Profesora ayudante doctora.
La naturaleza jurídica de la normativa relativa al Registro Central de Delincuentes Sexuales es una cuestión controvertida que ha enfrentado a la doctrina y a la jurisprudencia. Hay autores que han afirmado que estamos ante verdadero Derecho penal despojado de sus garantías mientras que la jurisprudencia le ha negado este carácter tanto al registro como a la inhabilitación para el ejercicio de profesiones con menores que dicha inscripción conlleva. El tema es de suma trascendencia, pues de la naturaleza jurídica se derivan los derechos y garantías que debe llevar aparejada una institución. Así, si afirmamos el carácter penal, o al menos, sancionador, de todo o parte de la regulación esta deberá respetar principios como el de legalidad o proporcionalidad. El presente trabajo va destinado a dilucidar esta cuestión a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como a sistematizar toda la crítica que se ha formulado sobre dicha institución.
The legal nature of the regulation relating to the Central Registry of Sex Offenders is controversial that has confronted scholars and jurisprudence. There are authors who have affirmed that we are facing true criminal law without its basic guarantees, while the Spanish jurisprudence has denied this nature of both the registration and the disqualification for the exercise of professions with minors that this entails. The issue is of great importance, since the rights and guarantees that an institution must carry are derived from it. Thus, if we affirm the penal or sanctioning nature of all or part of the regulation, it must respect principles such as legality or proportionality. The present assignment aims to elucidate this matter in the light of the jurisprudence of the ECtHR as well as to carry out a systematization of the criticism that this institution has raised.
Hace años que el legislador español e internacional vienen poniendo el foco en los delitos sexuales con víctima menor de edad. Esta preocupación ha dado lugar a sucesivas reformas en el ordenamiento jurídico
Toda esta normativa ha sido profundamente criticada desde diversos ángulos. Se ha afirmado que ha ido más allá de lo que los instrumentos internacionales en los que se dice basar exigían; que los periodos de cancelación de antecedentes son totalmente desproporcionados; que determinadas alusiones que se hacen en los preceptos son ambiguas; que la técnica legislativa empleada a través de real decreto es inconstitucional; que no se respeta el principio de jerarquía normativa, ni el principio de irretroactividad; etc. Aunque muchas de ellas son ciertas, y han sido muy bien apuntadas por la doctrina, considero que todavía resulta necesario realizar una doble tarea investigadora respecto a esta cuestión. En primer lugar, es necesario dilucidar su naturaleza jurídica. La doctrina ha afirmado que se está camuflando verdadero Derecho penal o, al menos derecho sancionador, despojado de sus garantías básicas, mientras que la jurisprudencia española le ha negado este carácter tanto al registro como a la inhabilitación. Esta cuestión es de suma trascendencia, pues de ella dependen los derechos y garantías que deben ir aparejados a una institución. Así, si afirmamos el carácter penal o sancionador de todo o parte de la normativa, esta deberá respetar las distintas manifestaciones del principio de legalidad, proporcionalidad, etc. Esta cuestión se abordará a la luz de una jurisdicción que nos obliga, la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha tenido diversas ocasiones para pronunciarse sobre esta cuestión en el ámbito europeo. En segundo lugar, una vez alcanzada una conclusión, realizaré una labor de sistematización de toda la crítica que ha realizado la doctrina, cuestión fundamental para saber desde qué principios o perspectivas puede ser cuestionada.
La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que modifica la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es la que primero introduce en el ordenamiento español la normativa relativa al registro. Esta, por un lado, recoge la necesidad de exigir un certificado de antecedentes por delitos de naturaleza sexual (CDNS) para la realización de profesiones con menores
Para materializar la creación del registro y el establecimiento de su régimen de funcionamiento, inscripción y cancelación de datos, etc., la propia Ley 26/2015 en su Disposición final decimoséptima insta al gobierno en un plazo de seis meses a dictar las disposiciones reglamentarias oportunas a tal efecto. Este mandato se consolida en el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales
Tampoco es cierto que la introducción de un registro de delincuentes sexuales obedezca a la necesidad de equipararnos a países de nuestro entorno, pues, aunque han ido proliferando bases de datos de este tipo, la mayoría no tiene incorporada una institución jurídica equivalente
La incorporación simultánea de estas dos instituciones (registro e inhabilitación), que ha hecho que la doctrina e incluso el propio legislador hayan confundido el propósito de ambas
La intención del legislador de evitar que determinados sujetos acaben ejerciendo profesiones con menores no termina con la serie de reformas acabadas de exponer. De forma paralela y fruto también del Convenio de Lanzarote y de la Directiva 2011/92/UE, este ha realizado las modificaciones pertinentes para incluir la misma inhabilitación en la legislación penal incorporando, a través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. un segundo párrafo en el 192.3 CP
Esta duplicidad de estrategias, la penal y la administrativa, fue objeto de crítica por parte de la doctrina, especialmente por la diferente regulación y garantías aparejadas a ambas a pesar de tener el mismo contenido
Para solucionar dicha desigualdad, el legislador ha equiparado ambas legislaciones por arriba. De este modo, ha llevado a cabo una modificación reciente del art. 192.3 CP a través de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Esta reforma amplía la inhabilitación penal a los delitos sexuales con víctimas adultas
Una de las cuestiones más controvertidas sobre toda la normativa relativa al registro es su naturaleza jurídica. El legislador español no ha calificado ni la inscripción en el registro, ni la aplicación de la inhabilitación que esta lleva aparejada como una sanción. De hecho, se puede decir que se ha esforzado para evitar darle este carácter hasta el punto de que ha regulado toda la normativa a través de real decreto y ha previsto su aplicación retroactiva
Tampoco el legislador europeo ha considerado que la inscripción en un registro de delincuentes sexuales sea una medida sancionadora. En la Directiva 2011/92/UE en su considerando 43 los califica como “medidas administrativas adicionales”. En el mismo sentido se han pronunciado los países que incorporaron un registro de delincuentes sexuales antes que España. Estos los consideran como bases de datos policiales de carácter securitario
