Introducción

Introduction

La irrupción de la desinformación como tema del debate público y la curiosidad académica trajo un efecto colateral. Los estudios identifican las diversas manifestaciones en su producción y circulación (Egelhofer & Lecheler, 2019; Rodríguez Andrés, 2018; Waisbord, 2022); sus fines políticos (Armitage & Vaccari, 2021)y las soluciones para contrarrestarlas (Blanco-Alfonso, Chaparro-Domínguez y Rafael, 2021; Nyhan & Reifler, 2012; Walter, Cohen, Holbert & Morag, 2020). Menos explorado está el fenómeno de la instrumentalización política del concepto, como son los casos en que un personaje de poder acusa de desinformar a la prensa o a ciudadanos, más allá de que lo hagan o no, como una táctica para cercenar la libertad de información y restringir el acceso a tecnologías de la comunicación.

Este ensayo busca explorar este aspecto derivado del fenómeno de la desinformación, que tergiversa categorías y soluciones técnicas para agravar el contexto de posverdad al crear confusión y más restricciones a la información. La categoría “Desacreditación de periodistas y medios de comunicación” que reconoce la Unesco como fake news (Posetti y Bontcheva, 2020), lleva años en Latinoamérica como práctica consagrada de los funcionarios de todo rango (Botero, 2013; Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2017).

Antes de que el término posverdad fuera reconocido en los diccionarios Oxford, en 2016, y el de la Real Academia Española, en 2017, (Rodríguez-Ferrándiz, 2019), Latinoamérica llevaba años de antagonismo de presidentes con la prensa (Rincón, 2010; Waisbord, 2013). Anticipándose al globalmente conocido “CNN miente” de Donald Trump, presidentes latinoamericanos habían hecho lo propio con medios y periodistas de sus países (Rincón, 2010; Rettberg y Rincón, 2011).

En esa estrategia, países como Ecuador, Venezuela y Argentina consolidaron un sistema de propaganda que combina medios institucionales, estatales y cuentas en medios sociales desde donde las autoridades desacreditan a medios de comunicación y la ciudadanía (Lugo-Ocando & García-Santamaría, 2015; Waisbord & Amado, 2017).

El fenómeno en cuestión se encuadra en la definición de desinformación como producto de operaciones deliberadas de propaganda para mentir y confundir, que explican creencias incorrectas (Waisbord, 2022). En este caso, se centra en la difusión sistemática por parte de las autoridades de la idea de que los medios y los periodistas desinforman. Eso en sí mismo contribuye a la desinformación en tanto que quien está en ejercicio en el poder realiza una pseudo-verificación que carece de rigor técnico pero que se impone como versión oficial desde el aparato del Estado, que incluye medios institucionales y usinas de pensamiento oficialista.

El caso de Latinoamérica puede aportar elementos para entender la desinformación en contextos de autocracias, es decir, gobiernos donde el poder se concentra en el Ejecutivo sin los contrapesos adecuados (V-Dem Institute, 2022). Ciertas condiciones facilitan la instrumentalización política de la desinformación:

Información pública devaluada por exceso de propaganda y banalización de la comunicación política.

Ese contexto habla de un escenario de información devaluada, donde la multiplicidad de medios y mensajes de diversa calidad y naturaleza configura un escenario de posverdad, donde la información se relativiza y la ciudadanía responde con escepticismo a las noticias y desconfianza en las instituciones que las protagonizan.

Los verificadores regionales cuentan con financiamiento de países muy diferentes en cuanto a sistemas democráticos y garantías institucionales. Cabe plantear la pregunta de si los diagnósticos y protocolos que funcionan en Europa y América del Norte obtienen iguales resultados en las democracias regionales, con débiles garantías de libertad y justicia.

El uso de la desinformación como herramienta de manipulación es parte de la configuración de contexto de posverdad (Rodríguez Andrés, 2018). Este puede definirse como “clima social moldeado por la acción de la propaganda, en el que los razonamientos construidos sobre los hechos verificados (logos) son arrasados por mensajes simbólicos que apelan a emociones primarias del ser humano (pathos), mermando el análisis racional y provocando respuestas emocionales” (Blanco-Alfonso, García-Galera y Tejedor-Calvo, 2019, p. 450).

