Las resoluciones que contempla el art. 7.1 LEVD que deben ser notificadas a la víctima constituyen un amplio catálogo de decisiones que, en principio, pueden proceder tanto del órgano sentenciador como del JVP y de la propia Administración Penitenciaria pero que tienen en común que únicamente han de ser notificadas si suponen un riesgo para la víctima. En cuanto al contenido de la notificación a realizar por los órganos judiciales, el art. 7.1 LEVD establece que la comunicación incluirá, al menos, la parte dispositiva de la resolución y un breve resumen del fundamento de la misma²⁸.

Así de las resoluciones que contempla el art. 7.1 LEVD corresponden en exclusiva al tribunal sentenciador las del apartado c): “las que acuerden la prisión o la posterior puesta en libertad del infractor, así como su posible fuga”. Pero respecto de estas resoluciones, en caso de delitos de violencia de género la notificación de las medidas relativas a la prisión, libertad o la fuga del condenado, así como la modificación de las medidas cautelares, se notificarán siempre a la víctima, salvo renuncia (art. 7.3 LEVD).

Y respecto de los JVP, afectan las siguientes. Las del apartado 7. 1. e) LEVD: “las resoluciones o decisiones de cualquier autoridad judicial o penitenciaria que afecten a sujetos condenados por delitos cometidos con violencia o intimidación y que supongan un riesgo para la seguridad de la víctima. En estos casos y a estos efectos, la Administración Penitenciaria comunicará inmediatamente a la autoridad judicial la resolución adoptada para su notificación a la víctima afectada”.

El tenor tan amplio del precepto, que sigue un sistema de numerus apertus, permite incluir muy diversas resoluciones y/o decisiones tanto del órgano sentenciador como del JVP y por supuesto, de la Administración Penitenciaria²⁹. Por ejemplo, de las resoluciones de permisos, tercer grado y libertad condicional. Respecto de los permisos, abarcarían los acuerdos de concesión por la Junta y de autorización por el Centro Directivo y excepcionalmente por el director de permisos ordinarios o extraordinarios de salida, si son estos últimos en autogobierno (no habría riesgo si son con custodia). También, los autos judiciales que convaliden acuerdos de concesión administrativos o estimen quejas, en primera instancia o apelación.³⁰

En cuanto a las de tercer grado se ha planteado, respecto de las administrativas, si además de notificarse la resolución de clasificación y/o progresión a tercer grado debe hacerse de cada una de las salidas de fin de semana y otras autorizadas en el marco del régimen abierto. Pero como bien dice FERNÁNDEZ ARÉVALO, la multiplicación de notificaciones parece hacer aconsejable simplificar trámites, concentrándola en la determinante del acceso al tercer grado³¹.

Para que surja la obligación de notificar estas resoluciones deben concurrir dos requisitos cumulativos: a) que se trate de delitos cometidos con violencia o intimidación y, b) que la resolución suponga un potencial riesgo para la víctima. Por ello, en el caso de delitos cometidos con violencia o intimidación, deberán notificarse siempre que comporten situación de riesgo y para su valoración hay que huir de automatismos, centrándonos en la gravedad objetiva del hecho delictivo y en las circunstancias especiales que puedan concurrir. A este respecto ya se había pronunciado la Fiscalía General en la Instrucción 8/0514³², enumerando tipos delictivos que por su gravedad podían servir como primera pauta orientativa (delitos contra la vida e integridad física o psíquica, delitos contra la libertad, contra la libertad sexual, delitos de violencia de género y en el ámbito familiar y delitos de terrorismo), ámbito objetivo que el documento sugiere debe ampliarse con los contemplados ahora en los arts. 13 y 23 LEVD y entre los que se incluyen los robos con violencia o intimidación, trata de seres humanos, desaparición forzosa, delitos de tortura o contra la integridad moral. Finalmente, además del tipo objetivo, hay que tomar en consideración la especial vulnerabilidad de la víctima³³, así como la concurrencia de factores que evidencien el grado de peligro, que pueden obtenerse del contenido de la causa y de los informes penitenciarios sobre incidencias habidas en el centro y sobre el pronóstico de rehabilitación y reinserción sobre el interno.³⁴

No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que, si se refiere a las resoluciones judiciales o administrativas de concesión de permisos, tercer grado, debe recordarse que en ellas se parte —como no puede ser de otro modo— de la ausencia de riesgo para la víctima. Es decir, qué, si un sujeto es peligroso, lo que se hace es denegar el beneficio o la progresión y por tanto no se dicta la resolución³⁵. Ciertamente, como en todo pronóstico, existe incertidumbre, pero debe tenerse en cuenta que el art. 156. 1 RP, en materia de permisos impone cuando se refiere al informe del Equipo Técnico que no resulte probable la comisión de un nuevo delito; y en el tercer grado y la libertad condicional se exige la concurrencia de un pronóstico favorable de reinserción que excluye la peligrosidad (art. 102. 4 RP para el tercer grado ordinario y art. 67 LOGP y 9. 5 párrafo tercero del CP)³⁶. E incluso en el supuesto de acceso al tercer grado por razón de enfermedad del art. 104. 4 RP se atiende a su escasa peligrosidad. Motivos por los cuales, en principio, no parece que en la práctica debieran notificarse resoluciones judiciales o administrativas de concesión de permisos, tercer grado o libertad condicional al haberse concedido previamente precisamente por la ausencia de riesgo para la víctima.

La finalidad de esta comunicación es prevenir a la víctima y garantizar su seguridad; y de ahí que el objetivo se logre y agote con la práctica de la comunicación, sin perjuicio de las medidas adicionales y/o complementarias que puedan adoptarse al respecto (por medio de los cuerpos y fuerzas de seguridad).³⁷

De este tipo de resoluciones el aspecto más problemático en la práctica es la forma en que se harán estas notificaciones pues dicho precepto ha previsto un sistema de notificación exclusivamente judicial, de modo que si se trata de resoluciones administrativas la Administración Penitenciaria ha de comunicarlo al JVP para que éste a su vez lo notifique a la víctima afectada, aspecto sobre el que volveremos con posterioridad.³⁸

Finalmente, dentro de las competencias de los JVP también estarían las resoluciones comprendidas en el apartado letra f): “las resoluciones a las que se refiere el artículo 13 LEVD”. En este caso se trata de resoluciones judiciales que permiten la vuelta al régimen general levantando el período de seguridad para acceder al tercer grado o en supuestos de acumulación, así como decisiones sobre libertad condicional. Aquí la finalidad de la comunicación no es tanto garantizar la seguridad, pues las dos primeras no suponen excarcelación inmediata, cuanto facilitar la participación activa de la víctima en esas decisiones³⁹.

El art. 13. 3 LEVD establece que —a las víctimas que hubieran solicitado, conforme a la letra m) del artículo 5.1 LEVD que les sean notificadas las resoluciones del art. 7 LEVD—, aunque no se encuentren personadas en la causa⁴⁰, antes de que el JVP tenga que dictar alguna de las resoluciones indicadas en el apartado 1 de ese artículo, se le dará traslado para que en el plazo de cinco días puedan formular sus alegaciones.

Asimismo, con independencia de que por la víctima se haya realizado o no las referidas alegaciones, el art. 13. 1 LEVD establece que podrán impugnar las resoluciones judiciales contenidas en el mismo, algo que no era posible hasta ahora dado el tenor de la Disposición Adicional 5.ª de la LOPJ, que limitaba expresamente la legitimación para interponer recurso de apelación contra las resoluciones del JVP en materia de ejecución de penas al MF y al interno o liberado condicional, siendo necesaria en todo caso la asistencia letrada. Dichas resoluciones son las siguientes:

a) El auto por el que el JVP autoriza, conforme a lo previsto en el párrafo 3º del art. 36. 2 CP, la posible clasificación del penado en tercer grado antes de que se extinga la mitad de la condena, cuando la víctima lo fuera por alguno de los delitos enumerados en dicho precepto (art. 13. 1 a) LEVD⁴¹).

Lo primero a destacar es que la referencia al CP se refiere en realidad al párrafo 4.º y no al 3.º del art. 36. 2 CP, lo que revela un error material, pues como manifiestan diversos autores, la regulación viene referida a la regulación vigente antes de la LO 1/15⁴². Además, el auto al que se refiere este apartado es aquél por el que el JVP revoca el período de seguridad impuesto por el órgano sentenciador atendido el art. 36. 2. II CP (y no la clasificación en tercer grado, lo que no es competencia del JVP).⁴³

En segundo lugar, hay que diferenciar entre el auto mediante el cual se permite la clasificación en tercer grado antes de que se haya extinguido la mitad de la pena impuesta, y la clasificación en tercer grado per se. El primero es facultad discrecional del JVP y susceptible de ser impugnado por la víctima por vía de este recurso; mientras que la segunda es competencia exclusiva del Centro Directivo⁴⁴. De esta forma y teniendo en cuenta que las causas que han de ser valoradas por la Junta de tratamiento para hacer la propuesta de revocación al JVP son la asunción del delito, la actitud de respeto a la víctima, la conducta en libertad antes del ingreso en prisión y la participación en programas de tratamiento, cuesta creer que pueda haber motivos más allá de los meramente punitivos para oponerse a dicho cambio⁴⁵.