El debate sobre esta cuestión no se ha limitado al ámbito doctrinal, sino que ha llegado a la propia jurisprudencia española. Esta ha respaldado al legislador en la idea de que no estamos ante derecho sancionador y que, por tanto, la normativa puede aplicarse a delitos que se cometieron antes de su entrada en vigor. No obstante, en el contexto europeo en el que nos encontramos, los pronunciamientos internos no son los únicos a tener en cuenta. Como jurisdicción que nos obliga, es necesario conocer cuál es la postura que mantiene el TEDH. Aunque no se ha pronunciado sobre el caso español, sí lo ha hecho sobre otros países como Reino Unido o Francia. La sentencia del caso
A pesar de lo relativamente reciente que es toda la normativa del RCDS, en España ya hay cierta jurisprudencia sobre esta cuestión. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo se han pronunciado sobre la naturaleza jurídica tanto de la incorporación en el registro como de la inhabilitación para el ejercicio de profesiones con menores que esta conlleva. Su principal objetivo ha sido dilucidar si su aplicación a sujetos que cometieron delitos antes de su entrada en vigor vulnera el principio de irretroactividad (9.3 CE)
En este sentido se puede decir que ha habido dos tipos de respuesta atendiendo a la doble casuística que ha llegado a los tribunales. Por un lado, están los supuestos de delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor del RD 1110/2015 en noviembre de 2016 y cuyos antecedentes penales deberían haber sido cancelados también antes de su entrada en vigor
Por otro lado, están los supuestos verdaderamente problemáticos: aquellos en los que el delito se comete antes de la entrada en vigor del RD 1110/2015, pero la fecha de su cancelación de los antecedentes tiene lugar con posterioridad a esta
En estos casos, tanto la jurisprudencia como el ICGPJ han apoyado la constitucionalidad de la aplicación retroactiva de la norma afirmando que la inscripción no es una disposición sancionadora
Tampoco la jurisprudencia española ha calificado como “sancionadora” la inhabilitación para el ejercicio de profesiones con menores de edad que conlleva la inscripción en el registro. Sobre la inhabilitación, y siempre en relación con el tema de la irretroactividad, el TS ha mantenido que la imposibilidad de ejercer cualquier profesión o cargo relacionado con menores no comporta una nueva pena, sino una condición para el ejercicio profesional legítima y amparada en el artículo 36 de la CE, que prevé que la ley regulará el ejercicio de las profesiones tituladas
Desde luego hay que reconocer que es ingeniosa la transformación de lo que podría ser una inhabilitación para el ejercicio de una determinada profesión en un requisito administrativo justificado para ejercerla. Sin embargo, el problema es que este argumento no permite establecer un criterio de distinción material capaz de ir más allá de las apariencias y evitar un posible fraude de etiquetas
El propio TEDH, consciente de que resulta bastante habitual que los estados camuflen verdadero derecho sancionador por la vía de calificarlos como medidas de carácter administrativo, tuitivo, policial, etc., ha establecido una serie de criterios diferenciadores de cara a reconocer la aplicación de las garantías propias del art. 7 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 (BOE núm. 243, de 10.10.1979, en adelante CEDH) sobre el principio de legalidad
En el caso
En segundo lugar, el Tribunal se plantea cuál sería la respuesta por el incumplimiento de las dos penas impuestas por el delito cometido y afirma que si el condenado no cumple con ellas otro proceso independiente se iniciaría (entiendo por quebrantamiento de condena) en el que se tendría que comprobar la culpabilidad del sujeto
La respuesta a este supuesto y otros no es extrapolable porque las consecuencias derivadas de ambos registros no son las mismas
De dicha inhabilitación sí se puede predicar su carácter sancionador a la luz de la doctrina de la jurisprudencia del TEDH. En primer lugar, porque su imposición es consecuencia de la comisión de un delito
Si en el caso francés el Tribunal no apreció suficiente carga punitiva en el deber de informar cada seis meses sobre el domicilio o el cambio de domicilio cada quince días, aunque este fuera durante un periodo de treinta años, no podría decir lo mismo de una medida que impide durante el mismo periodo de tiempo el acceso a un determinado ámbito laboral. Especialmente si tenemos en cuenta que no son pocas las profesiones que se ejercen con menores
Otra pista definitiva del carácter sancionador de la medida es que la inhabilitación de hasta treinta años de duración que se impone a través de la normativa relativa al RD 1110/2015 tiene el mismo contenido que el de una pena prevista en el Código penal (art. 192.3)
Teniendo en cuenta que estamos ante verdadero derecho sancionador, procedo en las siguientes líneas a formular a la regulación española una serie de consideraciones por no respetar los principios básicos de este sector del ordenamiento (vulneración del principio de legalidad y proporcionalidad) pero también apuntaré otras ajenas a esta cuestión.
El RD 1110/2015 no sólo vulnera el principio de legalidad material por permitir una aplicación retroactiva de la norma, sino también el principio de legalidad formal. El principio de reserva de ley contemplado en el art. 53 CE, exige que se regule a través de esta toda actividad limitadora de las libertades y derechos del ciudadano
La jurisprudencia ha rechazado que haya una vulneración del principio de jerarquía normativa. Respecto a esta cuestión, el TS considera que “es una ley la que ha abierto el camino a la creación de un Registro Central de Delincuentes Sexuales que recoge información ya existente en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de sentencias firmes de responsabilidad penal de menores, respetándose la confidencialidad de dicha información”
En el mismo sentido que la doctrina se ha pronunciado el CGPJ. A pesar de lo complaciente que ha sido este órgano con la regulación que ha llevado a cabo el gobierno del RCDS, el ICGPJ destaca que “la técnica de producción normativa utilizada por el legislador, que ha renunciado a articular la configuración del registro en aspectos tales como su contenido, acceso, tratamiento de los datos incorporados al mismo y su cancelación, así como la certificación de sus datos, siquiera a través de una ley ordinaria, como rectamente deberían haberse regulado , en la medida en que se ven concernidos derechos de raigambre constitucional –intimidad y vida privada y autodeterminación informativa”. Tal y como apunta este órgano, el principio de reserva de ley debería extenderse a toda la regulación del registro, no solo por el hecho de que estemos ante derecho sancionador (cosa que el ICPJ no dice), sino porque el Registro aborda aspectos íntimamente relacionados con derechos fundamentales como el derecho a la intimidad personal y familiar del art. 18.1 CE