La instrumentalización de emociones es habitual en los populismos latinoamericanos (Manfredi, Amado & Gómez-Iniesta, 2022). Entre ellas, el miedo a las represalias o al escarnio público es un recurso habitual para disciplinar a periodistas y medios, que es en sí un mensaje a la sociedad de la conveniencia de la autocensura en el debate público (Bertoni, 2008; Uribarrí, 2011).

A ello se agrega de que la prensa en Latinoamérica se inscribe en un “modelo liberal capturado” en que el que alianzas de conveniencia y complicidad entre las clases políticas y empresarias hablan de un ejercicio pragmático del poder con dificultades de la aplicación de las leyes (Guerrero & Marquez-Ramirez, 2014). Información y desinformación se redefinen en sistemas con poca autonomía periodística, instrumentalización de los medios, un periodismo orientado a los comentarios y bajos niveles de circulación de periódicos (Hallin & Papathanassopoulos, 2002).

Como respuesta al fenómeno de la desinformación, el sistema de prensa liberal exige que los periodistas digan la verdad, se comprometan con la verificación y eviten la mala información (Flew, 2021). Estas exigencias de calidad pueden funcionar como estímulos en países con democracia liberal tanto son usadas para justificar restricciones en sistemas de poca calidad institucional, donde el poder judicial y el parlamento se supeditan a las decisiones ejecutivas.

El 98% de los países de Europa Occidental y Norteamérica gozan de democracia liberal (protección de libertades individuales, sistema de pesos y contrapesos y libertad de expresión) y 2% de democracia electoral (elecciones libres, libertad de expresión y de acceso a cargos públicos) (V-Dem Institute, 2022, p. 15). En Latinoamérica es muy diferente solo 4% tiene democracia liberal, 84% distintos grados de democracia electoral, 12% está en vías de autocracias, llegando en algunos casos al autoritarismo. Las decisiones de gobierno son más transparentes en los sistemas democráticos en tanto que las autocracias se definen también por la falta de acceso a la información (V-Dem Institute, 2022, p. 35)

Este artículo intenta describir los efectos colaterales del fenómeno de la desinformación global partiendo de la hipótesis de que las herramientas contra la desinformación que en contextos de calidad institucional sirven a fortalecer la democracia (Rubio Núñez, 2018), en contextos autoritarios pueden ser usadas para justificar controles a la expresión pública.

El enfoque de la desinformación en Iberoamérica incorporó rápidamente los conceptos y las soluciones globales (Guallar, Codina, Freixa y Pérez-Montoro, 2020). Pero así como los estudios de periodismo se enriquecen al incorporar otras perspectivas al enfoque occidental (Waisbord, 2015; Waisbord & Mellado, 2014), la desinformación también demanda considerar los contextos en los que ocurre. La misma idea de fact-checking tiene una base en un periodismo basado en evidencias con escasa tradición en Latinoamérica, donde predominan los modelos interpretativos (Mellado, 2020).

A la comprensión del fenómeno, debe agregarse el bajo interés en la información que muestra Latinoamérica. El diagnóstico de concentración de medios (Guerrero & Marquez-Ramirez, 2014) no cuenta con un correlato en el consumo de noticias, muy fragmentado en medios con baja confianza (Tabla 1). Como correlato, solo una persona de cada diez tiene suscripciones digitales, dato que indirectamente muestra las dificultades de un financiamiento que no dependa de la publicidad gubernamental (Artículo 19, 2022; Crettaz, 2019). Se trata de circunstancias propicias para la “hegemonía comunicacional” que ejerce desde el gobierno, cuyo triste epítome es el caso venezolano (Lugo-Ocando & García-Santamaría, 2015) . La concentración de poder en los sistemas en vías de autocracias caen en una espiral de politización de la información que refuerza el desinterés noticioso que aleja a los medios de las audiencias para caer en más dependencia política.

Tabla 1

(1) Medios tradicionales con más de 30% de uso más de 3 veces a la semana.

(2) Medios en línea con más de 30% de uso más de 3 veces a la semana.

(3) Pagan por noticias on line.

(4) Confianza en las noticias en general.

(5) Confianza en las noticias que consumo.

(6) % que piensa que los medios son independientes de influencia política.