Otra cuestión que se suscita es, en el caso de concurrencia de penas, si la audiencia debe constreñirse a las víctimas de todos los delitos —lo cual no parece coherente— o a las del delito que justificó la imposición de la pena de prisión que, excediendo de cinco años, justificó la fijación del período de seguridad, lo que excluirá la aplicabilidad a muchos delitos citados, castigados con penas que no exceden de cinco años. Principios de lógica justifican esta segunda opción, con lo que la cita de alguno de estos delitos —v. gr., robos con violencia o intimidación— constituye un brindis al sol, salvo supuestos de exasperación por causa de multirreincidencia.⁴⁶

En cuanto a la limitación de aplicación de la disposición respecto a los delitos enumerados en dicho precepto estos habrían sido seleccionados en atención a su especial gravedad o a la particular intensidad de la relación entre la víctima y el infractor⁴⁷. A este respecto, siguiendo a ALBA FIGUERO, este apartado del art. 13 LEVD plantea un error de fondo por cuanto reconoce a la víctima el derecho a recurrir resoluciones que no pueden legalmente dictarse pues el auto por el que el JVP (central) acuerda levantar el periodo de seguridad (mitad del cumplimiento de la pena) en orden a una eventual clasificación del tercer grado, con fundamento en cuestiones relativas a la favorable reinserción del penado —art. 36. 2, párrafo 3.º CP—, nunca podrá dictarse respecto de internos condenados por delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del capítulo VII del título XXII del libro II del CP, delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal, al estar expresamente prohibido en el propio art. 36. 2, párrafo 3.º del CP⁴⁸. Y en idéntico sentido, pero incluyendo también el delito trata de seres humanos cuando la víctima sea menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección, delito de agresión sexual siendo menor de 16 años, delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores de 16 años, se manifiesta PÉREZ RIVAS⁴⁹.

En similar sentido, GÓMEZ-ESCOBAR, llama también la atención la selección de delitos que hace el legislador, pues en alguno de los delitos de terrorismo o contra la libertad e indemnidad sexual cuando haya período de seguridad en ningún caso sería dispensable, por lo que su mención tiene un mero carácter simbólico. Por otra parte, la mención efectuada a los «delitos de homicidio», genera la duda de si se refiere solo al tipo delictivo, o abarcaría todo el título (homicidio y sus formas), lo que es de toda lógica si pensamos en el asesinato, pero es más discutible si lo ampliamos, por ejemplo, al art. 143.3 CP, pues no parece que sea esa la voluntad del legislador⁵⁰. Tampoco deja de resultar sorprendente que se omitan otros delitos particularmente los que atentan contra bienes jurídicos colectivos que, si bien no causan tanta alarma social, son susceptibles de generar perjuicios parangonables como la corrupción, el fraude fiscal u otros fraudes financieros.⁵¹

Por último, en supuestos de concurrencia de penas, la audiencia previa a la víctima debe restringirse a la que lo sea del delito o delitos que, por exceder de cinco años, dio lugar a la fijación del periodo de seguridad.⁵²

b) El auto por el que el JVP acuerde, conforme a lo previsto en el artículo 78. 3 CP, que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran al límite de cumplimiento de condena, y no a la suma de las penas impuestas, cuando la víctima lo fuera de alguno de los delitos enumerados en la letra a) del apartado 1º del art. 13 LEVD o de un delito cometido en el seno de un grupo u organización criminal.

Empero, lo primero a destacar es —de nuevo— otra muestra más de la defectuosa técnica legislativa por falta de coordinación entre los múltiples textos legales reformados puesto que el art. 78. 3 CP no existe⁵³. En efecto, tras la reforma del CP operada en virtud del art. único 37 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, se suprime el apartado 3 del art. 78 al que hace referencia el apartado b) del artículo 13 de la LEVD. Por lo que la resolución por la que el JVP (central) acuerda la aplicación del régimen general de cumplimiento para la futura y eventual concesión de beneficios penitenciarios, permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional, atendidas las circunstancias favorables de reinserción social de los penados por varios delitos de terrorismo y a los que sea de aplicación el art. 76. 1 CP, se encuentra en el art. 78. 2 CP. Precepto este último que únicamente permite dictar tales resoluciones cuando quede por cumplir una quinta parte del límite máximo del cumplimiento de la condena para el tercer grado o una octava parte de dicho límite para la libertad condicional⁵⁴. Por tanto, dicha excepción será ahora siempre potestativa para el tribunal sentenciador, lo que reducirá los supuestos de aplicación de esta nueva facultad de recurso otorgada a las víctimas⁵⁵.

Se ha cuestionado también que, dado que el art. 78 CP aborda cuestiones relativas al concurso real de delitos plasmado en el art. 76 CP, una única víctima indirecta de un delito pueda activar la facultad legal en un supuesto que, por su propia naturaleza, comporta la existencia de una multiplicidad de ellas⁵⁶. Pues resulta criticable la legitimidad de la que gozaría una víctima en los supuestos de pluralidad delictiva —y de víctimas— para impugnar una resolución judicial en solitario, violentando la voluntad del resto de víctimas que desean mostrarse ajenas a la ejecución de la pena privativa del penado, confiriéndole una suerte de «sobrelegitimación» en esta materia⁵⁷.

Finalmente, respecto del elenco de delitos a los que sería aplicable esta disposición, se ha criticado, de un lado, la técnica utilizada en la redacción del apartado de no referirse específicamente al delito regulado en un artículo concreto del CP, porque la referencia a denominaciones de títulos legales de capítulos o a bienes protegidos en general puede plantear muchas dudas interpretativas. Y de otro, la limitación a determinados delitos en el caso del auto del JVP que clasifica al penado en tercer grado no se explica fácilmente, pues aunque es claro que los contenidos en la letra a) del apartado 1º del art. 13 LEVD son delitos graves y que en ellos la víctima seguramente haya sufrido especialmente, el numerus clausus excluye en todo caso otros supuestos en que podrían darse las mismas explicaciones. La no inclusión específicamente de los delitos en materia de violencia de género es muy llamativa, salvo que se considere que están incluidos en los de homicidio, lesiones o contra la libertad sexual; o también los de delitos contra la seguridad vial en que el conductor causante del homicidio iba bajo los efectos del alcohol o las drogas, entre otros⁵⁸.

c) El auto por el que se conceda al penado la libertad condicional, cuando se trate de alguno de los delitos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 36. 2 CP⁵⁹ o de alguno de los delitos a que se refiere enumerados en la letra a) del apartado 1º del art. 13 LEVD, siempre que se hubiera impuesto una pena de más de cinco años de prisión.

Para los JVP el Preámbulo de la LEVD avala una interpretación restrictiva en lo que se refiere a la intervención de la víctima como parte en la fase de ejecución de la pena, motivo por el cual ha de entenderse que la víctima solo podrá recurrir aquellas resoluciones en las que expresamente se le reconoce esta facultad. En consecuencia, la legitimación de la víctima en este supuesto para recurrir el auto de concesión de la libertad condicional no incluye su intervención en el incidente de revocación y por tanto estiman que no puede recurrir la denegación de la revocación, al no venir expresamente reconocida esta facultad.⁶⁰

Respecto de este supuesto también se discute su aplicabilidad a la libertad condicional en prisión permanente revisable y por tanto a la posibilidad de intervención de las víctimas de los delitos de mayor gravedad. Así, para un sector de la doctrina, al no impedirlo la literalidad del precepto es extensible a la libertad condicional aprobada por el tribunal sentenciador en la prisión permanente revisable⁶¹. Por el contrario, otro sector estima, con mayor acierto, que ello no es posible, al relacionar este precepto con el derecho de audiencia de la víctima que contempla el art. 13.3 LEVD previo a dictar la resolución, que atribuye el traslado para la misma únicamente al JVP⁶².

Por último, el número 3 del art. 13 LEVD dispone que antes de que el JVP tenga que dictar alguna de las resoluciones indicadas en el apartado 1 de este artículo, dará traslado a la víctima para que en el plazo de cinco días formule sus alegaciones, siempre que esta hubiese efectuado la solicitud a que se refiere la letra m) del apartado 1 del artículo 5 de la LEVD. Por ello, la audiencia presupone qué en estos incidentes, el Letrado de la Administración de Justicia del JVP debe dirigirse a los juzgados y tribunales sentenciadores que impusieron las penas que exceden de cinco años para requerirles si existen víctimas que hayan formulado dicha solicitud.⁶³

También es objeto de polémica, en caso de concurrencia de penas, si la audiencia debe constreñirse a las víctimas de todos los delitos —lo cual no parece coherente— o únicamente a las del delito que justificó la imposición de la pena de prisión que, excediendo de cinco años, justificó la fijación del periodo de seguridad, lo que excluirá, de hecho, la aplicabilidad a muchos delitos citados, castigados con penas que no exceden de cinco años.⁶⁴

Debe destacarse, que en los tres casos referidos hay una coincidencia plena en que la decisión judicial impugnable ha sido adoptada en atención a la fundada expectativa de que la pena está cumpliendo con éxito el fin resocializador del reo, consagrado constitucionalmente. Asimismo, debe mencionarse que el acceso al tercer grado de cumplimiento penitenciario y a la libertad condicional está supeditado al previo abono de la responsabilidad civil derivada del delito que, como es de sobra conocido, es la única institución directamente encaminada a la reparación del daño e indemnización a la víctima.⁶⁵

El art. 13. 2 LEVD, con la finalidad de garantía de la seguridad y la de potenciar la participación y colaboración con la Justicia⁶⁶, concede también legitimación a las víctimas, con independencia de su personación o no en la causa, para las siguientes actuaciones:

a) Interesar que se impongan al liberado condicional, las medidas o reglas de conducta previstas por la ley que consideren necesarias para garantizar su seguridad, cuando aquél hubiera sido condenado por hechos de los que pueda derivarse razonablemente una situación de peligro para la víctima.

