Organizaciones como Europol y el FBI ya se han dado cuenta de ello y las aplican en su día a día. Por supuesto, también los servicios de inteligencia (Díaz Fernández, 2016). Igualmente, es extendido el uso de Twitter como medio de comunicación de las policías nacionales, las cuales adaptan su lenguaje al propio de las redes sociales (Bani, 2020). No obstante, una evaluación objetiva de la eficiencia de cada una de las medidas requiere tiempo, recursos y perspectiva. El componente de voluntad política de los gobernantes para el desarrollo de estas políticas -en una dirección adecuada- será un factor clave.

El esfuerzo de los gobiernos europeos por poner rápidamente en marcha aplicaciones como Corona-Warn-App o RadarCovid ante la pandemia de Covid-19, demuestra que las políticas de Gobierno abierto en materia de seguridad van más allá de la intención de experimentar nuevas formas de prestar servicio público, sino que los sistemas colaborativos se perciben ya como parte de la solución a los problemas más graves y urgentes que afrontan las sociedades (Criado, Guevara-Gómez y Villodre, 2020; Del Pino y Subirats, 2021). No obstante, el éxito o fracaso relativo de estas aplicaciones nos debe hacer reflexionar sobre si estamos ya preparados -gobiernos y sociedades- para hacer un uso pleno del gobierno abierto. Las experiencias apuntan a un largo camino de aprendizaje todavía por recorrer conjuntamente. Forma parte de la filosofía de repetición, ensayo y error de la Innovación Abierta. El papel vigilante de las organizaciones internacionales -entre ellas OGP, OCDE, Naciones Unidas y la Unión Europea- sobre los gobiernos nacionales, regionales y locales, es fundamental para frenar cualquier intento de retroceso.

Nunca alcanzaremos a comprender por completo la lógica de algunos crímenes. Pero, quizás el desarrollo de las políticas de gobierno abierto nos permita alcanzar, algún día, una nueva Edad de Oro de la seguridad (Arendt, 1998) que esté caracterizada por la cultura de la prevención, la anticipación al delito, la implicación ciudadana y la responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad. Entre tanto, el ciudadano debe asumir -por la cuenta que le trae- que no es un mero consumidor de servicios públicos sino, también, coprotagonista del funcionamiento de los mismos. Esa es la tendencia, y parece que nos puede venir bien.

6. Bibliografía

Notas

¹ El autor agradece a los revisores anónimos sus comentarios y contribuciones a la mejora de la versión final del texto.

² Informe y datos singularizados disponibles en el sitio web de The Institute for Economics & Peace (IEP): http://www.visionofhumanity.org

³ A quienes deben sumarse, hasta día de hoy, centenares de fallecidos a posteriori debido a las secuelas de la respiración masiva de polvo y partículas tóxicas, muchos de ellos personal de rescate: policías, bomberos y sanitarios, según contabilizaciones realizadas por el World Trade Center Health Program y el propio ayuntamiento de Nueva York.

⁴ 33 veces en singular y 11 en plural.

⁵ Interpol, comunicado del día 22/12/2020. “Terrorist groups using COVID-19 to reinforce power and influence”. https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-Terrorist-groups-using-COVID-19-to-reinforce-power-and-influence

⁶ A inicios de 2021, un total de 78 países más 20 gobiernos regionales y locales. https://www.opengovpartnership.org/es/our-members/

⁷ Primera edición del Informe Global de la Alianza para el Gobierno abierto, publicado en mayo de 2019. Disponible para su consulta y descarga: https://www.opengovpartnership.org/es/campaigns/global-report/

⁸ OPSI, sitio web: https://oecd-opsi.org/

⁹ Publicaciones de la OCDE sobre Gobierno abierto: http://www.oecd.org/gov/open-government/opengovernmentpublications.htm

¹⁰ OCDE y OGP (2019). Communicating Open Government: A How-To Guide. https://www.opengovpartnership.org/es/documents/communicating-open-government-a-how-to-guide-oecd-ogp/

¹¹ Según datos de la OCDE: https://data.oecd.org/development.htm.

¹² Cuando llega directamente a sus destinatarios, sin caer en manos de gobiernos locales corruptos, de señores de la guerra u otro tipo de organizaciones criminales.

¹³ Sitio web de Europe’s Most Wanted Fugitives: https://eumostwanted.eu/

¹⁴ Most Wanted-FBI: https://www.fbi.gov/wanted.

¹⁵ “Desaparecidos”, sitio web del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES): https://cndes-web.ses.mir.es/publico/Desaparecidos/Home

¹⁶ miDGT, en la web de la Dirección General de Tráfico: https://sede.dgt.gob.es/es/appmidgt/.

¹⁷ my FBI Dashboard App, en el sitio web del FBI: https://www.fbi.gov/news/apps/dashboardapp.

¹⁸ Child ID, en el sitio web del FBI: https://www.fbi.gov/news/stories/child_080511/child-id-app.

¹⁹ Sitio web de la Guía de gobierno abierto y coronavirus: Redes de seguridad social, disponible para su descarga en inglés, español y francés: https://www.opengovpartnership.org/es/documents/a-guide-to-open-government-and-the-coronavirus-social-safety-nets/.

²⁰ Sitio web de RadarCovid: https://radarcovid.gob.es/.

Notas de autor

rvillaplana@um.es