El medio ambiente puede ser definido como “el mantenimiento de las propiedades del suelo, el aire y el agua, así como de la flora y la fauna y las condiciones ambientales de desarrollo de estas especies, de tal forma que el sistema ecológico se mantenga con sus sistemas subordinados y no sufra alteraciones perjudiciales”¹². Como contrapartida, el daño medioambiental es entendido como cualquier daño que produzca efectos adversos significativos en las especies y hábitats naturales protegidos, en las aguas o en el suelo¹³.

El art. 45 CE recoge la protección del medio ambiente entre los principios rectores de la política social y económica del Estado español. El precepto dispone que “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo” (art. 45.1). A continuación, se alude al deber de garante que la Administración tiene en este ámbito, indicando que “Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva” (art. 45.2 CE).

Por lo tanto, la CE reconoce el derecho a un medio ambiente adecuado, concebido como derecho de toda la sociedad y de las personas que la integran (art. 45.1 CE)¹⁴. Desde este punto de vista, el medio ambiente adecuado constituiría un derecho supraindividual, entendido como derecho de naturaleza indivisible, que pertenece a un grupo, categoría o clase de personas, sin que, por su propia naturaleza, pueda ser objeto de apropiación exclusiva por ninguno de los miembros de tal grupo, categoría o clase, de tal forma que el individuo sería únicamente titular mediato de tal derecho, siendo el titular directo la colectividad¹⁵. Es el caso de los derechos de reparación que nacen en un supuesto de daño ecológico puro, en el que no hay víctimas concretas ni individualizables, como ocurriría, por ejemplo, en un supuesto de vertidos a los mares y océanos¹⁶

Junto a los derechos supraindividuales, también denominados esencialmente colectivos¹⁷, se encuentran los derechos pluriindividuales o individuales homogéneos, que son aquellos derechos subjetivos individuales provenientes de un origen común, normalmente un mismo hecho dañoso o conducta ilícita, caracterizados por ser bienes divisibles y susceptibles de apropiación individual¹⁸.

Un ejemplo de afectación de derechos pluriindividuales se daría en el caso de la contaminación de un acuífero por vertidos de residuos industriales que provocase daños patrimoniales a varias explotaciones ganaderas y agrícolas de un determinado territorio. En este caso, los propietarios afectados evidentemente podrían accionar individualmente, accediendo a los Tribunales para hacer valer sus derechos legítimos. Sin embargo, una acción colectiva, también en este supuesto, podría ser más eficaz, más eficiente y más conveniente desde el punto de vista de la economía procesal que una multiplicidad de demandas idénticas.

En el caso de los derechos individuales homogéneos, no cabe duda de que la afectación individual de derechos subjetivos, como la propiedad, la salud o la vida, es directamente tutelable ante los Tribunales por los titulares de los derechos afectados, aunque la tutela colectiva pueda ser una solución más eficaz y económica. Sin embargo, respecto de los derechos supraindividuales que nacen en casos de daño ecológico puro, la cuestión resulta más compleja al no existir individuos o entidades directamente legitimadas para accionar y poner en marcha un proceso judicial.

Algunos autores justifican la no accionabilidad del derecho supraindividual al medio ambiente argumentando que, dada la ubicación del art. 45 CE entre los principios rectores de la política social y económica, el medio ambiente no es, en rigor, un derecho sino simplemente un principio¹⁹. Como consecuencia, este ha de informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero no constituye un derecho directamente invocable ante los Tribunales, a falta de un desarrollo legislativo que lo permita (art. 53.3 CE).

Ahora bien, la necesidad de lograr una tutela judicial más efectiva del medio ambiente, junto con las nuevas tendencias ecocentristas recomiendan avanzar hacia el reconocimiento del medio ambiente por su valor intrínseco, y no solo como forma instrumental de protección de la vida humana²⁰. Esta transición de la visión antropocéntrica a otra más ecocéntrica tiene una clara relevancia desde el punto de vista penal, en tanto que determinante del bien jurídico objeto de protección en el delito ecológico²¹. Pero también, a los efectos que aquí interesan, tiene una enorme trascendencia desde la perspectiva procesal, al demandar nuevas formas de legitimación para activar la tutela jurisdiccional como forma de lograr una reparación efectiva de los bienes y derechos dañados, incluso cuando son de naturaleza supraindividual²².

En definitiva, para que la sociedad en su conjunto y los grupos e individuos que la integran puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable (...) deben tener acceso a la justicia cuando tales derechos les sean negados²³. Por lo tanto, resulta necesario avanzar en la tutela procesal colectiva para asuntos medio ambientales, arbitrando nuevas formas de legitimación activa, tanto para aquellos casos de afectación a derechos supraindividuales, donde no es posible identificar perjuicios individualizados ni uno o varios perjudicados concretos²⁴, como también para aquellos supuestos en que existe una pluralidad de víctimas individuales como consecuencia de un hecho dañoso común.

Más allá de su concreta configuración legal, las acciones colectivas o procesos colectivos se caracterizan porque ofrecen la posibilidad de resolver en un solo proceso y con una sola sentencia un conflicto que afecta a los derechos o intereses de una colectividad o de una pluralidad homogénea de sujetos, sin necesidad de que todos ellos participen activamente en ese proceso, pero previendo que todos puedan beneficiarse, en su caso, de los efectos de una resolución favorable²⁵.