Dada la ausencia de referencia a los ilícitos previstos en la letra a) del art. 13.1 LEVID, cabe ampliar así la facultad del proponente de medidas a imponer a condenados por otros delitos no contemplados en el listado que este precepto establece⁶⁷. Por otra parte, la regla expresada establece una previsión de solicitud de reglas de conducta; pero no de cualesquiera reglas de conducta, sino exclusivamente de aquellas que tiendan a garantizar la seguridad de la víctima frente al hipotético riesgo personal derivado del agresor⁶⁸. Es decir, la peligrosidad que el sujeto representa para la víctima, término que debe ser interpretado desde una perspectiva victimológica que abarque, no solo supuestos de riesgo de reiteración delictiva, sino también la conculcación de otros derechos de la misma o de sus familiares —su tranquilidad, su sensibilidad, su recuperación emocional, su integridad anímica, sus sentimientos de miedo, etc.— como consecuencia de la proximidad personal futura con el delincuente.⁶⁹

Respecto del fundamento que legitima su intervención, concretada en la posibilidad de interesar las “medidas o reglas de conducta previstas por la ley” para garantizarla, con respecto al elenco de medidas contempladas en 90. 5 CP en relación con el art. 83 CP, se ha postulado una interpretación restrictiva, estimando que solo la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª resultan adecuadas al fin pretendido⁷⁰, toda vez que son aquellas cuya imposición genera el deber de su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que velarán por su cumplimiento⁷¹. Asumiendo esa interpretación restrictiva, se ha abogado por excluir, por ejemplo, la imposición de participar en programas de contenido sexual que prevé la regla 6.ª, por mucho que, de tener éxito, pudiese redundar en la seguridad de la víctima, al no tener una incidencia directa e inmediata en la evitación de actos que atenten a bienes jurídicos individuales fundamentales⁷². Finalmente, sobre la peligrosidad conviene efectuar, siguiendo a GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, dos observaciones. La primera, relacionada con la contemplación de la peligrosidad en esta fase del cumplimiento de condena, pues si es causa de revocación de la libertad condicional, según el art. 90. 5 CP, que haya habido un cambio de circunstancias que dieron lugar a la suspensión “que no permitan mantener el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada”, el sujeto peligroso ya no podría acceder a la misma, por lo que carecería de sentido la posibilidad de pedir reglas de conducta para conjurar un riesgo inexistente⁷³. Y, en segundo lugar, en relación a la referencia del legislador al «hecho» delictivo que motivó la condena sin más como predictor de la peligrosidad. Señalándose su insuficiencia como predictor de ésta⁷⁴, pues puede no estar presente en hechos graves y ser patente en delitos castigados con pena menor, en los que la personalidad del sujeto, el rechazo del tratamiento o relaciones con la víctima eleven el perfil de riesgo (circunstancias estas últimas que se repiten con frecuencia en los penados por delitos de violencia de género⁷⁵). Por ello, debe tener singular importancia los informes penitenciarios, singularmente en las propuestas de reglas de conducta que efectúe la Junta de Tratamiento al amparo del art. 195 i) RP.⁷⁶

b) Facilitar al juez o Tribunal cualquier información que resulte relevante para resolver sobre la ejecución de la pena impuesta, las responsabilidades civiles derivadas del delito o el comiso que hubiera sido acordado.

La posibilidad de proporcionar información relevante para la ejecución de las penas afecta a aspectos tan relevantes para la víctima como lo son la toma de decisión sobre la suspensión o sustitución de la pena privativa de libertad, o al condicionamiento de dicha suspensión, lo que pueden llegar a determinar que no se cumpla la pena privativa de libertad⁷⁷. A ello se suma el interés por parte de los órganos encargados de la ejecución de la pena de contar con información de primera mano relacionada con el comportamiento del autor respecto de la víctima, tanto durante su estancia en prisión como, especialmente, en los periodos de excarcelación.⁷⁸

La redacción del precepto, que habla de «juez o tribunal» plantea la cuestión de si limita a incidentes de ejecución atribuidos al sentenciador o podría la víctima facilitar también información relevante en expedientes de competencia del JVP. Por ello, en este supuesto, algunos autores estiman que se refiere solo a la actividad protagonizada por los jueces y tribunales sentenciadores en ejecución de la sentencia, permitiendo la participación de la víctima en cuestiones como la suspensión de las penas privativas de libertad en sus distintas modalidades⁷⁹. Sobre este particular hay quien considera que —conforme al art. 39 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el CP— debería alterarse la interpretación que se podía mantener en torno al apartado sexto del art. 80 CP⁸⁰, pues si bien en él se exige previamente escuchar al ofendido únicamente en el caso de los delitos para cuya persecución sea preceptiva la previa denuncia o querella del ofendido, parece que el tenor del art. 13. 2. b LEVID permitiría hacer una interpretación extensiva e integradora del mismo al objeto de ampliar su ámbito de aplicación a los delitos públicos⁸¹.

Para otros autores este precepto constituye una verdadera cláusula de cierre general⁸² extensible a cualquier incidente de ejecución judicializado, englobando tanto el cumplimiento material de la pena —v.gr. permisos de salida—, como la propia ejecución jurisdiccional, ampliada a las responsabilidades civiles y el comiso⁸³. Así, desde esta última posición se defiende en relación con las competencias del JVP, la posibilidad de que la víctima pueda informar al órgano judicial, por ejemplo, de la real situación económica del condenado en relación con el pago de la responsabilidad civil⁸⁴.

Si por el motivo que sea no se localiza a la víctima en la dirección conocida, por ejemplo, por haberse producido un cambio de domicilio al haber transcurrido mucho tiempo entre la fecha en que la víctima facilitó su domicilio y aquella en que el órgano judicial debe comunicarse con ella, cualquier diligencia de averiguación supondría una dilación indebida y grave del procedimiento para el penado⁸⁵.

Este desfase se puede agudizar en los casos de pluralidad de víctimas de las que se desconoce su domicilio actual y deben ser localizarlas a tales efectos a nivel nacional, europeo, o, incluso, extracomunitario; esta circunstancia debe complementarse con la dificultad inherente a la configuración de vías que permitan a los tribunales tener conocimiento de las víctimas que desean ser notificadas en un procedimiento que hasta el momento se encontraba conformado únicamente por el MF y el penado. En consecuencia, estos óbices se traducen en demoras en un proceso que debería ser rápido en su sustanciación y resolución al hallar su sustrato en el derecho fundamental del interno a la libertad, como sucede en las valoraciones de concesión de libertad condicional.⁸⁶

Por ello hay que entender que el órgano judicial cumple su deber con practicar el acto de comunicación en la dirección que consta en el expediente y que es a la víctima a quien incumbe la carga de comunicar oportunamente sus cambios de domicilio si quiere que su voluntad de intervención sea efectiva⁸⁷. Por otra parte, se ha de asegurar que la notificación llegue a conocimiento de la víctima, por lo que habrá que esperar al acuse de recibo en las realizadas por correo ordinario, generando la cuestión de si ello comporta una dilación indebida en atención a la peculiaridad de los expedientes penitenciarios y la agilidad que exigen.⁸⁸

En este sentido, la comunicación por correo electrónico supone agilidad, rapidez y comodidad, pero tiene el inconveniente fundamental de que no da fe de la efectiva recepción por el destinatario y de que este puede no abrir inmediatamente su bandeja de entrada. De nuevo, para algunos autores, si no se quiere empantanar injustificada e indefinidamente el procedimiento hay que entender que la comunicación por correo electrónico es efectiva todo lo más al día siguiente de su emisión por el órgano judicial y desde entonces corren los plazos de cinco días para anunciar el recurso y de quince para interponerlo⁸⁹. Otra solución posible sería aplicar analógicamente la que para el caso de recursos contra autos de sobreseimiento de víctimas no personadas prevé el art. 636. I LECrim en desarrollo del derecho conferido por el art.12. 2 LEVD: considerar efectuada válidamente la notificación una vez transcurridos cinco días desde que se realizó.⁹⁰

También se ha defendido que en aquellos casos en los que la urgencia del hecho así lo requiera —supuesto de la fuga del penado o su no reingreso tras el disfrute del permiso de salida—, dicha comunicación podrá efectuarse, previamente, mediante una llamada telefónica o un SMS, de modo similar al servicio de avisos por SMS puesto en marcha el 2015 por el Ministerio de Justicia para las víctimas de Violencia de Género.⁹¹

En realidad, tales aspectos podrán haberse evitado en la LEVD simplemente encauzando la actuación de las víctimas a través de su personación como parte, con abogado y procurador que le asistan, lo que permitiría lograr una adecuada ordenación del procedimiento y facilitar la articulación, en derecho, de sus peticiones e impugnaciones sin necesidad de sobrecargar a los órganos judiciales con un trabajo extra en forma de notificaciones.

En cualquier caso, la regulación de la LEVD debe complementarse con lo dispuesto en el art. 38 del Real Decreto 1109/ 2015, que impone a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas el deber de facilitar a las víctimas información sobre la posibilidad de participar en la ejecución penitenciaria (en los términos previstos en el art. 13 de la LEVD); y de prestarles la asistencia precisa para que este derecho pueda ejercerse de forma efectiva⁹².