Esta idea de que los antecedentes afectan a determinados derechos y que, por tanto, deben ser regulados por norma con rango de ley ya ha sido recogida por el propio Código penal en el artículo 136.4
El principio de proporcionalidad en sentido amplio o el de prohibición de exceso está cada vez más asentado como criterio valorativo de la legitimidad de una norma penal
Siguiendo el clásico esquema de ponderación del TC para valorar la proporcionalidad (justificación del fin, idoneidad de la medida para alcanzarlo, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto), podríamos llegar a la conclusión de que estamos claramente ante una medida que resulta desproporcionada tanto por su configuración como por su duración. Aunque la medida es idónea para el fin pretendido: evitar la reincidencia de sujetos que previamente han atentado contra la indemnidad sexual de menores de edad, esta no es necesaria
La actual normativa permite la incorporación al registro del sujeto y, por consiguiente, la aplicación de la inhabilitación, de forma automática para una categoría de delitos en general, sin realizar una valoración sobre su idoneidad en el caso concreto. Es decir, sin tener en cuenta el riesgo de reincidencia, la minoría de edad del condenado, la gravedad del delito e incluso su relación con este
El segundo de los motivos por los que considero que se vulnera el principio de proporcionalidad es que los plazos de duración de la inscripción y, por tanto, de la duración de la inhabilitación, son extremadamente largos en algunos supuestos pudiendo llegar hasta treinta años de duración en adultos y diez en menores, sin que se hayan introducido mecanismos de revisión o cancelación anticipada cuando decaigan los argumentos que motivaron la inscripción
En realidad, el registro de delincuentes sexuales español no es el único que establece un periodo de permanencia en el registro extremadamente largo. Así, Reino Unido establece periodos indefinidos para aquellos delitos sexuales que superen los treinta meses de prisión
Para evitar que la inhabilitación tenga una duración excesiva o que su duración se alargue más allá de lo necesario, en la línea apuntada el propio TEDH en el caso
Además de plantearse si la inscripción en el registro es una sanción de cara a apreciar la vulneración del artículo 7 del CEDH, en el caso
En el caso
Por su parte, el registro de delincuentes sexuales español ha establecido periodos de cancelación que llegan hasta los treinta años, pero no ha incorporado mecanismos de cancelación anticipada de los antecedentes a instancia de parte (tampoco de oficio) que permitan hacer decaer la medida cuando ya no sea necesaria en el caso concreto pasado un tiempo desde la inscripción. Además, como es lógico si no ha establecido un periodo de revisión, tampoco ha dispuesto que la autoridad judicial intervenga en la revisión de la decisión en caso de denegación de la cancelación del antecedente. De este modo, en el ordenamiento español no hay una valoración por parte de la autoridad judicial (tampoco de la autoridad administrativa) sobre la idoneidad de la medida en el caso concreto
Uno de los argumentos a favor de la incorporación de este tipo de base de datos a nivel comparado es la prevención de la comisión de delitos sexuales. También este ha sido empleado para su incorporación en el ordenamiento español. Se apunta tanto a la prevención de la delincuencia sexual en general
Para valorar los efectos preventivos del RCDS y sus problemas para la resocialización de excondenados habría que hacer un estudio empírico al respecto, atendiendo específicamente a las características del registro español. En cualquier caso, incluso sin estudios que avalen mi afirmación, no es difícil llegar a la conclusión de que la medida despliega pocos o ningún efecto intimidatorio (sólo inocuizadores) y sí muchos efectos desocializadores a juzgar por las sentencias recaídas
Al igual que ha sucedido con muchas de las reformas penales el legislador ha empleado el argumento de la asunción de compromisos internacionales para la incorporación del RCDS y de la inhabilitación. Los instrumentos internacionales en este caso son el Convenio de Lanzarote y la Directiva 2011/92/UE. No obstante, como ha puesto de manifiesto la doctrina, el legislador español en la regulación del RD 1110/2015 instada por la Ley 26/2015 ha ido mucho más allá de lo que los textos europeos exigían.
El Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre alude a que la incorporación de esta institución jurídica se basa en los compromisos internacionales adquiridos por España
Sin embargo, como apunté en su momento, lo cierto es que ninguno de esos instrumentos internacionales instaba a los estados a crear un registro de delincuentes sexuales. Ni la Directiva 2011/92/UE ni el Convenio de Lanzarote exigían que los estados crearan estas bases de datos específicas
Como afirma SALAT PAISAL “La única referencia a la creación de un registro de delincuentes sexuales a nivel internacional se encuentra en la Resolución 1733 (2010) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa por la que se emplaza a los 47 Estados miembros a que creen un registro de delincuentes sexuales”
Esta resolución, que recuerda a los estados firmantes del Convenio de Lanzarote los compromisos adquiridos, ha sido determinante en la incorporación del registro, a pesar de que es una norma de
El RD 1110/2015 prevé la inclusión en el RCDS tanto de sujetos que han cometido delitos con víctimas adultas como de sujetos que han cometido delitos con víctimas menores de edad 106. Este hecho en nada diferencia al registro español de otros registros de delincuentes sexuales extranjeros si no fuera porque, como ya se apuntó, el español no es una mera base de datos que sirve para controlar el domicilio de determinados delincuentes sexuales, sino una herramienta para ejecutarla inhabilitación.
Aplicar la inhabilitación a sujetos que atentan contra víctimas adultas no solo es una excepción respecto a otros sistemas europeos, sino un exceso respecto de la normativa internacional en la que se dice basar. Ni el Convenio de Lanzarote ni la Directiva 2011/92/UE, mecanismos articulados para proteger a los menores de edad de la victimización sexual llevada a cabo por adultos, contemplaba esta posibilidad. En ellos solo se prevén medidas para la protección y sanción de comportamientos que se dirijan contra los intereses de los menores de edad. Así, el artículo 10.1 de la Directiva
MOLINA BLÁZQUEZ da dos posibles explicaciones a esta extralimitación del legislador español. La primera es que quizás fue un error de algún corrector al intentar evitar reiterar demasiado la palabra “menores”, que acabó eliminándola de alguno de los párrafos clave. La segunda es que fuera deliberada
Esta presunción de peligrosidad ya la refrendó el propio ICGPJ que, sin basarse en ningún estudio que lo avale, establece que “esta amplitud de contenido es lógica, desde luego, y sirve a la finalidad preventiva e investigadora de la delincuencia sexual contra menores.