Algunos de los motivos que justifican la necesidad de contar con un sistema de acciones colectivas como forma de garantizar una tutela judicial efectiva del medio ambiente tienen que ver con la propia esencia o naturaleza supraindividual de los derechos que están en juego, cuya efectiva tutela jurisdiccional demanda una serie de adaptaciones de la legislación procesal. En el caso de los derechos pluri-individuales, sin embargo, la justificación para reclamar un sistema de acciones colectivas tiene más que ver con razones de eficacia, cuya consecución requiere de mecanismos útiles para resolver casos idénticos o similares donde el conjunto de personas afectadas es numeroso, sin colapsar los Tribunales. Por lo tanto, se advierte que tanto los derechos supraindividuales como los pluri-individuales homogéneos demandan un sistema de acciones colectivas para su adecuada tutela, aunque con base en motivos diversos²⁶.

En el caso de los derechos supraindividuales o esencialmente colectivos no cabe una apropiación individual de los derechos e intereses en juego, perteneciendo estos a la colectividad o al grupo en su conjunto de forma indivisa, por lo que un concepto amplio de legitimación en este caso resulta absolutamente determinante del acceso de estos derechos e intereses a los Tribunales. Es el caso de la tutela de los recursos naturales que conforman el ecosistema, tales como el agua, el aire y el suelo. Así, por ejemplo, una acción de cesación ejercitada contra una empresa para que deje de realizar ciertos vertidos contaminantes al mar será siempre ejercida en nombre e interés de la sociedad y no de un concreto individuo o grupo.

En el caso de los derechos pluri-individuales homogéneos, por el contrario, la tutela colectiva no viene inexorablemente impuesta por la naturaleza de las cosas, aunque sí resulta idónea por su utilidad para colectivizar la tutela de los derechos individuales que han sufrido un daño o perjuicio con base en un hecho dañoso común, evitándose el goteo de demandas y la existencia de decisiones contradictorias, a la vez que se procura una decisión más ágil, equitativa y justa para los damnificados²⁷. Esto es especialmente relevante en casos en que no hay incentivos para litigar individualmente, ya sea por el coste excesivo que implica el proceso, por la dificultad de acceso a las fuentes de prueba, por la expectativa incierta de victoria y/o por la insignificancia del daño individualmente considerado, entre otros factores.

Piénsese, en este último caso, en los daños que se pueden provocar a la cosecha o al ganado de un conjunto de explotaciones agrícolas y ganaderas como consecuencia de un vertido contaminante en un río o un acuífero. En este supuesto, además del daño ambiental e hidráulico, parece evidente que podrían concurrir daños individuales a la propiedad de los titulares de las referidas explotaciones que, de ser un conjunto numeroso de afectados, podrían actuar procesalmente como grupo, bajo una representación única, de existir los instrumentos procesales para ello.

Adicionalmente, la mejora de los sistemas de litigación colectiva, también en materia medioambiental, se erige en una pieza clave para disciplinar el comportamiento empresarial. Por una parte, la existencia de un sistema eficaz de acciones colectivas hace que sea más probable la exigencia de responsabilidades de reparación a la empresa, lo que conlleva un potente efecto disuasorio (deterrent effect)²⁸. Además, los acuerdos de reparación que se podrían alcanzar en el marco de un proceso colectivo promovido por el grupo de afectados o con organizaciones ambientalistas podrían servir de acicate a la implementación de mecanismos de compliance y diligencia debida en materia medio ambiental²⁹.

Por último, se debe señalar que la tutela colectiva entronca con el denominado "private law enforcement", entendida como una orientación de política legislativa consistente en incentivar y dotar de mecanismos a los particulares para dar cumplimiento a objetivos legislativos como la preservación del medio ambiente o la transparencia de los mercados, entre otros. Esta orientación de política legislativa permite evitar el "regulatory capture", esto es, la captura de los organismos reguladores o de control por lobbys o grupos de poder, significativos en materia medio ambiental³⁰. En este sentido, la tutela colectiva también sirve para democratizar el control y la gestión medio ambiental, evitando un sistema de supervisión jerárquico, centralizado y potencialmente corruptible.

Se defiende, por lo tanto, el establecimiento de un auténtico sistema de acciones colectivas en materia de medio ambiente, que debería regularse en la LEC, resultando aplicable también a la acción civil ex delicto que se ejercite ante los Tribunales penales. En este sentido, la normativa que se formule debería recoger los requisitos de aquellas entidades legitimadas para actuar en el proceso judicial en nombre del colectivo o grupo de afectados por los daños ecológicos o ambientales imputables, no solo a la Administración pública, sino también a los operadores jurídicos privados, frente a los que debería poder ejercitarse la acción de responsabilidad extracontractual del art. 1902 CC³¹.

La reparación del daño ambiental que se exige a quien ha cometido un delito contra el medio ambiente debe guiarse por el principio de corrección o reparación in natura e in situ frente a la compensación monetaria³². Este principio, al contrario de aquel otro que indica que “quien contamina paga”, busca asegurar que la reparación se materialice preferentemente en el mismo lugar en que se produjo el daño ambiental y que se consiga devolver el ecosistema al mismo estado que tenía antes de ser dañado³³.

Ahora bien, devolver un ecosistema al estado de cosas anterior al daño puede constituir una actividad extremadamente compleja y no siempre viable desde el punto de vista científico-técnico. Algunos de los obstáculos que podrían enfrentarse son las dificultades en la determinación del estado original del medio ambiente perturbado, las dificultades para determinar cuál es el método de reparación más adecuado o, en ciertos casos, para prever los efectos secundarios de los planes reparatorios³⁴.