El problema, a este respecto, es que la ley no ha previsto cómo se realiza la transición de una fase a otra, limitándose a encomendar a la «autoridad judicial» las notificaciones a las víctimas sin clarificar qué intervención concreta tienen los distintos órganos judiciales e instituciones implicadas, ni tampoco resultaba claro que órgano era el que debía facilitar tal información⁹³. Respecto de la autoridad judicial competente para notificar las resoluciones, y dado que en la norma deliberadamente se soslaya su identificación bajo la expresión «autoridad judicial competente» es razonable concluir que el deber de notificación corresponderá a la autoridad judicial que adopte la resolución pertinente. Por ello, cuando se trate de JVP deberán obtener los datos pertinentes para la notificación del tribunal sentenciador, ya que el tribunal sentenciador no tiene por qué saber cuál es el JVP competente, excepto en los casos de la Audiencia Nacional, donde parece que lo razonable es que de oficio el Tribunal ponga los datos a disposición del Juzgado central.⁹⁴

En todo caso, para la debida aplicación del precepto y su efectividad, será necesaria cierta coordinación con los órganos enjuiciadores. Así, en primer término, debemos señalar la ausencia de comunicación entre el juez sentenciador y el JVP en la fase de ejecución penal, exceptuándose las resoluciones del primero sobre los recursos planteados ante el segundo en materia de clasificación. Por consiguiente, el JVP desconoce, apriorísticamente, si en relación con un penado concreto, las víctimas han manifestado su intención de participar en la ejecución; óbice que podría sortearse mediante la labor de remisión por el juez sentenciador al centro penitenciario y de reproducción de dichos datos por este organismo en la documentación dirigida al JVP en materia de recurso⁹⁵. Pero huelga decir que esta necesidad de una doble comunicación es terreno abonado para omisiones y errores, en especial si se tiene en cuenta que han podido pasar años desde que la víctima manifestó su voluntad de ser notificada hasta el ingreso en prisión como penado del autor del delito, y desde ese ingreso hasta la primera comunicación del Centro al Juzgado de Vigilancia.⁹⁶

En esta cuestión se plantea un problema pues, como es sabido, cuando el tribunal sentenciador acuerda el ingreso en prisión desconoce cuál va a ser el JVP que entienda del control de la ejecución penitenciaria, pues corresponde a la Administración Penitenciaria designar el centro de cumplimiento de condena. La ley no regula la cuestión de comunicación entre los distintos actores intervinientes en fase de ejecución y se esperaba que el reglamento lo hiciese. Sin embargo, el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del EVD, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, pone el foco en las Oficinas de la Víctima, a las que atribuye también el papel de informar a aquéllas de la posibilidad de participar en la ejecución penitenciaria (art. 38) así como la función de colaboración y coordinación con organismos, instituciones y servicios implicados en la asistencia a la víctima (art. 19. 10). Sin embargo, nada más concreta sobre cómo se hace esa coordinación, salvo la referencia a la firma de convenios de colaboración y protocolos que al parecer todavía no se han llevado a cabo (art. 34).⁹⁷

En todo caso, parece que la Ley quiere que todas las notificaciones se hagan por el juzgado, lo que —en el caso de resoluciones administrativas— supone convertir a un órgano judicial en correo de Instituciones Penitenciarias, con posibles consecuencias absurdas o perjudiciales para los penados. Pues, por ejemplo, en el caso de los permisos, si se quiere que estas notificaciones tengan algún sentido (orientadas a prevenir a la víctima de cara a su seguridad), habría que esperar a que se tenga constancia de la recepción de la comunicación para el disfrute efectivo del permiso, por lo que o bien no se fija fecha cuando se acuerde y comunique el permiso —y hay que concretarla y comunicarla luego de nuevo— o se establece una fecha lo suficientemente alejada en el tiempo para que haya tiempo suficiente para que la notificación alcance su fin, lo cual puede resultar difícil de prever sí concurren dificultades en la recepción de la comunicación por parte de la víctima. Por ello parece probable que el cumplimiento estricto del precepto se traduzca en un descenso de autorizaciones administrativas de salida. En cualquier caso, tras la publicación de la Orden de Servicio 1/16 del Secretario General de Instituciones penitenciarias, titulada “participación de la víctima en la ejecución penal”, todas las notificaciones las hace el juzgado, sea de sus propias decisiones o de la Administración.⁹⁸

Pese a lo anterior, los JVP, en relación con los permisos en que se acuerde la puesta en conocimiento a la víctima por suponer un riesgo para su seguridad, consideran que no hay que esperar a que se verifique la comunicación para que se comience a disfrutar del permiso. A dicho fin aducen que, en primer lugar, la fecha en concreto del disfrute del permiso es algo ajeno a la competencia del JVP, al fijarlo la Administración Penitenciaria, y por tanto no se puede obligar al centro penitenciario a no fijar los días del disfrute hasta que el juzgado consiga notificar a la víctima. En segundo lugar, manifiestan que ello no lo exige ningún precepto de la LEVD, y los perjuicios al penado por el retraso pueden ser importantes. Y en tercer lugar y último lugar, alegan que dado que la víctima no puede ni siquiera recurrir el auto que autorizó el permiso, no tiene sentido que haya que esperar a la notificación a la víctima para que sea ejecutivo el auto de concesión.⁹⁹

Igualmente, por parte de los JVP se critica la obligatoriedad de notificar ellos mismos las resoluciones de la Administración Penitenciaria. A este efecto reiteran la falta de sentido que, en los supuestos del art. 7.1 e) LEVD, sea la autoridad judicial la que tenga que notificar a la víctima las resoluciones de la Administración Penitenciaria, considerando que se podría generalizar el sistema de notificaciones que la Administración Penitenciaria realiza en materia de violencia de género a través de las Unidades contra la Violencia sobre la Mujer y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se establece en las Instrucciones 1/2005 y 3/2008, y el Protocolo de Actuación aprobado con fecha 19 de abril de 2009.¹⁰⁰

Las anteriores circunstancias han propiciado que sean los propios tribunales o fiscalías los que procedan a dictar resoluciones con afán unificador que contengan instrucciones al respecto. Así, la Sección 10ª de la AP de Alicante dictó el Auto de fecha 10/03/2016 (rec. 42/16), en el cual se adopta que “el órgano sentenciador debería comunicar al centro penitenciario de ingreso, como un dato más de los necesarios para el cumplimiento, si la víctima ha manifestado su voluntad de estar debidamente informada de las incidencias a que la ley le da derecho, debiendo quedar debidamente registrada en su expediente penitenciario para la posterior comunicación en cada caso al JVP que corresponda”. O, en la misma línea, la Fiscalía Superior de Madrid ha elaborado una nueva instrucción en materia de tutela de las víctimas¹⁰¹ en la cual se ordena a los fiscales velar para que el sentenciador cuando incoe la ejecutoria, si no se ha hecho antes, realice la información del art. 5. 1. m) y solicite a la víctima el consentimiento para que se faciliten sus datos al centro penitenciario con el fin de agilizar las notificaciones y para que éste a su vez lo comunique al centro penitenciario de destino.¹⁰²

También en el ámbito de la Fiscalía, podemos citar las Conclusiones de Encuentros de Fiscales de Vigilancia Penitenciaria¹⁰³, entre cuyos acuerdos destaca qué, en todo caso, la notificación al MF de la clasificación administrativa en tercer grado en los supuestos del art. 107 RP, no excusa a la Administración, si estima que hay riesgo para la víctima, de la comunicación al JVP, toda vez que aquél no es autoridad judicial a efectos del art. 7. 1. e) LEVD. Asimismo, se estima que, respecto de las resoluciones de tercer grado —administrativas o judiciales— bastará con la notificación de aquéllas, sin ser exigible la de cada una de las salidas posteriores consustanciales al mismo (Conclusión 18, Jornadas 2016)¹⁰⁴.

Para concluir, como dice ARANGÜENA FANEGO, sería altamente conveniente para canalizar y facilitar esta tarea de comunicación, que las Oficinas de Asistencia a la Víctimas del Delito (OAV), para cumplir con la función que les encomienda el art. 28.1 g) LEVD (“coordinación con jueces, tribunales y Ministerio Fiscal para la prestación de los servicios de apoyo a las víctimas”) y los apartados 10, 17 y 20 del art. 19 del Real Decreto 1109/2015 que desarrolla sus funciones, creara algún registro o banco de datos donde constaran los de localización de las víctimas y que pudieran facilitarse a los juzgados y tribunales que los necesitaran¹⁰⁵. No obstante, sin un incremento de personal, expresamente descartado, tanto en la Disposición Adicional 2ª de la LEVD como la Disposición Adicional Única del Real Decreto 1109/2015, las OAV actualmente existentes no parece que tengan la capacidad para desempeñar las funciones que tienen asignadas.