En su argumentación el CGPJ se olvida de que la inscripción en el RCDS implica la aplicación automática de la inhabilitación y que los argumentos que podrían justificar la incorporación en el Registro de una determinada información no tienen por qué coincidir con los objetivos preventivos de la inhabilitación para el ejercicio de determinadas profesiones con menores. Así, desde un punto de vista policial puede estar justificado que los antecedentes de delitos sexuales con víctimas adultas pasen a ser registrados, de hecho, -y como el propio CGPJ reconoce, así sucede en otros registros de ámbito europeo-, pero, lo que no parece lógico, es que estos merezcan siempre y en todo caso la aplicación de la prohibición de acceso a profesiones que impliquen contacto con menores de edad. Insisto en que no hay estudios que demuestren la idea de que quién ha atentado contra la libertad sexual de un adulto constituya un peligro para la libertad o indemnidad sexual de un menor
El TEDH también se ha pronunciado sobre las garantías que debe llevar aparejada una inhabilitación o una prohibición que acompaña a una pena de prisión. Así, ha considerado que aquellas privaciones que no tengan una finalidad clara, sean indiscriminadas o que no atiendan a la naturaleza del delito, a la gravedad de la conducta o de la pena son contrarias al CEDH
Uno de los excesos de la normativa española respecto a la internacional en la que se basa es relativa al contenido de la inhabilitación. El Convenio de Lanzarote prevé que la inhabilitación únicamente se limite a actividades profesionales
Otro de los aspectos problemáticos era cómo concretar las actividades o profesiones con contacto directo con menores de edad. Esto planteaba si meros contactos puntuales también exigían el certificado o solo contactos con mayor transcendencia temporal
De todas maneras, aunque se haga una interpretación restrictiva del término “actividades”, el riesgo de que el CDNS se acabe solicitando a individuos que no realizan actividades de tipo profesional o incluso que no vayan a realizar trabajos directos y continuos con menores sigue estando vigente. Así lo han puesto de manifiesto LARRAURI y ROVIRA con respecto al certificado de antecedentes penales en general (CAP). Estos autores apuntan a que entre 2014 y 2018 se han incrementado los supuestos de peticiones de CAP fuera de los supuestos legalmente establecidos
Uno de los excesos del legislador español respecto de la normativa europea que más consecuencias negativas va a originar a largo plazo y más vulneraciones produce de ciertos principios del derecho penal juvenil es la aplicación de toda la normativa relativa al registro a sujetos procedentes del sistema de responsabilidad penal del menor. Ninguno de los dos textos legales en los que supuestamente se ha basado el legislador español exigía su aplicación a adolescentes. Esta inclusión no ha sido un descuido o una consecuencia no querida, sino un efecto totalmente pretendido. Ya la Ley 26/2015 en su Disposición final decimoséptima instaba al gobierno en un plazo de seis meses a dictar las disposiciones reglamentarias oportunas para regular el RCDS y a nutrirse de la información del Registro Central de Penados en el caso de los adultos y del Registro Central de Sentencias de responsabilidad Penal de los Menores
En lo que se refiere a la creación del Registro, en realidad, no podemos decir que haya un exceso, pues, como ya se ha puesto de manifiesto, su propia creación (tanto para adultos como para menores) es un exceso respecto a la normativa europea. Lo que sí constituye un verdadero exceso es la aplicación a menores de edad de la inhabilitación para el ejercicio de profesiones con menores. Es cierto, que la Directiva en su artículo diez no alude exclusivamente a un adulto, sino que habla de persona física
Como se ha puesto de manifiesto a lo largo del trabajo, a diferencia de lo que han reiterado tanto el legislador como los tribunales españoles, el registro de delincuentes sexuales español tiene una naturaleza jurídica diferente a otros registros equivalentes implementados en Europa. Este no es una mera base de datos policial para registrar y controlar el domicilio de personas que han cometido delitos sexuales, sino que es el mecanismo de implementación de una medida sancionadora: la inhabilitación para el ejercicio de profesiones con menores. Si de otros registros se puede afirmar que estamos ante una institución de carácter administrativo o tuitivo que no tiene rasgos punitivos, esto no es predicable del que se ha incorporado en nuestro ordenamiento. Una inhabilitación tan severa que se impone como consecuencia de la comisión de un delito, con una vigencia de hasta treinta años y sin posibilidad de ser revisada, cancelada o valorada su idoneidad en el caso concreto no es otra cosa, a la luz de la jurisprudencia del TEDH, que una sanción. Esto significa que la regulación española, al no estar dotada de todas las garantías propias del derecho sancionador, especialmente las del principio de legalidad (art. 7 CEDH), podría desembocar en una condena a España por parte de Estrasburgo si se pronunciara sobre esta cuestión.
Además, siguiendo con el análisis que realiza en estos casos el TEDH, también ha quedado patente que la regulación española vulnera el derecho a la vida privada y familiar del condenado (art. 8 del CEDH). Esto se debe a que la medida estatal, la inscripción en el registro, se implementa de manera automática durante un largo periodo de tiempo de vigencia de este sin que se hayan establecido mecanismos que permitan valorar su idoneidad en el caso concreto. Así, a diferencia de la regulación francesa, la española prevé periodos muy elevados de cancelación de los antecedentes (y, por tanto, de duración de la inhabilitación), sin que se hayan introducido mecanismos de solicitud de cancelación de los antecedentes a instancia de parte pasado un tiempo. Y, por supuesto, sin que la denegación de dicha solicitud sea revisada por la autoridad judicial.
Aunque por los argumentos expuestos a lo largo del trabajo (vulneración del principio de proporcionalidad, efectos desocializadores, fracaso preventivo, y exceso respecto a la normativa europea en la que se dice basar), lo ideal sería que
Esta investigación se ha llevado a cabo en el marco del Proyecto “Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Unión Europea y Derecho interno” (PGC18-097607.-B-100) del que es investigador principal Octavio García Pérez
A menudo formuladas sin referencia alguna a evidencia empírica, sino en supuestas “demandas sociales”.
Sobre esta evolución vid.
Sobre como el legislador español, en contra de lo que revelan los estudios empíricos, se ha ido haciendo eco de la existencia de “un nuevo tipo de pederasta” ajeno al entorno del menor que emplea la tecnología para asaltar a sus víctimas vid.
Recientemente complementado por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y ampliado a “Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos”. En el Título V, capítulo II (artículos 57,58, 59 y 60) entre otras cuestiones aclara el concepto de profesiones con menores o introduce sanciones para el incumplimiento de las obligaciones relativas al registro.
Así, la EM de la Ley 26/2015 respecto a la exigencia de un CDNS recoge que “Se establece, además, como requisito para poder acceder y ejercer una profesión o actividad que implique contacto habitual con menores, no haber sido condenado por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos o explotación de menores”
En la EM esto se refleja cuando afirma “relacionado con lo anterior y a los efectos de prevención, se crea, dentro del sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, el Registro Central de Delincuentes Sexuales que contendrá la identidad de los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos, o explotación de menores, e información sobre su perfil genético de ADN”.