Cuando la reparación in natura no resulta viable desde el punto de vista material, técnico o económico, así como en supuestos de daño ambiental irreparable, deberán de adoptarse medidas de compensación ambiental en el mismo lugar, o algún lugar próximo, a aquel en que se haya padecido el daño³⁵. Esta compensación busca crear un valor ambiental equivalente o superior al daño causado, en un esfuerzo por "equilibrar la balanza" ambiental, aunque sea de forma indirecta.

Un ejemplo de compensación ambiental sería el caso en que un vertido masivo provocase la destrucción irreversible de un humedal de alto valor ecológico. Se trataría de un daño irreparable dadas las condiciones hidrológicas, la composición del suelo y la biodiversidad específica, que no podrían restaurarse a su estado original. Pues bien, en estas circunstancias, la compensación podría consistir en crear un nuevo humedal de extensión y/o valor ecológico equivalente en otra ubicación cercana.

Finalmente, cuando no sea posible una reparación integral in natura o una compensación ambiental suficiente, deberán adoptarse medidas de compensación económica consistentes en el pago de una indemnización³⁶. En estos casos es importante que la indemnización se destine efectivamente a acciones de prevención, conservación y/o educación ambiental, para lo cual debería quedar afecta a tales finalidades en la propia resolución judicial³⁷.

En todo caso, debe advertirse que la reparación ambiental no solo abarca las actuaciones necesarias para eliminar los efectos del daño causado, sino también la adopción de medidas preventivas tendentes a evitar la repetición da daños en el futuro³⁸. Sobre estas últimas, se pronuncia la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, al disponer que “cuando se hayan producido daños medioambientales causados por cualquier actividad económica o profesional, el operador de tal actividad tiene el deber de adoptar (...) las medidas apropiadas de evitación de nuevos daños”.

El art. 339 CP, ubicado entre las disposiciones comunes aplicables a las conductas previstas en el Título XVI (“De los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente”), establece que “Los jueces o tribunales ordenarán la adopción, a cargo del autor del hecho, de las medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, así como de cualquier otra medida cautelar necesaria para la protección de los bienes tutelados en este Título”.

En primer lugar, debe advertirse que la imposición de estas medidas es obligatoria y no facultativa, como ocurría en la redacción anterior a la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que simplemente facultaba a los jueces y tribunales a imponer tales medidas. Por lo tanto, la sentencia en que se declare la comisión de un delito de los previstos en el Título XVI necesariamente habrá de pronunciarse sobre las medidas adecuadas para restaurar el equilibrio perturbado y para evitar nuevos daños.

Al tratarse de una consecuencia que la autoridad judicial debe de imponer necesariamente, parece claro que podrá pronunciarse al respecto de oficio, esto es, sin necesidad de que la Fiscalía o el resto de las acusaciones personadas lo soliciten, quedando la aplicación de estas medidas preventivas y reparadoras al margen de los principios dispositivo y acusatorio. Sin embargo, la intervención de otros actores, tales como asociaciones ecologistas, administraciones competentes u otros individuos y grupos de afectados podría resultar determinante para la correcta determinación de las medidas de restauración y de protección más adecuadas.

La naturaleza de las medidas de restauración y prevención previstas en el art. 339 CP resulta controvertida. A la luz del precepto, no queda claro si tales medidas constituyen, en realidad, una consecuencia accesoria a la pena, si vendrían a integrar la denominada responsabilidad civil ex delicto o si, por el contrario, se trataría de medidas de naturaleza cautelar. A favor de esta última clasificación se pronuncia PUENTE ABA³⁹ basándose en la propia literalidad del precepto que, tras aludir a la restauración del daño, se refiere a la adopción de “cualquier otra medida cautelar”.

Ahora bien, debe advertirse que la naturaleza cautelar choca con la finalidad anticipatoria o satisfactiva de las medidas orientadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado⁴⁰. Además, cuando estas obligaciones de reparar, prevenir o evitar daños futuros sean impuestas en sentencia firme, su naturaleza cautelar será insostenible, si se parte de que las medidas cautelares son esencialmente, y por definición, medidas instrumentales, que solo tienen sentido en el marco de un proceso judicial en marcha, como instrumentos de aseguramiento de las responsabilidades que, del mismo, puedan derivarse⁴¹.

Por lo tanto, a mi juicio, el art. 339 CP, si bien permitiría a la autoridad judicial imponer con carácter cautelar medidas preventivas o medidas apropiadas para limitar o impedir la producción de nuevos daños mientras se sustancia el proceso⁴², la obligación de restaurar el equilibrio ecológico perturbado solo podrá ser impuesta en la sentencia que declare la culpabilidad del encausado, y no con carácter cautelar, sino como consecuencia accesoria a la pena⁴³.

Como ya se indicó anteriormente, la tutela civil del medio ambiente presenta importantes limitaciones derivadas de la inexistencia de un sistema de acciones colectivas en este ámbito. Así pues, a pesar de que la LOPJ dirige un claro mandato a los Juzgados y Tribunales de proteger los derechos e intereses legítimos tanto individuales como colectivos, junto con un mandato al legislador para que reconozca la legitimación de las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que se encuentren legalmente habilitados para la defensa y promoción de los intereses de naturaleza colectiva (art. 7.3), la legislación actual carece de una regulación sistemática del proceso colectivo⁴⁴.