La Ley (art. 13. 1. c) párrafo 2º LEVD) establece que, previamente a formular las alegaciones, se tiene que dar “traslado a la víctima” sin precisar nada más, lo que, en su acepción habitual en la LECrim (v. gr. arts. 766. 3, 780. 1, o 790. 5 LECrim) y en el ámbito forense supondría entregar copia de las actuaciones, lo cual también parece lógico si lo que se pretende es que las alegaciones estén mínimamente fundadas. Sin embargo, para DE PAÚL VELASCO, esta interpretación no sería correcta, primero, porque el EVD no precisa de qué se da traslado y en el expediente penitenciario hay datos del interno reservados, que afectan a su intimidad (por ejemplo, relativos a su salud física y mental). Por ello sugiere una interpretación restrictiva, equivalente a una simple comunicación oficial, considerando que, si se estima necesaria la entrega de algún material, debe limitarse a elementos estrictamente objetivos, como el llamado resumen de situación penal y penitenciaria¹⁰⁶.

Para la práctica de las alegaciones previas al dictado de la resolución (art. 13. 3 LEVD) no se exige a la víctima que cuente con asistencia técnica, decisión no muy acertada, puesto que, en una materia tan especializada, tratar de fundamentar la oposición a las resoluciones estudiadas desde el desconocimiento del derecho resulta poco efectivo, pues, en definitiva, se trata de resolver con argumentos jurídicos que solo los profesionales pueden aportar¹⁰⁷.

En este sentido, coincidimos con DE PAÚL VELASCO, en que dada la enorme extensión del art. 13 LEVD, y que el precepto tiene una estructura abigarrada, trufada de remisiones internas y externas que no hacen sino desconcertar en una primera aproximación a un lector avezado, no digamos ya a uno lego (lo que no deja de resultar contradictorio en una ley y en un artículo cuya finalidad declarada es la de consolidar los derechos de la víctima en el proceso), dicha asistencia jurídica parece, sin embargo, imprescindible ya, simplemente para entender el significado del precepto que proclama esos derechos en fase de ejecución.¹⁰⁸

Siguiendo el hilo del procedimiento, la víctima deberá anunciar al Letrado de la Administración de Justicia competente su voluntad de recurrir dentro del plazo máximo de cinco días contados a partir del momento en que se hubiera notificado, conforme a lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 7.1 LEVD, e interponer el recurso dentro del plazo de quince días desde dicha notificación. En este sentido debe puntualizarse que, aunque la ley solo dice que las víctimas “podrán recurrirlas de acuerdo con lo establecido en la ley de enjuiciamiento criminal”, sin mayor concreción, habrá que acudir también aquí a la regulación que en materia de recursos hace la Disposición Adicional 5ª de la LOPJ, según la cual cabrán los recursos de reforma y alternativa o subsidiariamente el de apelación¹⁰⁹.

Además, especifica la norma que para el anuncio de la presentación del recurso no será necesaria la asistencia de abogado¹¹⁰, pero debe entenderse que si lo será para la interposición efectiva del mismo. Por lo que de este modo la LEVD, alejándose del régimen de interposición de recursos establecidos en los arts. 221 y siguientes de la LECrim, establece dos fases diferentes para la formalización del recurso correspondiente, una primera a través de un escrito de anuncio del recurso de la víctima sin firma de abogado indicando su voluntad de recurrir la resolución y una segunda posterior con el escrito interponiendo el recurso propiamente dicho y que sí debe llevar firma de letrado.

En cuanto a la necesidad de procurador y dado que el art. 13 LEVD no hace ninguna referencia a la intervención de procurador para la interposición de los recursos, puede defenderse qué dado que la LEVD señala que la víctima podrá recurrir las resoluciones del JVP “de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal” conforme a ésta, tanto el recurso de reforma como el de apelación requieren procurador y abogado¹¹¹. Sin embargo, una interpretación sistemática e integradora del precepto, obliga a ponerlo en relación con el art. 7.1 b) LEVD y con el apartado 9 de la Disposición Adicional 5.ª LOPJ, de tal forma que puede afirmarse que en los supuestos en que la víctima hubiera estado personada, podrá seguir ostentando su representación el procurador designado y en aquellos otros en que no hubiera estado personada, podrá o bien designar procurador que la represente o bien no hacerlo, en cuyo caso su letrado asumiría en el trámite de la apelación su defensa y representación¹¹².

Por otra parte, el plazo para interponer dicho recurso es de quince días frente al régimen general de la LECrim que establece un plazo de tres días para interponer el recurso de reforma y cinco días para el de apelación. En este sentido se concede por parte del legislador un plazo más amplio para recurrir para que la víctima tenga más tiempo para valorar la posibilidad de impugnar dichas resoluciones y sean eficaces sus derechos¹¹³. Lo cual genera una discriminación solo justificable ante la necesidad de disponer las víctimas no personadas de un plazo suficiente para buscar un letrado¹¹⁴.

En cuanto a la determinación del órgano competente para la resolución del recurso devolutivo, al tratarse de materias que inciden en la ejecución de la pena —introduciendo variaciones cuantitativas o cualitativas en su cumplimiento—, conforme a lo dispuesto en la D.A. 5.ª. 2 LOPJ, corresponderá su conocimiento al tribunal sentenciador. En este sentido no cabe plantear la polémica de la atribución posible a órganos unipersonales, toda vez que por la entidad de las penas que posibilitan el acceso al recurso, mayores de 5 años, siempre será la Audiencia Provincial (salvo en las de competencia de la Audiencia Nacional).¹¹⁵

Respecto de los efectos de la apelación, tampoco dice nada el EVD, cuestionándose si tiene efectos suspensivos o no por ser de aplicación el número de la Disposición Adicional 5.ª LOPJ¹¹⁶. Para PLASENCIA RODRÍGUEZ, la falta de previsión expresa obliga a aplicar las normas generales —arts. 223, 217, 766, 529, 507 y concordantes de la LECrim—, que otorgan efecto suspensivo a los recursos solo cuando así lo prevea la ley, por lo que, los recursos de la víctima no los tendría¹¹⁷.

Por el contrario, para autores como RENART GARCÍA, analizando los supuestos del 13. 1 LEVD en relación con la disposición adicional transcrita, estima que es claro que no suspenderá la ejecución en los supuestos de la letra a) y b) por las que el JVP acuerda la vuelta al régimen general en relación con el art. 36. 2 y 78 CP, pues el período de seguridad no es en puridad una resolución clasificatoria, sino la dispensa de un óbice para que pueda dictarla la Administración Penitenciaria, quedando solo con efectos suspensivos el supuesto c) del 13. 1 LEVD, regulador de las resoluciones de libertad condicional¹¹⁸. En este último caso, por tanto, la puesta en libertad del condenado no se producirá hasta la resolución del recurso o, en su caso, hasta que la Audiencia Provincial o la Audiencia Nacional se haya pronunciado sobre la suspensión.

A pesar del monopolio estatal respecto del ius puniendi que impide que nadie tiene un derecho subjetivo a que el Estado imponga una pena en concreto. Desde la doctrina también se han escuchado voces favorables a la intervención de la víctima en el proceso de ejecución de la pena. Los argumentos que justifican la intervención de la víctima discurren por la idea de que en la fase de ejecución la finalidad de resocialización no es la única y es compatible con otras como la retribución-expiación o la prevención, a través de las cuales se incorporan los intereses de la víctima, quedando, también, preservados los intereses del penado por el hecho de que es el juez el que adopta la decisión¹⁴³. Así, no cabría interpretarse que el 25. 2 CE limite la función de la pena en nuestro ordenamiento jurídico exclusivamente a la prevención especial. Pues como reitera el Consejo de Estado¹⁴⁴ y el Consejo Fiscal¹⁴⁵ en sus respectivos dictámenes, el propio TS, en su Sentencia de 15 de noviembre de 2005¹⁴⁶, se ha mostrado partidario de otorgar a las penas privativas de libertad no solo una finalidad de resocialización o reintegración, sino prevencionista o retributiva, lo que justifica la intervención de la víctima en esta fase del proceso penal¹⁴⁷.

A este respecto ha de tenerse en cuenta que ciertamente la forma de cumplir la pena tiene tanta importancia como su duración, ya que existen institutos jurídico-penitenciarios que inciden notablemente sobre la situación de privación de libertad del interno (permisos, régimen abierto, libertad condicional, etc.) que pueden suponer un acortamiento significativo del tiempo de internamiento efectivo.¹⁴⁸

En cualquier caso, resulta evidente que a la víctima no le es en absoluto indiferente el cumplimiento de la pena, sino que es la primera interesada en conocer de la puesta en libertad del ofensor y las condiciones en las que ésta se ha producido, en la medida en que pueden afectar a su propia seguridad personal o modificar sus expectativas de obtener reparación por el daño causado, lo que puede contribuir a su victimización, por lo que es razonable que la víctima tenga una participación activa en la fase de la ejecución penal, en cuanto colabora a la rehabilitación del penado¹⁴⁹. Desde este prisma se ha afirmado que puede no existir tensión y conflicto entre los distintos intereses, pues algunos autores consideran que existe coincidencia de intereses entre víctima, victimario y sociedad en relación con el mandato de rehabilitación social¹⁵⁰.