Mucho antes de que la posverdad trajera el concepto al debate público, la “verdad” fue usada como arma arrojadiza de los líderes políticos hacia el periodismo desde los canales institucionales (Amado, 2016; Ricaurte, 2010; Rincón, 2008). Eran proverbiales las acusaciones que Hugo Chávez (Venezuela,1999-2013) desde su programa “Aló presidente”; al igual que las sesiones televisivas sabatinas de Rafael Correa (Ecuador, 2007-2017). En extremos ideológicos, coincidían en el antagonismo a la prensa las transmisiones radiales de Álvaro Uribe (Colombia, 2002-2010) con las cadenas nacionales que interrumpían la programación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (Argentina, 2007-2015). En esta tradición de imprecaciones a medios y a periodistas se inscriben las conferencias de prensa de Manuel López Obrador (México, 2018-), conocidas como las mañaneras, o los videos por Twitter de Nayib Bukele (El Salvador, 2019-), donde da su versión de la agenda política.

La tradición de antagonismo con la prensa de los mandatarios continúa Jair Bolsonaro (2018-2022), de Brasil; y Alberto Fernández (2019-), de Argentina. Y con distintos grados de agresividad, también en Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Estos gobiernos utilizan los medios gubernamentales y las redes sociales para desacreditar a los periodistas. Esta lista no exhaustiva muestra que la hostilidad presidencial hacia la prensa no es exclusiva de una inclinación ideológica, aunque sí propia de estilos populistas, sean de derecha o de izquierda.

Los ataques públicos hacia los periodistas son cada vez más visibles y virulentos y “fragilizan a la profesión y alientan procedimientos judiciales abusivos, campañas de difamación e intimidaciones -especialmente contra las mujeres- y acoso en Internet contra los periodistas críticos” (Reporteros sin Fronteras, 2022). Esas condiciones confirman en el último tercio de la lista de 180 países a Brasil (puesto 110º de la Clasificación de Reporteros sin Fronteras), El Salvador (112º), Bolivia (126º), Venezuela (159º), Nicaragua (160º), Cuba (173º). En el primer tercio del escalafón están Argentina, Uruguay, Chile y Ecuador, que llega al puesto 68 después de estar entre 2010 y 2017 por encima del puesto 100.

El cambio de metodología en 2022 llevó a Argentina del puesto 69 al 29, aunque el informe mantiene el diagnóstico de condiciones de “alta concentración, la presión ejercida a través de la publicidad privada y estatal, el uso partidista de medios públicos por parte de los diferentes gobiernos (...). En ciertas provincias, la precarización laboral y la connivencia de poderes económicos y políticos agravan estas amenazas”. (Reporteros sin Fronteras, 2022).

El clima de tensiones crecientes entre los mandatarios latinoamericanos y la prensa también fue puesto de manifiesto en asamblea de 2021 de la Sociedad Interamericana de Prensa,¹ que mencionó expresamente a presidentes que tienen una actitud de animadversión declarada con los periodistas.

El marco normativo europeo engloba bajo el paraguas semántico del concepto desinformación la difusión de contenidos falsos en redes sociales y plataformas, la publicidad segmentada, la utilización de plataformas para operaciones de influencia e injerencia extranjera, la amplificación de discursos del odio y propagandísticos a través de trolls y bots (Magallón Rosa, 2019). Las iniciativas latinoamericanas se incluyeron muchas de estas figuras en regulaciones que, lejos de fortalecerla, terminan siendo restrictivas para la libertad de expresión.

Esas regulaciones generalmente imponen la obligación de la verdad sin ofrecer garantías para el derecho a la información de los ciudadanos, ni de acceso y expresión a los profesionales de la información. El caso de la constitución española, por ejemplo, consagra el derecho a “comunicar o recibir libremente información veraz” en el mismo artículo que resguarda la cláusula de conciencia y el secreto de las fuentes como base de la libertad profesional (Artículo 20.1.d). En Latinoamérica, grandes aspiraciones como “la verdad”, “el pluralismo de voces” y otras expresiones que abundan en las redacciones de leyes encubren figuras que implican obligaciones sin apoyarlas en derechos.