Actualmente denominado “Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos” tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Bases de datos similares están previstas únicamente en países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido o Irlanda y algunos estados alemanes. Hace un repaso de algunos de ellos.
La EM del RD 1110/2015 lo deja claro cuando alude a que “el principio inspirador al que responde el Registro Central de Delincuentes Sexuales se estructura sobre la base del derecho fundamental del menor a que su interés superior sea prioritario”. Buen ejemplo de que no es un registro al uso, sino que se crea como vehículo para implementar la inhabilitación es que, a diferencia de lo que se observa en otros en el ámbito comparado, el español no ha previsto que el inscrito deba notificar su domicilio o los cambios de este. Por el contrario, la normativa del registro francés exige justificar una vez al año la dirección y declarar los cambios de dirección en un plazo de hasta un máximo de quince días a contar desde que estos tengan lugar (art. 706-53-5 del
Buen ejemplo de que el legislador no tiene clara las finalidades de ambas es que este afirma que el Registro surge para ofrecer una mayor protección a los menores y para tutelar el superior interés de estos cuando, en realidad, el instrumento idóneo para ello es, en todo caso, la inhabilitación para el ejercicio de determinadas profesiones. También el propio informe del CGPJ parece confundir la finalidad de la inhabilitación con la del registro y afirma que la configuración del Registro “obedece a un interés general y una finalidad legítima, cual es la prevención e investigación de la delincuencia sexual dirigida contra menores, en preservación del superior interés de estos, que justifica la injerencia en el derecho a la intimidad”.
“A los responsables de la comisión de alguno de los delitos de los Capítulos II bis o V se les impondrá, en todo caso, y sin perjuicio de las penas que correspondan con arreglo a los artículos precedentes, una pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, o por un tiempo de dos a diez años cuando no se hubiera impuesto una pena de prisión atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los delitos cometidos y a las circunstancias que concurran en el condenado”.
Antes de la reforma de 2021 afirmaba que la inhabilitación regulada en el RD 1110/2015 era “mucho más grave” que la del art. 192.3 CP.
Además, la administrativa se impone de forma automática sin una valoración judicial. Por el contrario, el art. 192.3 CP recoge que “se atenderá proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los delitos cometidos y a las circunstancias que concurran en la persona condenada”.
La crítica que se le hacía antes era que la inhabilitación penal no se aplicaba si la víctima era menor de dieciocho y mayor de dieciséis por no ser de las que se incluyen en el Capítulo II bis o V.
De hecho, en el RD 1110/2015 que regula todo el RCDS cuando en su artículo 3 se pronuncia sobre la “naturaleza y finalidad” del registro, no alude en ningún momento a una naturaleza penal. Este recoge “El Registro Central de Delincuentes Sexuales constituye un sistema de información, de carácter no público y gratuito, relativo a la identidad, perfil genético, penas y medidas de seguridad impuestas a aquellas personas condenadas en sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales o por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, regulados en el Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con independencia de la edad de la víctima.”.
Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Disponible en línea en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/20151016%20Informe%20019.15%20(2).pdf
Así lo demuestra toda la jurisprudencia del TEDH recaída sobre esta cuestión especialmente la del caso
Resolución no vinculante del Consejo de Europa 1733 (2010), de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
En este sentido GARCÍA PÉREZ, O. “La contribución de la jurisprudencia...”. cit. En la misma línea también se pronuncian
Hay que recordar que la Disposición adicional primera del RD 1110/2015 permite la aplicación retroactiva de la norma.
STS 1631/2020 de 30 de noviembre (ECLI:ES:TS:2020:4063); STS 1413/2020 de 28 de octubre (ECLI:ES:TS:2020:3535); 585/2020 de 28 de mayo (ECLI:ES:TS:2020:1285).
La excepción es de la SAN 4437/2018 de 22 de octubre (ECLI:ES:AN:2018:4438), que hace recaer en el interesado el deber de instar la cancelación del antecedente.
STS 1631/2020 de 30 de noviembre (ECLI:ES:TS:2020:4063)
STS 1631/2020 de 30 de noviembre (ECLI:ES:TS:2020:4063)
Como por ejemplo el caso de la SAN 2541/2018, de 7 de junio (ECLI:ES:AN:2018:2541)
Esto significa, como afirman LARRAURI y ROVIRA, que “cuando se creó este Registro en marzo de 2016 se incorporaron datos de las 40.782 personas con una inscripción por un delito de este tipo cometido con anterioridad y que no han sido canceladas”.
La aplicación retroactiva de la normativa la posibilita “legalmente” la Disposición adicional primera del mencionado Real Decreto 110/2015, que permite incorporar antecedentes no cancelados en este nuevo registro. Esta recoge que “ Los datos relativos a penas y medidas de seguridad por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, que figuren inscritos en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores con anterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto, se remitirán automáticamente al Registro Central de Delincuentes Sexuales en el estado en que se encuentren.”
En realidad, hay que decir que en el ámbito español hubiera bastado para considerar que se está vulnerando el principio de irretroactividad con afirmar que estamos ante disposición restrictiva de derechos, pues el 9.3CE amplía el ámbito del principio de irretroactividad a estas. Sin embargo, los tribunales españoles se han pronunciado en los mismos términos que el TEDH, únicamente considerando que el principio de irretroactividad es aplicable a disposiciones que tienen el carácter de sanción. El TS expresa en su sentencia 295/2020, de 2 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:686), que “las normas reguladoras de la cancelación de las inscripciones en el Registro Central de Delincuentes Sexuales
Remiten al caso
STS 1631/2020 de 30 de noviembre (ECLI:ES:TS:2020:4063)
STS 1631/2020 de 30 de noviembre (ECLI:ES:TS:2020:4063); STS1405/2020 de 27 de octubre (ECLI:ES:TS:2020:3503)
Lo califican como fraude de etiquetas SEITÚN, D. “El Registro Central de Delincuentes Sexuales...” cit;
Así, por ejemplo, la inhabilitación especial para ejercer profesión, oficio o comercio relacionado con animales, y para tenencia de animales prevista en los art. 33.3.f y 4.c del Código penal podría no ser calificado por el legislador como una pena, sino como un requisito que evita que candidatos no idóneos sean escogidos para ejercer profesiones con animales. Suele suceder con las inhabilitaciones que su naturaleza jurídica a menudo es discutida. Como apunta VALEIJE ÁLVAREZ, la orientación de estas a la prevención especial suele suscitar el debate de si estamos ante penas o medidas de seguridad. Estoy de acuerdo con esta autora en que estamos ante penas y que a menudo el argumento que subyace para considerarlas medidas de seguridad no es otro que despojarlas de sus garantías básicas. Vid
Me refiero al concepto de sanción porque es el que según el TEDH debe respetar las garantías propias del derecho sancionador previstas en el CEDH (con independencia de si el legislador califica la medida como penal o administrativa). Un buen ejemplo de esto se refleja en el caso
STEDH
La base de datos francesa se llama “
Aunque el TEDH durante mucho tiempo el TEDH ha considerado que de la sanción se deriva el carácter punitivo o disuasorio a diferencia de la medida policial/securitaria de la que se predica exclusivamente su carácter preventivo-especial, hay sentencias, como la STEDH
Como recoge el propio Real Decreto 1110/2015, sus fines son, entre otros, desarrollar “un sistema para conocer si quienes pretenden acceder y ejercer profesiones, oficios y actividades que impliquen un contacto habitual con menores carecen de condenas, tanto en España como en otros países, por los delitos a los que se refiere este Real Decreto”.