Además, siguiendo a NISTAL BURÓN, del art. 1 LOGP se deduce que la finalidad de la pena en nuestro ordenamiento penitenciario es claramente de prevención especial, ya que se sigue la orientación constitucional de conseguir que el responsable de un delito se aparte de la delincuencia, asumiendo su responsabilidad por los hechos producidos como una prueba de responsabilidad con la sociedad. Así la reparación del daño causado a la víctima —material y moral— tiene un importante efecto resocializador para el victimario —la protección a la víctima incrementa el sentido de la responsabilidad del agresor— por ello este efecto se debe materializar en el logro de que el responsable del delito asuma su responsabilidad con la persona ofendida y se comprometa para el futuro en no volver incidir en el delito, ya que el objetivo prioritario de nuestro modelo de ejecución es que el responsable vuelva a integrarse en la sociedad al margen del delito. Por ello este autor afirma que sin la intervención de la víctima no sería posible el objetivo resocializador del delincuente, pues la «actitud de responsabilidad» no se alcanza en abstracto, sino mediante la íntima ligazón con la víctima en concreto, como premisa para no generar otras víctimas en el futuro, es decir, para “tener la capacidad de vivir respetando la ley penal” en los términos que establece el art. 59. 2 LOGP.¹⁵¹

Desde esta óptica se podría afirmar que el ámbito penitenciario de la ejecución penal constituye un marco idóneo para satisfacer en su más amplia medida los intereses de las víctimas del delito, mostrándose necesaria para equilibrar sus derechos a los del victimario (reforzándose, de este modo, el debate contradictorio en la ejecución penitenciaria) y siendo compatible con el objetivo resocializador que tiene encomendado la pena privativa de libertad en nuestro ordenamiento constitucional¹⁵².

Para FERNÁNDEZ ARÉVALO, en el ámbito de los regímenes especiales de cumplimiento, en el momento en que éstos se jurisdiccionalizan, porque su existencia o subsistencia se supedita a un pronunciamiento judicial, quedan removidos los obstáculos que justificaban como no legitimadas a las acusaciones particulares para interponer recursos contra resoluciones del JVP, pues cuando se trata de hacer lo juzgado las acusaciones particulares personadas son parte en la fase de ejecución de la sentencia penal; y más aún cuando la imposición de tales regímenes pudo venir condicionada precisamente por la actuación de éstas. De manera que permisos y clasificaciones en tercer grado, que eran régimen de cumplimiento de las penas en el año 1989, desde el 2003 pasaron a integrarse ambas figuras en regímenes especiales de cumplimiento en los casos del art. 78 CP, y la clasificación en tercer grado, además en regímenes especiales de cumplimiento en los casos del art. 36. 2 CP. Por ello para este autor, al ser pronunciamiento de una resolución judicial, su remoción se integra en la ejecución de la sentencia, donde la acusación particular constituida como parte en la fase de instrucción y enjuiciamiento, sigue siendo parte, extendiendo dicha posibilidad a decisiones de libertad condicional, ya que la libertad condicional es igualmente un incidente netamente jurisdiccional consistente en hacer ejecutar lo juzgado, en ejecutar la sentencia penal, y no un mero régimen de cumplimiento de la pena.¹⁵³

Como la propia Exposición de Motivos de la LEVD explica, el reconocimiento del derecho a la participación de las víctimas en la ejecución va en la línea de aumentar la confianza de éstas en el sistema de justicia penal y de mejorar su eficacia facilitando a las víctimas cauces de colaboración con los órganos estatales encargados de hacer ejecutar lo juzgado, que serán finalmente los que ponderando todas las circunstancias del caso adoptarán las decisiones relativas a la ejecución de la pena. Respetándose, de este modo, el principio de legalidad y de reinserción de las penas recogidos en los apartados 1 y 2 respectivamente del art. 25. 2 CE en la medida en que las facultades introducidas en favor de las víctimas no vinculan en modo alguno a los órganos jurisdiccionales, quienes son, en última instancia, los encargados de adoptarlas.¹⁵⁴

Es cuanto a la actividad del MF en representación de las víctimas, es cierto que, con fundamento en el art. 3. 10 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, así como en el art. 541 LOPJ (que se refiere a las víctimas como ciudadanos), y en los arts. 105, 108, 110 y 773 de la LECrim, es el encargado de velar por los intereses de las víctimas, de modo que éstas tienen en todo momento la posibilidad de instar su intervención¹⁵⁵. Sin embargo, sin negar lo anterior, y partiendo de la confianza en la casi siempre correcta actuación del MF en la defensa de las víctimas, la realidad demuestra, una y otra vez, sobre todo cuando hay intereses «de Estado» en juego (terrorismo, corrupción, etc.), que el control de la ejecución de las penas por parte de las víctimas puede ser un instrumento esencial en aquellos casos en los que quepa pensar que la dependencia del MF con relación al poder ejecutivo pudiera favorecer la situación penitenciaria de determinados condenados¹⁵⁶.

Por ello el posicionamiento de aquellos que sostienen que la intervención de la víctima en la fase de ejecución de la pena no es necesaria al verse sus intereses ya tutelados por el MF puede ser rebatido con los mismos argumentos que justifican la personación de la acusación particular, la acusación privada o la acusación popular en el marco del proceso penal¹⁵⁷. En este sentido, puede concluirse con DE HOYOS SANCHO, que no puede perderse de vista que, aunque el MF es garante de la legalidad y del interés común, puede tener criterios diferentes de los de la víctima acerca de cómo ha de discurrir la ejecución de la pena impuesta también en relación con ésta, y eso no significa que a la víctima le vaya a mover un afán vindicativo¹⁵⁸ y tampoco en la falta de concurrencia de un interés legítimo propio¹⁵⁹.

El problema que plantea este derecho de la víctima es que, por un sector jurídico importante, se entiende que se podría conseguir un efecto no deseado, y es la utilización del recurso por parte de la víctima para continuar, o incluso aumentar, su venganza personal contra quien le ha causado el daño. Pero ello se trataría de una objeción fundamentada en una visión estereotipada de las víctimas que simplifica a una única realidad la forma en la que cada persona que sufre un hecho delictivo transita su recuperación, así como los motivos (miedo y sensación de inseguridad) que, en no pocas ocasiones, se hallan detrás de su negativa a la salida de prisión o excarcelación del penado¹⁶⁰.

Para TINOCO PASTRANA, dado el tenor de su art. 13, la LEVD no sólo incorpora y mejora las normas mínimas de la Directiva en cuanto al derecho de información y participación, sino que supone una mejora sustancial de la regulación anterior. Pues la víctima por el mero hecho de serlo deja de ser un tercero procesal, en el sentido de que puede realizar actos procesales sin ser parte del proceso. Por ello no hay que desdeñar las virtudes de este amplio derecho de participación de la víctima durante el proceso de declaración y de ejecución penal. Y ello en el sentido de que puede disuadir a que las víctimas se constituyan en acusadores particulares. Pues la extensión del derecho de participación de la víctima que no ha ejercitado la acción penal incluso tiene importantes ventajas económicas y de diverso tipo, respecto a si se constituye en acusadora particular. De este modo parece que con la LEVD se pretende, por un lado, satisfacer a las víctimas de los delitos, que con la regulación actual no tenían la posibilidad de ser parte durante el proceso de ejecución, aunque hubieran sido parte acusadora, dándoles este amplio derecho de audiencia y la posibilidad de presentar los recursos antes mencionados respecto a la situación penitenciaria del condenado. Por otro lado, también parece intentar evitar que el proceso penal se convierta en impracticable, que se reviertan sus fines, ante la hipótesis de un elevado número de partes acusadoras.¹⁶¹

Entre los informes consultivos previos y cuyas recomendaciones no fueron asumidas en el Proyecto de ley, el primero fue el del Consejo Fiscal, el cuál en una orientación diferente a los siguientes, consideraba que la norma proyectada incluso se había quedado corta en los supuestos de legitimación activa de la víctima para recurrir, proponiendo expresamente su ampliación hasta tal punto que recomienda que la actuación de la víctima se extienda a la ejecutoria ante el Tribunal para permitirle impugnar las resoluciones de suspensión¹⁶²; y propone además arbitrar un sistema para que la Administración Penitenciaria notifique la resolución de tercer grado a la víctima para que pueda impugnarla porque entiende que el salto cualitativo que supone el paso del segundo al tercer grado es muy superior al que produce en el penado cuando pasa de este último a la libertad condicional, por establecer un régimen de semilibertad¹⁶³.

Este avance legal sería positivo puesto que refuerza los derechos de las víctimas, al ofrecerles mayor apoyo y protección, incrementado sus derechos procesales para intervenir en los procedimientos penitenciarios, así como contribuyendo a su reparación material y su recuperación personal. Así para NISTAL BURÓN¹⁶⁴, permitir la participación de la víctima en la ejecución penitenciaria conllevaría, entre otros, los siguientes beneficios relacionados con las finalidades de la pena: en la prevención general positiva, permitir el establecimiento de un cauce para la satisfacción de los derechos e intereses legítimos de las víctimas en la ejecución de la pena puede contribuir a fortalecer la confianza de los ciudadanos en las normas. Y en la prevención general negativa, puede tener un mayor efecto disuasorio del delito la toma en consideración de los intereses de las víctimas. Es decir, “la coacción psicológica de la pena sería mayor si existe la concepción de esta necesaria satisfacción a la víctima”.