A diferencia de otros países en los que se ha regulado un sistema completo de acciones colectivas⁴⁵, en España, el legislador se ha conformado con introducir una decena de preceptos a lo largo del articulado de la LEC, en los que se trata de dar respuesta a cuestiones concretas, tales como la legitimación, la determinación de los miembros del grupo, las formas en que se les notificará la existencia del proceso, los efectos de la cosa juzgada o las posibilidades de ejecución de las resoluciones que ponen fin al proceso colectivo. Estas soluciones, parciales y fragmentarias, se insertan en el texto de una ley procesal, como es la LEC, concebida para procesos individuales, desconociendo, por lo tanto, que el proceso tradicional no sirve para una tutela eficaz de los derechos e intereses supraindividuales⁴⁶.

Ahora bien, la principal limitación de la LEC en lo que se refiere a la tutela de los derechos colectivos se debe a que esta sigue un enfoque sectorial en lugar de partir de un planteamiento horizontal⁴⁷, lo que conduce a la protección fragmentaria de ciertos intereses colectivos y consiguiente exclusión de otros, entre los que se encuentran los relativos al medio ambiente.

La LEC reconoce legitimación específica para la defensa de derechos e intereses supraindividuales o colectivos solo en ciertos ámbitos materiales. Concretamente, se reconoce legitimación para la defensa de los derechos e intereses de consumidores y usuarios (art. 11 LEC), para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo (art. 11 bis LEC) y por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales (art. 11 ter LEC), así como para la defensa de los derechos de los trabajadores por cuenta propia o autónomos del arte y la cultura (art. 11 quater LEC).

Se constata, por lo tanto, la exclusión de acciones colectivas en asuntos medio ambientales, al no reconocerse legitimación a las organizaciones ambientalistas, entendidas como aquellas entidades que tengan entre sus fines estatutarios la protección del medio ambiente en general o de alguno de sus elementos en particular. Esta limitación, evidentemente, tiene implicaciones prácticas, en tanto que impide una tutela efectiva de los intereses y derechos colectivos en materia de medio ambiente, al no existir entidades legalmente habilitadas para actuar procesalmente en nombre y por cuenta del colectivo de perjudicados o, en su caso, en nombre del medio ambiente, como sería procedente en los casos de daño ecológico puro⁴⁸.

En definitiva, la falta de legitimación para que las asociaciones ambientalistas puedan ejercer acciones esencialmente colectivas, como una acción de cesación, o acciones colectivizadas, como sería el caso de pretensiones resarcitorias en favor de un conjunto amplio de individuos perjudicados por un delito ecológico, impide o dificulta sobremanera que estas demandas accedan efectivamente a los Tribunales de Justicia.

Como se indicó al inicio del trabajo, la apuesta por el Derecho penal como vía para tutelar y proteger el medio ambiente se ha visto reforzada con la aprobación de la Directiva (UE) 2024/1203. A los efectos que aquí interesan, se debe destacar una previsión particular de esta norma europea que, en línea con el Convenio de Aarhus, se refiere al acceso a la justicia del público interesado (art. 15)⁴⁹. Este precepto dispone que las personas afectadas, de forma actual o potencial, por los delitos medio ambientales, aquellas que tengan un interés suficiente o que aleguen la lesión de un derecho, así como las organizaciones no gubernamentales que promuevan la protección del medio ambiente deben gozar de derechos procesales adecuados en los procedimientos relativos a dichos delitos⁵⁰.

Sin embargo, según la referida norma europea, el reconocimiento de derechos procesales a los miembros del público interesado queda sujeto a la regulación procesal nacional existente en otros ámbitos delictivos, de tal forma que tales individuos deberán tener derechos de actuación en el proceso penal solo en la medida en que estos sean reconocidos en el derecho nacional para otros delitos. A este respecto, se advierte que la Directiva (UE) 2024/1203 “no obliga a los Estados miembros a introducir nuevos derechos procesales para los miembros del público interesado. No obstante, cuando en un Estado miembro existan estos derechos procesales en situaciones equivalentes relativas a otros delitos, los miembros del público interesado también deben gozar de dichos derechos en los procesos relativos a la criminalidad medioambiental” (Cdo. 58).

La anterior subordinación a la regulación nacional, en consonancia con el principio de subsidiariedad y de autonomía procesal de los Estados miembros de la UE⁵¹, conduce a analizar las posibilidades de actuación que la legislación española, señaladamente la LECrim, otorga a los perjudicados, interesados u organizaciones que promueven la protección y defensa del medio ambiente para participar en los procesos penales relativos a los delitos medioambientales.

Resulta indudable que el Ministerio Fiscal es uno de los grandes protagonistas en la tutela penal del medio ambiente, particularmente debido a su especialización. Destaca, en este sentido, la creación, en el año 2006, de las secciones de Medio Ambiente especializadas en delitos relativos a la ordenación del territorio, la protección del patrimonio histórico, los recursos naturales y el medio ambiente, la protección de la flora, fauna y animales domésticos, y los incendios forestales⁵². Estas secciones podrán constituirse en las Fiscalías provinciales y, cuando el volumen de trabajo lo aconseje, en las Fiscalías de las Comunidades Autónomas (art. 18.3 EOMF). Además, en la Fiscalía General del Estado existe un Fiscal contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, del medio ambiente e incendios forestales, con categoría de Fiscal de Sala (art. 20.2 EOMF).

Conviene, así mismo, recordar que el Fiscal que actúa como acusación pública, junto con la acción penal, deberá ejercer también la acción civil, haya o no en el proceso acusador particular, salvo en aquellos casos en que el ofendido renunciare expresamente a su derecho de restitución, reparación o indemnización (art. 108 LECrim). Por lo tanto, en principio, la Fiscalía no se limitará a pedir el castigo de los culpables, sino que deberá solicitar también la restitución, la reparación del daño y, en su caso, la indemnización por daños y perjuicios que corresponda para lograr una efectiva restauración del daño ocasionado por el infractor. Por lo tanto, en el caso de los delitos ecológicos, además de la reparación del medio natural, la Fiscalía podía solicitar las indemnizaciones para los individualmente ofendidos y perjudicados por el delito⁵³.