Sin embargo, ALASTUEY DOBÓN en su riguroso análisis sobre la naturaleza jurídica de la expulsión del extranjero considera que estas (por la comisión de infracción administrativa o por delito) no pueden ser calificadas de “sanción”. Entre otros motivos, la autora considera que la comisión de la infracción o el delito “no forman parte de su supuesto de hecho, sino que su comisión se considera un indicio de que el extranjero representa una amenaza-que se da por confirmada- para el interés colectivo”.
Aunque a menudo el TEDH ha confrontado el efecto preventivo con el efecto retributivo a la hora de distinguir entre medidas puramente policiales o securitarias y verdaderas reacciones sancionadoras, en ocasiones no ha tenido más remedio que afirmar que la prevención también es predicable de la sanción. Así lo hace en el caso
Peligrosidad que se concibe, a diferencia de lo que recoge ALASTUEY DOBÓN para la expulsión, no como posibilidad de realización de actos antijurídicos en general, sino como probabilidad de realización de hechos delictivos de naturaleza sexual.
La idea de que no se esté valorando la peligrosidad, sino que se esté imponiendo la medida de manera automática es un argumento empleado por algunos votos particulares en sentencias de los tribunales estadounidenses para considerar que se está produciendo una vulneración excesiva de derechos fundamentales del condenado. Vid.
Y todo ello, aunque la Agencia Española de Protección de Datos haya apostado por un concepto restringido de profesiones con menores. En su informe núm. 0401/2015 afirma que la necesidad de restringir la inhabilitación a profesiones que requiera de contacto
Suele suceder que la orientación a la prevención especial de las inhabilitaciones hace que se discuta sobre su naturaleza jurídica. Resulta especialmente interesante la discusión doctrinal sobre la privación e inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad de la que la doctrina ha afirmado que es una medida civil, una medida de seguridad y una pena. Vid.
Ahora bien, aunque ambas tienen en común tanto el contenido material como el hecho de que su imposición es obligatoria por la comisión de un delito sexual, la inhabilitación prevista penalmente es más garantista y se ajusta en mayor medida al principio de proporcionalidad pues, aunque el máximo por el que puede ser impuesta llega hasta los 20 años de duración (un periodo casi tan largo como los 30 de la inhabilitación administrativa), ésta la impone una autoridad judicial y su duración puede ser regulada atendiendo a circunstancias del caso concreto (vid art. 192.3 párrafo 2 CP). Sin embargo, la imposición de la inhabilitación administrativa es automática y no permite ajustar la duración atendiendo a las circunstancias del caso concreto (relacionadas con el sujeto, la gravedad del delito...).
STS 1405/2020 de 27 de octubre (ECLI:ES:TS:2020:3503)
“es el legislador, mediante norma con rango de Ley Orgánica, el que limita el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, al establecer como requisito (art. 13.5 LO 1/1996) el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual...Y, en estas circunstancias, que refieren con carácter general un requisito para el ejercicio de tales actividades, la determinación de la duración en razón de concretas situaciones constituye una modulación del alcance de la norma de rango legal que, lejos de suponer una deslegalización de la materia aparece como propia de la colaboración reglamentaria”. SAN 4437/2018 de 22 de octubre (ECLI:ES:AN:2018:4438)
O también el derecho a la vida privada y familiar del art. 8 CEDH. Aunque, como ya he apuntado, el TC ha configurado el derecho a la intimidad de forma más limitada y restrictiva de lo que lo ha hecho el TEDH Vid.
Aunque esto no sea compartido por el ICGPJ.
De hecho, al propio legislador le traiciona el inconsciente en este sentido cuando, abordando el plazo de treinta años de duración de la inhabilitación, afirma en la EM del RD 1110/2015 que “Ello no se opone a los principios de proporcionalidad, necesidad o reinserción pues no impide que los antecedentes penales sean cancelados en el plazo establecido legalmente, sin que dichas inscripciones sean consideradas a efectos de reincidencia...”. Con estas palabras no hace otra cosa que reconocer que la medida sí cuestiona dichos principios.
El artículo 136.4 CP establece sobre los antecedentes penales que “solo se emitirán certificaciones con las limitaciones y garantías previstas en sus normas específicas y en los casos establecidos por la ley”
Por todos
A menudo el TC lo ha considerado incardinado en la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (9.3CE), en torno al Estado de Derecho (1.1. CE), la dignidad de la persona (10.1), el principio de legalidad (art. 25.1), etc. Como afirma PRIETO DEL PINO “En 1982 el Tribunal Constitucional consideró que este principio se infería del art. 10.2 CE en relación con los artículos 10.2 y 18 del Convenio de Roma, y en 1999 lo consideró vinculado al principio de legalidad (STC 136/1999, de 20 de julio, FJ21). No obstante, tanto en decisiones anteriores como en posteriores, incluido su pronunciamiento más reciente al respecto (STC 60/2010, de 7 de octubre, FJ7º), ha establecido que el principio de proporcionalidad cumple una «función institucional», ya que opera como presupuesto de constitucionalidad de las medidas que restringen principios constitucionales y, más concretamente, como límite de las normas y actos que limitan los derechos fundamentales, de ahí que sea en las disposiciones constitucionales que los reconocen donde debe encontrarse el fundamento normativo de este presupuesto de constitucionalidad de la Ley. Desde esa perspectiva se ha caracterizado en la doctrina al principio de proporcionalidad como «límite de los límites»”.