No obstante lo cual, dicho autor, aun afirmando que el reconocimiento de la víctima en los distintos momentos de la ejecución penal y su correspondiente protección va a ser siempre un elemento favorecedor de la resocialización del victimario, considera que la participación de la víctima en esa fase de ejecución de la sentencia condenatoria podría haberse articulado también a través de otros mecanismos diferentes a los regulados en la LEVD. Así, el primero, a través de la profundización de la relación entre la víctima y el MF, de modo que se garantice un acceso más directo de aquélla a éste y una comunicación más fluida que permita a la víctima hacer valer sus intereses con la intermediación de la Fiscalía. Y el segundo, mediante el mecanismo de la «justicia restaurativa», que facilitaría una intervención de la víctima en la fase de ejecución de la pena, modulada desde una perspectiva reparadora y no retributiva y que, por lo tanto, contribuiría, asimismo, desde la perspectiva del penado, a la consecución de los fines de la pena impuesta.¹⁶⁵

En cualquier caso, incluso los autores favorables a la posibilidad de intervención de la víctima en la fase de ejecución consideran que el modelo implantado es disfuncional y sin duda requerirá retoques en su regulación.¹⁶⁶

Ahora bien, como reconoce NISTAL BURÓN¹⁶⁷, este protagonismo activo de la víctima en la ejecución penal que le otorga la LEVD, necesariamente, va a interferir en algunas decisiones, que afectan al modo de cumplimiento de las penas privativas de libertad, lo que podría incidir, además de en el ejercicio del monopolio estatal de la ejecución penitenciaria, en el objetivo que la pena de prisión tiene encomendado como finalidad principal constitucional al máximo nivel normativo y reiterada por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional (TC)¹⁶⁸.

Por ello, la ejecución penal, a diferencia del proceso de declaración, no se halla informada ni por el principio contradictorio ni por el principio de igualdad, sino que adopta la forma inquisitiva, desarrollando, el tribunal sentenciador o el JVP su actividad frente al penado sin intervención de la acusación particular y sin que ello implique una situación de indefensión o desprotección para ellas, ya que el MF garantiza la salvaguarda de sus legítimos intereses.¹⁶⁹

Por ello, en una dirección opuesta, aunque igualmente improductiva, puesto que el Proyecto de ley no asumió ninguna de las recomendaciones de los informes previos indicados, se situó el ya citado informe previo sobre el Anteproyecto LEVD emitido por el CGPJ¹⁷⁰ que, aunque aprobó por mayoría la validez de las reformas contenidas en el art. 13 LEVD, contenía un Voto Particular, suscrito por siete vocales del CGPJ¹⁷¹, en el que, partiendo del monopolio estatal de la ejecución penitenciaria y de la orientación de las penas privativas de libertad a la reeducación y la reinserción social, se mostraban contrarios a la participación de la víctima en la fase de ejecución de la prisión, alegando sus efectos negativos en la reinserción social del penado derivados del carácter vindicativo de su participación en el proceso. Dicho motivo además es compartido en el Informe del Consejo de Estado¹⁷².

También los JVP se han pronunciado en un sentido similar, afirmando que no tiene sentido que se prevea la intervención de la víctima en la fase de ejecución penitenciaria de la pena privativa de libertad porque sus intereses ya se tienen en cuenta en la ejecución con la exigencia del pago de la responsabilidad civil para el acceso al tercer grado y a la libertad condicional, y la exigencia del período de seguridad para acceder al tercer grado.¹⁷³

Este argumento parte de la idea de que la ejecución de la pena debe conservarse como un espacio reservado en exclusiva al monopolio estatal, en la medida en que no se trata de un mero conflicto entre autor y víctima a resolver por las partes afectadas; y, fundamentalmente, porque en la medida en que la ejecución de la pena debe estar presidida por políticas de reinserción se trata de un ámbito en el que la víctima no debe ejercer interés alguno que pueda oponerse o significar un obstáculo para la reinserción. Ello suele justificarse, en primer lugar, como una exigencia lógica en un sistema vertebrado alrededor del eje de la resocialización, cuyos hitos fundamentales (las decisiones sobre la suspensión inicial de la pena, beneficios penitenciarios, progresión en grado y suspensión conducente a la libertad condicional) dependen ante todo de una serie de variables personales (pronóstico criminal, posibilidades de reintegración en la sociedad), sobre las que la opinión de la víctima nada puede ni debe aportar.¹⁷⁴

Esta posición se corresponde con la doctrina que el TC (y también el TS¹⁷⁵) ha manifestado respecto a que la privación a la víctima —aunque personada en el proceso como acusación particular— de la posibilidad de intervenir en la fase de ejecución de la sentencia no vulnera el derecho de aquella a la tutela judicial efectiva, derecho que habría quedado satisfecho mediante su intervención en el proceso. Así, el ATC 373/1989, de 3 de julio, establece que no es lo mismo "ejecutar" la sentencia y, por ende, la pena, que "cumplir" la pena. Es decir, una cosa es la ejecución de la sentencia condenatoria que corresponde al propio órgano sentenciador (art. 117. 3 CE) y otra muy distinta el cumplimiento de la pena privativa de libertad que dicha ejecución comporta y que corresponde a la autoridad administrativa bajo el poder fiscalizador de unos especiales órganos judiciales: los JVP (arts. 76. 1 LGP y 94. 1 de la LOPJ)¹⁷⁶.

No obstante lo cual, para DE PAÚL VELASCO, aun partiendo de la distinción entre los conceptos de ejecución y cumplimiento, el TC no reconoce a las acusaciones particulares otra intervención en la ejecución de la pena que la relativa a la propia efectividad de la misma en los momentos inicial (la orden de ingreso en prisión) y final (licenciamiento definitivo); de modo que, en esa perspectiva constitucional y a los efectos que nos interesan, no es de aplicación la distinción de la doctrina penitenciarista –y de la propia Disposición Adicional 5ª de la LOPJ– entre aquellas funciones de los JVP que suponen “competencias jurisdiccionales de ejecución” de la pena de prisión y aquellas otras que constituyen “competencias de control judicial de legalidad de la actividad penitenciaria y de tutela de derechos” de los internos.¹⁷⁷

En efecto, el otorgamiento a las víctimas de una oportunidad de alegación y recurso en fases cruciales de la ejecución penitenciaria supone ignorar la realidad penitenciaria¹⁷⁸, introduciendo un elemento de carácter obviamente retribucionista —pues solo en términos de retribución del mal causado puede pensarse que actúen los que lo han sufrido— y venganza en una fase del proceso en la que lo que debe predominar, es el fin de prevención especial, concretado en la reinserción social del delincuente, por lo que su sola existencia supone un retroceso en el sistema de individualización científica proclamado en el art 72 LOGP.¹⁷⁹ De esta forma, la finalidad última de la actuación de la víctima, en virtud de sus intereses privados, sería la de impedir a toda costa que al penado le sea concedida alguna medida de salida de prisión o de excarcelación, a efectos de que cumpla la totalidad de la pena impuesta en régimen de internamiento.

A este respecto, es comprensible que muchas víctimas reales puedan sentirse reconfortadas con el castigo impuesto al autor, que se sientan más seguras mientras el autor del delito se encuentre en prisión y que incluso esta circunstancia les permita restablecer su equilibrio psíquico, pero no parece que estos sentimientos y necesidades puedan predicarse de todas las víctimas y tampoco que deban ser elevados a la categoría de fin de la pena. La admisión de estos planteamientos podría llevar a modificar sustancialmente la función de protección de bienes jurídicos del Derecho penal y también algunos límites del ius puniendi, al orientar la pena a la satisfacción de los derechos de las víctimas, sin que se advierta que pueda generar un modelo superador del actual sistema penal, cuando se asienta, además, sobre los mismos instrumentos de castigo. Pues no parece que la imposición de un mal pueda encontrar fácil justificación si no existen razones preventivas que obliguen a ello¹⁸⁰. Quizás no esté de más, recordar que, como dijo VIVES ANTÓN, “el fin de la pena no es curar las heridas que el delito produjo”¹⁸¹.

En la misma línea, QUINTERO OLIVARES señala que “es fácil comprender que la eventual oposición de la víctima a un cambio de grado tendrá nada que ver con la evolución del tratamiento penitenciario, sino con su personal satisfacción, y ese es un objetivo que el sistema penal no puede perseguir sin pervertirse. No sabemos las consecuencias que en la práctica pueden tener esas reformas, pero lo que es seguro es que su sola presencia basta para deformar el sentido del derecho penal”¹⁸². Sin embargo, como indica GÓMEZ COLOMER, la reinserción de la persona condenada es un fin constitucional al que habrá de estar con independencia de cuál sea el parecer de la víctima en el caso concreto¹⁸³

Con sustento en estos criterios, se señalan por parte de la doctrina y también en el informe del Consejo de Estado, como efectos negativos que podría producir la legitimación activa el posible aumento del número de denegaciones de beneficios y liberaciones condicionales¹⁸⁴ y el endurecimiento de las condiciones para su concesión¹⁸⁵; a lo que colabora el hecho de que se haya regulado esta intervención más desde un punto de vista vindicativo que restaurativo, circunstancia que no ayuda a la asunción de responsabilidad del penado.¹⁸⁶

Pues de este modo, la víctima puede oponerse a la concesión de permisos, o a la concesión del beneficio del tercer grado, o de la libertad provisional del condenado que solicite alguno de estos beneficios penitenciarios, y que está en pleno proceso de reinserción, pudiendo concurrir lógicos motivos de venganza u otros motivos espurios en su decisión, razones por las que este derecho de las víctimas a intervenir e influir decisivamente en resoluciones relativas a la ejecución de la pena —y que ya controlaba ex lege el MF— podrían eventualmente generar un uso inadecuado o incluso antisocial del mismo, que debería ser sometido a revisión.¹⁸⁷