Sin embargo, a pesar de su papel de defensor del interés público, de su capacidad para llevar a cabo una investigación previa tan necesaria en estos delitos y de su legitimación para solicitar la reparación del daño ambiental, no son pocos los autores que consideran que el Ministerio Fiscal resulta inadecuado como único medio para proteger intereses difusos como el medio ambiente⁵⁴.

Precisamente, el problema surge cuando, junto con el Fiscal, se pretende dar entrada en el proceso penal a otros grupos de interés en la determinación, la delimitación y la reclamación del daño ambiental, especialmente en el caso de daños ecológicos puros, en tanto que surgen limitaciones derivadas de la falta de legitimación de los grupos de afectados o de las organizaciones ambientalistas.

A este respecto son fundamentalmente dos las opciones que se plantean: bien permitir a las organizaciones ambientalistas, cuando actúen como acusación popular, solicitar la reparación de los daños, bien dar entrada a las organizaciones ambientalistas como acusación particular, con un estatuto jurídico procesal análogo al que tendría la víctima que opta por personarse en la causa.

La acción popular, que corresponde a cualquier ciudadano español, incluyéndose en tal concepto también a las personas jurídicas⁵⁵, perfectamente podría ser ejercida por una organización ambientalista u otra persona jurídica, sin necesidad de requisitos adicionales sobre su finalidad estatutaria o su fecha de constitución. Ahora bien, el ejercicio de la acción popular ha de limitarse a la acción penal pública (art. 101 LECrim), pudiendo solicitarse el castigo de los culpables, pero no una indemnización ni la reparación del daño causado⁵⁶.

A pesar de que la jurisprudencia en alguna ocasión ha entendido que una organización ambientalista, constituida como acusación popular, estaba legitimada para solicitar una indemnización en favor de la Administración pública con competencias en la materia⁵⁷, esta interpretación expansiva de las facultades del actor popular no es habitual.

En todo caso, al preverse como consecuencia accesoria la restauración del equilibrio ecológico perturbado en los delitos contra el medio ambiente (art. 339 CP), nada obsta a que, por esta vía, el actor popular solicite la imposición de esa consecuencia o, incluso, de alguna medida cautelar preventiva para evitar nuevos daños. Adicionalmente, debe insistirse en la importancia de legitimar al actor popular, especialmente cuando se trate de una organización ambientalista, para ejercitar una acción de cesación en la vía penal, solicitando que una empresa cese y se abstenga de realizar en el futuro aquellas actuaciones que, por acción u omisión, contravengan la legalidad ambiental. Y ello porque, en materia medio ambiental, esta será la acción por excelencia⁵⁸.

Por otra parte, con la legislación actual, como acusación particular, podrían personarse en el proceso tan solo aquellas personas directamente ofendidas o perjudicadas por el hecho delictivo, con lo que quedarían excluidos de esta vía procesal los daños ecológicos puros, en los que no hay víctimas concretas e individualizables. Hay quien afirma que el otorgamiento de legitimación extraordinaria a las organizaciones ambientalistas para actuar como ofendidas por el delito obedecería a la atribución de las mismas de una función social, consistente en tutelar de mejor forma el interés difuso o supraindividual en que consiste el ambiente⁵⁹.

Sin embargo, a pesar de alguna resolución judicial favorable a la postura indicada⁶⁰, hasta la fecha, no existe habilitación legal para que las organizaciones ambientalistas se personen en defensa del medio ambiente, siendo únicamente el Fiscal, el ente legitimado para instar la reparación del daño causado o la restauración del equilibrio ecológico afectado por el delito. Es por ello que ciertos autores apuestan por la creación de una acción penal colectiva para la tutela de los intereses supraindividuales, cuyos requisitos habrían de coincidir con los de la acusación particular, es decir, no estar sujeto su ejercicio a presentación de querella ni prestación de fianza y tampoco estar restringido para los extranjeros⁶¹.

Precisamente, la ventaja que tiene recurrir a la acusación particular, frente a la acción popular, como vía de acceso para que las organizaciones ambientalistas puedan actuar en el proceso penal en defensa del medio ambiente tiene que ver con las características diferenciales entre ambas figuras. Particularmente, resulta relevante la no exigencia de fianza a la acusación particular, también la posibilidad que esta tiene, frente al actor popular, de recuperar las costas en caso de condena al acusado⁶² y, señaladamente, la posibilidad de la acusación particular de ejercer la acción civil ex delicto, procurando, no solo la restauración del medio ambiente, sino también la indemnización por los daños y perjuicios causados.

Finalmente, se debe aludir a supuestos en que existan múltiples víctimas individuales, esto es, casos de daños plurindividuales o individuales homogéneos. Para estos asuntos en que haya una pluralidad de víctimas, con el fin de garantizar el orden del proceso o el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, se les puede imponer actuar bajo una única representación y defensa en razón de sus respectivos intereses (art. 109 2 bis LECrim). Ahora bien, esto no es en puridad una acción colectiva, en tanto que la actuación a través de los mismos postulantes no exime a las víctimas concretas de estar individualizadas y personadas en el proceso, lo que parece complejo en casos de grupos indeterminados o de difícil determinación.