De hecho, a la hora de hora de valorar la adecuación de una medida estatal al CEDH, Estrasburgo siempre examina si ésta está justificada por los fines a los que sirve, es decir, hace un análisis de proporcionalidad.
Sin estudios empíricos que lo avalen debemos acudir al sentido común y afirmar que la inscripción en el registro, y la consiguiente aplicación de la inhabilitación para el ejercicio de profesiones con menores, son idóneas para evitar la reincidencia. No en su versión intimidatoria, sino inocuizadora, pues la experiencia ha puesto de manifiesto el escaso valor disuasorio de las privaciones de derechos postcondena que se imponen al sujeto tras su paso por el sistema penal. Esto se debe a que su componente aflictivo suele pasar más desapercibido en comparación con los propios de la pena de prisión o que directamente se desconoce su existencia.
Así lo exige el TC vid. STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 28 o la STC 169/2021, de 6 de octubre de 2021, FJ7.
Este defecto es exclusivo de la inhabilitación administrativa, pues la inhabilitación penal, aunque es también de imposición es obligatoria, tiene la ventaja de que la duración es menor (entre dos y veinte años) y que permite al juez imponer su duración atendiendo “proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los delitos cometidos y a las circunstancias que concurran en la persona condenada” (art. 192.3 CP).
Por eso, como apunta SALAT PAISAL, si efectivamente lo que se pretende con esta prohibición y con el registro es prevenir la comisión de nuevos delitos de carácter sexual se debería exigir al menos que para la aplicación de la medida se fundamente la existencia de un riesgo de comisión de delitos de la misma naturaleza en el futuro.
pues, otros, además de prever consecuencias menores gravosas, sólo inscriben a menores de edad para los delitos graves o previa decisión del juez.
La SAN 2541/2018, de 7 de junio (ECLI:ES:AN:2018:2541) considera que la duración de los plazos es proporcional indicando “que de conformidad con la finalidad perseguida es comprensible que el plazo para la cancelación de la inscripción en el Registro central de delincuentes sexuales sea superior al previsto para la de los antecedentes penales previsto en el Real Decreto 95/2009, sin que esto infrinja el principio de proporcionalidad, puesto que solo así se cumple la finalidad preventiva y de protección vinculada a la inscripción que permite garantizar el no acceso a determinadas profesiones que pueden colocar en una situación de especial vulnerabilidad a los menores frente a estos delitos”. Por su parte, el ICGPJ consideró que los plazos eran adecuados al principio de proporcionalidad porque hizo el informe antes de que se modificara la normativa en el proceso legislativo, pues, en un principio, los plazos coincidían con los de los antecedentes penales. Como afirma MOLINA BLÁZQUEZ no es la primera vez que el CGPJ emite un informe preceptivo de una versión previa a la que finalmente se aprueba.
Ya en la EM del RD 1110/2015 se adelanta este sistema “Si la víctima fuera mayor de edad, la cancelación se hace coincidir con la de los antecedentes penales, sin que se extienda la vigencia de la inscripción más allá de los efectos que el Código Penal establece atendiendo a la gravedad del delito cometido. Por el contrario, si la víctima tuviera la condición de menor de edad, se considera conveniente seguir un régimen distinto en relación con los límites temporales establecidos para la cancelación de los antecedentes penales y ampliar la duración de la inscripción hasta 30 años, atendiendo a la especifica función y finalidad de las inscripciones de este registro, que no se constituyen como una pena sino como una medida para la protección de la infancia y adolescencia. Ello no se opone a los principios de proporcionalidad, necesidad o reinserción pues no impide que los antecedentes penales sean cancelados en el plazo establecido legalmente, sin que dichas inscripciones sean consideradas a efectos de reincidencia. No obstante, si el condenado fuera menor de edad en el momento de la comisión del delito, no será de aplicación lo anterior, sino que se estará al plazo de cancelación de los antecedentes penales con la finalidad de posibilitar la reinserción de los menores infractores y evitar su estigmatización.”
Vid.
Artículo 706-53-4 del
Esta necesidad de hacer una valoración sobre la idoneidad de la medida en el caso concreto, argumento que ha recogido reiteradamente el TEDH ha empezado a ser adoptada por algunos tribunales supremos de los Estados federados en Estados Unidos, país que exportó los registros de delincuentes sexuales. Vid.
En el caso
Herramientas como el
SVR-20 de la que ya ha sido probada su eficacia en España. Vid.
Vid. caso
Así, el derecho del artículo 8 CEDH puede verse afectado por las condiciones de la detención o reclusión. De este modo, si durante la detención y posterior interrogatorio no se permite al sujeto contactar con la familia, si se establece un régimen penitenciario que restrinja las visitas familiares u otros mecanismos de contacto del preso con el mundo exterior, si se le prohíbe contraer matrimonio durante el cumplimiento de la condena o el acceso a la inseminación artificial, el derecho al respeto a la vida personal y familiar puede verse menoscabado. Sobre el derecho a la vida privada y familiar de presos alejados de su domicilio vid.
§62
Así sucede en el caso
§68
§68
§69
Se ha afirmado la existencia de una vulneración al derecho previsto en el art. 8 CEDH porque no se preveía la posibilidad de una revisión de los antecedentes a instancia de parte (caso
Tal y como se exige en el caso
La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia que acordó la incorporación de este instrumento en el apartado II del Preámbulo establece lo siguiente “Directamente relacionado con lo anterior y a los efectos de prevención, se crea, dentro del sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, el Registro Central de Delincuentes Sexuales”. Anteriormente el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia ya preveía en su EM que “aunque este Registro (el de antecedentes penales) no está concebido como registro específico de agresores sexuales, sin duda alguna su puesta en funcionamiento contribuirá a prevenir la especial reincidencia que se produce en estos tipos delictivos.
El preámbulo del RD 1110/2015 establece que “En primer lugar, se pretende la prevención y protección de los menores frente a la delincuencia de naturaleza sexual”
Vid. toda la discusión de los jueces norteamericanos sobre la constitucionalidad de la medida en la que los jueces asumen claramente que la medida carece de efectos preventivo especiales.
Destaca el frecuente desconocimiento entre delincuentes y potenciales delincuentes de este tipo de sanciones adicionales RIPOLLÉS, J.L. “Sanciones adicionales...” cit.
Otro caso de sentencia de conformidad a la que se le aplica la normativa relativa al registro por la comisión de un delito de pornografía del art. 189.1 CP lo recoge la STS 1631/2020 de 30 de noviembre (ECLI:ES:TS:2020:4063).