Un estudio sobre Argentina, Ecuador, México y Perú detectó desde 2013 un incremento en la cantidad de proyectos de ley que pretenden regular contenidos en internet (del Campo, 2018). De las 93 leyes sobre la circulación del discurso en Internet sancionadas entre 1997 y 2017, 60 lo limitaban.

Otras medidas van desde leyes de penalización de la opinión en Ecuador, Venezuela y Nicaragua a restricciones de acceso a la información a los medios y periodistas junto con un sistema de premios y castigos como asignaciones de publicidad gubernamental, accesos privilegiados a información o a despachos, invitaciones exclusivas a acompañar viajes presidenciales. Algunos casos ilustran el tenor de las regulaciones:

Nicaragua: Ley Especial de Ciberdelitos (2020) regula el contenido en internet, con penas de 2 a 8 años de prisión sin definición precisa de causales de imputación como “noticias falsas” o “información tergiversada”. Se la conoce como “Ley Mordaza” porque los funcionarios la usaron como una herramienta para acallar voces críticas al gobierno actual.

La organización de periodistas de Nicaragua informó² que el primer semestre de 2022 se cerraron 4 medios por cuestiones políticas que se sumaron a 30 medios cerrados la década previa.

En Brasil, Costa Rica, Cuba y El Salvador también hay normas o proyectos de ley que abordan respuestas al tema de la desinformación o la agresividad digital, que en nombre de su combate dan potestades al gobierno para controlar lo que se publica.

En el informe de 2022 de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información sobre doce países latinoamericanos se reportan casos en los que el Estado intervino para censurar o limitar expresiones en línea bajo el argumento de que constituían prácticas de desinformación o discursos de odio (las excepciones fueron Ecuador, Costa Rica y Uruguay). La Alianza encontró que incluso la moderación privada de contenidos derivó en restricciones a cuentas en redes sociales de personas o instituciones públicas o privadas, en tanto fueron orquestadas desde el gobierno con denuncias coordinadas hacia los opositores o a los periodistas críticos.

Desde el poder político la práctica de desacreditar el ejercicio del periodismo ha propiciado figuras jurídicas sui generis como el "lawfare", que busca penalizar la investigación periodística desde el supuesto delito de conspiración entre el periodismo, la política y la justicia. El lawfare se define como “la conjugación de jueces, medios de comunicación y poder político y económico que busca manipular el uso de la ley en contra de algunas figuras o grupos políticos de extracción nacional-popular” (Foro de Periodismo Argentino, 2021, p. 8). Esas iniciativas cuentan con respaldo intelectual como las I Jornadas Internacionales “El lawfare en América Latina y su impacto en la vigencia de los Derechos Humanos”, que contó con investigadores de toda la región en diciembre de 2021. Ese año el gobierno argentino presentó un proyecto en el Parlamento del Mercosur para dar un marco jurídico para toda la región, que fue aprobado como declaración en 2022.

El concepto tomó vigor en la defensa de funcionarios que tienen causas judiciales por corrupción, como Rafael Correa, Luiz Inácio da Silva y Cristina Fernández de Kirchner, quienes recurren al concepto para deslegitimar el proceso judicial. La concepción de que se trata de una “guerra judicial-mediática” basada en fakenews, como califican a las acusaciones y a las pruebas judiciales, es otra forma de politización de la desinformación.

Entendiendo que “la posverdad cumple una función de reclamo y de pantalla de humo al mismo tiempo” (Carrera, 2018, p. 1472), se comprende que los funcionarios ni aportan pruebas concluyentes de su inocencia, ni verifican la supuesta desinformación de la que se dicen víctimas. De todas formas, esas expresiones y la profusa literatura política que apoya esa hipótesis, con más ideología que datos empíricos, propician el clima de sospechas y confusiones que caracteriza a la posverdad. Así lo entendió la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (2017):

Alarmados ante instancias en que las autoridades públicas denigran, intimidan y amenazan a los medios de comunicación, entre otras cosas, manifestando que los medios son "la oposición" o "mienten" y tienen una agenda política encubierta, lo cual agrava el riesgo de amenazas y violencia contra periodistas, mella la confianza y la creencia del público en el rol de vigilancia pública del periodismo y podría confundir al público difuminando los límites entre la desinformación y los productos de los medios de comunicación que contienen datos susceptibles de verificación independiente.