Para los casos de pluralidad de víctimas, también se debe recordar que se encuentran legitimadas las asociaciones de víctimas. Sin embargo, estas solo pueden actuar como acusación particular con expresa autorización de las víctimas concretas (art. 109 bis 3 LECrim), algo que, una vez más, parece inviable en relación con grupos indeterminados o de difícil determinación. En todo caso, la constitución de una asociación de víctimas sí podría resultar de utilidad cuando se ocasionen perjuicios individuales a un grupo de afectados, de tal forma que la entidad pudiese actuar en el proceso en representación del grupo, al carecer de legitimación el grupo como tal⁶³.

Por último, se debe aludir a la constitución de los perjudicados en el proceso penal como actor civil. Esta será una posibilidad limitada a quienes hayan sufrido un perjuicio patrimonial como consecuencia de la comisión del delito ambiental, sin ser titulares del bien jurídico protegido por el delito, debiendo acreditarse que el perjuicio procede directamente de la acción delictiva⁶⁴. Sería el caso, por ejemplo, del agricultor que pierde su cosecha como consecuencia de la contaminación de un acuífero. De nuevo, se observa como esta vía queda cerrada para el caso de delitos que afecten a intereses supraindividuales o pertenecientes a un colectivo de difícil o imposible determinación, en tanto que no existe asidero legal para las entidades encargadas de su defensa sean consideradas como perjudicadas⁶⁵.

Como consecuencia de las limitaciones de persecución particular en el caso de delitos que lesionan intereses supraindividuales⁶⁶, cabe constatar que las obligaciones de reparación de estos derechos, cuando son lesionados por la comisión de ilícitos penales de peligro - como los delitos contra la salud pública, contra el medio ambiente o contra el orden socio económico, entre otros-, suelen desatenderse, limitándose el ejercicio de la acción civil a aquellos supuestos en que existen víctimas concretas e identificables (art. 109 bis 1 LECrim). Esto cierra las puertas a buscar mecanismos de reparación de los daños ocasionados a derechos e intereses supraindividuales o esencialmente colectivos, que podrían materializarse, no solo en planes de recuperación ambiental, sino también en inversión en servicios públicos en el caso de delitos de corrupción o en la financiación de programas de rehabilitación de drogodependientes, en el ámbito de los delitos contra la salud pública, por poner algunos ejemplos.

En cualquier caso, no conviene olvidar que la acción civil, aunque se ejerza en el proceso penal, sigue rigiéndose por las normas del CC y de la LEC en todo aquello no regulado expresamente en el CP (arts. 109 y ss.) y en la LECrim (arts. 100 y ss.). Por eso, la ausencia de un auténtico sistema de acciones colectivas en la legislación civil perjudica la eficacia de las acciones de reparación, restitución e indemnización ejercitables ante los Tribunales penales, no solo cuando se constata la comisión de un delito contra el medio ambiente sino, en general, ante la comisión de cualquier otro hecho delictivo lesivo de derechos o intereses supraindividuales o individuales homogéneos. En definitiva, la ausencia de una regulación sistemática de las acciones colectivas en la LEC perjudica la defensa de los intereses colectivos también en el proceso penal⁶⁷.

La L/O 1/2025, de 2 de enero, de agilización del servicio público de justicia, ha supuesto un hito significativo, al regular por primera vez en España un procedimiento restaurativo aplicable a la justicia penal de adultos, a través de la introducción de la D. A. 9ª LECrim. Esta disposición establece un modelo de justicia restaurativa concebido, no como sustituto del proceso penal, sino como herramienta complementaria para la resolución del conflicto subyacente al ilícito penal.

El procedimiento, configurado como una suerte de incidente intrajudicial de carácter autocompositivo, que puede tener lugar en cualquier momento del proceso penal, se basa en los principios fundamentales de voluntariedad, gratuidad, oficialidad y confidencialidad, y busca ofrecer un complemento a la respuesta penal clásica, para lograr una mejor reparación de las víctimas y una mayor responsabilización de los infractores.

Sin entrar en disquisiciones doctrinales sobre el concepto de justicia restaurativa o reparadora, esta puede ser definida como “cualquier proceso que permita a la víctima y al infractor participar activamente, si dan su consentimiento libremente para ello, en la resolución de los problemas resultantes de la infracción penal con la ayuda de un tercero imparcial” (art. 2)⁷⁶.

A pesar de que la mediación penal es la práctica restaurativa más conocida en los sistemas jurídicos de nuestro entorno, existen otros mecanismos que gozan incluso de una mayor tradición, así como de gran aceptación en el mundo anglosajón, entre los que destacan las conferencias o los círculos de sentencia⁷⁷.

Estos otros sistemas de justicia restaurativa resultan particularmente interesantes de cara a la tutela del medio ambiente⁷⁸. Y ello porque son sistemas que, a diferencia de la mediación, escapan del bilateralismo propio de esta, que se centra en la figura de la víctima, concreta e identificable, y el infractor, como sujeto de autorresponsabilización y resocialización.

Con este enfoque más amplio, cabe traer a colación la definición de justicia restaurativa contenida en el Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa⁷⁹, que se refiere a “cualquier proceso en el que la víctima y el ofensor y, cuando sea adecuado, cualquier otro individuo o miembro de la comunidad afectado por un delito participan en conjunto de manera activa para la resolución de los asuntos derivados del delito”.

En definitiva, aunque a priori cabría pensar que un sistema de justicia basado en el diálogo puede resultar inidóneo para conflictos relativos a intereses difusos o no susceptibles de apropiación individual, en los que los infractores son mayoritariamente de naturaleza corporativa, lo cierto es que existen técnicas para poder aplicar la justicia restaurativa en el contexto de los conflictos medio ambientales.