En efecto, en aquellos casos en los que la pretensión victimal sea acogida, el recluso percibirá como injusta la decisión que le impide progresar de grado o le priva de algún beneficio habiendo abonado la responsabilidad civil, presentando un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y cumpliendo, asimismo, el resto de requisitos legalmente establecidos. Y más si este obstáculo se establece con carácter retroactivo. No puede desconocerse que no es fácil de entender que en esa situación se anteponga la petición de la víctima que, por otra parte, conviene tener presente, puede ser interesada o meramente vindicativa. En tales supuestos, el principio de reinserción del penado se va a resentir, por mucho que el legislador quiera convencernos de lo contrario.¹⁸⁸

De hecho, aun teniendo en cuenta que la decisión última no corresponde a la víctima, sino al órgano jurisdiccional, el planteamiento del legislador sugiere cierra privatización del sistema, en tanto los intereses particulares de la víctima son susceptibles de tener alguna repercusión en el modo de cumplimiento, comprometiendo la rehabilitación y reinserción en sociedad de la persona condenada.¹⁸⁹

Por otra parte, también la mera intervención de la víctima, sin interés personal de venganza, puede incidir negativamente de modo relevante en los derechos del condenado, pues éste podría ver recurrida una resolución que le favorecía largo tiempo después de haber sido dictada y la agilidad procesal que hoy se pretende podría verse asimismo seriamente perjudicada, conforme se ha expuesto respecto de los problemas derivados de las múltiples notificaciones que pueden generarse. Y mayor dilación se produciría, también, si la víctima solicitara, conforme al art. 16 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, el reconocimiento al derecho a la asistencia jurídica gratuita para interponer los recursos a los que tiene derecho, pues los plazos ya extraordinariamente largos con que cuenta en contraposición con el resto de las partes, se verían suspendidos hasta la designación de Letrado y Procurador.¹⁹⁰

También se aduce que, reconociendo la legitimidad de los objetivos que busca el EVD, sin embargo, con la intervención de las víctimas en la etapa penitenciaria no se garantiza ni la confianza ni tampoco la colaboración de éstas con la justicia penal pues tales medidas son susceptibles de generar el efecto contrario al que se persigue. En efecto, autorizar la intervención de la víctima por medio del recurso de determinadas resoluciones no significa que sus demandas sean ineludiblemente atendidas.

Aún más, incluso hay quienes señalan que la gran cantidad de notificaciones que la ley pretende llevar a cabo a las víctimas puede ser perjudicial para ellas, a efectos de la victimización secundaria, generando en las mismas, mucho tiempo después de cometida la infracción, sentimientos de desasosiego, dolor innecesario al recordar lo sufrido o incluso expectativas que, al no verse satisfechas, dado que como ya se ha expuesto anteriormente la potencialidad de algunas de las facultades del art. 13 LEVD es más aparente que real, pueden conducir a equívocos que produzcan en ellas sentimientos perturbadores de frustración y desconfianza en las víctimas, y provocándoles mayor alejamiento del sistema y más incomprensión del mismo¹⁹¹. Tales hechos, como señala ACALE SÁNCHEZ¹⁹², solo conllevaría a que "la víctima sea víctima más allá de la condena, entre otras razones porque las partes carecen de datos sobre la evolución del tratamiento reeducador", lo que —en definitiva— supondría perpetuar su estatus de víctima.

A mayor abundamiento, si la mayoría de los recursos interpuestos por víctimas en esta materia son rechazados, la decisión judicial no puede sino resultar contraproducente a aquellos efectos: la víctima que se ha sentido lo suficientemente concernida como para plantear un recurso se sentirá doblemente frustrada o humillada, maltratada en suma por el aparato de Justicia, lo que además puede resultar contraproducente para su recuperación emocional y afectar sin duda a lo que se ha dado en llamar «el derecho al olvido» de la víctima, y vulneraría el artículo 6. 4 de la Directiva 2012/29/UE que viene a consagrarlo.¹⁹³

En definitiva, se trataría de no confundir la dignificación de las víctimas mediante medidas de apoyo y acceso a la información con una absoluta e ilimitada potenciación de su intervención en el proceso penal que, particularmente en la fase de ejecución penitenciaria, puede complicar el cumplimiento de los fines de la pena en su compleja y delicada interrelación con el respeto debido a los principios de rango constitucional que deben orientar su cumplimiento. Pues dignificar a la víctima del delito es atenderla, escucharla, informarla y protegerla, no generarle cargas innecesarias o inmoderadas expectativas. Se trata, en resumidas cuentas, de acompañarla y apoyarla en el camino de la recuperación del equilibrio perdido a consecuencia del delito sufrido.¹⁹⁴

En este sentido también existe una cierta posición doctrinal intermedia que considera apropiadas algunas de las medidas contenidas en los arts. 7 y 13 LEVD, pero excluyendo expresamente las facultades de recurrir determinadas resoluciones judiciales que afectan al cumplimiento de la condena. Para esta postura se entiende que en esta etapa del cumplimiento de la pena de prisión el derecho de las víctimas debe quedar reservado a que las decisiones de ejecución penal tengan en cuenta su seguridad personal y no entorpezcan sus intentos de superar los efectos negativos sufridos por el delito y a que se promueva el cumplimiento por el delincuente sus obligaciones de reparación del daño.¹⁹⁵

Así, para PLASENCIA RODRÍGUEZ el objetivo de tutelar a las víctimas y particularmente, de defender sus intereses en la fase de ejecución, está plenamente garantizado, además de con la legislación penal y procesal anterior, con los derechos de información sobre la causa que les reconoce el art. 7 LEVD y con la legitimación que les reconoce el apartado segundo del art. 13 del referido cuerpo legal para solicitar del JVP que imponga reglas de conducta al liberado condicional y para facilitarle cualquier información que resulte relevante en orden a resolver sobre la ejecución de la pena impuesta¹⁹⁶. Y también se muestran conformes con la posibilidad de la víctima de informar al órgano judicial de aspectos relacionados con la responsabilidad civil o del comiso, pues puede ayudar a que se cumpla con esta obligación del penado que puede satisfacer las necesidades de la víctima.¹⁹⁷

Frente a tales circunstancias, se argumenta, además, en el informe del Consejo de Estado que el objetivo de protección a las víctimas en la ejecución podría realizarse a través de la actuación del MF, profundizando, en su caso, la relación con la víctima, de modo que mediante una comunicación fluida ésta pudiese hacer valer sus intereses con la intermediación del Ministerio Público.

No se puede obviar al respecto, que la jurisprudencia ha apoyado la exclusión legal de la participación de la víctima en la fase de ejecución de proceso penal hasta ahora, porque no tiene derecho constitucional alguno a ello. Y esta postura, como bien dice LUACES GUTIÉRREZ¹⁹⁸, se ha mantenido por nuestros órganos jurisdiccionales no porque no les importara la postura de la víctima o porque consideraran que la tutela judicial efectiva no se extiende a la fase de ejecución, sino muy al contrario, porque se entiende que no existe tal desprotección, ya que el MF está obligado a proteger legalmente a la víctima también en esta fase. Consecuentemente, hubiera sido más acertado que reconocer a las víctimas legitimación para recurrir determinadas resoluciones del JVP, articular mecanismos que posibilitaran una comunicación fluida entre éstas y el MF, de tal suerte que sus legítimos intereses en fase de ejecución estuvieran salvaguardados mediante la intervención de un órgano que actúa con sujeción a la legalidad.¹⁹⁹

Precisamente, la preocupación de la Fiscalía por esta materia supuso la creación ya en el año 2005 de la Fiscalía Especial para la Protección y Tutela de las Víctimas, con una Fiscal de Sala Delegada a la cabeza y un Fiscal Delegado por provincia. Dicha especialidad surgió con la intención de proteger a aquellas víctimas más vulnerables y que a su vez no contaban con un control específico; es decir, que no eran contempladas por otras especialidades tales como la violencia contra la mujer, la extranjería o la especialidad de menores. De gran importancia a estos efectos resultó la Instrucción de la FGE 8/2005, de 26 de julio, donde se reitera que, sin dejar de lado el criterio general, es prioritario mantener un especial seguimiento de las víctimas que pueden considerarse especialmente vulnerables.²⁰⁰

Por ello, no cabe sino colegir con TAMARIT SUMALLA en que la introducción del art. 13 LEVD, más que a una obligación de transposición, obedece más bien a una cuestión de política legislativa²⁰¹, una decisión de política criminal fundada en consideraciones estrictamente internas y de alcance ordinario²⁰². Y en este sentido es también apreciable una clara voluntad legislativa de satisfacer las demandas de las asociaciones de víctimas y/o de determinados colectivos especialmente críticos y reivindicativos sobre su papel. Pues no hay que perder de vista el momento en el que el vigente estatuto se presenta y publica como Anteproyecto, el día 25 de octubre de 2013, es decir, tan sólo cuatro días después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aboliese la conocida como Doctrina Parot²⁰³ y por tanto, en el contexto de máxima repercusión y rechazo que tuvo fundamentalmente en las asociaciones de víctimas del terrorismo, pero también en buena parte de la sociedad española.²⁰⁴

Por todo ello, parte de la doctrina considera que el art. 13 LEVD viene a dar a las víctimas, y sobre todo a sus asociaciones, erigidas —legítimamente— en grupo de presión, una satisfacción más simbólica o política que real; todo ello a cambio de generar numerosos problemas a unos JVP ya sobrecargados de ellos.²⁰⁵