Un ambiente apropiado para la libertad de expresión es aquél donde la arquitectura institucional permite la crítica sin temor a represalias arbitrarias. Cuando no ocurre, “la autocensura difícilmente ocurre de un día para el otro. Es un proceso lento, donde el coraje se resquebraja, los intereses cambian y, al final, la crítica disminuye” (Bertoni, 2008, p. 125).

En la región la vigilancia masiva es un problema consolidado y extendido. La censura derivada de la vigilancia masiva puede darse bloqueando de forma directa sitios web o a través de los mecanismos de revisión contemplados en las plataformas, con denuncias coordinadas a cuentas que expresan opiniones (Piazza y Caprarullo, 2022).

Una variante de la vigilancia es el control de lo publicado y su desmentida. La autoridad o un organismo bajo su dependencia hace de verificador de noticias publicadas en medios a los que acusan de mentiras y fake news. Los ejemplos de la Figura 1 son un tipo de corrección, que puede llegar a represalias tales como la exclusión de ruedas de prensa o de la distribución de publicidad oficial. En un caso, la vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández, califica de fake news una publicación desde la cuenta oficial del Senado de la Nación. En el segundo, la oficina presidencial salvadoreña difunde una acusación del presidente Nayib Bukele de que Associated Press publicó una versión falsa. Las noticias cuestionadas daban una versión de una reunión de rutina, donde la pseudo verificación se vale de las etiquetas típicas de los fact-checkers, sin aportan evidencias. Es obvio que la corrección presidencial tiene más impacto que las noticias anodinas que corrigen, con lo que es un mecanismo muy efectivo para hacer saber a lo que se expone quien ose publicar algo sin aprobación presidencial.

Figura 1

No puede decirse que la corrección cambie la opinión de lectores de esos medios ni la de los seguidores de las cuentas institucionales. Pero exacerban la polarización al dar argumentos a cada extremo y activar la hostilidad digital hacia el medio o el funcionario, generando un clima de suspicacia y de agresividad que confirma, como profecía de autocumplimiento, el diagnóstico de que el discurso público merece ser controlado.

Los señalamientos, aun los más leves, son un mensaje de que el gobierno está atento a lo que se publica, con el consecuente impacto en la libertad de información. En contextos en donde el control gubernamental de lo publicado es estricto y los medios están en gran medida condicionados por diversas restricciones legales y financieras, las redes sociales se convierten en un espacio para publicar opiniones y compartir información. De ahí que la defensa de la libertad de red sea imprescindible para garantizar la libertad de información en Latinoamérica.

En un clima sostenido de hostilidad a la prensa impulsado por los mismos funcionarios que deberían garantizar la libertad de informar, las agresiones directas de otros actores sociales agravan el asunto. La cantidad de asesinatos perpetrados contra periodistas en la región son un indicio de ello. De 2016 a 2021, de los 455 periodistas asesinados en todo el mundo, según UNESCO, la mayor proporción corresponden a Asia y el Pacífico y a América Latina y el Caribe, con 123 periodistas asesinados en cada caso. Voces del Sur, que nuclea las principales organizaciones de periodistas de Latinoamérica, identificó las principales amenazas a la libertad de expresión en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela (Cadena y Zoeller, 2020). De las 3350 alertas, las principales son agresiones y ataques directos (1630), discurso estigmatizante (397), restricciones de Internet (376) y de acceso a la información (279), números que confirman que las principales restricciones apuntan a las bases de la información.

Estas amenazas a la libertad de los medios fueron más críticas durante la pandemia, cuando Naciones Unidas (Inam, 2020) puso en foco el aumento de la criminalización del periodismo, que incluyó arrestos y detenciones de periodistas, fuentes y ciudadanos críticos y mayor alcance de leyes de noticias falsas. El organismo también detectó restricciones de acceso a la información, como censura, exclusiones, restricciones a la libre circulación de periodistas durante la pandemia, intentos de regular las actividades de los reporteros y bloqueos, cierres y ralentizaciones de Internet. Todos esos factores que se hicieron patentes globalmente durante la pandemia de la COVID-19 llevan años como prácticas instaladas en Latinoamérica.