En lo que se refiere a la víctima, se puede optar por recurrir a las denominadas víctimas sustitutas o subrogadas. En este sentido, TIERNO BARRIOS señala que el recurso a las víctimas subrogadas, en ámbitos como el de la delincuencia socioeconómica, puede ser positivo desde el punto de vista de la resocialización del infractor⁸⁰. A tal fin, en asuntos medioambientales, existen fórmulas de representación que pueden resultar especialmente adecuadas, ya sea a través de asociaciones ecologistas o de grupos de afectados, haciendo partícipes a expertos o, incluso, a otras entidades, del sector de la corporación infractora, cumplidoras con la legalidad, que puedan servirle de ejemplo de buen ciudadano corporativo⁸¹.

En lo que se refiere al infractor, cuando este es una corporación, ya ha habido experiencias de mediación positivas con personas jurídicas⁸². En principio, la falta de corporeidad de la organización no impide que esta actúe en el procedimiento a través de su representante especialmente designado a tal fin, siempre que este tenga capacidad para comprometer la voluntad de la entidad, asumiendo determinadas obligaciones de hacer, ya orientadas a reparar el daño causado, ya tendentes a garantizar la no repetición de las conductas, asumiendo determinadas políticas internas en materia medioambiental o determinados mecanismos de vigilancia y control.

Uno de los puntos fuertes de la regulación contenida en la D.A. 9ª LECrim radica en que no se establece una delimitación de los delitos susceptibles de ser derivados al procedimiento de justicia restaurativa, dejando la decisión de derivación a la discreción de la autoridad judicial, que deberá valorar las circunstancias del hecho, del infractor y de la víctima (D. A. 9ª 5 LECrim). Esta flexibilidad se erige en una oportunidad crucial para los delitos medioambientales.

Así pues, la autoridad judicial, en la decisión de derivación, deberá evaluar la naturaleza y gravedad del delito y del daño ambiental. En este sentido, más allá de la cuantificación económica del daño, deberá considerarse la dimensión ecológica⁸³, social⁸⁴ y territorial⁸⁵ del perjuicio. Igualmente, se deberá valorar si la persona infractora está en condiciones y tiene una buena disposición para asumir los compromisos que puedan derivarse del procedimiento de justicia restaurativa, así como en qué medida las víctimas, individuales o colectivas, están en disposición de participar en el procedimiento, ya directamente, ya a través de entidades representativas de sus intereses.

Para entender el encaje de la justicia restaurativa en el proceso penal y su potencial en el ámbito de la criminalidad ambiental es necesario referirse a los efectos del acuerdo que eventualmente podría alcanzarse en el procedimiento de justicia restaurativa.

Cuando la derivación se haya producido en fase de instrucción o durante el juicio oral, un procedimiento restaurativo exitoso podría servir como antesala de un acuerdo de conformidad. En estos casos, el reconocimiento de responsabilidad por parte del infractor permitiría eludir la celebración del juicio oral y la práctica de la prueba, debiendo recoger la sentencia de condena por conformidad los acuerdos alcanzados por las partes. Por lo tanto, en estos casos, la sentencia de conformidad no solo otorgaría fuerza vinculante a los acuerdos de las partes, sino que también serviría para evitar un juicio largo, complejo y de resultado incierto, asegurando una reparación más ágil para el medio ambiente y otros afectados por el delito.

Además, a efectos de determinación de la pena, debe tenerse en cuenta que la reparación del daño puede ser valorada como atenuante, tanto en el caso de las personas jurídicas (art. 31 quater d) CP) como en el caso de las personas físicas (art. 21. 5 CP). Y, de hecho, la conducta reparadora, cuando se realiza de forma voluntaria, tiene un efecto atenuante especial en el marco de los delitos contra el medio ambiente, permitiendo la rebaja de pena en un grado (art. 340 CP)⁸⁶. Esto permite al Fiscal solicitar una pena atenuada en los casos en que se haya alcanzado un acuerdo de reparación satisfactorio en el procedimiento restaurativo⁸⁷.

Por último, la regulación dispone que el órgano judicial, previa audiencia del Ministerio Fiscal, de las partes personadas y de la víctima del delito, por término de tres días, valorando los acuerdos a los que las partes hayan llegado, las circunstancias concurrentes y el estado del procedimiento podrá tomar en cuenta el resultado del procedimiento restaurativo para decidir sobre sobre la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, valorando el resultado del procedimiento restaurativo para el establecimiento de las condiciones, medidas u obligaciones de la suspensión (D. A 9ª 9 e) LECrim).

La suspensión de la pena de cárcel se encuentra condicionada al esfuerzo del infractor por reparar el daño causado (art. 80.1 CP), indicándose expresamente que la autoridad judicial podrá condicionar la suspensión al cumplimiento de diversos deberes y obligaciones (arts. 83 y 84 CP), entre los que se encuentra la observancia del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación (art 84. 1. 1º CP). La referida suspensión será revocada, procediéndose a la ejecución de la pena privativa de libertad, en caso incumplimiento grave o reiterado de las condiciones impuestas (art 86 1 c) CP)⁸⁸.