Por ejemplo, de la lectura de la sentencia del caso
Así lo pone de manifiesto en el apartado I del Real Decreto que dice “este contexto no sólo se plasman los compromisos adquiridos por España en el seno de la Unión Europea y del Consejo de Europa, sino que además permite la equiparación a los países de nuestro entorno en la extensión de la protección que dispensan a los niños contra la explotación y el abuso sexual.”
SAN 2541/2018, de 7 de junio (ECLI:ES:AN:2018:2541)
Esta crítica también la realizan TORRES ROSELL, N. y SANCHO CONDE, T. “Medidas accesorias ...”. cit.;
Artículo 37.1 “efectos de la prevención y enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo al presente Convenio, cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para recoger y almacenar, de conformidad con las disposiciones aplicables sobre protección de datos de carácter personal y otras normas y garantías apropiadas que el derecho interno prevea, los datos relativos a la identidad y perfil genético (ADN) de las personas condenadas por los delitos tipificados con arreglo al presente Convenio.”
En el mismo sentido
Como pone de manifiesto SALAT PAISAL “no cabe duda que este tipo de dictámenes o documentos influyen después en la política criminal de los distintos Estados parte”.
Así lo recoge el artículo 3.1 del Real Decreto, que alude a que “El Registro Central de Delincuentes Sexuales constituye un sistema de información, de carácter no público y gratuito, relativo a la identidad, perfil genético, penas y medidas de seguridad impuestas a aquellas personas condenadas en sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales o por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, regulados en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con independencia de la edad de la víctima”
Como afirman TORRES ROSELL y SANCHO CONDE, la Directiva amplía respecto del Convenio el catálogo de delitos cuya comisión puede suponer para sus autores la inhabilitación profesional, si bien ambas disposiciones coinciden en mantener su aplicación a ilícitos cuyas víctimas son menores de edad.
Incluso también ha ampliado la inhabilitación penal a los delitos de trata, aunque no tengan víctima menor de edad. El artículo 57 de la Ley 8/2021 establece que “ Será requisito para el acceso y ejercicio de cualesquiera profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, el no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales tipificados en el título VIII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, así como por
En sentido contrario ROMERO FLORES, que, basándose en un único estudio empírico, la persona que atenta sexualmente contra víctimas adultas presenta el mismo riesgo de atentar contra menores de edad. Vid.
En este sentido es muy interesante el ejemplo que pone MOLINA BLÁZQUEZ respecto al pediatra que solicita favores de naturaleza sexual a una compañera provocándole una situación grave y objetivamente hostil. “-El autor de 40 años es delincuente primario, se encuentra situación de desequilibrio emocional a causa de su reciente divorcio y la víctima también tiene 40 años-; la pena a imponer en abstracto por la infracción cometida será una prisión de 3 a 5 meses o una multa de 6 a 10 meses (art. 184.1 del CP). Como afirma esta autora “en virtud de lo dispuesto en el art. 13.5 de la Ley del Menor y en el art. 10.1 a) del RD 1110/2015, el condenado quedará además inhabilitado hasta que se le cancelen los antecedentes penales”.
Por ejemplo, Estrasburgo prohíbe privaciones del derecho al voto que no tengan una finalidad clara o sean desproporcionadas, lo que incluye privaciones indiscriminadas que no atiendan a la naturaleza del delito, a la gravedad de la conducta o a las circunstancias individuales del caso concreto. De este modo, el Tribunal solo permite que se restrinjan derechos electorales en casos en los que se ha abusado gravemente de un puesto público o la conducta ha amenazado el Estado de Derecho o los principios democráticos.
De hecho, resulta incoherente que el Real Decreto afirme en su artículo 3.1 que se incorporarán al Registro datos de delitos sexuales con víctimas menores de edad o adultas y que acto seguido (y continuamente a lo largo del Real Decreto) aluda a que el presente registro tiene como finalidad “contribuir a la protección de menores contra la explotación y el abuso sexual” o “proteger a las víctimas menores de edad de la delincuencia sexual”. Como vemos, se confunden en la legislación española las finalidades propias del Registro y de la inhabilitación.
Así, el artículo 5.3 de dicha norma establece que “Cada Parte adoptará, de conformidad con su derecho interno, las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las condiciones de acceso a las profesiones cuyo ejercicio conlleve el contacto habitual con niños garanticen que los aspirantes a ejercer dichas profesiones no hayan sido condenados por actos de explotación o abuso sexual de niños”.
Así, en el considerando 40 la Directiva establece lo siguiente “A efectos de la presente Directiva, la noción de empresario también debe abarcar a las personas que estén al frente de una organización dedicada a labores de voluntariado que guarden relación con la vigilancia o el cuidado de menores y que impliquen contactos directos y regulares con ellos”
Ya la Ley 25/2015, que modifica el artículo 13 de la LO 1/1996 establece que “será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y
Apuntan estos riesgos
Esta cuestión había hecho que muchos autores revelaran el problema de taxatividad que planteaba la inhabilitación en este sentido.
Esta ampliación viene motivada por el establecimiento en nuestro país de empresas multinacionales como
De hecho, este mandato de la disposición decimoséptima se materializa en el artículo 5 del RD 1110/2015 que recoge el tipo de información inscribible aludiendo a que “El Registro Central de Delincuentes Sexuales contendrá toda la información penal que conste tanto en el Registro Central de Penados como en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores respecto de quienes hubieran sido condenados en sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales...”
“a fin de evitar el riesgo de reincidencia en los delitos, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que una persona física que haya sido condenada por una infracción contemplada en los artículos 3 a 7 pueda ser inhabilitada, con carácter temporal o permanente, para el ejercicio de actividades, al menos profesionales, que impliquen contactos directos y regulares con menores.”
La campaña del Consejo de Europa de 26 de noviembre de 2010 para fomentar la ratificación e implementación del Convenio de Lanzarote llamada one of five (uno de cada cinco) en ningún momento alude en ninguno de sus documentos a que el objetivo de esta abarque también sea que las medidas legislativas abarque a los menores de edad. (vid.
En este sentido
En el caso de Estados Unidos hay estados que permiten al juez la discrecionalidad de decidir sobre si el menor debe ser registrado o no o qué tipo de información debe aparecer en el registro
Vid. art. 706-53-2 Code de procédure pénale y Sexual Offences Act 2003, “Part 2. Notification and orders” párrafo 82 (notification period), disponible en