Durante 2020 hubo medidas de censura sobre plataformas que contradecían el discurso oficial acerca del coronavirus (V-Dem Institute, 2022), así como órdenes de detención impuestas a periodistas que informaron acerca de la cantidad de contagios en los hospitales (Freedom House, 2020), en contradicción a la versión gubernamental. El efecto posverdad se intensifica cuando la ciudadanía no cuenta con acceso a información que valide una u otra.

La idea que subyace en esta perspectiva es que la información no es un bien público accesible a todos los ciudadanos, sino un privilegio que las fuentes oficiales conceden con exclusividad y discrecionalidad. Cuando la opinión pública no se construye en una esfera de libertad, sino que es producto de un sistema de prensa fuertemente dependiente de las asignaciones estatales, las redes son espacios de libertad y de circulación de información alternativa, como ocurre en Venezuela donde dieron muestras de permitir la expresión ciudadana (Lugo-Ocando & Hernandez, 2015; Uribarrí, 2011).

Contrariamente a la idea de la infodemia que sancionó la Organización Mundial de la Salud, en la región las redes sociales contribuyeron a verificar y compensar las falencias de la información oficial. En Argentina, fueron cuentas de Twitter de especialistas que alertaron de las inconsistencias en los datos de pruebas Covid-19 y de muertes, que determinaron que el sitio Our World in Data de la Universidad de Oxford excluyera datos de Argentina entre setiembre y diciembre de 2020 (Jacob & Amado, 2021).

Los datos de la vacunación tuvieron problemas similares, con el agravante de que la manipulación estatal de la información convalidó decisiones sin evidencia científica, como la adquisición de la vacuna Sputnik V en Argentina, México y Venezuela sin el aval de ningún organismo internacional. La desinformación, en esa circunstancia, provino de las fuentes gubernamentales y de periodistas que difundían esa información sin cuestionarla (Linvill, Warren & White, 2022; Osborn, 2021).

Otra cuestión clave es la accesibilidad de datos públicos y registros confiables de las actividades de los que se vale la verificación de la información. El informe 2020 de la Alianza Regional por la Libre Expresión indica que en 14 países de América Latina las principales barreras para el acceso a la información responden a la falta de regulación y de órganos garantes de su implementación.

La Alianza señaló que en el 67% de los casos relevados no se cumplen las condiciones para ejercer de manera adecuada este derecho (Piazza y Caprarullo, 2022). Honduras, Ecuador, Brasil, Paraguay, México, Argentina, Colombia, y Uruguay cuentan con normas que regulan el Derecho de Acceso a la Información Pública, pero el nivel de aplicación es desigual. En Nicaragua la ley de Acceso a la Información Pública no se ha implementado. La Constitución de Bolivia reconoce el derecho, pero no cuenta con dispositivos institucionales para su implementación. Algo similar ocurre en Venezuela, donde la situación se agrava por una jurisprudencia de carácter restrictivo (Bertoni, 2008).

La propia ponderación de las amenazas a la libertad de informar se ve obstaculizada por las dificultades de acceso a la información, a causa de “la infradeclaración por parte de los Estados debido a los cambios y sesgos en el comportamiento de las denuncias de las víctimas, así como a las prácticas policiales y de registro, a las nuevas leyes, a los errores de procesamiento, a las omisiones de las instituciones que no responden y a la manipulación” (Cadena y Zoeller, 2020, p. 17).

La paradoja es que han sido las fuentes oficiales, en especial los líderes políticos, que decían combatir la desinformación quienes la alimentaron. Lo que fue investigado durante la pandemia (Brennen, Simon, Howard & Nielsen, 2020; Nielsen, Schulz & Fletcher, 2021) fue ratificado por la sociedad civil:

La magnitud y relevancia de la reproducción de noticias falsas en ámbitos institucionales puede advertirse por los casos de organizaciones de varios países que identificaron a altos funcionarios o funcionarias públicas, incluidos primeros mandatarios y mandatarias, que reprodujeron en canales personales y hasta institucionales en redes sociales mensajes con un contenido desinformativo o que podría ser calificado como fake news. (Piazza y Caprarullo, 2022, p. 27).