Esta posibilidad de suspender las penas no se prevé, sin embargo, en relación con las personas jurídicas, a pesar de que la suspensión de las penas restrictivas de derechos, consistentes en inhabilitaciones, prohibiciones de contratar con el sector público o el cierre de locales, podría constituir una herramienta sumamente eficaz para asegurar el cumplimiento de los compromisos y acuerdos alcanzados por la corporación en un procedimiento restaurativo. Por eso, de lege ferenda se propone regular un sistema de suspensión de las penas, distintas de la multa, previstas para las personas jurídicas (art. 33.7 CP), de tal forma que el incumplimiento de los compromisos de reparación y no repetición suponga la aplicación de las penas suspendidas⁸⁹.

Algunas de las ventajas que la justicia restaurativa presenta frente a la retributiva como respuesta frente a la delincuencia medioambiental son las siguientes: priorización de la reparación frente al castigo, apuesta por el enfoque ecocéntrico, capacidad para promover el diálogo colaborativo entre los colectivos de personas afectadas e interesadas, mayor autorresponsabilización de los infractores y mayores garantías de no repetición junto con el fomento de soluciones innovadoras de reparación o compensación ambiental.

En primer lugar, se advierte que la justicia retributiva concibe el delito como una violación a la norma jurídica, relegando a un segundo plano a la víctima más afectada: el propio ecosistema⁹⁰. Pues bien, frente a esta perspectiva, la justicia restaurativa emerge como un paradigma prometedor, ofreciendo un camino complementario al de la justicia retributiva. Este modelo no busca castigar, sino restaurar, reparar y reconciliar, ofreciendo respuestas más holísticas y sostenibles a los desafíos ecológicos de nuestro tiempo. Su objetivo principal es subsanar el daño causado al medio ambiente y a las comunidades o grupos de afectados, promoviendo la responsabilidad activa del infractor y fomentando la participación de todas las partes involucradas.

En segundo lugar, una de las razones por las que se apuesta por la justicia restaurativa en la respuesta de los delitos contra el medio ambiente radica en que, desde un enfoque filosófico, esta se ajusta más al pensamiento ecocéntrico⁹¹. En este sentido, la justicia restaurativa adopta un enfoque menos antropocéntrico en la medida en que permite dar entrada a diferentes representantes de las víctimas ambientales no humanas, tales como el medio ambiente y la naturaleza, la fauna, la flora, el ecosistema o alguno de sus elementos. En estos casos, el público interesado o quien represente al medio ambiente debe tener la capacidad de aportar una perspectiva ecocéntrica al procedimiento restaurativo⁹².

En tercer lugar, desde el punto de vista de la responsabilización del infractor, la justicia restaurativa también tiene mucho que aportar. En este sentido, el procedimiento deberá ir encaminado a lograr no solo una indemnización económica, sino un compromiso por parte de la persona infractora de reparar el daño causado y de hacer las cosas de forma respetuosa con el medio ambiente en el futuro, lo que supone mayores garantías de no repetición⁹³. El hecho de que la entidad infractora se comprometa, por ejemplo, a acometer un proyecto de recuperación ambiental o a adoptar un compliance ambiental⁹⁴, además del beneficio que supondría para el medio ambiente, implica también, sin duda, un aprendizaje para la corporación, que se ve obligada a profundizar en las consecuencias de sus acciones o, incluso, a adaptar su organización interna a nuevos objetivos estratégicos en materia de sostenibilidad ambiental.

En cuanto a la capacidad para promover un diálogo colaborativo entre los colectivos afectados, cabe destacar que el fomento de la participación de la comunidad en la resolución de los conflictos se encuentra entre los objetivos fundamentales de la justicia restaurativa. En este sentido, los procedimientos restaurativos se presentan como una herramienta idónea para abordar los conflictos ambientales, dada la naturaleza esencialmente supraindividual de los derechos e intereses en juego, que reclama mecanismos de participación de un conjunto amplio de individuos y colectivos.

Por último, se debe reiterar que, aun cuando el objeto mediato del proceso – el medio ambiente- sea indisponible, las partes podrían estar facultadas para disponer sobre el modo de solucionar la controversia o de reparar el daño causado por la conducta lesiva sobre ese bien supraindividual indisponible⁹⁵. Por ejemplo, en un supuesto de daño ambiental, provocado por una empresa de hidrocarburos, evidentemente, no cabe que una asociación para la defensa del medio ambiente renuncie al derecho a un ambiente sano, en tanto que bien jurídico supraindividual perteneciente a un colectivo difuso y vinculado a valores superiores e irrenunciables, como podría ser la salud pública. Pero, sí que podría ser factible alcanzar un acuerdo sobre la forma en que se va a reparar el daño causado, ya través de la constitución de un fondo de compensación para los afectados, ya a través de la implementación de un plan de recuperación del entorno dañado o a través de la realización de inversiones vinculadas a la prevención, entre otras muchas posibilidades⁹⁶.

Respecto de los posibles compromisos que se podrían alcanzar en el marco de un procedimiento de justicia restaurativa, especialmente en lo referido a las modalidades de reparación del daño ambiental u otros compromisos de la persona infractora, lo cierto es que la apertura del procedimiento a intereses diversos, así como a personas expertas en la materia, puede llevar a alcanzar soluciones verdaderamente innovadoras y, posiblemente, más sostenibles y eficientes. Piénsese, por ejemplo, en la realización de actuaciones de compensación ambiental, en la incorporación de la conservación ambiental como objetivo estratégico de la corporación o en la creación de un fondo fiduciario para hacer frente a las indemnizaciones, presentes y futuras, de un grupo indeterminado de víctimas afectado por un daño ambiental localizado en un determinado territorio⁹⁷. Todas estas acciones podrían formar parte de la respuesta penal al quedar incorporadas en el acta de reparación suscrita en el procedimiento de justicia restaurativa.