Por el alto impacto que tienen en la prensa los gobiernos nacionales y locales debe recordarse que éstos funcionan, al mismo tiempo, como fuentes de información oficial y de financiamiento a través de la publicidad gubernamental, además de ser reguladores de licencias y condiciones de explotación (Álvarez Ugarte, 2022). Desde esa posición de privilegio pueden restringir el acceso a documentos oficiales o poner obstáculos para desarrollar investigaciones independientes.

Otro tema son los medios gubernamentales. En 2022, a raíz de la guerra en Ucrania, Europa tomó medidas contra el sistema estatal de medios de Rusia por la circulación deliberada de desinformación. En 2020 las plataformas decidieron etiquetar publicaciones de canales como RT y Sputnik como “Medios afiliados al gobierno” de Rusia (Nassetta & Gross, 2020). Este etiquetado no es aplicado con igual criterio para agencias noticiosas de la región, aunque su esquema de funcionamiento es similar y su colaboración con la propaganda estatal es explícita. La distribución y el marketing de medios como TeleSur de Venezuela (Amaya, 2022; Cañizález y Lugo-Ocando, 2007), o Telam de Argentina (García, 2014), se parece más al de RT que al de los medios públicos europeos, en la medida en que cuentan con una fuerte inversión estatal que les permite ofrecer generosos contratos (Elswah & Howard, 2021) en países donde la precariedad laboral es extrema (Márquez-Ramírez, Amado & Waisbord, 2021).

La asignación de millonarios presupuestos a la construcción de medios estatales se justifica en el diagnóstico de una concentración mediática que requiere intervención estatal para promover una pluralidad. Sin embargo, estas señales estatales no convocan audiencia ni están dentro de los medios de más confianza (Newman, Fletcher, Robertson, Kirsten & Nielsen, 2022).

La circulación global de la información pone en perspectiva problemas del periodismo tales como la desinformación, las amenazas a la libertad de expresión y la influencia de las fuentes informativas. Estos fenómenos atraviesan en el periodismo en todo el mundo, pero tienen un impacto mayor en contextos periféricos, donde los profesionales no cuentan con las instituciones legales, profesionales, éticas y formativas de respaldo (Carlson & Lewis, 2015). Lo propio ocurre con la independencia financiera de los medios, aspecto delicado en una región donde la regla es el clientelismo y la debilidad de instituciones de transparencia y de rendición de cuentas (Álvarez Ugarte, 2022).

La década previa a la pandemia había registrado la disminución de 1.00 puntos en el puntaje global de libertades civiles como variable de calidad democrática (Economist Intelligence Unit, 2022). La mayor regresión del índice se registró entre 2019-2021 (-0.39) y está relacionada con las violaciones de la libertad de expresión, tema principal en la edición de 2017.

Latinoamérica es comparable con Europa del Este en cuanto a este retroceso democrático. Ambas regiones tienen la mitad de los 53 países (de 167) con democracias imperfectas (flawed democracies). Comparten déficits tales como falta de transparencia y acceso a la información pública y tensiones entre funcionarios de gobierno y el periodismo, que van desde ausencia de conferencias de prensa a agresiones explícitas dirigidas a medios y a periodistas. Estas condiciones pueden resultar incompatibles con prácticas consagradas en el periodismo occidental, pero son habituales en Latinoamérica.

La confianza es otra de las falencias crónicas de la región. La confianza interpersonal es baja aun en los países con mejores resultados (Latinobarómetro, 2021): Uruguay (21%); México (18%), Chile (17%) y Argentina (16%). Los países con menos confianza interpersonal son Ecuador (10%), Venezuela (5%) y Brasil (5%). La confianza institucional más alta la tiene la Iglesia (61%), Fuerzas Armadas (44%) y medios de comunicación (39%). Sin embargo, los niveles institucionales más bajos que tienen los partidos políticos (15%) y el parlamento (20%), se acercan al porcentaje de confianza interpersonal más alta.

Como se observa, hay una correlación entre las instituciones más representativas y el nivel de confianza, y estas a su vez, con el consumo de noticias, especialmente en aquellas que vehiculizan las novedades de la política, en el piso de credibilidad. De hecho, el exceso de noticias políticas, junto con la negatividad, son las principales razones para abandonar las noticias. Este fenómeno (News Avoiding) va en aumento en todo el mundo (Newman et al., 2022), cuyo promedio pasó de 29% a 38% entre el 2019 y 2022. Este porcentaje es el que registra Chile y Colombia, similar al de México y Perú (37%). El fenómeno fue más agudo en Argentina (de 31% a 46%) y en Brasil (de 27% a 54%), países con más antagonismo entre gobierno y prensa.

La confianza interpersonal es necesaria para lograr el acuerdo y la percepción compartida, al punto que el escepticismo tiene consecuencias corrosivas en las relaciones de confianza (Ramírez-i-Ollé, 2019). Los propios periodistas en Latinoamérica son escépticos de las instituciones (Tejkalová, de Beer, Berganza, Kalyango, Amado, Ozolina, Láb, Akhler, Moreira & Masduki, 2017; van Dalen, Berganza, Hanitzsch, Amado, Herrero, Josephi, Seizova, Skovsgaard & Steindl, 2019). La suspicacia que genera la información pública suele expresarse en modalizadores y anonimato de las fuentes, que a su vez debilitan la credibilidad de la información.

Sin que haya todavía estudios concluyentes sobre los efectos que la desinformación producen en los grupos expuestos a las noticias hacen falta más investigaciones sobre su impacto en sociedades que prescinden de la información. Surgen preguntas del registro que puedan tener de las fake news comunidades alejadas de las noticias de actualidad y descreídas de los actores que protagonizan la información política. La ínfima audiencia que tienen los canales estatales, creados para dar una versión alternativa de los medios tradicionales, podría explicarse desde la hipótesis del desinterés por la información. Que indirectamente abona la discusión pública de la desinformación, que parece confirmarle al escéptico que mejor desconfíe de todo (McIntyre, 2018).

Es difícil concluir acerca del aporte que la verificación o las iniciativas de calidad pueden tener en la sociedad, sin saber si el consumo de medios está sub o sobreestimado (Allen, Howland, Mobius, Rothschild & Watts, 2020; Guess, Nyhan & Reifler, 2018), y si el problema de la desinformación está contextualizado adecuadamente (Carey, Guess, Loewen, Merkley, Nyhan, Phillips & Reifler, 2022; Drummond, Siegrist & Árvai, 2020).

De hecho, durante la crisis de la pandemia, los datos confirman que los latinoamericanos actuaron consecuentemente con la información adecuada, a juzgar por los altos niveles de vacunación y el acatamiento del aislamiento. Los estudios mostraron que la mayoría contaba con la información adecuada (Nielsen, Fletcher, Newman & Howard, 2020; Nielsen et al., 2021; Osborn, 2021).

Las teorías conspirativas son un rasgo del populismo (Flew, 2021), para lo cual la suspicacia generalizada es un recurso para construir versiones que alienten la polarización. En escenarios de sobreinformación, donde los funcionarios cuestionan las noticias y los verificadores las publicaciones de las redes sociales, el exceso de versiones devalúa la información. Máxime cuando la versión se intenta imponer desde la autoridad presidencial y no desde las evidencias informativas.

En contextos de información devaluada, la búsqueda de noticias no necesariamente está motivada por la calidad intrínseca de la información. La adhesión o no a la perspectiva oficial desencadena recompensas y castigos que no son simbólicos, sino concretos. En estas circunstancias, el costo de sostener una información correcta es altísimo cuando de él depende la posición laboral o el financiamiento del medio. A la vez, que quien aporta difusión, verificación o argumentos a la posición oficial es felicitado por la máxima autoridad, sino es que resulta premiado con contratos o fondos de investigación.

La desinformación es sensible al contexto (Hameleers, 2022), por lo que las circunstancias determinan el alcance del fenómeno. Hace falta más elementos para concluir que las medidas contra la desinformación (Sánchez-Duarte y Magallón Rosa, 2022) operan de la misma manera en contextos de confianza interpersonal y consumo de medios que en escenarios refractarios a la información. Considerando que el chequeador de mayor envergadura tiene en la región un volumen inferior a tres de verificaciones diarias (Moreno-Gil, Ramón & Rodríguez-Martínez, 2021), se comprende que evaluar el impacto de la desinformación demanda, además de identificar los bulos y sus verificaciones, ponerlos en contexto y en proporción.